Bob Pop
En este capítulo de ‘Lector ileso’, Bob Pop nos reseña el libro ‘Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis’ (Continta Me tienes), de Roberta Marrero. «Es un libro íntimo, es un libro trans de márgenes y trans de tránsito que va mucho más allá», opina.
Puedes ver la reseña completa en este vídeo.
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Tom Kucharz
En estos tiempos de guerra, inflación de precios y riesgo de colapso ambiental, es legítimo preguntarse para qué sirven las cumbres de cambio climático, como las que se celebran desde 1992, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero causantes de la emergencia climática no dejan de crecer y sus impactos son cada vez más graves. Sobre todo cuando los países más ricos y más responsables de la crisis climática destinan 30 veces más recursos al gasto militar que a la financiación para el clima.
Inundaciones en Pakistán, sequías en el cuerno de África, pérdida de cosechas agrarias u olas de calor. Nada de esto es nuevo. Solemos denunciar a empresas y gobiernos por los fracasos de las cumbres. Sabemos también que la gravedad de la crisis actual, y aún más la que está por venir, se debe a las decisiones de los poderes políticos y económicos en el pasado. De ahí surge la pregunta: ¿nos ayudaría a comprender mejor por qué fracasan estas cumbres y por qué en los últimos 30 años no se han tomado las medidas necesarias para frenar el cambio climático si ponemos nombres a quienes nos han llevado a esta situación?
“¿Qué diablos nos pasa?”, se preguntaba acertadamente Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo (Paidós, 2015), en el que averigua “qué es lo que realmente nos impide apagar el fuego que amenaza con arrastrar nuestra casa colectiva”. Su hipótesis: las acciones que nos ofrecen mejores posibilidades de eludir los peores escenarios de la catástrofe “entran en conflicto de base con el capitalismo desregulado” y “son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”.
Por eso hablaremos de Arturo Gonzalo Aizpiri (Madrid, 1963), director ejecutivo de Enagás (sueldo: alrededor de 278.800 euros anuales). La empresa energética que dirige es una protagonista destacada en la actual crisis energética y él representa a la perfección el “fundamentalismo del mercado” que “ha saboteado sistemáticamente desde el primer momento nuestra respuesta colectiva al cambio climático”, usando palabras de Klein.
Este texto (publicado en tres partes) indaga sobre la responsabilidad que ha tenido Aizpiri en las políticas climáticas en España y la Unión Europea, así como en sus presuntos vínculos políticos con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Por supuesto, el desarrollo y la aprobación de las políticas públicas recae sobre el conjunto de las estructuras de poder del Estado, es decir, sobre muchos individuos que trabajan en las instituciones. Pero en esta ocasión seguiremos la pista a algunos de sus protagonistas por el papel determinante que han tenido y siguen teniendo.
Arturo Gonzalo Aizpiri, doctor en Ciencias Químicas, ha traspasado las puertas giratorias como pocos. En el sector privado ha desempeñado funciones de alta dirección en la multinacional Repsol (entre 1990 y 2022, con interrupciones). En el ámbito público ha sido desde director general de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid hasta secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente.
Empezó a trabajar en Repsol en 1990 como “investigador de nuevas tecnologías y exploración”. El año siguiente, el Partido Popular ganó por primera vez las elecciones en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Joaquín Leguina (PSOE) retuvo la presidencia gracias a un pacto con Izquierda Unida, y Aizpiri fue nombrado director general de Juventud. En 1993, sustituyó a Luis Maestre (PSOE) como director de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad de Madrid, resultado de conflictos por el poder en la Federación Socialista Madrileña y promocionado, según reportó El País, por Jaime Lissavetzky, ex secretario de Estado para el Deporte y consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid entre 1985 y 1995.
Cuando el PP ganó las elecciones autonómicas de Madrid en 1995, Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, le fichó como director general de Política Ambiental. Teresa Ribera ocupó allí diferentes puestos entre 1996 y 2004.
Al terminar su trabajo con la presidencia española del Consejo de la UE (1995), Aizpiri volvió a Repsol, donde permaneció hasta 2004, aunque, atención, entre 1997 y 2000 ejerció también como secretario de Movimientos Sociales de la Federación Socialista Madrileña.
Poner a un zorro a cuidar las gallinas
Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, eligió al directivo de Repsol como secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático. Un cargo incompatible con sus funciones anteriores como director adjunto de Cambio Climático y Planificación Medioambiental, Seguridad y Calidad de la petrolera. Entre otras cosas, porque en sus funciones se incluía justamente la comisión para decidir cómo tenían que cumplir con el Protocolo de Kyoto empresas como Repsol, Endesa, Gas Natural y Unión Fenosa (hoy Naturgy), EDP, Cepsa, ArcelorMittal, FCC, Iberdrola, LafargeHolcim o Cemex.
En los años que Aizpiri ejercía de secretario general de Cambio Climático (2004-2008), Ribera fue directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Una de las políticas más relevantes que ambos cargos públicos desarrollaron fue el Plan nacional de asignación de derechos de emisión (PNA) concebido para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por el Protocolo de Kyoto.
Aprobado en 1997, el pacto puso en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a un complejo proceso de ratificación –España lo hizo en 1998–, el tratado no entró en vigor hasta 2005.
En aquel año, las cifras globales de emisiones de gases de efecto invernadero indicaron que España era el país industrializado donde más habían aumentado: un 53,2% respeto a la contaminación en 1990, cuando se había comprometido en el Protocolo de Kyoto a no aumentarlas más del 15% entre 2008 y 2012.
Preguntado por el periódico Energías Renovables sobre si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se había “manifestado en numerosas ocasiones en contra de Kyoto”, Gonzalo Aizpiri respondió: “Yo he hablado estos días con muchos empresarios y la percepción que tienen es que consideran el plan 2005-2007 oportuno, útil y necesario. Y no hay alarma en los sectores afectados […]. El Gobierno está muy tranquilo a este respecto. Sabe que esto no es una carga inasumible para nadie. […] El Gobierno es el primer interesado en entrar en ese debate de forma realista, constructiva, pretendiendo cumplir los compromisos pero protegiendo al mismo tiempo la competitividad y el empleo”.
Arturo Gonzalo Aizpiri. ENAGÁS
En otro apartado de la entrevista dijo sobre los sectores industriales implicados: “Obviamente, están preocupados por los efectos que puede suponer, pero no tanto para el periodo 2005-2007 cuanto para el 2008-2012. […] El otro día me decía un alto cargo de una eléctrica: ‘Más allá de que el Plan sea bueno o malo, por lo menos hay un Plan, y eso nos hace sentirnos mucho más seguros’”.Cuando el Consejo de Ministros aprobó el Plan nacional de asignación de derechos de emisión en primera vuelta, en septiembre de 2004, la Comisión Europea retrasó su aprobación definitiva, exigiendo varias correcciones. Entre estas, que incluyera a las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios de los sectores industriales que no están conectados a la red eléctrica -como por ejemplo una caldera de autoconsumo de una planta química-, que el gabinete de Gonzalo Aizpiri había pasado por alto. Bruselas también exigió al Gobierno español que revisara las cerca de 400 alegaciones presentadas.
Un paréntesis: el comercio de emisiones
Una enmienda de Estados Unidos permitió en 1997 que el Protocolo de Kyoto incluyera la privatización de la atmósfera y una salvaguarda que permitiera a los mayores causantes del cambio climático (como España) que, en caso de no tener voluntad para reducir las emisiones en su propio territorio, pudieran intercambiar estos compromisos por la promesa de rebajar las emisiones en otros países.
Este protocolo consideraba la Unión Europea como un conjunto, fijando como objetivo la reducción de las emisiones en un 8%, entre 2008 y 2012, respecto a los valores registrados en 1990, distribuidas entre los distintos Estados miembros en virtud del acuerdo de reparto de cargas (Burden Sharing Agreement).El gran atolladero fue que la UE creó el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCCDE; EU Emission Trading System o ETS por sus siglas en inglés), que cubre alrededor del 40% de las emisiones, como el elemento central de su estrategia para contener el cambio climático. Noruega, Liechtenstein e Islandia se incorporaron en 2008.
