Por Daniela Poblete Ibáñez

El 9 de junio de 1994, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, la Organización de los Estados Americanos, adoptó la primera convención del mundo dedicada exclusivamente a la violencia contra las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer hizo algo, que hasta entonces, ningún tratado vinculante había hecho: nombró la violencia de género como lo que es, una violación de derechos humanos. Lo revolucionario, no fue describir un fenómeno que las mujeres conocíamos en carne propia desde siempre, sino trasladarlo del terreno de lo privado, lo íntimo, lo que durante siglos se llamó “doméstico”, al terreno donde se juega la responsabilidad de los Estados.

Decir que la violencia contra las mujeres vulnera derechos humanos no es una figura retórica, ni un énfasis militante: es una categoría jurídica con consecuencias precisas. Significa que el Estado deja de ser un espectador neutral frente a lo que ocurre “entre particulares” y pasa a ser garante. La Convención, reconoce en su artículo 3 el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y en su artículo 7 obliga a los Estados a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar esa violencia y a adoptar la legislación interna necesaria para hacerlo. Es una protección especial y adicional: especial porque atiende a una desigualdad estructural —la de género— y adicional porque se suma a las obligaciones generales que ya pesan sobre cualquier Estado de derecho.

Esa protección reforzada no quedó en el papel. En 2009, en el caso “Campo Algodonero” (González y otras vs. México), la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dijo con todas sus letras: en los casos de violencia contra las mujeres los Estados tienen, además de sus obligaciones generales, una obligación reforzada que nace de Belém do Pará. La Corte responsabilizó a México, no sólo, por no investigar los femicidios de Ciudad Juárez, sino por no haberlos prevenido conociendo el contexto. Ahí está la clave jurídica de algo que solemos decir con el cuerpo y que conviene decir también con el derecho: no da lo mismo. Cada hecho de violencia que el Estado pudo prevenir y no previno, cada denuncia que no se investigó a tiempo, no es una desgracia privada ni una estadística inevitable: es una falla del Estado y muy concretamente, de los gobiernos que decidieron no destinar recursos a evitarlo. La igualdad sustantiva, la real, la que se mide en presupuestos, en casas de acogida, en duplas psicojurídicas o psicosociales, en sistemas de alerta temprana, no se puede relativizar.

Y conviene mirar las cifras, porque son oficiales y son demoledoras. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, durante 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio o muerte violenta por razón de género en veintiséis países de la región: once mujeres muertas cada día, más de 19.000 en el último quinquenio. Las tasas más altas se registraron en Honduras, Guatemala y República Dominicana. A esos asesinatos consumados, se suman 5.502 femicidios frustrados informados por catorce países en un solo año, y la mayoría de las muertes fueron cometidas por parejas o exparejas. No son accidentes ni arrebatos: son el extremo de un continuo de violencia que el Estado conoce, mide y demasiado a menudo, deja correr. En agosto de 2025, los gobiernos de la región firmaron el Compromiso de Tlatelolco, que proclama una “década de acción” hacia la igualdad sustantiva. Los compromisos se escriben fácil; lo difícil y lo que de verdad importa, es que tengan presupuesto detrás.

Hay una segunda dimensión donde el incumplimiento estatal se vuelve casi un reflejo cultural: la violencia sexual. Frente a ella, el primer movimiento de los sistemas de justicia y de buena parte de la conversación pública, sigue siendo poner en duda a las mujeres. Se nos exige una prueba, prueba que no se le pide a ninguna otra víctima de ningún otro delito. En todos los países, apenas, se discute una norma de igualdad aparece la preocupación urgente por las “denuncias falsas”, por proteger al acusado de un supuesto abuso del sistema. Es revelador dónde se concentra la energía legislativa de algunos, siempre encontramos sectores dispuestos a blindar al señalado y casi nunca para empujar la norma que protege a la mujer. Esa la empujamos nosotras, solas, una y otra vez. La presunción de inocencia es un principio irrenunciable del derecho penal; el problema es que con las mujeres se ha convertido, de hecho, en presunción de mentira.

