– Diecisiete eurodiputados socialistas españoles votan en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena a Marruecos por violación de los Derechos Humanos y reprimir a los periodistas. De la sesión se han ausentado los europarlamentarios del PP.
– Los medios coinciden en señalar que el régimen marroquí ha
presionado a los eurodiputados para impedir su condena.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución contra
Marruecos por vulneración de los Derechos
Humanos y, específicamente, por la
represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la
diplomacia marroquí en medio de las investigaciones por el escándalo del
Qatargate y el Marocgate.
Diversos medios españoles han informado de este dictamen de la
Eurocámara, aprobado el jueves 19 de enero por una amplia mayoría: 356 votos a
favor, 32 en contra, entre ellos 17 eurodiputados socialistas
españoles que dijeron lo hacían por “responsabilidad”,y42
abstenciones.
ElDiario.es informa de que el Parlamento Europeo
ha aprobado de una de las primeras resoluciones críticas de con el régimen
marroquí y una enmienda de la Izquierda Europea para impedir su entrada a la
institución en los mismos términos que a los cataríes tras el estallido del
escándalo de corrupción bautizado como Qatargate.
Concreta que la resolución insta a las autoridades marroquíes a
“respetar la libertad de expresión y prensa, y garantizar a los periodistas
encarcelados, en particular Omar Radi, Souleiman
Raissouni y Taoufik Bouachrine, un
juicio justo con las debidas garantías procesales, su inmediata
liberación y el cese del acoso a los periodistas, sus
abogados y sus familias
Recoge que el texto condena “enérgicamente el uso indebido de
acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de hacer su
trabajo” y que las autoridades marroquíes se emplearon a fondo en
presionar a los diputados para frenar o al menos suavizar las críticas contra
el régimen.
Incluye diversas manifestaciones sobre el veredicto: “Ha llegado
el momento de decirle a Marruecos que ya no pueden campar a sus anchas”,
expresó el socialdemócrata Thijs Reuten, que criticó que
hubiera representantes marroquíes “paseándose descaradamente” por el PE. “Su
Gobierno tiene que saber que este Parlamento no va a mirar hacia otro lado (…)
por muchas presiones que el Gobierno marroquí haga sobre esta Cámara”,
sentenció Jordi Cañas, de Ciudadanos.
“No podemos dejarnos amordazar por un régimen que simplemente defiende su
interés propio”, señaló Tineke Strik, de Los Verdes, y
“Europa no puede seguir siendo cómplice de la violación de derechos humanos, o
la ocupación del Sáhara”, añadió Miguel Urbán (La
Izquierda).
Público señala que el texto
del PE insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y
la de los medios de comunicación, así como a garantizar a los periodistas
encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales y su inmediata
puesta en libertad.
En lo que califica de “resolución
histórica”, dice que el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez una
resolución denunciando la situación de los Derechos Humanos en Marruecos, en
especial el encarcelamiento de periodistas.
Concreta que entre los 32 votos en contra figuran 17
eurodiputados socialistas españoles, sobre lo que Miguel Urbán
ha recordado en su cuenta de Twitter que los socialistas españoles han
coincidido en su voto con la ultraderecha.
El Independiente, que
también afirma es una condena histórica, apunta que la decisión del PE
recrimina “el continuo deterioro de la libertad de prensa en Marruecos, que ha
descendido hasta el puesto 135 en la Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa de 2022” y denuncia el acoso judicial, el espionaje y el encarcelamiento
al que somete a reporteros locales y extranjeros.
Informa de que la presión de las autoridades marroquíes ha sido
enorme y que, según fuentes conocedoras de las relaciones hispano-marroquíes,
ha habido presiones de la diplomacia marroquí para
condicionar el voto de la representación española en el grupo socialista de la
Cámara, amenazando incluso con suspender la
Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos prevista para los próximos días
1 y 2 de febrero en Rabat.
Sobre la presión de Marruecos a los eurodiputados, El Confidencial apunta: “El
conocido como “Qatargate”, el escándalo que reveló cómo eurodiputados cobraron
cientos de miles de euros del estado del Golfo para mejorar su imagen, ha
afectado poco a Marruecos, a pesar de que cada vez está más clara la
implicación de Rabat en el escándalo. La maquinaria
marroquí no ha visto necesario mantener un perfil bajo durante los últimos días
y ha ejercido una fuerte presión sobre la Eurocámara en las jornadas previas a
la votación de una resolución sobre la libertad de prensa en Marruecos”.
El Español, con el titulo “El
Parlamento Europeo tira de las orejas a Marruecos por no respetar los derechos
humanos”, especifica que el documento del PE “se centra en
el acoso y encarcelamientode periodistas marroquíes y de
activistas del Rif y que no se ha
incluido en el texto a los saharauis “porque sería aceptar que el Sáhara Occidental es
marroquí y su soberanía, ya que la resolución es únicamente sobre el Reino de
Marruecos”, según explicó a este medio MiguelUrbán, proponente
y presente en la negociación por el Grupo de
la Izquierda en el Parlamento Europeo.
En otra información, este medio destaca que los eurodiputados
del PSOE han votado prácticamente en solitario contra la
resolución del Parlamento Europeo que denuncia la supuesta implicación de Marruecos en
la trama de sobornos del Qatargate, con el objetivo de comprar influencia
en la UE. La resolución, que reclama impedir el acceso a la Eurocámara de
diplomáticos marroquíes mientras se investiga el caso, solo ha sido votada a
favor por Iratxe García, por su
condición de presidenta del grupo socialista europeo. A diferencia de los
españoles, el resto de socialistas europeos sí han apoyado masivamente la
resolución crítica con Rabat.
Los eurodiputados del PSOE han justificado su voto en contra por
“responsabilidad”
y para posibilitar unas relaciones bilaterales “francas” con Marruecos “basadas
en el diálogo y en el entendimiento”. Y critican a los parlamentarios del PP
porque “se han ausentado del debate y de la votación”.
20minutos especifica que Varios
eurodiputados han criticado los intentos marroquíes de influir
en los procesos legislativos de la institucióny que se ha instado a Marruecos a
liberar al periodista encarcelado Omar Radi, que cumple una condena de seis
años de prisión por violación y espionaje.
“Los diputados -añade- fueron unánimes en su reclamación de
que Marruecos libere a Radi y respete la libertad de expresión y de
prensa, un capítulo en el que todos los diputados españoles que
hablaron mencionaron también al periodista español Ignacio
Cembrero, demandado por Rabat por afirmar que podía haber
sido espiado por este país a través del programa Pegasus”.
«Somos los malienses quienes pagamos las consecuencias de la guerra. El gobierno de Mali debe negociar con todos los grupos armados, también con los yihadistas. Sus líderes son, en su mayoría, malienses. Hay que negociar con ellos y cortar así su cordón con el terrorismo internacional».
Boris G. Kabre, experto en mediación de conflictos intercomunitarios,
es director de la ONG Acción de la Juventud para la prevención y la
lucha contra el extremismo violento en el norte y centro de Mali
(JANC-PLEV). Como la mayoría de las personas especializadas en el
extremismo armado que afecta al Sahel, denuncia los obstáculos que la comunidad internacional,
especialmente Francia, ha puesto hasta ahora a los gobiernos de la
región para iniciar negociaciones de paz con los grupos vinculados con
Al Qaeda y el Estado Islámico.