El mercado de carbono es un paradigma de las falsas soluciones (nombres engañosos generados por una ingeniería que no cambia nada en el modo de producción y de consumo adicto a los combustibles fósiles) y de las medidas basadas en el mercado que han dominado las negociaciones internacionales sobre el cambio climático (UNFCCC), y que son reivindicadas por parte del poder económico y financiero como un negocio. Tomando como base las actuales emisiones anuales de 41 gigatoneladas, el valor de los créditos de carbono en los actuales mercados mundiales de carbono es de 3 a 3,5 billones de dólares a los precios actuales, según cálculos del banco de inversiones UBS.
Sobre el papel, el sistema de ‘límites y comercio’ (cap and trade) planteaba lo siguiente: el volumen de contaminación por dióxido de carbono para no superar los niveles marcados por el Protocolo de Kyoto se divide entre las instalaciones industriales de toda la UE. Si una de esas instalaciones sobrepasaba el tope que se le había marcado, debía adquirir la cantidad de permisos equivalentes en el mercado. Y al revés: si una instalación estaba por debajo de sus límites, podría vender en el mercado la cuota “sobrante”.
¿Y quién le debía marcar los límites a la industria? Los planes de asignación. Pero la UE y los respectivos gobiernos nacionales asignaron una cantidad excesiva de permisos a la industria.
Quien contamina, se lucra
En 2005, el primer año de funcionamiento del mercado europeo de comercio de carbono, las industrias relevantes emitieron 66 millones de toneladas menos que el límite que se les había fijado. El límite carecía de sentido, pues no se había traducido en una reducción neta de las emisiones. Un análisis preliminar de los datos de 2006 demostró que el 93% de las más de 10.000 instalaciones que quedaban cubiertas por el mercado europeo de carbono emitieron menos de la cuota asignada.
Durante las dos primeras fases (2005-2007, 2008-2012), el gobierno del PSOE concedió permisos de modo gratuito a las industrias que hacen un uso intensivo de combustibles fósiles y, por tanto, otorgó importantes subsidios indirectos a las empresas más contaminantes de España.
En una entrevista de 2007 en El País, Gonzalo Aizpiri sostuvo que “la nueva legislación europea que pusimos en marcha en España al principio de la legislatura limita las emisiones de CO2 de las principales industrias del país. Desde entonces aproximadamente mil fábricas, que suponen algo menos de la mitad de todas las emisiones de España, tienen que pagar si emiten más de los límites establecidos. Y tengo que decir que en general la industria ha hecho sus deberes y está consiguiendo reducir sus emisiones”.
Sin embargo, Narbona había reconocido algo antes que el impacto del primer año del Plan Nacional de Asignación (PNA) había sido “muy insignificante», y concretamente el sector industrial no había sufrido “ningún impacto negativo por la aplicación del plan».
La patronal (CEOE) consiguió una “asignación suficiente y gratuita de derechos a las instalaciones afectadas» que había negociado con Gonzalo Aizpiri. Para conseguirlo, las empresas energéticas y la industria presagiaron una gran catástrofe económica si se limitaban sus emisiones contaminantes. Un estudio realizado en 2013 para la Comisión Europea concluyó: «No encontramos pruebas de ninguna fuga de carbono«, o sea, no hubo desplazamiento de la producción hacía otros países debido a la asignación de permisos de contaminación.
Logotipo ArcelorMittal en un viejo tren. Foto: REUTERS/Dado Ruvic
El dueño de ArcelorMittal afirmó en 2014: «La política energética y climática de la UE está castigando al sector siderúrgico y a otras industrias que hacen un uso intensivo de la energía, lo que está teniendo un profundo impacto en nuestra competitividad». Los hechos: se estima que la empresa siderúrgica ha obtenido más de 2.000 millones de euros de beneficios con el mercado de carbono entre 2005 y 2008 y más de 400 millones de euros entre 2008 y 2014.
En la tercera fase del RCCDE (2013-2020) disminuyeron algo las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales térmicas de carbón pero solo a partir del 2019 (entre 2013 y 2018 se mantuvieron constantes). Las centrales que queman gas no disminuyeron, al contrario, aumentaron sus emisiones, dado que “sustituyeron” la contaminación de la generación de electricidad con carbón por el precio tan barato del gas. En aquella época Rusia bajó los precios para competir con el gas de fracking de Estados Unidos. Así, en el 2019, las centrales de ciclo combinado generaron el doble de emisiones de CO2 que en el 2013.
Entre las causas de estos procesos se pueden citar el gas barato y costes mayores para las centrales de carbón por su menor rendimiento. A ello habría que añadir las necesidades de inversión en tecnología por la obligación de reducción de emisiones lo que marginó al carbón del sistema eléctrico español. Asimismo, se incrementó el margen de beneficios en el sector de la energía hidráulica y bajaron los precios de la producción de la tecnología fotovoltáica y eólica.
Una gran estafa “verde”
Echando la vista atrás, podemos afirmar que el gobierno del PSOE puso en marcha un plan que asignó derechos de emisión gratuitos de una forma irresponsable y ayudó a las industrias más contaminantes (electricidad, refinerías, cementeras, siderúrgicas, papel, vidrio) a influir en el juego para su propia ventaja económica y comercial.
Las decisiones adoptadas por instituciones representadas por Narbona, Aizpiri y Ribera, entre otras, han ocasionado que España, como sexta emisora de CO2 en la UE, haya eludido sistemáticamente sus responsabilidades de reducción de emisiones. Otros actores que han tenido un papel destacado en este proceso fueron, entre otros, el ex vicepresidente económico Pedro Solbes (posteriormente, consejero de Enel y de Barclays), la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), auditoras como Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, así como determinadas federaciones de industria de los sindicatos mayoritarios.
Algunos detalles más que han quedado en el olvido: en 2006, la consultora Ecofys publicó un estudio que mostraba que el Plan Nacional de Asignación del PSOE para la fase II del régimen para el comercio emisiones también contenía una considerable sobreasignación de permisos a la industria fósil.
Esto llevó a la Comisión Europea a rechazar el plan inicialmente y pedirle a España que recalculara sus asignaciones. El plan revisado, sin embargo, siguió siendo excesivamente generoso: la industria española recibió más de 130 millones de derechos de emisión más de los que realmente necesitaba y permitió, entre otras cosas, que un 21% de las ‘reducciones’ propuestas viniera de la compra de créditos de los mal llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
También WWF y Climate Action Network Europe criticaron el plan por “incentivar la tecnología más contaminante (el carbón)” y “utilizar demasiados créditos externos para cumplir los compromisos sin criterios de calidad de los proyectos, socavando el cambio tecnológico en la UE”.
La compra a gran escala de créditos MDL, respaldada por el Fondo Español de Carbono (FEC) y en el marco del Banco Mundial, ha favorecido continuamente proyectos sinónimo de ineficacia e injusticia social. Algunos de ellos incluso generaron destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos (como el desplazamiento forzado de comunidades para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas). España se convirtió en 2009 –ya con Teresa Ribera como secretaria de Estado de Cambio Climático– en el séptimo país comprador de compensaciones de proyectos MDL. Estas fueron adquiridas fundamentalmente por las grandes empresas energéticas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Adicionalmente, el Gobierno de España compró millones de derechos de emisión a Polonia o al polémico programa Green Investment Scheme del Gobierno húngaro cuyos proyectos de “calefacción más eficiente” nunca se materializaron. El dinero alimentó la industria del carbón y la corrupción política.
El resultado final fue que las industrias fósiles pudieron continuar incrementando sus emisiones amparándose en este plan. Por ejemplo, las factorías de ArcelorMittal en Avilés y Gijón siguen recibiendo una asignación gratuita de derechos de emisiones por encima de sus emisiones anuales.
Desde el punto de vista de ejecutivos como Gonzalo Aizpiri, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE ha sido un éxito pero, desde el punto de vista de las ciencias, un estrepitoso fracaso, porque su objetivo último fue retrasar y estancar la reducción de emisiones de gases contaminantes de la industria entre 15 y 30 años, así como sabotear al movimiento ecologista o al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que ya en 1995 sugería que el mundo debería lograr una rápida reducción de emisiones de entre el 50 y el 70 por ciento para tener la posibilidad de evitar un cambio climático catastrófico.