Y todo esto se agrava cuando la víctima tiene menos voz. La violencia sexual es todavía más brutal y la ausencia del Estado todavía más evidente, cuando recae sobre niñas y niños, sobre mujeres y niñas migrantes, sobre quienes viven en condiciones de alta vulnerabilidad social. El MESECVI, el mecanismo que da seguimiento a Belém do Pará, lleva años documentando la violencia sexual contra niñas y las maternidades forzadas que de ella resultan; hace poco saludó las decisiones internacionales que condenaron a Ecuador y a Nicaragua por vulnerar los derechos de niñas víctimas de abuso obligadas a parir y esto lo vemos en cada uno de nuestros países. Donde se cruzan la edad, la pobreza, la condición migratoria o la discapacidad, no hay un Estado que falla a medias: hay un Estado ausente y una sociedad que mira para el costado.

Treinta y dos años después, el balance es ambivalente. Es cierto, y hay que decirlo, que Belém do Pará es el pilar sobre el que se levantaron casi todas las leyes nacionales de la región: las que tipifican el femicidio, las que ordenan políticas integrales contra la violencia, las que crean sistemas de protección. Esa arquitectura legal existe, importa, y hay que seguir trabajando desde ella, defendiéndola y exigiendo que se aplique. Pero ninguna ley, por buena que sea, desarma por sí sola el arraigo cultural de la violencia. Hay algo que está más allá del texto: la convicción tan extendida de que la vida de las mujeres vale un poco menos, de que su palabra pesa un poco menos, de que su muerte es un poco más tolerable. Eso no se deroga en el Diario Oficial.

Y, sin embargo, es justo eso lo que hoy algunas autoridades se permiten relativizar. Vemos a quienes, desde el poder, ponen en duda la necesidad misma de la igualdad entre hombres y mujeres y dicen hacerlo en nombre de la libertad. No es libertad: es la defensa de un privilegio que se resiste a ceder, disfrazada de principio. Erradicar la violencia contra las mujeres no es una opción ideológica que cada gobierno pueda tomar o descartar según su color. Es una obligación jurídica internacional que los Estados de la región asumieron 32 años y que sigue plenamente vigente, gobierne quien gobierne. La vida de las mujeres no se somete a votación ni se relativiza con cada elección. Esa es, todavía hoy, la promesa de Belém do Pará y la deuda que llevamos treinta y dos años cobrando.

Por Daniela Poblete Ibáñez

Hay frases que nacen del dolor más profundo y terminan cambiando la historia. “Ni una mujer menos, ni una muerta más” la escribió en 1995 la poeta mexicana Susana Chávez Castillo, mientras caminaba las calles de Ciudad Juárez denunciando el asesinato sistemático de mujeres que el Estado prefería llamar “encuentros desafortunados”. Susana, fue asesinada en 2011, violada y mutilada como tantas de las mujeres que ella misma defendió. No llegó a ver lo que su frase haría al mundo.

Cuatro años después de su femicidio, su consigna cruzó el continente.

El 10 de mayo de 2015, en Rufino, Santa Fe, Chiara Páez —14 años, embarazada de dos meses— fue asesinada a golpes por su novio y enterrada en el patio de la casa familiar. El pueblo entero la había buscado. Su padre dijo, con palabras que ninguna política pública debería olvidar: “Chiara fue la gota que rebalsaó el vaso. La violencia no empezó ese día. Viene de muchos años.”

El 3 de junio de 2015, 300.000 personas colmaron la Plaza de los Dos Congresos en en la Ciudad de Buenos Aires y otras ochenta ciudades argentinas, bajo una sola consigna. Fue una multitudinaria marcha contra la violencia de género y, en semanas, Ni Una Menos se escuchaba también en México, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia, Paraguay. América Latina, reconoció en esa consigna algo que ya sabía pero que nadie nombraba con tanta claridad: que nos matan por ser mujeres, que tiene nombre y se llama femicidio.