«Necesitamos bajar las cifras de muertos y de desplazamientos. Claro
que no debemos dejar en la impunidad las miles de muertes que han
ocasionado, pero lo urgente es salvar primero a quienes siguen vivos. Y
para ello, ninguna negociación es excesiva», continúa explicando, con un
tono suave y pedagógico, en la habitación del hotel de Bamako en el que
nos encontramos. La luz va perdiendo el tono dorado según avanza la
mañana, mientras el río Níger, el tercero más largo de África, se
refleja en la cristalera del balcón. A apenas unos metros, el Hotel
Libia, una de las numerosas infraestructuras construidas por Gaddafi en
la región.
La caída del régimen de Muanmar Gaddafi en octubre de 2011 desembocó
en el retorno de los tuaregs, en los que se había apoyado militarmente, a
la región de Azawad para iniciar una guerra por su independencia de
Mali. Comenzaba así la cuarta revuelta tuareg desde que este país se
independizara de Francia en 1960. Los sendos acuerdos de paz alcanzados
hasta entonces habían fracasado, entre otras razones, porque la
discriminación del gobierno estatal hacia los pueblos del norte
–bereberes y árabes– continuó desde tiempos coloniales hasta la
actualidad. Pero esta vez, al alzamiento del Movimiento Nacional para la
Liberación de Azawad se sumó el de otros grupos de corte yihadista como
Ansar Dine, apoyada por Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), o el
Movimiento para la Unidad y Yihad en África Occidental (MUJAO). Su
objetivo, según anunciaron, es implementar la sharia e imponer el
gobierno de los ulemas en Mali.
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El norte de Mali había sido tradicionalmente la zona a la que Argelia
expulsaba a quienes consideraba que ponían en riesgo su seguridad por
su ideología yihadista. También una zona de tránsito para el contrabando
de coches y tabaco, que se había ampliado en las últimas décadas con el
tráfico de armas, de migrantes que se dirigen a Europa y de la droga
procedente de los cárteles de América Latina. Un polvorín sin control
estatal por el que en 2012 el Congreso maliense pidió ayuda a la
comunidad internacional para hacer frente a la amenaza secesionista y al
avance de los grupos religiosos fundamentalistas. Así fue como su
territorio se fue llenando de misiones militares internacionales a la
vez que el yihadismo, inicialmente concentrado en el norte del país, se
extendía por un 75% de su territorio y por buena parte de Burkina Faso y
Níger. Una triple frontera en la que las acciones criminales de los
fundamentalistas han aumentado en un 70% en este periodo, según datos del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
«En 2012, teníamos unas 60 muertes anuales en la región de la triple
frontera de Mali, Níger y Burkina Faso. Hoy tenemos entre 5.000 y 6.000.
En este periodo, hemos pasado de miles a millones de desplazados.
Mientras, vemos que la respuesta política internacional sigue siendo la
misma aunque solo provoca más violencia. Hay que escuchar a las voces
locales que piden que se ponga en el centro la seguridad humana frente a
la defensa y seguridad militar», sostiene Iván Navarro, investigador de
la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona y
autor del Informe Sahel: una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera.
Estos diez años de conflictos en Mali han provocado una crisis humanitaria con más de 400.000 personas desplazadas
y 2,5 millones en toda la región del Sahel, una crisis política por la
que se han sucedido tres golpes de Estado y un aumento de la
malnutrición que el encarecimiento de los alimentos provocado por la guerra de Ucrania ha terminado de agravar. Y la respuesta armada que lideró Francia se ha demostrado fallida.
La respuesta militarista a un conflicto multicausal
En 2013, el Gobierno galo desplegó la misión Serval, integrada por
más de 5.000 soldados, con el apoyo de la misión de países de África
Occidental (AFISMA). También lanzaron sus propios proyectos de apoyo la
Comunidad Económica de África Occidental (ECOWAS), la ONU –con la misión
de mantenimiento de paz MINUSMA con más de 12.000 efectivos–, la UE
inició un proyecto de apoyo y formación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado malienses -EUTM Mali- y la Unión Africana el G5
Sahel. En 2014, comienzan las negociaciones de paz entre el gobierno de
Mali, la Coordinadora de Movimientos de Azawad que pedían la
independencia y la plataforma de grupos árabes y tuaregs de esa región
que eran afines a Bamako. El llamado acuerdo de Argel, suscrito en 2015,
está en entredicho después de que, en diciembre de 2022, la
Coordinadora de Movimientos de Azawad haya pedido una evaluación internacional por el supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos por la actual Junta Militar de Mali.
De todo este proceso fueron excluidos los grupos yihadistas, un error
según todas las fuentes consultadas para este reportaje. De hecho,
desde entonces, JNIM, integrada por los grupos afines a Al Qaeda, la
Katiba Masina y el Estado Islámico de Gran Sáhara (ISGS), no han parado
de avanzar hasta adentrarse en parte del sur del país. La población
local, desprotegida, ha organizado milicias de autodefensa que han
aumentado la virulencia del conflicto.
«¿Qué hace la MINUSMA o el G5 Sahel cuando llega una katiba y se
apropia del ganado de los peul? ¿Quién interviene? Nadie. Tienen que
autoprotegerse ellos mismos. Es decir, hay una legitimidad que no solo
está relacionada con la amenaza, sino por reconocimiento social de ser
etnias emancipadas. Hay peuls que intervienen mediante la violencia no
por la yihad, sino porque la violencia genera un reconocimiento social,
una promesa económica, alternativas de vida. Y no tanto por la promesa
de la implantación de un Estado Islámico», aclaraba Beatriz Mesa, autora
deLos grupos armados del Sahel
(Catarata), en un curso organizado recientemente por el Institut de
Derechos Humanos de Catalunya y la Escola de Cultura de Pau.
Por otra parte, hay miembros de los grupos yihadistas que forman
parte de las comunidades malienses. Es decir, como en tantos otros
conflictos, el victimario no es un agente externo,
sino que tiene apoyo de parte de la sociedad de la que forma parte. Y
no se puede abordar ninguna resolución que no pase por aceptar esta
complejidad.
«Siendo realistas, la paz en el Sahel no la vamos a conseguir, pero
sí aspiro a ir ganando espacios de paz frente a los violentos. Y para
eso hay que sentarse a hablar con todos, independientemente de sus
ideologías. Ha de instalarse el concepto de diplomacia securitaria: hay
que negociar y necesitamos mediar», exponía Beatriz Mesa, también
periodista y doctora en Ciencias Políticas.
Foto: Campo de personas desplazadas Faladie Garbal, construido sobre el mayor vertedero de Bamako (RICARD GARCÍA VILANOVA)
Negociar la paz sin los victimarios
«El principal problema (de este conflicto) no es de carácter religioso, porque ya hay zonas en las que está implantada la sharia,
como también las hay en Marruecos o en Libia. Territorios que ya
controlan estos grupos y en los que aplican leyes religiosas. Pero es
que el problema no es ese. El problema es la pugna por el control
territorial de una zona con una economía ilícita muy floreciente y en la
que no operan los mecanismos del Estado-nación, sino que tienen sus
propias leyes, costumbres y poderes tribales», añadía Mesa quien, como
muchas de las fuentes expertas en esta región, se indigna ante la
simplificación de una realidad llena de grises que rompen con las
categorías impuestas desde Occidente.