Los informes del IPCC de aquella época provocan que las decisiones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sean consideradas especialmente graves e irresponsables: para entonces ya se sabía que, si no se actuaba para frenar el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra podría aumentar 4,5 grados centígrados o más. Aun así, las instituciones representadas por Gonzalo Aizpiri o Teresa Ribera hicieron todo lo posible para preservar los intereses de una industria y un sistema que nos conducen hacia los peores pronósticos.
Este artículo inicia una serie de reportajes de investigación elaborados por Tom Kucharz, investigador y militante de Ecologistas en Acción.
Próxima entrega: ‘El caso Aizpiri: de Repsol a Enagás’
Actualización: 15:20h.
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La Marea
Ocurrió el 24 de junio de 2022. Tras dos meses de acoso violento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, las personas migrantes que ocupaban los asentamientos del bosque cercano a la frontera con Melilla intentaron saltar la valla. Su «huida hacia adelante», como la describe Caminando Fronteras, se saldó con un baño de sangre. Esta ONG cifra en 40 las muertes confirmadas. Otras 77 personas están en paradero desconocido. Siete meses después, Caminando Fronteras vuelve a difundir su informe, en el que denuncia el silencio impuesto en torno al asunto por parte de España y Marruecos. Ambos países, dice, «bloquean los intentos de saber la verdad de los familiares» y niegan «el derecho a buscar a las [personas] desaparecidas y a identificar los cadáveres encontrados».
Tras la masacre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el intento de salto de la valla como un «ataque a la integridad territorial» de España. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló de una «actuación proporcionada y oportuna» y mostró su satisfacción por no tener que «lamentar ningún hecho trágico, ninguna pérdida de vidas humanas en territorio nacional». A pesar de los vídeos del suceso y de las denuncias presentadas por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía dio la razón a Marlaska y cerró el 23 de diciembre una investigación en la cual exculpaba de responsabilidades a Interior, a la Guardia Civil y a los agentes implicados aquel día.
Marruecos también ha dado carpetazo al asunto. Allí, algunos migrantes supervivientes se enfrentan a penas de cárcel por pertenencia a banda criminal de inmigración clandestina, entrada ilegal y violencia hacia los agentes de la fuerza pública. Trece de ellos vieron aumentadas sus condenas tras pasar por el Tribunal de Apelación: de dos años y medio a tres años.
El informe de Caminando Fronteras hace un seguimiento detallado de lo ocurrido en Melilla y de sus posteriores consecuencias, que califica como “tragedia humanitaria”. En él critica el manto de silencio que se ha extendido sobre los hechos y que alcanza a los familiares de las víctimas. “Nos encontramos ante un delito permanente que no solo se cometió aquel día contra las personas que se encontraban en la valla, sino que diariamente se hace contra las familias en la búsqueda de justicia”, afirma la organización.
Después de la tragedia
Su informe aporta numerosos testimonios de los afectados y narra las dramáticas horas posteriores al suceso. “Asistimos a personas pendientes de operaciones en los hospitales de los lugares a donde fueron desplazados de forma forzosa (…). Encontramos un herido de bala de fuego que tuvo que ser operado para extraer el proyectil. Otro joven (…) tuvo que ser ingresado en el hospital porque había entrado en coma durante su detención. Estuvo en esta situación durante tres días, tras los que despertó con dificultades motoras y del habla por los golpes que había recibido en la cabeza”, describen en el documento. A otra de las personas golpeadas hubo que amputarle un pie tras las “fracturas provocadas por el ataque de los militares” y el retraso que sufrió su operación por falta de material quirúrgico.
Estas personas sufren, además, cuadros de estrés postraumático tras lo vivido en la valla de Melilla. En las misiones humanitarias se reportaron “ataques de pánico, pesadillas, dolores intensos en todas las partes del cuerpo, miedo…”.
Caminando Fronteras no ha sido la única ONG que ha investigado la masacre. También lo ha hecho Amnistía Internacional. En sus conclusiones acusaban a las policías española y marroquí de “crímenes de derecho internacional contra personas negras”.
“Si hay que tragar sapos, se tragan”
La violación de Derechos Humanos, denunciada en el Parlamento Europeo, no ha cambiado la postura del PSOE respecto a Marruecos. En una entrevista concedida al Diario de Avisos, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar reafirmó el carácter de “socio estratégico” de Marruecos “para la Unión Europea y para España”. Este estatus, según el exministro socialista, obliga a pasar por alto ciertos excesos.
Aquí el eurodiputado del PSOE diciendo que hay que “tragar sopa” de Marruecos, lo que quiere decir apoyar su ocupación ilegal al Sáhara, sus violaciones de derechos humanos, su masacre contra migrantes, su espionaje, sus sobornos y su chantaje constante. Muy en línea del PSOE. pic.twitter.com/V8FLTxUfkM— Taleb Alisalem (@TalebSahara) January 24, 2023
“Si hay que tragar saliva y sapos, se tragan, porque es un vecino estratégico”, sostiene López Aguilar. A su juicio, además, la Unión Europea no debería arremeter contra Marruecos, un país contra el que se está dirigiendo un discurso “despiadado”. Eso, aseguró, “tendrá consecuencias”.
El próximo 1 de febrero tendrá lugar en Rabat una esperada cumbre hispano-marroquí. La cita fue pospuesta varias veces por los desencuentros entre las dos administraciones, muy suavizados desde que España cambió su política exterior respecto al Sáhara Occidental en favor de Marruecos. “Con Marruecos hay mucho que hablar”, afirmó López Aguilar, “pero hay que tener los pies en el suelo. Merece la pena tragar, porque despacharnos ahora es insensato e irresponsable”.
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Dani Domínguez
En el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, se firmó la primera Constitución española en 1812, ‘La Pepa’. Dos siglos después, el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha usado el emblemático escenario para presentar su Pacto de Calidad Institucional. Un documento con el que busca terminar con «el nepotismo, la opacidad y arbitrariedad» que, en su opinión, el gobierno de Pedro Sánchez ha instaurado en España.
El plan comprende un total de 60 medidas que están divididas en cinco bloques. En primero de ellos, Feijóo promete recuperar el delito de sedición, eliminar la reforma del delito de referéndum ilegal y crear un delito de referéndum ilegal. El resto de puntos comprende iniciativas sobre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como «actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones».
Propuestas que, en varios casos, contradicen las acciones del propio Partido Popular:
El poder para la lista más votada
Una de las propuestas más polémicas es la que propugna que la alcaldía de los municipios recaiga sobre la lista más votada, una idea que ya lanzaron Mariano Rajoy Pablo Casado, entre otros. Feijóo apuesta por una modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), un cambio normativo que vaciaría de competencias a los plenos municipales, otorgando más competencias a las alcadías y equipos de gobiernos que, en muchos casos, podrían estar en minoría en los ayuntamientos.
Si entrara en vigor esta modificación legal, el PP no estaría gobernando las ciudades de Madrid, Zaragoza y Badajoz. En el caso de la capital, el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, gobierna en coalición con Ciudadanos y gracias a los apoyos de Vox a pesar de que la lista más votada en 2019 fue la de Manuela Carmena (Ahora Madrid). En Zaragoza sucede algo similar, si bien el partido más votado en las pasadas elecciones municipales fue el PSOE de Pilar Alegría, actual ministra de Educación, que superó al PP en 20.000 votos.
PP y Ciudadanos fueron la segunda y tercera lista más votada en la ciudad de Madrid. DIARIO DE MADRID / Licencia CC BY 4.0
En Badajoz, PP y Ciudadanos no dudaron en incluir en su equipo de gobierno al concejal de Vox para arrebatarle la alcaldía a Ricardo Cabezas, del PSOE, quien había ganado los comicios municipales. En un claro caso de transfuguismo, el Partido Popular de la localidad pacense ha anunciado al ex líder de Ciudadanos como su nuevo candidato para las próximas elecciones locales de mayo.