El movimiento logró algo concreto: poner el femicidio en la agenda del Estado. Ese mismo 2015, la Corte Suprema de Argentina creó el Registro Nacional de Femicidios. Por primera vez, el Estado contaba a las mujeres asesinadas por las manos de sus femicidas. En Chile, Colombia y el resto de la región, las organizaciones exigieron lo mismo: datos, tipificación legal, institucionalidad. Algunos Estados respondieron. La mayoría, a medias. Hoy, once años después, contamos. Y lo que vemos es inaceptable.

Según la CEPAL, al menos 4.855 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica durante 2024, equivalente a 13 asesinatos por razones de género cada día, y el total acumulado en los últimos cinco años supera los 19.254 feminicidios en la región. Estas cifras provienen de los registros oficiales que los Estados informan al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, pero son complementadas —y frecuentemente superadas— por los datos de la sociedad civil organizada, que monitorea medios, documenta casos y llena los vacíos que el Estado no registra o no quiere ver.

Argentina cerró 2025 con 200 femicidios directos según el Registro de la Corte Suprema —una víctima cada 44 horas—, pero el Observatorio de la Defensoría Nacional contabilizó 247 al sumar travesticidios, femicidios vinculados y suicidios feminicidas. Son 247 crimines por razones de género, mientras el gobierno de Milei desmanteló el Ministerio de las Mujeres y recortó los programas de atención a víctimas.

Por otro lado, Chile registró 40 femicidios consumados en 2025 y 283 femicidios frustrados según datos oficiales del SernamEG, cometidos mayoritariamente por parejas y en el hogar: cifras muy similares a las del 2024 pero el estancamiento de las cifras no es reflejo de menos violencia, mas bien refleja la incapacidad del Estado de transformar las estructuras que la producen.

Colombia, atraviesa una crisis documentada por su propia sociedad civil: según el Observatorio de Feminicidios Colombia, entre enero y junio de 2025 se registraron 342 casos, un aumento del 6,5% respecto al mismo período del año anterior, y el 98% permanece sin sentencia.

Paraguay cerró 2025 con 37 feminicidios según la Fiscalía, dejando 69 niños y niñas huérfanos de madre; el 85% fue cometido por parejas o exparejas y en el mismo año se registraron 37.825 casos de violencia familiar, un promedio de 104 víctimas por día, cifras que la sociedad civil considera subregistradas por la debilidad del sistema de protección.

El panorama es el mismo desde hace once años: mientras los discursos institucionales se multiplican con declaraciones simbólicas, la acción concreta con presupuesto real y voluntad política sigue siendo insuficiente para la gran mayoría de nuestro continente.

Los gobiernos ultraconservadores que avanzan en América Latina y en el mundo no sólo NO protegen a las mujeres, al contrario, estos trabajan activamente por revertir los marcos institucionales de protección y derechos que tardamos décadas en construir. Ministerios de género disueltos, presupuestos recortados o programas de atención a víctimas paralizados. Junto a ello, una ofensiva discursiva que normaliza el odio: mujeres llamadas histéricas, el feminismo acusado de “ideología” y las diversidades y disidencias señaladas como amenaza a la nación. El disciplinamiento no es sólo simbólico, se expresa también en precariedad laboral, en exclusión del espacio público y en la criminalización del aborto como instrumento de control sobre nuestros cuerpos. El objetivo es relegarnos a la casa, a la sumisión, a la pobreza, al silencio. El patriarcado conservador sabe lo que hace, por eso odia tanto a las que nos declaramos feministas.

A veces, se nos acusa de repetir siempre lo mismo. De marchar cada año y volver a casa con los mismos números. Quienes dicen eso, no entienden o no han querido entender cómo funciona la violencia. Ni Una Menos, no prometió resolver el femicidio en un año. Prometió que no callaríamos, que cada vez que mataran a una mujer saldríamos a decir su nombre. Que la lucha de Susana Chávez en Ciudad Juárez, de las Madres de Plaza de Mayo, de las mujeres pobladoras que organizaron América Latina para la pandemia del COVID 19, no sería en vano. Pero la promesa, también exige más que la consigna. Exige que la indignación se convierta en organización y la organización en poder. Exige que cuando los gobiernos retrocedan, nosotras avancemos.