En mayo de 2022, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba el
fin de la misión Barkhane en Mali, que había sustituido en 2014 a
Serval, y el traslado de unos 3.000 soldados que la conformaban a
Níger. En los últimos años, había crecido el rechazo entre la población
maliense al despliegue de unas tropas francesas que no solo no habían
logrado acabar con los grupos yihadistas ni pacificar el país, sino que,
además, habían excluido de sus operaciones al Ejército maliense, lo que
fue interpretado como un nuevo desprecio colonialista. El sentimiento
antifrancés se agravó con la oposición de Macron a que los sucesivos
gobiernos malienses abrieran mesas de diálogo con los fundamentalistas,
siguiendo la doctrina impuesta en Occidente, a raíz de los atentados de
las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, de no negociar con el
terrorismo islamista.
Un año antes, en febrero de 2021, Macron declaraba que la mejora de
la gobernanza –una de las principales causas de la conflictividad
maliense, según la mayoría de las investigaciones– solo podría abordarse
cuando los grupos terroristas fuesen derrotados.
“Es casi seguro que este enfoque contribuyó a aumentar la inestabilidad
política y, a su vez, fortaleció a los mismos terroristas que los
franceses buscaban derrotar”, sostiene un análisis de Clara de Solages
publicado en Georgetown Security Studies Review.
«Una cosa son las agendas de seguridad y otra desde cuándo el Sahel
se ha convertido en un laboratorio de securitización de los actores
internacionales. Y empieza a serlo cuando Estados Unidos lanza la
campaña de prevención y lucha contra el terrorismo por los atentados
(del 11 de septiembre) más allá de sus fronteras. Lo hace a partir de
2002 con los programas Iniciativa Pan Sahel, Trans Saharan, el AFRICOM…
Otra cosa son los procesos de paz», puntualizaba Mesa en referencia a la
desconexión entre los objetivos de las intervenciones internacionales y
las necesidades de la población maliense.
«¿Qué pasa si algunos «locales» están dispuestos a ceder en valores
liberales, como el secularismo, la igualdad de género o el acceso
universal a la educación, para salvar vidas? ¿Deben atenderse las voces
locales solo cuando sirven a los objetivos liberales de consolidación de
la paz?», se preguntaba Alex Thurston en el artículoPeace talks with Sahelian jihadists? It’s worth a shot, publicado en The New Humanitarian.
El profesor de Ciencias Políticias de la Universidad de Cincinnati, autor del libro Yihadistas del Norte de África y del Sahel,
recoge en su análisis el resultado de encuestas malienses que
evidencian que la mayoría de su población apoya la democracia a la vez
que la implantación de una ley islámica. “Y los malienses que apoyan la sharia
en abstracto no necesariamente quieren que sean los yihadistas quienes
la implanten, ni ser apedreados por adulterio o ejecutados por
apóstatas”, añade.
De hecho, en 2017, el Gobierno maliense celebró la Conferencia del
Entendimiento Nacional, cinco años después de que comenzase el mayor
despliegue de campañas de contraterrorismo internacionales por parte de
los países europeos. Pese a los acuerdos de paz de 2015, la situación no
paraba de empeorar. Ya en aquella cumbre se planteó la ineficacia de
los marcos occidentales de resolución de conflictos y negociaciones de
paz para esta guerra.
Desde entonces, se han alcanzado nuevos acuerdos, como el alcanzado
en 2020 por el Gobierno maliense que hizo posible la liberación de
cuatro personas secuestradas por grupos yihadistas a cambio de la
liberación de 100 presos por pertenencia a los mismos. También se han
firmado otros a nivel local e intercomunitario que ha logrado pacificar
algunas zonas, como el suscrito en 2021 entre las comunidades fulani y
dogon o en la región de Kidal entre los tuareg y los ansar dine. “Es en esa dirección en la que hay que seguir avanzando”, sostiene Navarro.
Foto: Miembros de la Asociación de jóvenes por la ciudadanía y la democracia (Patricia Simón)
Entender los conflictos desde la complejidad
«No creo que haya una radicalización ideológica. Para explicar por
qué muchos jóvenes terminan integrando estos grupos hay que atender a la
falta de oportunidades y a las consecuencias de la crisis climática»,
reflexiona Boris G. Kabré, que en el momento de la entrevista acaba de
volver de Tombuctú, donde ha trabajado con adolescentes para prevenir su
incorporación a grupos armados.
«Cuando viajas al centro del país, te encuentras con zonas donde,
mires donde mires, solo hay arena. El problema es la mala gobernanza, no
hay Estado. Entonces, la única forma que tienen sus jóvenes de mejorar
sus vidas es unirse a un grupo ilícito, así sea yihadista o dedicado al
tráfico. El mismo día de la incorporación, les dan un arma, una moto y
un dinero que no ganarías en un año cuidando ganado. Pero no es solo
eso. También les dan un estatus social porque pasan a ser alguien
respetable. Y cuando formas parte de un grupo empiezas a apreciar sus
ideas y cuando te dan un arma, tienes que usarla. Por eso es tan
importante acabar con esta crisis cuanto antes. Porque cuanto más tiempo
pasa, más personas armadas y enfrentadas hay», continúa Kabré.
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Y hay otro elemento que en Mali sale rápidamente a colación cuando se aborda la guerra del Sahel: la crisis climática.
«El cambio climático ha provocado una escasez de los recursos y, como
consecuencia, un aumento de la pugna entre las comunidades por ellos. A
su vez, un aumento de los desplazamientos de población que, cuando
llegan sin nada a otros territorios, terminan viéndose inmersas en otros
conflictos. Y no tenemos las respuestas adecuadas para mitigar los
efectos dañinos de la crisis climática», explica Fousseini Diop,
responsable de programas de gobernanza y compromiso cívico de la
Asociación de jóvenes por la ciudadanía y la democracia (AJCAD).
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«El cambio climático ha provocado un retraso de, al menos, dos meses
en las estaciones. Así pues, los dogon y los peul, que se dedican a la
trashumancia, cuando pasan con sus ganados por los terrenos de las
comunidades que viven de la agricultura, se encuentran que aún están
creciendo las plantaciones. Los animales no tienen suficiente alimento y
encima pisan y se comen los brotes, arruinando las cosechas. Y
comienzan los conflictos. Los cazadores, también se ven afectados por la
falta de caza y de agua. Y esto se solucionaría con una buena
gobernanza, que no existe. Es más. La relación que tienen estas
comunidades con el Estado es la corrupción: cuando ven a un funcionario
ya piensan que les va a extorsionar. Por eso es habitual que les
ataquen», expone Kabré.
El Sahel es una de las regiones más afectadas por la crisis climática
y, como llevan décadas advirtiendo los distintos informes, una de sus
consecuencias más graves es el aumento de la conflictividad y de la
inseguridad. Por eso, las eventuales negociaciones de paz deberían
incluir un bloque sobre adaptación y mitigación de los efectos del
calentamiento global. Algo a lo que la comunidad internacional debería
estar destinando importantes partidas económicas si quiere frenar el
avance, entre otros actores armados, del extremismo violento.
Por su parte, JNIM, la coalición de grupos yihadistas vinculada con
Al-Qaeda, ha hecho público su interés por negociar con el Gobierno de
Mali. «Esto no es un hecho novedoso. Desde hace algunos años ha habido
acercamientos entre Bamako y las fuerzas dirigidas por Iyad ag Ghali,
líder de Ansar Dine y cabeza de JNIM. Lo mismo ha sucedido con los
gobiernos de Burkina Faso y de Níger, que también han mostrado su
predisposición a explorar espacios de diálogo con JNIM para contener la
violencia. Si bien hasta hace poco la negativa de los socios
Occidentales ha bloqueado cualquier posible iniciativa, la salida de
Francia, la presión de la ciudadanía y el deterioro constante de la
situación de seguridad en la zona apuntan a una revaloración de las
estrategias de construcción y negociaciones de paz en el Sahel, que
inevitablemente obligaran a dialogar con todos los actores», apunta Iván
Navarro.
