Chávez, dinero comunista y sudor tintado: ‘show’ del equipo legal de Trump en rueda de prensa
Reclamamos justicia frente a un crimen de guerra
x FARC-EP, Segunda Marquetalia/
Fusilamiento de Alfonso Cano/
Las FARC-EP, Segunda Marquetalia, rinden hoy un homenaje póstumo, con afecto guerrillero, al comandante Alfonso Cano, asesinado por el ejército hace 9 años, luego de un brutal bombardeo de la Fuerza Aérea contra su campamento, en Chirriaderos, área rural del municipio de Suárez en el Cauca.
Alfonso fue fusilado la noche del 4 de noviembre de 2011, por orden directa del presidente Juan Manuel Santos. “Yo dí la orden de eliminarlo, porque estábamos en guerra y seguimos en guerra”, reconoció en un acto electoral en Bogotá, el 13 de junio de 2014 ante la televisión y la radio, sacando pecho estúpidamente por ese crimen de lesa humanidad.
El comandante de las FARC-EP había sido capturado en combate, y se encontraba herido y desarmado bajo custodia de unidades del ejército, información que le fue transmitida inmediatamente al presidente de la república. Las noticias solo mencionaban el ataque aéreo y las operaciones terrestres, pero no sus resultados. Entre tanto Santos pensaba con sus generales qué hacer con el prisionero. Alfonso Cano era su interlocutor en el sueño de poner en marcha un proceso de paz para Colombia, pero pudo más la alevosía del insensato mandatario, que al imaginar que, un diálogo de Paz con Alfonso Cano vivo no tendría posibilidades de éxito, emitió la orden de fusilarlo. Perpetrado el crimen, bien entrada la noche, como experto manipulador de la prensa, difundió la noticia de la muerte en combate del comandante de las FARC.
No existe alma más rastrera, que la de ese expresidente. Alfonso, capturado en combate y ya indefenso, debió ser tratado conforme a los convenios internacionales que obligan al Estado colombiano.
El Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, de obligada aplicación en los conflictos armados sin carácter internacional, señala en el artículo 4 que, quien haya dejado de participar en las hostilidades, tiene derecho a que se respete su persona, a ser tratado con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Y expresamente se indica que queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.
El artículo 145 del Código Penal colombiano, prohíbe los actos de barbarie, como la práctica de rematar heridos o enfermos. Se considera delito en dicha disposición, ordenar no dejar sobrevivientes, lo cual es considerado crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 8, numeral 2, literal I), que es norma que el Estado colombiano dice acatar, al tiempo que, como se observa, viola la prohibición del homicidio intencional. Por lo demás, ¿qué interpretación da, entonces, el régimen al literal VI, que indica que es un crimen privar deliberadamente a un prisionero de guerra de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente?
Con frecuencia los voceros del régimen esgrimen la Constitución de 1991 para argumentar que estamos bajo las reglas de un Estado democrático, pero es evidente que más allá de la literalidad que expresa, por ejemplo en el artículo 11, que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte, en la realidad se asesina a sangre fría, con premeditación y alevosía, lo cual hace vana para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, la suscripción que el Estado colombiano ha hecho de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, que en su artículo 4 admite, sólo la pena de muerte en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito, subrayando que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos, ni comunes conexos.
Santos le dictó la pena de muerte a Alfonso Cano, sin existir en Colombia una ley que autorice la pena de muerte. ¿Por qué no condujo al prisionero a los tribunales en lugar de asesinarlo?
Ese presidente reconoció que ordenó ejecutar extrajudicialmente a un prisionero de guerra herido, desarmado y fuera de combate. Fue una orden impartida de manera directa por quien era el Comandante Supremo de todas las fuerzas armadas y de policía. El artículo 189 de la Constitución confirma que el Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, es quien dirige la fuerza pública y dispone de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, siendo suya la potestad de dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Y son estas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, etc., que rodean la sustancia del hecho concreto del asesinato del comandante Alfonso Cano, en el que de manera plena aparece como responsable el Presidente Juan Manuel Santos, si consideramos la confesión de parte y la existencia de una cadena o línea de mando que supuestamente funciona de modo eficaz, de forma ejecutiva, de manera estudiada, metódica, consciente y vertical, sin obstrucción en la estructura jerárquica.