Once años después del primer grito, este sigue siendo necesario. No porque no hayamos avanzado —hemos avanzado—, sino porque el patriarcado tampoco se rinde. Y nosotras, tampoco.

Ni una menos. Vivas nos queremos. Todas.

Fuentes: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe; Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (CSJN); Observatorio de Femicidios de la Defensoría Nacional Argentina; SernamEG Chile; Observatorio de Feminicidios Colombia; Fiscalía General del Estado de Paraguay; Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MundoSur).

* Por Ester Pinheiro

Desde 2019, los gobiernos de extrema derecha en América Latina, desde Brasil y El Salvador hasta Argentina, han estado adoptando estrategias similares para atacar los derechos de las mujeres y la población LGBTQ+ y debilitar las políticas de salud sexual y reproductiva.

Ahora, otro líder de extrema derecha ha llegado al poder en la región: José Antonio Kast, en Chile. Hijo de un alemán, quien fue miembro del partido nazi, Kast asumió un mandato de cuatro años en marzo de este año. Desde entonces, los movimientos feministas chilenos se han movilizado en respuesta a posibles reformas y políticas de su gobierno que podrían amenazar los derechos conquistados tras décadas de lucha.

El gobierno de Kast, considerado el mayor giro a la derecha en Chile desde el fin de la dictadura militar en 1990, ya empieza a mostrar indicios de su agenda. Es importante comprender qué cambios podrían producirse durante su presidencia.

Cambios en la educación sexual en las escuelas

Kast pretende reformar la educación sexual en las escuelas. Durante su primera campaña presidencial en 2017, abogó por la eliminación de programas escolares y contenidos curriculares que, según él, “promueven el aborto y las llamadas ideologías de género”. El año pasado, volvió al tema prometiendo “garantizar una educación sin ideologías”.

La propuesta contrasta con la del expresidente de izquierda Gabriel Boric. En enero de 2026, el gobierno de Boric reanudó un proyecto de ley para ampliar la educación sexual en las escuelas, lo que enfrentó una fuerte oposición de parlamentarios de extrema derecha, quienes la calificaron de “ideológicamente motivada”. El texto fue aprobado por un Comité de educación del Congreso en marzo pero aún debe pasar por otros trámites legislativos antes de convertirse en ley.

La postura de Kast se hace eco de discursos ya conocidos en Brasil, como el movimiento “Escuela sin partidos políticos”, alimentada durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien buscó restringir la educación sexual asociándola con la “sexualización temprana” y el “adoctrinamiento ideológico”.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019, también adoptó medidas similares. En 2022 el Ministerio de Educación ha eliminado del currículo de secundaria los materiales sobre educación sexual, prevención de la violencia de género y orientación sexual.

Violencia digital

La violencia digital, como el acoso en línea y el discurso de odio, ha sido utilizada como herramienta por movimientos de extrema derecha y gobiernos. En Chile, Martín de la Sotta, director de Chile Necesita ESI, una organización que promueve la educación sexual, afirma que los ataques en redes sociales se han intensificado desde la campaña presidencial de Kast el año pasado, con el objetivo de intimidar y silenciar a los activistas.

El propio De la Sotta fue víctima de una campaña coordinada de acoso digital. “Me tomaron fotos en una fiesta y las publicaron en internet diciendo: ‘Este es el pedófilo que quiere abusar de sus hijos’, y cosas por el estilo”, dijo.

Emilia Schneider, la primera parlamentaria abiertamente transgénero de Chile, reelegida el año pasado, también fue victima de ataques en línea. Fotos de ella antes de su transición comenzaron a circular en las redes sociales. “Su nombre es Emilia, pero publicaron las imágenes llamándola ‘Emilio’”, dijo de la Sotta.

Feministas exiliadas

Las amenazas y las campañas de intimidación han llevado a periodistas y voces feministas a abandonar sus países de origen cuando escriben sobre género, denuncian violaciones de los derechos humanos o critican las políticas de gobiernos de extrema derecha.