Informe Sahel: una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera.
La actual Junta Militar que gobierna Mali, resultante de un golpe de
Estado a otro golpe de Estado previo, ha cambiado como socio prioritario
a Francia por Rusia,
que cuenta con mercenarios de la empresa Wagner en el país desde 2021,
según informaciones publicadas en diversos medios de comunicación. Por
su parte, Francia ha concentrado la mayor parte de sus efectivos en
Níger, un país rico, además de en oro, en uranio, del que depende en
buena medida las centrales nucleares galas.
En opinión de Dagauh Komenan, historiador, especialista en el Sahel y coordinador del libro Guerra y paz en África
(Catarata y Casa África), “Vamos hacia un Níger que se orienta cada vez
más hacia un bloque occidental, y un Mali que mira cada vez más hacia
Rusia. Observamos ahí un riesgo de confrontación”.
En un mundo definido por la complejidad, donde cada vez más actores y
factores confluyen a la vez y en distintas direcciones, es más urgente
que nunca que los modelos de resolución de conflictos recojan y trabajen
desde su diversidad. Eso, si lo que buscan realmente es la paz.
Este reportaje forma parte de una cobertura en Mali realizada por Patricia Simón y Ricardo García Vilanova en el marco de un proyecto del Institut de Drets Humans de Catalunya, con la colaboración de la Escola de Cultura de Pau, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Torres no ha estado sola. Ha logrado esa sentencia favorable gracias al Sindicato de Inquilinas, que la ha acompañado en todo el proceso, y al Col·lectiu Ronda, que la ha asesorado jurídicamente. “Es una victoria histórica y rotunda”, ha asegurado este martes en rueda de prensa la portavoz de este sindicato por la vivienda, Carme Arcarazo. Según esta organización, se trata de la primera victoria judicial contra esta gran empresa y confían en que siente un precedente para que miles de personas denuncien los abusos por parte de esta empresa, que tiene 13.000 viviendas, aunque gestiona más de 20.000, según dice el sindicato.
De las diez cláusulas denunciadas, la jueza ha aceptado nueve de ellas. Son las siguientes:
Aumento del 30% del alquiler a los tres años: El fondo buitre subió un 30% el alquiler que pagaba la inquilina a los tres años, pasando de los 690 euros a los cerca de 1.100. Según Azora, lo que ocurría es que al principio Torres había disfrutado de una “bonificación” inicial, un descuento sobre lo que realmente debería pagar, como si fuera una promoción comercial, según ha relatado la afectada y recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre y que se puede consultar al final de la noticia. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prohíbe modificar la renta, más allá de los incrementos anuales fijados por el índice de precios de consumo (IPC), que durante 2023 están topados al 2%. Además, el juzgado de primera instancia 31 de Barcelona declara que “el precio del contrato no fue fijado de forma clara y transparente para que pudiera ser comprendido por un consumidor medio” y que el arrendador con esa “táctica contractual” trataba de burlar la ley.Seguro de impago a cuenta de la inquilina: Azora obligó a Torres a pagar un seguro de impago del alquiler, un hecho que no se contempla en la normativa vigente. “En ningún caso se dispone o establece la posibilidad de exigir, o si más no de repercutir, los gastos que puedan generar medidas que garanticen la solvencia del arrendatario”, establece la jueza. El gran tenedor se excusó diciendo que pidió el seguro para evitar exigir una fianza personal o un aval bancario a la inquilina, según se desprende de la sentencia.Retención de la fianza: La empresa puso por escrito que la vivienda debía ser entregada con las paredes pintadas de blanco y sin agujeros, una vez finalizada la relación contractual. De lo contrario se procedería a retener la totalidad de la fianza, así como “otras garantías adicionales prestadas por el arrendatario”. En este caso, la jueza también ha estimado el carácter abusivo de la medida, porque considera que la “limitación cromática” del inmueble impide su “goce y disfrute”. Igualmente, apunta que cambiar el color del piso o hacer agujeros en las paredes forma parte del uso y desgaste ordinario de cualquier inmueble y, por tanto, no se debe quitar la fianza por ello.Penalización por demora en el desalojo del piso: Otra de las cláusulas tumbadas por la justicia es aquella en que Azora impuso una penalización del alquiler correspondiente a tres días por cada jornada de retraso en la entrega de llaves del piso, una vez finalizada la relación contractual entre ambas partes. “Tal y como está redactada la cláusula, la demandada parte de un premisa errónea o incorrecta, que determina ya ipso facto la desproporcionalidad de la indemnización”, relata la jueza.Renuncia de derechos en caso de interrupción de suministros: Azora impuso a Torres que no tuviera derecho a reclamar al fondo buitre las interrupciones de suministros, salvo que fueran por causa propia del arrendador. Sin embargo, tal como establece la ley, es obligación de la propiedad garantizar la habitabilidad de la vivienda.Derecho del arrendador a hacer visitas periódicas al piso para comprobar su estado: Azora se reserva el derecho, previo aviso, de inspeccionar el piso en el que vive Torres para ver si todo funciona correctamente. Todo por “ánimo de facilitar la conservación y mantenimiento” del inmueble, según figuraba en el contrato de 2020. Para la jueza es abusivo, ya que “es en el momento de la entrega del inmueble cuando el arrendatario lo debe restituir […], pero no le obliga que durante el contrato deba cumplir con esos deberes”.Negar la devolución del dinero invertido en el piso si la inquilina incumple el contrato: La propiedad se reserva el derecho a no devolver ninguna inversión realizada por la inquilina en el piso si incumple el contrato. A ojos de la jueza, esa cláusula es contraria a la ley, porque no contempla algunas situaciones que se puedan dar y que escapen a las competencias del legislador o del juez.Gastos judiciales y extrajudiciales a cargo de la inquilina por incumplimiento del contrato: La jueza determina como abusivo que Azora imponga a la inquilina las costas judiciales y extrajudiciales por incumplimiento del contrato. En la sentencia se recogen supuestos que escapan a la voluntad de la inquilina y que sin embargo, tal y como figura en el redactado del acuerdo entre Torres y Azora, sería ella quien debería responder económicamente ante dichas situaciones.Declaración de haber negociado las cláusulas del contrato: El gran tenedor puso por escrito en el contrato que las condiciones del mismo fueron negociadas, algo desmentido por la afectada. “La posición procesal de la demandada al respecto de esta cláusula supone un reconocimiento implícito de esta abusividad” por parte de Lazora Sociedad de Inversión Inmobiliaria, filial de Azora, como recoge la sentencia. La legislación española y europea establecen que debe ser el empresario quien debe demostrar que las cláusulas han sido negociadas individualmente, de modo que no es válido ponerlo por escrito en el contrato.
La cláusula de la discordia, figurar en la lista de morosos
La única cláusula que se ha mantenido en pie ha sido aquella que
posibilita que la inquilina figure en el registro de morosos en caso de
impago. La juezaz considera que no puede declararse nula “porque se
limita a transcribir el contenido de una normativa nacional”.