Prohibir el uso de recursos públicos en actos partidistas
Dentro del bloque dedicado a las «iniciativas para un mejor Gobierno», Núñez Feijóo propone evitar que se destinen recursos públicos para la realización de actos de partido. La pasada semana, la oposición en la Región de Murcia denunció que los populares y el Gobierno de la Comunidad Autónoma estaban utilizando el mismo lema de precampaña: «Los medios públicos al servicio del partido. Así es como López Miras se paga la campaña con el dinero de todos y todas, el tuyo y el mío», denunciaba en redes sociales la diputada y portavoz de Podemos Murcia en la Asamblea Regional, María Martín.
Está pasando. El lema del gobierno regional y el lema de precampaña del PP son idénticos. Los medios públicos al servicio del partido. Así es como López Miras se paga la campaña con el dinero de todos y todas, el tuyo y el mío. pic.twitter.com/e0jpNX4eSH— María Marín (@MariaMarinMart) January 17, 2023
Uno de los casos más sonados de presunta utilización de recursos públicos por parte del PP para fines partidistas es la denominada Operación Kitchen. En este caso se investiga la supuesta utilización del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para llevar a cabo un espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. El que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue procesado en junio de 2021, al igual que su cúpula, por su presunta participación en la trama. A día de hoy está a la espera de juicio.
Unas operaciones que, además, tenían como objetivo tapar la financiación ilegal del propio partido gracias al dinero negro que procedía de empresarios que recibían contratos de la Administración pública. Por su participación en el caso Gürtel, el PP ha sido condenado tres veces.
Despolitizar el Poder Judicial
La necesidad de una mayor independencia del Poder Judicial es un mantra que el PP de Feijóo ha convertido en lema. «Limitar puertas giratorias y reforzar las exigencias de independencia» de los jueces es otro de los principales puntos del Plan de Calidad Institucional presentado en Cádiz. Una promesa que Mariano Rajoy utilizó en su campaña electoral antes de convertirse en presidente por mayoría absoluta en 2011 y que él mismo incumplió. Tras las llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el PP volvió a recuperar su propuesta de que sean los propios magistrados quienes elijan a sus representantes, en lugar del Congreso de los Diputados.
El Consejo General del Poder Judicial tendría que haber sido renovado en diciembre de 2018. Ya fuera del Gobierno, el PP logró un interesante acuerdo que les permitía elegir a 9 de los 20 vocales y al presidente, Manuel Marchena. El senador popular, Ignacio Cosidó, aseguró a través de WhatsApp que se trataba de «una jugada estupenda» que les permitiría controlar «por detrás» la Sala de lo Penal del Supremo, la cual se encarga de enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. La filtración del mensaje desbarató los planes del PP que, desde entonces, bloquea la renovación del principal órgano de decisión de los jueces en España. Para ello, utiliza diferentes argumentarios, como el veto a Unidas Podemos, que había propuesto a la magistrada Vicky Rosell, actual secretaria de Estado de Igualdad, como vocal en el CPGJ.
La independencia de RTVE
En su documento, Feijóo también apunta a la necesidad de recuperar la «credibilidad» y la «independencia institucional» de diferentes organismos públicos como el CIS, el INE, el CNI o RTVE. En diferentes ocasiones, la oposición ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar de manera partidista estas instituciones. Sin embargo, fue Mariano Rajoy quien, a través de un decreto ley, modificó la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública. Así, mientras que hasta 2012 era necesario el voto de dos tercios del Congreso, el PP cambió la norma para que bastase con la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que el propio PP tenía en la cámara.
El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado en abril de ese mismo año en el que consideraba «muy preocupante» el cambio, ya que «la fórmula elegida podría menoscabar» la independencia de la coporación. Cinco años después, el Tribunal Constitucional anuló parte de la reforma del PP como la reducción en el número de consejeros o la eliminación de los vocales sindicales.
El coletivo Mujeres Trabajadoras de RTVE denunció la manipulación dentro de la radiotelevisión pública en abril de 2018. Desde entonces, diferentes periodistas de la corporación se vestían de luto cada viernes para reclamar un ente público «imparcial y plural» y denuncia el «bloqueo» del Partido Popular a la renovación de la cúpula. Un mes después, el caso llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuya presidenta, Cecilia Wikstrom, se mostró «preocupada» ante la denuncia de los periodistas. Ante ello, decidió enviar una carta al gobierno de Mariano Rajoy en la que solicitaba más información sobre la situación.
Los profesionales de la información de RTVE indignados ante el bloqueo del @PPopular y de @anapastorjulian a la renovación de la cúpula de la radio y tele públicas ¡RTVE está secuestrada! ¡Hay que devolverla a los ciudadanos! #sosRTVE #ViernesNegroRTVE #DefiendeRTVE pic.twitter.com/hSC2SdokUy— Consejo de Informativos TVE (@CdItve) April 27, 2018
De manera reciente, la oposición ha criticado la elección de la nueva presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, a la que el actual Gobierno ha otorgado poderes ejectivos sin pasar por el Parlamento.
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La Marea
«Hoy estamos escribiendo un poco de historia. Por primera vez en años [concretamente 25] el Parlamento Europeo habla de la violación de Derechos Humanos por parte de Marruecos», aseguraba el eurodiputado socialista neerlandés Thijs Reuten. Efectivamente, la Eurocámara votaba el pasado jueves una resolución en la que reprobaba al Estado marroquí por su política represiva contra periodistas críticos. El grupo de los socialistas y demócratas votó en bloque a favor de la resolución con la sola excepción de los socialistas españoles.
Únicamente Iratxe García votó a favor del texto. Lo hizo por seguir la línea mayoritaria de la alianza progresista europea, de la que es presidenta. El resto de socialistas españoles se desmarcó de una resolución que pide a Marruecos «respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa» y que le insta a garantizar un juicio justo a los periodistas encarcelados, en particular a Omar Radi, Sulaiman Raisuni y Taufik Buachrine. El texto se aprobó con 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones.
Omar Radi fue detenido en 2019 tras informar sobre las protestas del Rif y criticar las duras sentencias impuestas contra 41 manifestantes. Por ejemplo, el líder del movimiento, Nasser Zefzafi, fue condenado a 20 años de prisión.
Sulaiman Raisuni, por su parte, se encuentra en prisión por una presunta agresión sexual contra un militante LGTB. Antes de su detención, era redactor jefe del periódico Akhbar Al Yaoum, hoy desaparecido. En el mismo rotativo trabajaba Taufik Buachrine, condenado en firme a 15 años de cárcel por tráfico de personas y violación.
«Acusaciones de espionaje, de blanqueo de capitales, de violación e incluso de adulterio, en el caso de las mujeres. Human Right Watch ha mostrado que se trata de un verdadero arsenal de técnicas represivas y que las autoridades marroquíes las están utilizando sistemáticamente para acallar cualquier voz disonante», señalaba la eurodiputada ecologista francesa Salima Yenbou. Los diputados que alzaron la voz no tuvieron reparos en denunciar los «juicios amañados» con los que Marruecos castiga a la disidencia.
Marruecos, «el niño mimado» de la Unión Europea
El texto aprobado en Estrasburgo es duro, pero las intervenciones de sus autores en la tribuna lo fueron aún más. «Detengan la intimidación. Dejen en paz a los periodistas y a los marroquíes de la diáspora», reclamaba Thijs Reuten, quien aseguró que la persecución de los disidentes rifeños por parte de Marruecos continúa en territorio europeo. «La Unión Europea y mi propio país, Países Bajos, tienen que entender que no se trata de tener acuerdos de inmigración ni de ceder al chantaje de Rabat. La base de nuestra relación con Marruecos deben ser los Derechos Humanos. Hoy abrimos un nuevo capítulo. Atrás quedaron los días en que Rabat se salía con la suya».
El español Miguel Urbán, siempre vehemente en sus alocuciones, elevó el tono de las críticas: «Hasta ahora Marruecos ha sido el niño mimado de la política exterior europea. Solo así se entiende que Europa mire a otro lado ante la represión de las protestas en el Rif, en las que cientos de personas, como Nasser Zefzafi, fueron detenidas y torturadas por exigir los derechos más básicos».