La periodista argentina Luciana Peker afirma que el acoso en línea que sufrió se intensificó tras la publicación de un reportaje sobre el aumento de casos de feminicidio en 2022, resultando en amenazas de muerte. En diciembre de 2023, diez días después de que el presidente de extrema derecha Javier Milei asumiera el cargo en Argentina, ella abandonó el país. “La violencia provenía de sectores vinculados a quienes entraron en el gobierno de [Milei], por lo que no existían condiciones seguras para hablar, escribir, vivir o trabajar”, dijo Peker.

En Brasil, después de la elección de Bolsonaro en 2018, un patrón de intimidación similar llevó a la especialista en derechos reproductivos Debora Diniz a abandonar el país. Afirma haber recibido repetidamente acoso en línea y amenazas de muerte de grupos de extrema derecha tras su testimonio ante el Tribunal Supremo Federal en defensa de la despenalización del aborto.

Diniz explica que la cuestión de género es fundamental en la estrategia de la ultraderecha. “Controlar a las mujeres —cuándo, cómo y con quién tienen hijos— significa controlar la reproducción de la vida social y, en última instancia, la reproducción del poder”, afirmó.

Dinámicas de intimidación similares también fueron documentadas en El Salvador bajo el gobierno de Bukele. Según Cristosal, una organización local de derechos humanos, decenas de activistas y periodistas mujeres se vieron obligadas a abandonar el país debido al ambiente represivo.

Obstáculos para acceder al aborto

Kast abogó por el retorno a una prohibición total del aborto, incluso en casos de violación, y afirma que “defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, una opinión compartida por los miembros de la Iglesia Católica en Chile y por sus partidarios evangélicos.

Tras la reforma legal de 2017, el aborto está permitido actualmente solo en tres casos en Chile. Riesgo para la vida de la mujer, violación o inviabilidad fetal. Cerca de 80% de la población chilena está a favor del aborto, al menos bajo ciertas circunstancias.

La administración anterior de Boric propuso un proyecto de ley para permitir que las mujeres tengan un aborto hasta las 14 semanas. El proyecto avanza lentamente en el Congreso, pero enfrenta importantes obstáculos en las comisiones lideradas por partidarios de Kast. “Es poco probable que sea aprobado”, afirma Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Medico de Chile, la asociación médica nacional.

Activistas advierten que podría volverse más difícil para las mujeres en Chile acceder al aborto. Incluso antes de que Kast llegara al poder, en casos de aborto que involucran violación, casi la mitad de los profesionales de obstetricia que trabajan en hospitales públicos se han declarado objetores de conciencia.

“Bajo un gobierno autoritario que se opone a los derechos humanos, es muy posible que los profesionales de la salud que se oponen al aborto se sientan con mayor libertad para negar la atención medica [del aborto]”, afirmó Ingrid Narbona, abogada de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Chile. Añadió: “Cuando se restringen los derechos, las mujeres no dejan de necesitar abortos; recurren a opciones inseguras o ilegales”.

En El Salvador, Bukele adoptó una retórica similar a la de Kast con respecto a la “defensa de la vida desde la concepción”, en un país donde el aborto está completamente prohibido. Aunque en el pasado he defendido el aborto en circunstancias limitadas, Bukele comenzó a adoptar una postura firmemente antiaborto, llegando incluso a describirlo como un “gran genocidio”.

Años de movilización por parte de grupos feministas y defensa de los derechos de las mujeres ayudaron a asegurar la liberación de 81 mujeres encarceladas en virtud de las estrictas leyes antiaborto del país. Sin embargo, en una señal del entorno cada vez más represivo, el Grupo Ciudadano para la Despenalización del Aborto en El Salvador anunció su disolución legal en febrero.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola y el cardenal Fernando Chomali en una ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana de Santiago, el 12 de marzo de 2026. Fotografía: Oficina de Prensa, Presidencia de la República de Chile

Propagación del fundamentalismo cristiano

La propagación gradual y a menudo silenciosa de la influencia antigénero y antirreligiosa más allá de los pasillos del poder, infiltrándose en otras instituciones, es una característica central de la estrategia de la extrema derecha en América Latina, según Giselle Carino, directora de Fòs Feminista una alianza mundial para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

“Esto se extiende a los consejos médicos nacionales y a los comités de bioética, donde la gobernanza técnica puede ser remodelada de acuerdo con agendas conservadoras”, afirma.