“Las cláusulas que usa Azora las usan muchos otros”, denuncia
Arcarazo. “La totalidad de los arrendatarios de Azora tienen contratos
muy similares”, ha asegurado Monste Serrano, la abogada que ha defendido
a Torres. Sin embargo, esta sentencia no sienta jurisprudencia y, por
tanto, habrá que evaluar cada caso que pueda surgir. Un supuesto ante el
cuál se muestran expectantes desde el Sindicato de Inquilinas y el
Col·lectiu Ronda: “Hay la posibilidad de la acción judicial individual,
pero también colectiva”, cuenta Serrabo. “No se pueden mezclar cláusulas
de distintos propietarios con distintos redactados, pero sí cláusulas
análogas”, puntualiza.
La inquilina afectada se ha mostrado muy satisfecha tras una larga batalla judicial. “Es una victoria de todos,
a pesar de que la demanda era individual, de lo que más contenta estoy
es de que esto sentará un precedente para muchas familias”, ha asegurado
Torres. De todas formas, Azora puede recurrir la sentencia. De no haber
ganado, tendría que haber hecho las maletas, porque no hubiera podido
afrontar el incremento del 30% del alquiler que le pedía el fondo
buitre.
“Con una normativa más clara, donde no fuera tan fácil defraudar, se evitarían prácticas como esta”, pide Serrano. El horizonte es la Ley de Vivienda, que sigue encallada, tras haber pasado por el Consejo de Ministros de PSOE y Unidas Podemos. Arcarazo explica que una de las enmiendas que han planteado para la futura ley es que los grandes tenedores tengan que hacer públicos sus contratos para que la administración pueda revisar si son legales o no; algo que podría suponer un auténtico cambio a la hora de evitar abusos como los que ha sufrido Torres y tantos miles como ella.
Cuatro millones de dólares gastados por un reducido grupo de entidades relacionadas con el sector fósil para difundir “afirmaciones falsas y engañosas sobre la crisis climática” y publicitar objetivos de reducción de emisiones muy limitados, así como “la necesidad de seguir apostando por los combustibles fósiles”. Eso solo en Meta —el conglomerado que posee Instagram y Facebook— y en el periodo comprendido en los días anteriores y posteriores a la última cumbre del clima de la ONU, la COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh (Egipto), donde las petroleras y gasistas tuvieron un poder y una presencia mayor de lo que ya venían acaparando en anteriores ocasiones.
Es una de las conclusiones que saca la Coalición de Acción Climática Contra la Desinformación (CAAD,
por sus siglas en inglés), una confederación de más de medio centenar de
organizaciones que exige “estrategias robustas, coordinadas y proactivas para
tratar la amenaza de la mala información y la desinformación climática”.
El informe, publicado este 19 de enero y en el que han participado 18
organizaciones dirigidas por el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus
siglas en inglés), habla de inversiones millonarias de grupos de presión del lobby fósil,
con las que se han promocionado tanto tácticas de presión mediática ya
utilizadas a través de las redes sociales como “nuevas y sorprendentes
técnicas” con el fin de influir en el estancamiento de las conversaciones de la
cumbre climática mundial.
3.781 anuncios
Solo en la muestra analizada relativa a Meta, el equipo encontró 3.781
anuncios de desinformación publicados por 87 páginas entre el 1 de septiembre y
el 23 de noviembre de 2022 en Facebook e Instagram. La mayoría habían sido pagados
por Energy Citizens,
un grupo de relaciones públicas del American Petroleum Institute. Este
representa a casi 400 corporaciones dedicadas tanto a la producción como a la
distribución y a otras áreas del mercado de los combustibles fósiles, lo que
hace de él la principal asociación comercial de Estados Unidos y el lobby de
presión con más fuerza.
El sector global del plástico tampoco ha quedado fuera de este juego de
desinformación. Según la CAAD, la America’s Plastic Makers, que agrupa a los
principales productores del sector del plástico, ligado a la industria
petrolera —con socios entre sus filas como ExxonMobil, Chevron, Dupont o Shell—
gastó más de un millón de dólares en difundir este tipo de mensajes para
influir en la opinión pública.
Las diez principales páginas por volumen de publicidad y gasto son en su
mayoría instrumentos de la industria fósil y sus grupos de presión. Entre ellas
se encuentran algunas operadas por conocidos grupos conservadores y
ultraconservadores, especializados en campañas de marketing y técnicas de
dudosa legitimidad, como el astroturfing y las fake
news, para luchar contra la legislación ambiental. Es el caso de Americans
for Prosperity, fundada por el multimillonario Charles Koch; Natural Allies for
a Clean Energy Future, el grupo creado por Williams Companies, la compañía que
maneja el 30% del gas fósil en Estados Unidos, para promocionar el gas como
energía “limpia”; o The Empowerment Alliance, grupo creado específicamente
desde la industria del gas fósil para luchar contra un Green New Deal en EE UU.
Más
negacionismo
Con el incremento de inversión publicitaria en redes sociales, los
analistas de CAAD aseguran haber detectado “un aumento sorprendente en el
contenido relacionado con la negación absoluta del cambio climático, incluido
un aumento en Twitter del hashtag #ClimateScam —la estafa del clima— desde
julio de 2022”.
Para colocar sus mensajes, la coalición de organizaciones por una
información veraz ha recopilado una serie de técnicas en lo que llama el Libro
de jugadas narrativas de la desinformación. Entre ellas se encuentran la
explotación de la crisis del coste de la vida para eludir así las
preocupaciones sobre la crisis climática; la propagación de dudas sobre la
fiabilidad de las tecnologías más verdes; la promoción de los combustibles
fósiles como necesarios y confiables o la explotación de un marco engañoso en
las discusiones sobre las reparaciones climáticas, los pagos que el Norte
global debería realizar a las naciones menos favorecidas para, en virtud de su
responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero, ayuden
al Sur a ser más sostenible. Entre sus técnicas, llegan al punto de poner en
duda el consenso científico global por el que el 97% de la comunidad científica
asegura que la crisis climática está causada por la actividad antropogénica.
Las directora de Investigación y Respuesta Climática de ISD, Jennie King,
señala que “los eventos de 2022 impulsaron un ecosistema global para la
desinformación”, mientras que la guerra de Rusia en Ucrania —continúa— “y su
impacto en las cadenas de suministro de energía han renovado los ataques contra
el clima en todo el mundo”.
En su opinión, los grandes contaminadores globales, especialmente la
industria de la energía fósil, continúan invirtiendo millones en publicidad digital
para lavar su imagen como “campeones climáticos” al mismo tiempo que promueven
la necesidad de esos combustibles fósiles y desarrollan planes para alargar su
uso.
Asimismo, alerta de que “los ataques a los movimientos climáticos son cada
vez más extremos”, calificando la situación de muy preocupante, por lo que
aboga por “una respuesta coordinada en todas partes, desde el big tech hasta
sus reguladores: en este momento crucial, abordar la desinformación climática
es una parte esencial de la acción climática”.
Malos augurios
Hechos como que el sultán Ahmed Al-Jaber —que dirige la petrolera nacional
de Emiratos Árabes Unidos— haya sido designado presidente de la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP28)
o el récord de asistencia a la COP27 conseguido por el personal de los lobbies de
la industria fósil, “preparan el escenario para una mayor difusión de la
desinformación en la conferencia climática del próximo año y en otros momentos
de política climática”, advierten desde el CAAD.