Exigimos que Juan Manuel Santos sea llamado a aportar verdad plena y exhaustiva sobre este caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo también en cuenta que se trata de un crimen de guerra sobre el cual se tendrán que recabar pruebas hasta hoy ocultas, desde el examen forense hasta los testigos y autores o participantes in situ, quiénes tomaron la decisión de ejecutarlo y quiénes dispararon contra Alfonso tras haberse informado previamente su captura y estado de indefensión al hallarse desarmado y herido.
El cadáver del jefe insurgente mostraba las marcas de pólvora en sus manos al tratar de evitar los disparos de sus verdugos uniformados.
El Premio Nobel de paz, no le alcanzará a Santos para encubrir este crimen de Estado, que es también un crimen de lesa humanidad.
https://www.lahaine.org/
NOS SEGUIMOS ENCONTRANDO
POR REVISTA PUEBLOS/
El último número impreso de la revista Pueblos ha conseguido condensar en sus páginas la memoria de un proyecto de comunicación alternativa con más de veinte años de recorrido. Y lo ha hecho a través de artículos de gran calidad que promueven debates necesarios en los derechos humanos, la solidaridad internacionalista y la comunicación crítica. Como también a partir de ilustraciones que aúnan una gran belleza con un fuerte contenido político. En definitiva, el cierre de la revista impresa ha logrado crear una valiosa y bonita herramienta para la información, la formación y el debate. Por eso queríamos dar las gracias a las suscriptoras y suscriptores, las personas colaboradoras del Consejo Editorial, el Consejo de Redacción, ilustradoras, autoras y todas aquellas que lo han hecho posible.
Aunque la revista ha tenido una trayectoria larga, sus costes de edición no son ajenos a la crisis del papel y de las nuevas tecnologías de la información que sufre la prensa en general. En ese contexto, la supervivencia de este tipo de publicaciones resulta complicada. Las suscriptoras y suscriptores, las colaboraciones desinteresadas y el apoyo de algunas instituciones han sido claves para su continuidad hasta ahora. Sin embargo, no han sido suficientes para poder sostener la edición impresa. De ahí que el número 78 de la revista Pueblos haya sido una despedida tras un proceso de reflexión interna sobre la viabilidad de un medio internacionalista impreso de una organización como Paz con Dignidad. Pero queremos que sea un “hasta pronto”.
Porque seguimos apostando por una comunicación crítica a través de las web de Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, de sus redes sociales, de los libros, informes, videos, documentales, monográficos y cuadernos que vamos a seguir publicando, tanto de nuestra autoría como de autorías colectivas con otras organizaciones. También queremos seguir contribuyendo al debate colaborando con medios alternativos como La Marea y El Salto, donde participamos con espacios específicos de la organización. Y apostamos por nuevos formatos, como la televisión. Así, acaba de echar a andar el proyecto Tantaka TV , en alianza con Mugarik Gabe y Cubainformación. Seguimos en un proceso de reflexión sobre las herramientas comunicativas que creamos y en las que participamos con el fin de conservar el bagaje cosechado por Pueblos y las alianzas con las personas y colectivos con los que hemos colaborado hasta ahora.
Nos seguimos encontrando en las calles, en las redes, en los movimientos sociales, en nuevas publicaciones y proyectos comunicativos. ¡Hasta pronto!
Los saharauis son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona
Discurso de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en la ceremonia de apertura de la 39º Conferencia de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui celebrada en Madrid el 14 y 15 de noviembre de 2014
15 países de Asia-Pacífico firman el mayor acuerdo comercial del mundo
Un Mercado Común Asiático basado en el ‘libre comercio’ y con un contenido neoliberal que poco tiene que envidiar al europeo
Por TeleSur/
Un nuevo tratado comercial que supone un tercio de la economía global, con países que suman un 31% de la población mundial y un mercado de unos 2.300 millones de personas. El impulsor y mayor beneficiario del acuerdo ha sido China. El acuerdo supone un golpe más a la ya de por sí deshinchada hegemonía económica de EEUU. Sin embargo, es un acuerdo basado en el ‘libre comercio’ y con un contenido neoliberal que poco tiene que envidiar al europeo o al americano.