Intervención de Miguel Urbán en el Parlamento Europeo.
La ‘alianza’ España-Marruecos
No faltan quienes acusan a España de ser la principal valedora de las políticas marroquíes en las instituciones europeas. El periodista Ignacio Cembrero, que denuncia desde hace tiempo una campaña de acoso por parte del reino alauita, publicaba recientemente un artículo en el que ponía un ejemplo de cómo funcionan las dinámicas hispano-marroquíes.
A finales de 2021 se votaba en la Eurocámara la lista de candidatos al premio Sájarov para la libertad de conciencia. Entre las finalistas estaban Jeanine Áñez (condenada por tomar la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales) y la activista saharaui Sultana Khaya (sometida a arresto domiciliario y a todo tipo de agresiones). La boliviana pasó el corte, la saharaui no. Según informa Cembrero, fue el resultado de las maniobras dirigidas por los socialistas españoles en Estrasburgo, con Iratxe García a la cabeza.
«Las autoridades marroquíes tienen la costumbre de intentar influir en los diputados de este Parlamento y en su proceso de toma de decisiones por medios parecidos a los del Qatargate», indicó el griego Georgios Kyrtsos, otro de los autores de la resolución. En cualquier caso, las sospechas de soborno no han frenado la actividad marroquí en las instituciones de la Unión Europea. «Aquí, en el Parlamento, hay representantes de Marruecos deambulando descaradamente. ¡Y eso en medio de un escándalo de corrupción! Es de locos», insistió Reuten.
La resolución europea subraya la «profunda preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes hayan corrompido a diputados del Parlamento Europeo» y pide que se apliquen «las mismas medidas que en el caso de los representantes de Qatar». Es decir, que se les bloquee el acceso a la asamblea.
Además, insta a las autoridades marroquíes a «que pongan fin a su vigilancia de los periodistas, también a través del programa espía Pegasus».
Marruecos es el país 135º de 180 en el último ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras, que mide la libertad de la prensa en el mundo. España ha caído tres puestos desde la anterior evaluación y se sitúa en el puesto 32.
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OjoPúblico
Este reportaje ha sido publicado originalmente en OjoPúblico. Pincha aquí para leerlo.
XILENA PINEDO Y LUZ ALARCÓN C. (PERÚ) | A un año del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano, Juan Altamirano, pescador por más de 25 años en el mar de Ventanilla, no puede volver a capturar peces emblemáticos de la zona, como el lenguado. Aunque los rezagos de hidrocarburos no son visibles en todas las playas, aún es posible hallar restos de petróleo en este ecosistema que solía ser la principal fuente de subsistencia de Juan.
“Ahorita con este oleaje [anómalo] que hay, el mar va a comenzar a golpear duro en la parte de los roqueríos y va a aflorar ese petróleo que está enterrado. Es como una licuadora: va a comenzar de nuevo a salir y, cuando baje el agua de nuevo, va a haber restos”, dice Altamirano, quien forma parte de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros de Costa Azul (Apaocav).
El presidente de la Apaocav, Elizar Medina, enseña un video del jueves 12 de enero que muestra la formación de pequeñas burbujas oscuras en las orillas de la playa Conchitas, en Ancón. En la grabación, se ve cómo uno de sus colegas aplasta la burbuja y un líquido aceitoso de color negro mancha la palma de su mano.
Las consecuencias del peor desastre ecológico en el mar en la historia reciente del Perú trascienden a la vida de cada uno de los vecinos de la zona. Un recorrido realizado por OjoPúblico muestra el impacto no solo en la pesca artesanal, sino también en el comercio. En el balneario de Costa Azul, una de las playas más afectadas en Ventanilla, los locales que funcionaban como restaurantes ahora lucen abandonados.
Frente a lo que solía ser un espacio comercial hay un cartel que califica a la playa como “no apta”. El aviso es grande, pero los veraneantes continúan llegando a este lugar a tomar sol.
Refinería La Pampilla afronta 13 procesos administrativos, dos demandas civiles y una investigación judicial. MUSUK NOLTE / OJOPÚBLICO
Las huellas del derrame no han desaparecido. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas podrían prolongarse por, al menos, cinco años más. Los organismos reguladores han iniciado una serie de investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2022 y asegurar que la empresa cumpla con sus responsabilidades de remediación.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso siete multas coercitivas a Refinería La Pampilla, por un monto de 2.852.000 de soles (unos 680.000 euros), que fueron canceladas. En paralelo, la empresa afronta 13 procesos administrativos sancionadores: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y uno por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al supuesto incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.
El último de estos procesos se encuentra en trámite, mientras los otros seis restantes fueron resueltos en primera instancia y encontraron responsabilidad en Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasa). Por ello, la subsidiaria recibió seis multas que, en total, superan los 70 millones de soles (algo más de 16,7 millones de euros). Sin embargo, la empresa apeló cinco de estas sanciones y todavía está dentro del plazo para apelar una más.
Un informe reciente dio a conocer que la sanción de más de 5 millones de soles (1,2 millones de euros) vinculada al supuesto incumplimiento de la identificación de las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo fue declarada nula. El Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA falló a favor de Relapasa en segunda instancia. Sin embargo, el proceso aún está vigente.
Serfor determinó multó a Refinería La Pampilla por causar la muerte de más de 1.000 especímenes de fauna silvestre. MUSUK NOLTE / OJOPÚBLICO
El OEFA aclaró que la resolución publicada en segunda instancia no exime a la empresa de pagar una multa, sino que la misma será evaluada nuevamente. En un comunicado, explicaron que la resolución confirma la responsabilidad de Repsol y solicita recalcular el monto de la multa. Al respecto, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, explicó a OjoPúblico que esto significa que el caso vuelve a primera instancia y el proceso sigue vigente. “El caso no está cerrado”, precisó.
La resolución, además, se dio sin tener en cuenta un potencial conflicto de interés: la secretaria técnica de este tribunal tiene una relación conyugal con un funcionario de la petrolera.
Después de conocerse el fallo, el OEFA informó sobre la separación de Angélica María García Gilio del cargo de Secretaria Técnica del citado Tribunal, ya que según su declaración jurada tiene un vínculo conyugal con Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla.
Las resoluciones apeladas restantes corresponden la inclusión de información falsa en el reporte de emergencia ambiental; no remitir a la OEFA la información requerida; no realizar la contención y recuperación del hidrocarburo ni las acciones de limpieza del suelo afectado, y por no realizar la contención, recuperación y limpieza de la bahía de las Áreas Naturales Protegidas.
Osinergmin, por su parte, inició cinco PAS contra Refinería La Pampilla que han sido resueltos en primera instancia. La autoridad regulatoria encontró responsabilidad en Relapasa y le asignó cinco multas que, en conjunto, ascienden a más de 12 millones de soles (casi 3 millones de euros). Sin embargo, la compañía apeló todas las resoluciones.
La primera sancionó a Relapasa por incumplir con implementar medidas complementarias que garanticen la alerta oportuna ante una emergencia en los Terminales Multiboyas. Este caso se encuentra judicializado, pues la compañía interpuso una demanda de nulidad ante el Poder Judicial.
Luego de un año del siniestro, 71 áreas de Ventanilla y Ancón siguen afectadas por el derrame de 11.900 barriles de petróleo. MUSUK NOLTE / OJOPÚBLICO
El segundo proceso se generó por el incumplimiento de una serie de actividades contempladas en el plan de respuesta a emergencias. El mismo fue impugnado y, en segunda instancia, la autoridad confirmó la responsabilidad administrativa de Relapasa. El tercer PAS está vinculado a la infracción de no remitir la información relacionada a las compensaciones por los daños ocasionados y actualmente se encuentra en trámite en segunda instancia.
En el caso de los otros dos procesos, estos fueron apelados y declarados infundados en una segunda instancia. Los mismos corresponden a acusaciones de infracciones por remitir información inexacta en el Informe preliminar de emergencia y por interferir en la función fiscalizadora de Osinergmin al no retirar la estructura submarina PLEM del fondo marino, en el tiempo establecido.