Erika Seiber, portavoz de Amigos de la Tierra EE UU, señala que la
investigación publicada este jueves “muestra que la desinformación climática no
va a desaparecer y, de hecho, está empeorando”. La promoción de la etiqueta
#ClimateScam como uno de los principales resultados del motor de búsqueda de
Twitter sin ninguna justificación es uno de los ejemplos que pone sobre la
mesa.
Por su parte, Jake Dubbins, copresidente de Conscious Advertising Network
señala que “si la urgencia de la crisis climática continúa siendo socavada por
la información errónea y la desinformación, entonces la acción climática que
todos necesitamos desesperadamente seguirá retrasándose hasta el punto de no
retorno”.
Por todo ello, desde el CAAD se hace un llamado a los gobiernos de la UE y
Estados Unidos, así como a la ONU, el Panel Internacional de Expertos sobre el
Cambio Climático y las grandes tecnológicas, para que reconozcan la amenaza de
la desinformación climática y tomen “medidas inmediatas para mejorar la
transparencia y el acceso a los datos para cuantificar las tendencias de
desinformación, para detener la defensa engañosa de los combustibles fósiles en
el contenido de anuncios pagados, hacer cumplir políticas contra los
reincidentes que difunden desinformación en las plataformas, y adoptar una
definición estandarizada y completa de desinformación climática”.
WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos trabaja para reemplazar el equipo militar ruso en nueve naciones de América Latina, declaró el 19 de enero la jefa del Comando Sur del país norteamericano, Laura Richardson.
Queridas y queridos colegas de los Centros Miembros de CLACSO:
Las
y los 130 integrantes de la SEAP que participamos de manera
presencial en nuestra Asamblea General realizada en los marcos del
230 aniversario de su fundación, dedicada a realizar un balance
crítico y autocrítico de las actividades realizadas en el
cuatrienio más reciente, a elegir a las y los integrantes de
nuestros órganos colectivos de dirección, así como a definir las
principales tareas PRO PATRIA que desarrollaremos en los próximos
cinco años, INSPIRADOS EN
1.-
Las luchas de contra la brutal y depredadora dominación española
encabezadas por los y las principales líderes y lideresas de nuestro
pueblos originarios, entre ellos Túpac Amaru, Túpac Katari y
Bartolina Sisa; la que, el 24 de agosto de este año, cumplirá el
270 aniversario de su natalicio;
2.-
El legado de los Héroes y Mártires de la primera y única
victoriosa rebelión contra el coloniaje y la esclavitud en todo el
mundo, encabezada por los llamados Jacobinos
Negros:
la Revolución Haitiana de enero de 1804, cuya decisiva batalla
contra las poderosas tropas de ocupación francesa se libró en
Vertierres en diciembre de 1803;
3.-
La prédica y el ejemplo de los que José Martí denominó Tres
Héroes de las luchas contra el colonialismo español: José de San
Martín, Miguel Hidalgo y Simón Bolívar; quienes el 25 de febrero,
el 8 de mayo y el 24 de julio de este año, cumplirán el 244 y el
240 aniversario de sus correspondientes natalicios;
4.-
La vida y la monumental obra política y literaria del Apóstol de la
Independencia de Cuba y precursor de las luchas por la “segunda
independencia” de Nuestra América frente a la “república
imperial” instalada en los Estados Unidos, José Martí, cuyos 170
cumpleaños celebraremos en Cuba el próximo 28 de enero;
5.-
El ejemplo de las victoriosas luchas desarmadas y armadas del pueblo
nicaragüense encabezadas por el Pequeño Ejército Loco, comandado
por Augusto César Sandino, que, hace casi nueve décadas, el 2 de
febrero de 1933, obligaron a las desmoralizadas tropas de ocupación
estadounidenses a abandonar el territorio de Nicaragua;
6.-
Los Héroes, las Heroínas y los Mártires de los asaltos a los
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes que el 26 de julio de
este año cumplirán su 70 aniversario, al igual que el alegato La
historia me absolverá
que Fidel (como lo llama nuestro pueblo) presentó el 16 de octubre
ante el espurio Tribunal que lo juzgaba y en el que –rememorando el
legado de José Martí en el año del centenario de su natalicio—
nos dejó dicho para todos tiempos que “Cuba debe ser en América
baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo”;
7.-
Los postulados antiimperialistas, nuestro americanistas e
internacionalistas de la Primera y Segunda Declaración de La Habana
aprobadas en 1960 y 1962 por las Asambleas Generales del Pueblo de
Cuba y, esta última, calificada como el “Manifiesto Comunista de
la Revolución Latinoamericana” por el comandante Ernesto Che
Guevara; cuyo 95 cumpleaños celebraremos el 14 de junio de este año;
8.-
El dechado del “compañero presidente” Salvador Allende; quien,
cumpliendo el compromiso que previamente había adquirido con su
pueblo, hace casi cincuenta años, el 11 de septiembre de 1973,
entregó su vida, junto a otros de sus compañeros de lucha, para no
caer prisioneros de las criminales hordas fascistas encabezadas por
el general Augusto Pinochet, amamantadas por sucesivas
administraciones republicanas y demócratas estadounidenses; y
10.-
El paradigma de las y los demás Héroes y Mártires de las
multiformes luchas de los pueblos y las naciones latinoamericanas y
caribeñas por la democracia, así como por su liberación nacional
y social,
PROCLAMANOS:
1.-
Nuestro repudio a la Doctrina Monroe pregonada en diciembre de 1823,
por los grupos dominantes en los Estados Unidos, así como a las
diferentes inferencias de la misma que cíclicamente han venido
propagando y tratando de aplicar los diferentes gobiernos temporales
de esa potencia imperialista;
2.-
Nuestro rechazo a todas las sanciones unilaterales impuestas por la
maquinaria de la política exterior, de defensa y seguridad imperial
de los Estados Unidos, así como sus aparatos económicos contra los
pueblos y los gobiernos de diferentes Estados de América Latina y el
Caribe; cuales son los casos paradigmáticos del sexagenario bloqueo
económico, comercial y financiero contra Cuba y, más recientemente,
contra la República Bolivariana de Venezuela;
3.-
Nuestra censura a los grupos y partidos de derecha, ultra derecha y
neofascistas que, en contubernio con sus congéneres de Estados
Unidos y de diferentes países europeos, desde hace varios años han
venido desplegando diversas y, en muchos casos, criminales acciones
desestabilizadoras y golpistas contra los gobiernos de izquierda y
progresistas de diferentes países de Nuestra América; cuáles han
sido los casos de la República Bolivariana de Venezuela, de
Nicaragua, del Estado Plurinacional de Bolivia y, en los días más
recientes, de la República Federativa de Brasil;
4.-
Nuestra reprobación a las operaciones emprendidas por los corruptos
Poderes Judiciales, en estrecha coordinación con la Fiscalía y el
Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos para denigrar e
inhabilitar políticamente a aquellos líderes y lideresas de los de
los Partidos de izquierda y progresistas de diferentes países
América Latina, cuales han sido los casos más resaltantes de Luis
Inácio (Lula) de Silva y, en las pasadas semanas, de la ex
presidente y actual vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández
de Kirchner;
5.-
Nuestra reprimenda a la brutal represión que actualmente está
emprendiendo el al actual Gobierno y las represivas fuerzas
policiales peruanas contra los diferentes sectores populares que,
desde hace años, han venido reclamando un profunda reforma a la
antidemocrática Constitución vigente en ese país, así como que
ahora reclaman el adelanto de las elecciones generales previstas para
comienzos del 2025;
6.-