15 presidentes de países de Asia-Pacífico firmaron virtualmente este domingo la creación de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza.
La RCEP es fruto de ocho años de negociaciones entre los miembros de la Asean (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) y seis naciones con los que el bloque regional tiene acuerdos de libre comercio (Australia, Corea del Sur, China, Japón, Nueva Zelanda y la India, aunque esta última anunció en noviembre de 2019 que no lo firmaría por el momento).
El tratado supone un tercio de la economía global y un mercado de unos 2.300 millones de personas.
La RCPE rebajará los aranceles hasta el 90 por ciento y aborda asuntos como la economía digital, las inversiones y la propiedad intelectual, aunque no contiene regulaciones sobre los derechos laborales y el medio ambiente.
El primer ministro de China, Li Kequiang, citado por Xinhua, destacó que «la firma de RCEP no solo es un logro histórico de la cooperación regional de Asia Oriental, sino también una victoria del multilateralismo y el libre comercio», agregó.
El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, calificó el RCEP como «un gran paso adelante para el mundo, en un momento en que el multilateralismo está perdiendo terreno y el crecimiento global se está desacelerando».
Algunos expertos estiman que el tratado permitirá activar la economía y acelerar la recuperación tras el impacto de la pandemia en los países de la región.
Ong ‘s han criticado la RCEP por dar prioridad a los intereses de las multinacionales y desproteger a los pequeños productores, principalmente en el sector agrícola.
Ante los graves sucesos que han ocurrido y hay que prever en Perú
Firmado Olivier Herrera Marín/
Comunicado de POETAP (Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía)/
Tras la destitución de su legítimo presidente Martin Vizcarra por el congreso de diputados, el 9 de noviembre de 2020. Las manifestaciones multitudinarias de oposición al nuevo gobierno, los muertos y heridos por armas de fuego a causa del desproporcionado y brutal uso de la violencia ejercida por la policía. Y la demisión del nuevo presidente interino, Manuel Merino. Constatamos que independientemente de la veracidad o falsedad de las acusaciones de corrupción vertidas contra Martín Vizcarra. El Congreso en pleno actuó muy a la ligera y sin prever las consecuencias directas e inmediatas que iba a tener la destitución de Vizcarra y el nombramiento interino de Merino, para la sociedad civil, y para la independencia del Tribunal Constitucional en Perú y en todo Estado de derecho.
Todo estado, tiene el deber de garantizar el orden público, y más en un periodo de transición política, pero ante las manifestaciones pacíficas de sus ciudadanos, derecho inviolable en todo régimen político que se precie de ser formal y realmente democrático, y no un remedo vergonzoso de la dictadura encubierta del poder de la elite económica dominante. Que se quita la careta y se desautoriza todo gobierno que alienta o permite reprimir y disolver las manifestaciones de sus ciudadanos con esa inusitada violencia a plomo, sangre y fuego.
Ante la extrema gravedad de lo acaecido hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Perú, a todas sus organizaciones sociales, cívicas y políticas, a todos los diputados de los partidos presentes en el Congreso, y demás mandatarios, así como a la policía, y el conjunto de fuerzas armadas, a mantener la calma, la templanza y el dialogo, y no caer en ninguna provocación, asegurando el mantenimiento del orden público sin cometer ningún abuso del poder institucional y arbitrario del estado. Y convocar de inmediato o en el plazo más breve posible a elecciones a cortes para que el voto soberano del pueblo decida en las urnas, lo que mejor estime para Perú y sus históricos y dignos pueblos, sin ninguna presión ni injerencia en sus asuntos internos, de ninguna potencia económica y/o política extrajera, sea está cual sea.
Firmado Olivier Herrera Marín
Presidente de POETAP
Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía)
Perú: ¿vacancia o golpe? PPK, Vizcarra, Merino… ¿por qué los presidentes duran tan poco?
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