En enero, la Comisión Nacional de Bioética de Argentina fue reestructurada formalmente bajo la tutela del Ministerio de Salud. Según Carino, el cambio refleja una tendencia más amplia en la que “los expertos independientes en ética han sido marginados y reemplazados por actores más cercanos a redes religiosas”, suscitando inquietudes sobre cómo podría interpretarse en la práctica el acceso al aborto.

Carino también traza paralelismos entre esta estrategia de la extrema derecha latinoamericana y el movimiento MAGA, liderado por Donald Trump en Estados Unidos, lo que apunta a una alineación regional más amplia en torno a políticas nacionalistas y anti-género.

En Brasil, Bolsonaro ha dependido en gran medida de las iglesias evangélicas y de los pastores para movilizar a los votantes, utilizando la retórica cristiana para oponerse al aborto y a los derechos LGBTQ+. Los parlamentarios evangélicos de partidos de extrema derecha continúan trabajando contra los derechos de las mujeres y de la agenda de salud reproductiva.

En El Salvador, Bukele frecuentemente utiliza un lenguaje cristiano para justificar sus políticas, llegando incluso a afirmar que Dios le había hablado. En una publicación en redes sociales expresó su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, y destacó el “apoyo de Dios” para construir lo que él describe como un “país más justo”.

Kast, miembro del Movimiento de Schönstatt, una red católica ultraconservadora, sigue una línea similar. Kast basa sus acciones políticas en valores católicos conservadores y declaró en 2017 “Creo en Dios, creo en la patria, creo en la familia.” Desde que asumió la presidencia el número de servicios religiosos celebrados en el palacio presidencial chileno de La Moneda han aumentado de uno a hasta cuatro por semana.

Kast ya ha dejado clara su postura respecto a los derechos LGBTQ+. Durante su segunda semana en el cargo, en abril, no ha firmado la Declaración regional sobre los derechos LGBTQ+ en la Organización de los Estados Americanos.

Recortes en la financiación de los derechos de las mujeres

Kast comenzó su presidencia declarando un “gobierno de emergencia” con un enfoque en la seguridad, la migración y la economía. Para contener el gasto público, prometió una reducción de 6 mil millones de dólares de gasto público.

“Es imposible realizar recortes drásticos en el gasto público sin afectar la salud y los derechos reproductivos”, afirmó Arriagada.

Luz Reidel, subdirectora de defensa de políticas en Miles, una organización de derechos sexuales y reproductivos, declaró: “Al presentar la situación como un ‘gobierno de emergencia’, Kast permite que las autoridades resten prioridad a ciertos servicios, haciendo que el aborto y la salud sexual parezcan menos urgentes”.

Este patrón se repite en la región. En Argentina, bajo medidas de austeridad implementadas por Milei, se suspendieron al menos 13 programas relacionados con cuestiones de género. incluyendo iniciativas destinadas a la inclusión de las personas transgénero.

Incluso bajo la administración de Milei, la financiación para políticas de lucha contra la violencia de género se redujo en aproximadamente 89% entre 2023 y 2024. El programa “Acompañar”, que brinda apoyo a las sobrevivientes de la violencia, sufrió una reducción en su presupuesto reducido en un 90% y el número de beneficiarios descendió de más de 100.000 en 2023 a tan sólo 434 en 2024.

Lenguaje prohibido

Los líderes de extrema derecha de Argentina, El Salvador y Brasil han estado tomando medidas para eliminar o restringir términos y categorías relacionados con el género, la sexualidad y la identidad, argumentando que no están alineados con las posiciones oficiales de sus gobiernos.

En 2024, el gobierno de Milei prohibió el uso de “lenguaje inclusivo” en la administración pública y en los documentos oficiales, incluidas las formas de lenguaje que reconocen a las personas LGBTQ+ y no binarias, clasificándolas como “distorsiones ideológicas”.