Nuestra solidaridad con las multiformes y multisectoriales luchas que
están desplegando los pueblos, las diversas naciones y algunos
Gobiernos de América Latina y el Caribe para conquistar su genuina
independencia económica y política, para lograr la
institucionalización de sistemas políticos genuinamente
democráticos, así como la satisfacción de todos los derechos
humanos para todas y todos, al igual que el respeto a los derechos de
la naturaleza o de la Pachamama;
7.-
Nuestro apoyo a las acciones que está desplegando el Gobierno
colombiano, encabezado, desde agosto del año pasado, por Gustavo
Petro y por su vicepresidente Francia Márquez, con vistas a tratar
de lograr la “paz total” en ese país, llevar a feliz término
las negociaciones que se están desarrollando con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) y, en ese contexto, de cortar la infinita
cadena de asesinatos de incontables activistas sociales, así como de
ex combatientes de las otrora llamadas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, signatarias del
Acuerdo
de Paz de la Habana, firmado el 26 de septiembre del 2016 y
sistemáticamente incumplido por su antecesor Iván Duque con el
apoyo político, económico y militar de los gobiernos temporales
estadounidenses presididos por Donald Trump y, desde enero del 2021,
por Joe Biden;
8.-
Nuestro respaldo a las luchas que ha venido librando el pueblo
haitiano para superar la profunda crisis estructural política,
económica, social, ética, ecológica y de seguridad ciudadana que
afecta a su cada vez más empobrecido país, así como para tratar
evitar una nueva y desastrosa ocupación por las tropas extranjeras
que, en las más recientes décadas, han quebrantado totalmente su
soberanía nacional;
9-
Nuestra indeclinable solidaridad con las luchas por la independencia
política que, inspiradas en las vidas y los imperecederos ejemplos
de Ramón Emeterio Betances y Pedro Albizu Campos, continúan
desplegando diferentes sectores sociales y políticos de nuestro
hermano pueblo puertorriqueño;
10.-
Nuestro llamado a unir, sin sectarismos de ningún tipo, a todas las
fuerzas sociales, políticas e intelectuales, así como a todas las
naciones de nuestros pueblos originarios en las luchas democráticas,
por la liberación nacional y social frente a las clases dominantes y
frente al que, de manera metafórica, José Martí llamó “Norte
revuelto y brutal que nos desprecia”, ya que –como nos dejó
dicho Fidel— la “unidad antiimperialista es la táctica y la
estrategia de las victoria”; y
11.-
Nuestro reclamo a todos los Gobiernos de los Estados latinoamericanos
y caribeños a continuar avanzando en su integración económica y
política, así como a que garanticen el más estricto cumplimiento
de todos los contenidos la Proclama de América Latina y el Caribe
como Zona de Paz aprobada por todas y todos los presidentes, primeros
Ministros o sus altos representantes que participaron en la Segunda
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), efectuada en La Habana entre el 28 y 29 de enero del 2014, y
ratificada, con escasos disensos, en su más reciente Cumbre
realizada a comienzos del año pasado en México, bajo la presidencia
pro
tempore
del máximo líder de la Cuarta Transformación que se está
produciendo en ese país, Andrés Manuel López Obrador.
Pudiera
parecer que este último reclamo es irrealizable a causa del desorden
actualmente existente de la economía capitalista mundo, en el
Sistema Internacional de Estado y, dentro de él, en el Sistema
Interamericano; pero, con toda modestia, les decimos que, en
condiciones más difíciles y complejas que las que está viviendo el
mundo, nuestro Patria Grande y, dentro de ella, nuestro pequeño
archipiélago, las y los científicos de diferentes disciplinas
integrantes de la SEAP nunca hemos olvidado, ni olvidaremos lo que
hace tres décadas nos dejó indicado Fidel:
Martí
decía […] que los sueños de hoy son realidades de mañana, y
nosotros, en nuestro país hemos visto convertidas en realidades
muchos sueños de ayer, una gran parte de nuestras utopías las hemos
visto convertidas en realidad. Y si hemos visto utopías que se han
hecho realidades, tenemos derecho a seguir pensando en sueños que
algún día serán realidades, tanto a nivel nacional como a nivel
mundial. /Si no pensáramos así, tendríamos que dejar de luchar, la
única conclusión consecuente sería abandonar la lucha, y creo que
un revolucionario no abandona jamás la lucha, como no deja jamás de
soñar.
La
Habana, 9 de enero de 2023
Año del 64 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana
RESUMEN HISTÓRICO SEAP
El
9 de enero del año 2023 la Sociedad Económica de Amigos del País
de La Habana cumple su 230 Aniversario de fundada. Surgida al calor
de las ideas renovadoras de la Ilustración europea durante el Siglo
XVIII, tiene sus antecedentes mas directos en las Sociedades de
similar tipo creadas en España bajo el reinado de Carlos III. En
Cuba fueron sus impulsores el Gobernador Luis de las Casas, el Obispo
Espada y el Intendente de Hacienda Alejandro Ramírez. La primera
manifestación organizada de esta corriente iluminista en la Isla
ocurrió en Santiago de Cuba, en 1787.
La
labor de la Sociedad Económica no se limitó al fomento del
desarrollo socio-económico sólo en La Habana. Estimuló la creación
de Diputaciones Patrióticas en Sancti Spíritus, Puerto Príncipe,
Trinidad, Matanzas, San Antonio Abad, Guanabacoa, Güines, San Juan
de los Remedios, Cienfuegos y Cárdenas, entre otras localidades.
Como resultado de sus afanes,
entre sus méritos se incluye el impulso a la industria azucarera;
fundó decenas de escuelas públicas donde estudiaron centenares de
niñas y niños de pocos recursos; la primera biblioteca pública; la
Escuela de Química; la Cátedra de Economía Política; la Academia
de Matemáticas; la construcción del ferrocarril en 1837; la
creación del Jardín Botánico; la Escuela Náutica; la de Dibujo
San Alejandro; la de Obstetricia; la Casa de Beneficencia; la de
Educandas; la Casa de Dementes para Varones; la Academia de Música
“Santa Cecilia”; la Escuela de Maquinaria; la de Artes y Oficios;
la Escuela de Agricultura. También acogió el Papel Periódico, que
existía desde 1790 como la primera manifestación de la prensa
nacional.
Pero su mayor mérito se
manifiesta en el inicio del pensamiento que comenzaba a identificarse
como de la nación cubana, con características y proyecciones
distintas a las de la metrópoli española. En este sentido se
destacaron José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y
Caballero, José Antonio Saco, Domingo del Monte, Tomás Gener,
Gaspar Betancourt Cisneros, entre otros.
En el campo de los aportes de
la ciencia y la técnica hay que destacar a Francisco de Arango y
Parreño, Tomás Romay, Felipe Poey y Aloy, Tranquilino Sandalio de
Noda, Alvaro Reynoso Valdés, Antonio Bachiller y Morales.
José Martí la calificó como
“la más alta y
meritoria de las sociedades de Cuba”.
En la época republicana que
comenzó en 1902, la Sociedad mantuvo su objetivo fundamental en el
progreso cultural y material del país. Entre sus filas se cuenta con
muy destacados intelectuales como don Fernando Ortiz Fernández, Juan
Marinello Vidaurreta, Salvador Massip Valdés, Elías Entralgo,
Luciano Martínez, Adrián del Valle, Emilio
Roig de Leuchsenring. Aunque su radio de acción en este período no
es tan extenso como en la época colonial, llenó un importante
cometido nacional. Su más conocido resultado es haber mantenido
funcionando varias escuelas públicas, una amplia lista de
investigaciones históricas, económicas, sociales y culturales, así
como su Biblioteca, que atesora más de un millón de documentos.