A mediados de marzo de 2022, el Serfor también inició un proceso contra Refinería La Pampilla. El mismo se originó por abandonar, actuar con crueldad y causar la muerte a especímenes de fauna silvestre. Por este caso, la empresa fue sancionada con 7.228.394 soles (1,7 millones de euros) pues la entidad concluyó que la Refinería causó la muerte de 1.852 especímenes y puso en riesgo otros 198 animales producto del derrame de petróleo. La empresa aún se encuentra dentro del plazo para apelar esta resolución.
Sigue leyendo el reportaje completo en OjoPúblico.
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Azahara Palomeque
Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) es uno de esos escritores más preocupados por la artesanía de la palabra, la lectura y la creación sosegadas que por los focos y la promoción continua. Ganador del Premio Jaén por su primera novela, Hilos de sangre (2010), desde entonces ha publicado tres más, siendo quizá la más conocida El corazón de la fiesta (2020), aunque mi favorita es Divorcio en el aire (2013), una historia matrimonial de tintes proustianos en la que destaca también el humor. De hecho, el humor parece conformar no solo un ingrediente esencial en sus textos, sino un modo de ser, como demuestra a menudo en sus comentarios de Twitter.
Defensor acérrimo de la imaginación, ha publicado recientemente el ensayo La cancelación y sus enemigos (2022) en los conocidos cuadernos de Anagrama, donde no ha podido prescindir de uno de sus personajes, Clara Montsalvatges, aunque (en teoría) se trate de una obra de no ficción. Aquí discute un tema candente de la literatura actual: ¿qué hacer con los autores –y otros personajes públicos– que se quejan de ser “cancelados” mientras reciben premios y aparecen en todos los medios? ¿Favorece la rabia del público lo que Torné llama ‘cancelación positiva’, esto es, que solo se escriba de asuntos que no ofenden? De eso y más hablamos en esta entrevista.
¿Cuándo empezó a reflexionar sobre la “cultura de la cancelación” y por qué le interesaba escribir este ensayo? Cuénteme cómo fue el proceso de escritura, incluida la decisión de darle forma epistolar y acudir a Clara Montsalvatges.
La primera parte del ensayo parte de un interés por distinguir “cancelación” de “censura”, y también por señalar hasta qué punto se habla de cancelación para desactivar la crítica legítima, sobre todo cuando viene de espacios “nuevos” como las redes. El artículo tuvo una resonancia inesperada y en Anagrama me pidieron escribir un cuaderno. Decidí partir de la “emancipación de las audiencias”, que me parece un fenómeno interesante y discutible, pero al avanzar me sentía muy incómodo “pontificando”. Así que recurrí a mi buena amiga, y protagonista de mis novelas, Clara Montsalvatges, para que me diera réplica y articular una conversación en torno a estas y otras cuestiones como la “cancelación positiva” o la “cancelación interior”.
En el fenómeno llamado “cancelación” parece haber varias ramificaciones: están los muy privilegiados que se quejan de que se les critique, pero no necesariamente pierden los privilegios. De alguna manera, se apropian de mecanismos de defensa propios de la víctima, sin serlo. ¿Cree que esto puede afectar a cómo vemos a las “víctimas” reales; es decir, a personas vulnerables que sí que sufren acoso en redes o incluso físico? ¿Cómo está alterando la categoría de “víctima” el fenómeno de la cancelación?
El de la víctima plantea un estatus un poco cruel: favorece a quien simula serlo y perjudica a quien de verdad lo es. Para el primero es un disfraz, para el segundo una condición no solicitada ni merecida que penetra a mucha profundidad en su vida. El doble salto de esta perversidad sucede cuando quienes simulan ser víctimas atribuyen a las auténticas víctimas una hipocresía y un ventajismo que solo es suyo. En casos extremos (Trump, un director que rueda cada año, columnistas bien asentados) la trampa parece bastante clara de reconocer. El asunto se vuelve más problemático en las zonas intermedias. Creo que ayudaría que no fingiéramos unos privilegios cosméticos (tipo poder comprar un libro o poder pagar a duras penas un alquiler o haber ganado una beca), ni ofreciéramos nuestras dificultades de andar por casa como garantía y sustento de nuestras obras. No significarnos en la medida de lo posible como víctimas y privilegiados ayudaría a oxigenar el espacio.
Una de sus conclusiones es que “vivimos en la Edad de Oro de la libertad creativa”. Se puede escribir y decir prácticamente todo, afirma; si no te lo acepta una editorial, te lo aceptará otra. Sin embargo, parece estar hablando de creadores ya consagrados o con cierto capital económico o social. La primera cancelación que yo encuentro son las puertas cerradas de los circuitos culturales a quien tradicionalmente no ha tenido acceso, por cuestión de clase, falta de contactos, etc. ¿Cómo podría integrar este fenómeno con las reflexiones de su ensayo?
Creo que hay que distinguir la emisión libre de contenidos de la oportunidad, la propagación y el acceso. En los tres casos vivimos una edad de oro, pero los matices son distintos. Me parece evidente que nunca antes habíamos estado más libres de inquisiciones y trabas a la libertad de expresión. En cuanto a la oportunidad, jamás tantas personas habían sabido leer y escribir, ni podían acceder a estudios superiores, no digamos ya a bibliotecas y espacios para publicar y contrastar ideas. Esto también me parece complicado de discutir.
En cuanto a la propagación, no creo que afecte a la expresión libre. Las relaciones entre ejemplares vendidos y atención (ya no digamos calidad de atención) es perversa. Creo que Proust vendió 200 ejemplares del primer volumen de su novela, autopublicada para mayor chiste, y tiene toda nuestra atención; mientras que a algunos autores superventas no los escucha nadie. Confundir la propagación con la libertad de expresión es peligroso, conviene proteger ambas instancias de contagios mutuos para entendernos.
El problema del acceso es más delicado y mis propias ideas han cambiado. Cuando se trata de literatura después de siete años filtrando cuatro o cinco premios literarios al año doy testimonio (parcial, por supuesto) de que las novelas que dan unos mínimos terminan, salvando casos excepcionales, encontrado su camino. Supongo que el incremento casi exponencial de editoriales todavía facilita más las cosas. Uno puede impacientarse, asistir a muchos enchufes e injusticias… pero al fin de cuentas solo necesitas un bolígrafo y un papel, y una cantidad de horas de las que es realmente muy complicado no disponer. Existirán casos, y son de lamentar, pero no dan un vuelco a que nunca había existido tanta disponibilidad para decir lo que uno quiere, ni tantas oportunidades para tantas personas.
Pero te digo todo esto pensando en términos literarios; las condiciones de producción del cine, del teatro, la danza o la música son otras, y aquí si considero decisiva la objeción del acceso, porque sin dinero no hay obra. Aunque desconozco por completo cómo funcionan estas industrias, sospecho que el volumen de ingresos familiares y los contactos juegan un papel más desequilibrante.
Me interesa también destacar las normas de un mercado voraz que crea y consume literatura y arte a ritmo acelerado. Esto afecta a los contenidos: no solo su aspecto moral, sino el tiempo de producción, la obsolescencia programada (un libro ya no es “tendencia” ni un año), la calidad del pensamiento si hay poco lugar para la reflexión, etc. ¿Cancela esto las obras en algún sentido?
Bueno, niego un poco la mayor. Sobre el aspecto moral y político, el mercado ha dado sobradas muestras de ser capaz de absorberlo todo. En realidad, el mercado está viajando hacia cualquier escritor, deseando darse un banquete. El mercado y, cuidado, también las instituciones públicas, los brazos blandos del poder. En un parpadeo pasas de promesa contestataria a estar en el Cervantes, festivales, de palmero en premios dudosos y ganando becas de bancos. A mí me parece muy bien que uno se integre en el “grotesco papelón del literato”, pero hay que ser consecuente con el no de cada sí, y no se puede criticar la velocidad del mercado cuando estás corriendo en su rueda. Los problemas que señalas quedan muy mitigados cuando uno no es tanto un escritor de “carrera” (y de mercado) como un escritor de “obra”, porque de manera bastante misteriosa la obra se filtra despacio, y va llegando a sus lectores y asociándolos. Hay una porosidad extraña, casi escandalosa, y no siempre sale bien, ¡no sale bien casi nunca!, pero ocurre: los libros se abren paso.