En El Salvador, Bukele emitió un decreto similar, prohibiendo el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y los materiales gubernamentales, calificándolo de “español inapropiado” e “ideología de género”. Un informe de El faro tuvo acceso a una guía de estilo educativa, que reveló la prohibición de términos como “feminismo”, “feminista”, “inclusión”, “masculinidades”, “orientación sexual” y referencias a la comunidad LGBTQ+ y al cambio climático.

De manera similar, en Brasil, ex-Presidente Bolsonaro rechazó el uso de un lenguaje neutro en cuanto al género, afirmando que es “perjudicial para los valores tradicionales” y que “malcría a los niños”.

Como legislador, Kast también ha criticado públicamente el lenguaje inclusivo. En una publicación en el ex-Twitter X escribió: “Basta ya de tonterías. Exijamos que en Chile la gente hable correctamente y deje de copiar malas ideas del extranjero”.

“Aunque todavía no existe un precedente formal concreto para la prohibición de ciertos términos lingüísticos en Chile, esto entra dentro de lo que podemos esperar de este gobierno”, afirmó Reidel.

Desmantelamiento de instituciones de mujeres

Kast inició su administración con cambios institucionales que, según activistas, debilitan las políticas de igualdad de género. Hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha despedido empleados de una división dedicada a promover una política exterior feminista.

La elección de Kast para dirigir el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género también generó inquietudes tras el nombramiento de Judith Marín, una figura evangélica quien lleva años haciendo campaña contra el aborto. “No tiene experiencia en temas relacionados con el género. Obviamente es decepcionante”, dijo Reidel.

En Argentina, Milei ha disuelto el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad en 2024, el organismo responsable de las políticas de igualdad de género y de la lucha contra la violencia contra las mujeres.

Activistas afirman que estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio, simbólico y práctico, para revertir los avances en igualdad de género mediante el desmantelamiento de las instituciones públicas. “Lo que pueden parecer acciones inconexas están, en realidad, interconectadas; todo forma parte de la misma estrategia”, declaró Giselle Carino.

En Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro en 2019, el Ministerio de la Mujer fue reorganizado y renombrado Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Según Reidel, sustituir el término “género” por “familia” supone un cambio simbólico pero políticamente significativo que se aleja de las políticas de igualdad y refuerza los “roles sociales tradicionales”.

Resistencia

Las activistas por los derechos de las mujeres en toda América Latina están demostrando que es posible resistir las estrategias de la extrema derecha. En las últimas décadas, los movimientos por los derechos de las mujeres han combatido con éxito la violencia de género y han ampliado los derechos reproductivos mediante las protesta, procesos judiciales, procedimientos constitucionales y campañas en redes sociales.

Argentina Ni Una Menos, fundada en 2015, surgió en respuesta a los altos niveles de feminicidio en el país. Desde entonces, el movimiento ha movilizado a millones de personas para marchar en las calles, inspirando también un activismo similar contra la violencia de género en Perú y Uruguay.

La Marea Verde, movimiento liderado por feministas en Argentina también dio lugar a manifestaciones masivas desde principios de la década de 2000, que fue fundamental para la legalización del aborto en Argentina en 2020. El movimiento también inspiró reformas legales similares en toda la región, incluyendo Colombia y México.

Más recientemente, en Chile, apenas tres días antes de que Kast asumiera el cargo, aproximadamente 500.000 personas participaron de las protestas del Día Internacional de la Mujer en Chile, la más grande desde la pandemia.Como explicó María Francisca Di Biase, abogada chilena y activista de género que participó en la marcha: “Nuestros derechos nunca están garantizados. Dependen de que alcemos la voz. Necesito seguir luchando y marchando”.

Editado originalmente por Anastasia Moloney y Charlie Brinkhurst-Cuff.

Este artículo se publicó originalmente en Fuller, una redacción independiente y sin ánimo de lucro dedicada a informar sobre las experiencias de las mujeres y las personas de género diverso en todo el mundo.