Dice: “No creo que pueda existir un lector capaz de leer sin atender a las cuestiones morales-históricas que plantea una obra contemporánea sobre un asunto que le afecta”. Estoy de acuerdo. Es más, yo creo que ese lector también atiende las cuestiones morales-históricas de las obras antiguas, por eso los relatos de La Conquista quizá nos parezcan crueles. Hay voces que apuntan a dejar la moral actual de lado, olvidar el “presentismo”. Pero, ¿cómo se hace eso? Los valores morales que tenemos son por defecto los de ahora.
La pregunta es compleja y está sujeta a matices. Por un lado, está la carga política de las obras, que está ahí, y que es imposible obviar, porque forman parte de su tema. ¿Cómo se puede leer a Tolstoi sin “ver” el problema de la emancipación de los siervos o a Dickens sin “ver” las condiciones esclavistas de la industrialización? Es una cosa rarísima y ridícula. Es como pedirle a una persona que vaya a un museo y no vea el azul, o que en concierto no escuche la percusión. Así que lo de la dimensión autónoma del arte es un corro de la patata para alelados; es de una evidencia atronadora que el arte de todos los tiempos disputa el sentido del mundo nuestro de cada día. Lo que pasa es que los contenidos se atenúan a medida que se alejan de nosotros. A Valle-Inclán le preocupa mucho la dimensión política y moral de las guerras carlistas, a mí me da un poco igual.
Otro asunto es cuando en las obras encontramos afirmaciones que se han vuelto políticas o inmorales con el tiempo. Las cosas que le pasan a Aristóteles con las mujeres, las caricaturas que Shakespeare hace con los judíos… Cuesta mucho pasarlas por alto. ¿Destruyen la obra? Pues no, pero tampoco tengo que darles la razón, puedo articular un juicio que diga: “qué bien El Mercader de Venecia, pero qué torpe Shakespeare con Shylock, qué torpe”. No hay ninguna necesidad de destruir una obra o considerarla perfecta, disponemos de toda una gama de modulaciones intermedias.
En el caso contemporáneo es de cajón. Javier Cercas dice a menudo que a él le interesan las preguntas y que escribe novelas sin ideología, pero luego, cito a Andreu Jaume, que lo señala con mucha sagacidad y gracia: “Al final de Anatomía de un instante, por ejemplo, los españoles descubríamos a Suárez como nuestro padre putativo y el golpe de Estado suponía el verdadero final de la guerra civil, un conflicto que a su vez había quedado resuelto en Soldados de Salamina.”. Pues, hombre, cómo vamos a dejar de lado la moral y la historia si usted no para de manosearla.
Vuelvo a la libertad creativa. Cierto que existe, pero hoy en día toleramos menos abusos “textuales” porque la sensibilidad contemporánea ha cambiado con el feminismo, el antirracismo, el ecologismo… Jameson decía que en los años 60 los “Otros” se volvieron personas, y eso afecta a su representación. Ese margen de tolerancia modificado, ¿cómo influye en las obras? ¿Hay más ‘cancelación positiva’?
En lo que yo insistiría mucho es en la distancia que va de la libertad a la crítica. La libertad depende de la emisión y no de la recepción. La emisión libre de una obra no queda en entredicho por mucha crítica negativa que le caiga. En esto debemos ser muy estrictos. La libertad del escritor, del cineasta y del columnista termina cuando publica, y luego empieza la libertad del público de decirle que lo suyo es maravilloso o una porquería.
Lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas. Cada vez hay más perspectivas críticas y espacios desde donde ejercerla, y cada vez menos capacidad de resistencia a las críticas, pieles más finas. Esta indefensión ante la crítica provoca dos reacciones paralelas: la “cancelación positiva”, un intento de congraciarse con las corrientes más críticas planteando de manera abierta y lisa todo lo que esperan, y la “cancelación interior” que es una suerte de enfurruñamiento que te lleva a callar para que no te crujan. Aunque este es un objeto teórico, porque las supuestas víctimas de la autocensura no callan ni debajo del agua.
Mi posición, aunque no me la hayas preguntado, es que uno debe escribir lo que le parece, pensando mucho lo que dice por el bien de la obra, y sin pensar apenas en lo que dirán. Parafraseando a mi amigo Santiago Gerchunoff: “Uno dice lo suyo, otros le responden, se llama democracia, y es maravilloso”.
Pregunta filosófica: ¿cree que la ausencia de futuro (guerra, cambio climático, etc.) puede afectar a la actividad creativa? Me parece que todo artista ha tenido siempre cierta ambición de inmortalidad, pero igual en 100 años no queda un humano por estos lares…
Jajaja, puede, puede. La idea de inmortalidad es un espejismo, la raza humana lo tiene complicado para sobrevivir al sol, que es un episodio fugaz de la historia del universo. Lo que el desastre climático amenaza es la idea de posteridad, que es de una duración indefinida y algo intermitente (para el siglo XVIII, Shakespeare no era nadie, ¿quién lee ahora a La Fontaine?). Pero hay una instancia más profunda que anima a la escritura: hacerlo bien. ¿Para quién? Ni para Dios ni para la patria ni para la posteridad. Para nosotros y para los lectores que encontremos, sean 10 o 200.000. En esto, como en casi todo, creo en Naipaul: “En la escritura solo se trata de hacerlo bien, por eso es la profesión más noble”.
Un concepto que me parece fascinante es el de “audiencias emancipadas”, gente que lee, sabe y opina independientemente de lo que diga el crítico de X suplemento cultural. En este sentido, quizá haya habido cierta democratización de la crítica y del arte, en cuanto que ya no dependemos tanto de los círculos hegemónicos. Pero ¡ah! dependemos de las redes sociales. ¿De qué manera el algoritmo de las redes altera esa “democratización”, si cree que lo hace?
No lo sé, yo creo que el TL (que al final es el tuiter de cada uno) es para quien se lo trabaja. Estoy absolutamente seguro de que todo era más cerrado e intelectualmente homogéneo antes de las redes, cuando el mundo se confundía con tu barrio, que ahora. Y no tengo pruebas ni dudas de que la supuesta “crispación” de las redes se debe a que la red ha facilitado traspasar las barreras y entrar en contacto con otras maneras de pensar tan convencidas de tener razón como las nuestras.
Algo que me preocupa es lo que yo considero una despolitización paulatina de los autores y autoras. Involucrarse con alguna “causa” se juzga como una pérdida de legitimidad literaria, lo cual no ocurría antes del giro postmoderno (pensemos en Camus, Sontag, etc.) ¿Estar demasiado politizado te cancela?
Es complicado datar ese giro. En filosofía se da cuando se asume que el sujeto ya no puede ser un garante de la Verdad, que la verdad es ocasional, parcial, cambiante, dependiente de las circunstancias y del observador. Desde ese punto de vista, la literatura ha sido “posmoderna” desde siempre. Ofrece un surtido de verdades situadas y en contraste. El problema de la novela es el sentido. Y lo que ofrece es una representación. Para mí es completamente independiente del interés literario la causa a la que se adscribe a título civil su autor. Y no percibo que haya ido a menos la cantidad de artistas que abordan un contraste moral y artístico con el mundo. Pero supongo que es complicado de medir.
Actualización 19 de enero a las 0.43 h.
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Manuel Ligero
Mañana, jueves 19 de enero, los sindicatos franceses tienen una prueba de fuego. Se ha convocado una huelga general, acompañada por manifestaciones en todo el país, para protestar por la subida de la edad de jubilación: de los 62 a los 64 años. Para el Gobierno francés, la medida es inevitable por el déficit en los ingresos que prevé durante la próxima década. Para la inmensa mayoría de mortales significa, simple y llanamente, dos años menos de vida. ¿Estarán las movilizaciones a la altura del reto? ¿Dejarán pequeñas las demostraciones iniciadas por los chalecos amarillos hace cuatro años? Nadie lo sabe todavía.
Si uno atiende a los canales mainstream, se suceden expertos hablando sobre la inevitabilidad de la reforma, los franceses lo entenderán, se comportarán como adultos y aceptarán seguir trabajando dos años más. En cambio, si se leen los medios alternativos, las webs sindicales y las redes sociales, parece que Francia arderá mañana de punta a punta.
El argumentario macronista presenta la medida como una amarga obligación: «A ningún gobierno le gusta reformar las jubilaciones, pero nuestro papel es el de asegurar el sistema de pensiones para los franceses. Y si no lo hiciésemos, en cinco o diez años, con 10.000 millones de déficit por año, vendrían a decirnos: no habéis reformado nuestras pensiones y hoy no están aseguradas. Y ustedes nos lo reprocharían», decía el portavoz gubernamental, Olivier Véran.
La retórica paternalista (esa especie de «hoy os duele pero mañana nos lo agradeceréis») no ha sido, obviamente, bien recibida por las personas afectadas. Pero lo que ha desatado verdadera ira son las opiniones de determinados defensores de la reforma (todos ellos pertenecientes a clases acomodadas) relativizando la dureza de los actuales trabajos manuales.
Marc Ferracci, diputado de Renacimiento (la nueva marca política de Emmanuel Macron), llegó a decir en un debate en France 5 que los alicatadores tienen hoy un trabajo más llevadero puesto que «cuentan con protecciones para las rodillas que no existían hace 15 o 20 años». En la misma línea se expresaba François Patriat, antiguo ministro socialista hoy enrolado en las filas del partido de Macron. «En mi pueblo, hace años, tenía un vecino albañil que trabajaba cubriendo tejados. Y me decía: ‘Ya no puedo. Ya no puedo subir a los tejados como lo hacía antes’. Pero la naturaleza del trabajo hoy en día no es la misma. Los transportistas, los techadores, la gente que se dedica a las obras públicas están equipados de exoesqueletos, de nuevos materiales… Hoy, la penosidad [del trabajo] no es la misma», afirmó en France Info.
El hecho de ver a personas como Ferracci o Patriat, que es probable que nunca hayan embaldosado un suelo ni arreglado un tejado, hablar con suficiencia de este tipo de trabajos ha movido el eje ideológico del debate: lo que en principio era una cuestión de finanzas públicas ha acabado por reavivar la lucha de clases.
Todos a una
Es realmente difícil que todos los sindicatos franceses se pongan de acuerdo en algo. Su historia está marcada, desde la fundación de cada uno de ellos, por desacuerdos y escisiones. Pues bien, la medida anunciada el 10 de enero por la primera ministra, Élisabeth Borne, lo ha conseguido. CGT, Fuerza Obrera, Solidaires, Cfdt, la Federación Sindical Unitaria (educación), UNSA (sindicatos autónomos), hasta la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, todos, absolutamente todos, se han unido en contra de la reforma de las pensiones. Se espera que la huelga tenga mañana un seguimiento masivo. Las manifestaciones, a tenor del mapa proporcionado por los convocantes, dejarán en el Hexágono muy poco espacio sin recorrer.
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Las encuestas coinciden mayoritariamente con la postura de los sindicatos. Según un sondeo de la empresa Ifop, el 68% de la población francesa «es hostil a esta reforma de las pensiones». Otro estudio de Elabe (realizado para BFMTV, una televisión con un marcadísimo perfil conservador), indica que el 59% se opone a la medida; el porcentaje sube hasta el 67% cuando se les pregunta a los trabajadores y trabajadoras en activo. La encuesta de Odoxa (para el diario Le Figaro, buque insignia de la prensa francesa de derechas) ofrece lecturas algo contradictorias: el 52% se opone a la reforma pero el 65% apoya las manifestaciones de este jueves. Y no se prevén manifestaciones apacibles precisamente.
Pararán las escuelas y las fábricas, las oficinas y los transportes públicos. Pero hay una medida coercitiva que destaca sobre todas las demás: la sección de minas y energía de la CGT ha anunciado posibles cortes selectivos de electricidad en las casas de los diputados favorables a la reforma.
El tema de la edad de jubilación ha sido central en la política francesa durante las últimas décadas. Desde los tiempos de Nicolas Sarkozy (que ya en 2010 retrasó el retiro oficial dos años: de los 60 a los 62) se viene repitiendo el mantra de que «si vivimos más tiempo, hay que trabajar más tiempo». El concepto ha sido adoptado por todos los políticos conservadores, desde Macron a Valérie Pecresse. La única que se ha desmarcado ha sido la ultraderechista Marine Le Pen. Fiel a su estilo populista, ha querido subirse a la ola de descontento y califica la reforma como «una estafa».
La otra frase que se repite, de clara inspiración thatcherista, es que «no hay alternativa». ¿Pero es verdad? Ya son quince años de malos augurios en los que se han sucedido una crisis económica, una pandemia y una guerra en Europa que ha conmocionado los mercados energéticos. Todo eso sin contar la emergencia climática. Los efectos, en todos los casos, han sido positivos para las grandes fortunas. Y ahí es donde apuntan los críticos de la reforma.
Las alternativas
Desde su llegada al palacio del Elíseo en 2017, la política económica de Macron se ha basado en una reliquia ideológica de la era Reagan: el efecto derrame. Según esta teoría, perdonando impuestos a los ricos, estos gastarían más e invertirían más, con lo que ese dinero se derramaría sobre toda la sociedad en su conjunto. El premio Nobel Paul Krugman lo llama una «idea zombi» y asegura que en Estados Unidos nunca funcionó. En la Francia de Macron, por supuesto, tampoco lo ha hecho.
El sindicato Solidaires ha cifrado en 60.000 millones de euros al año lo que el tesoro francés ha dejado de ingresar por la supresión o la reducción estructural de impuestos a los ricos durante el primer mandato de Macron. A eso hay que sumar las ayudas que el Estado francés reparte, sin ninguna contrapartida, entre las grandes empresas: 157.000 millones al año, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales .
Nan mais nous, on n’y comprend rien. C’est pour ça… #TropSubtil#retraite #retraites #RéformedesRetraites #pauvreté #borne #Macron #RetraiteA60Ans #ReformesDesRetraites ?? Source : @Mediapart Pour financer ma retraite ??? https://t.co/0masgFkbV8 https://t.co/Bdl25Xfknr pic.twitter.com/qUJMZX31d6— Allan BARTE (@AllanBARTE) January 12, 2023
«¡Ustedes, los pobres, no entienden nada de economía! ¡Encontrar 10.000 millones de euros para sus pensiones es imposible!».Viñeta del dibujante Allan Barte
El sistema de pensiones francés, tal y como explicaba la primera ministra en France Info, está basado en la solidaridad intergeneracional: lo que los trabajadores activos aportan a los pensionistas. «Y esta relación no ha dejado de bajar. En 2005 teníamos dos activos por cada jubilado. Hoy tenemos 1,7 trabajadores activos por cada jubilado. Mañana será 1,5. (…) Si no queremos dejar una deuda sobre las espaldas de las generaciones futuras y si no queremos bajar las pensiones, hay que trabajar más tiempo», decía Borne.
Según el ministro de Economía, Bruno Lemaire, esta reforma aportará 17.700 millones de euros a la caja de las pensiones en 2030. Así, trabajando más, podrían enjugarse los famosos 10.000 millones de déficit proyectados por el Consejo de Orientación de las Pensiones (que prefiere hablar de porcentaje del PIB y no de millones: un -0,4 % del PIB en 2027). ¿Pero y si los ricos volvieran a pagar más impuestos? ¿Qué pasaría?
Según el último informe de Oxfam Francia, tasar al 2% la fortuna de los milmillonarios bastaría para enjugar el déficit asociado a las pensiones. La propuesta es bien modesta si se compara con la de Thomas Piketty. Respecto a la reforma de las pensiones, el célebre economista cree que Macron «vuelve a equivocarse de época» y que habría que establecer un impuesto del 50% a las 500 mayores fortunas de Francia. Eso, asegura, serviría para ingresar 400.000 millones en las arcas públicas.
Así, los alicatadores podrían jubilarse cuando les tocara. Incluso antes. Con o sin protecciones en las rodillas.
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