Con el triunfo de la
Revolución comienza una nueva época de la Sociedad Económica de
Amigos del País. En 1994 es relanzada por Julio Le Riverend Brusone,
Salvador Bueno Menéndez, José Antonio Portuondo Valdor, Julio
García Oliveras y la Dra. Daysi Rivero Alvisa, Presidenta de la SEAP
en el inicio de esta tercera época, cuyas responsabilidades
continuaron sucesivamente por Fidel Vascós González y Zoila Benítez
de Mendoza, hoy asistida por los Vicepresidentes Nuria Gregori
Torada, Lázaro Mora Secade y José Luis Cuza Téllez de Girón, así
como una Junta de Gobierno que analiza, aprueba y ejecuta las
decisiones más importantes dando cumplimiento a los Acuerdos de la
Junta General de Socios.
En el año 2018 se le otorgó
la condición de Presidente de Honor de la Sociedad el Dr. Eusebio
Leal Spengler por su especial apoyo a la institución, quien en esa
ocasión expresó: “…esta
es una Sociedad que tiene que trabajar en los asuntos profundos de la
identidad cubana, es una organización que por tanto existe y por
ende piensa y su deber es pensar”.
La Dra. Daysi Rivero Alvisa también ostenta esa condición.
Hoy la Sociedad Económica
agrupa a experimentados especialistas de diversos perfiles
profesionales acreditados por su capacidad y compromiso social que
contribuyen a la construcción de un socialismo cubano próspero,
democrático, participativo y sostenible.
El contenido de los
seminarios, paneles, conferencias, coloquios y otras formas
organizativas que adoptan sus debates, se refleja en el contenido de
los temas según sus actuales cinco Secciones, que son: Ciencias
Sociales; Cultura; Economía y Ciencias; Educación; y Medio
Ambiente. Ya funcionan los Capítulos Territoriales de Holguín,
Matanzas, Camagüey y Pinar del Río, así como el Consejo Científico
y la Comisión Permanente de Educación para la Paz (EDUPAZ).
En sus investigaciones la
Sociedad Económica procura la identificación de los avances y retos
que enfrenta Cuba, su descripción científica y las alternativas de
solución a brindar a los decisores correspondientes. Su método de
trabajo pretende propiciar el intercambio y debate de opiniones en un
espacio plural de deliberaciones, análisis y propuestas sobre la
base de un enfoque transdisciplinario. Al respecto, dedica especial
atención a la divulgación masiva de los resultados de su trabajo
mediante la Revista Bimestre Cubana, heredera de la creada en 1831, y
mediante el Sitio Web de la Sociedad. A su vez, la SEAP cuenta con el
Sello Editorial “La
Semilla en el Surco”.
La SEAP otorga Premios a
destacadas personalidades que realizan aportes a la identidad
nacional y la actualización y renovación del pensamiento
filosófico, científico y pedagógico de Cuba. En su quehacer actual
procura fortalecer las alianzas estratégicas con instituciones y
organismos nacionales e internacionales afines a su misión,
privilegiando las relaciones con España, América Latina y el
Caribe.
Según las características
concretas de cada momento histórico, la SEAP ha mantenido su lema de
siempre “PRO
PATRIA”, que se
renueva en su actual Tercera Época como objetivo central que orienta
sus actividades e investigaciones.
Minutos antes de las 6 de la mañana, un grupo de estibadores reincorporados quiso ingresar a la terminal para retomar tareas. El grupo de despedidos quiso evitar el ingreso y fue reprimido por personal policial que se encontraba en el lugar.
Más
tarde subieron a Circunvalación y quisieron continuar la
medida de fuerza con un corte de la circulación vehicular. Ante esta
decisión, la policía avanzó con gases lacrimógenos para despejar la zona
y varias personas debieron ser atendidas por personal médico.
Con
el correr de las horas la situación se fue normalizando
y tanto Circunvalación como el ingreso a la terminal portuaria quedaron
liberados. La policía se quedó custodiando el ingreso y los
manifestantes permanecían sobre 27 de Febrero, debajo de Circunvalación.
El
secretario general del Sindicato Unidos Trabajadores Portuarios
(Supa), Cesar Aybar, respaldó a los trabajadores que retomaron tareas y
volvió a tomar distancia del grupo de manifestantes. Por otra parte,
confirmó que la terminal ya opera con normalidad y que la prioridad es
mover los contenedores con insumos para Pymes
de la región.
El
lunes, el personal policial se hizo presente desde temprano
para garantizar el ingreso del personal. A diferencia de lo sucedido
este martes, los reincorporados no pudieron ingresar por el corte, y los
manifestantes denunciaron por primera vez represión por parte de las
fuerzas de seguridad.
Hace
diez días el Supa y TPR, con la mediación del ministerio
de Trabajo de la Nación, firmaron un acuerdo para reincorporar a 20 de
los 25 operarios que habían sido cesanteados. En tanto, para los cinco
que quedaron afuera del puerto se acordó el pago de la indemnización que
marca la ley y la cobertura de obra social
por seis meses.
Sin embargo, ese acuerdo, que fue rubricado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, fue rechazado de plano por un sector del Supa, crítico de la actual conducción del gremio. Y desde ese momento se produjeron piquetes en la puerta de entrada.
Solidaridad portuaria
Este martes se hicieron presentes trabajadores del Puerto de
Buenos Aires. Recordemos que en la Terminal 5 vienen luchando hace dos años en defensa de todos los puestos de trabajo.
La semana pasada difundieron un comunicado solidario firmado por el Cuerpo de delegados de la TP5. Allí plantean la solidaridad con la lucha, el repudio a la militarización del Puerto y convocan a la unidad. Este martes difundieron otro comunicado “de repudio y solidaridad ante la represión”, que había terminado el lunes con tres detenidos. Además, convocan a solidarizarse a “organizaciones políticas, sociales y sindicales” y exigen “un paro general de repudio a las centrales sindicales”. Al mismo tiempo, se hicieron presentes trabajadores de la Terminal 5 para acompañar a sus compañeros rosarinos. Estuvieron en los piquetes y uno de ellos, Gastón, habló en una asamblea contando que “nosotros hace dos años estamos peleando y también nos reprimieron y pedimos la solidaridad para no pelear solos”. Propuso llamar “a todas las organizaciones obreras a que vengan acá. Hay organizaciones como Aceiteros, del Neumático, cientos de organizaciones que apoyan a los trabajadores”.
Represión policial y tres detenidos
Este
lunes el ingreso al Puerto permanecía bloqueado por un
grupo de portuarios apoyados por organizaciones de izquierda que siguen
reclamando la incorporación de cinco trabajadores que quedaron fuera
del acuerdo firmado entre el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos
(Supa) Y TPR.
Con
el correr de la mañana se fueron sumando efectivos policiales
con el objetivo de desactivar la protesta y despejar el ingreso para
que el personal portuario y administrativo pueda reincorporarse. A más
de una semana del acuerdo firmado para resolver el conflicto, los veinte
trabajadores reincorporados, no pudieron volver
a sus tareas.
Este lunes personal policial despejó el ingreso y limpió toda
la zona donde había quemas y cubiertas.
La
semana pasada, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel
Pusineri, afirmó que el conflicto en el puerto de Rosario “está
resuelto”, destacó que “se hizo un convenio de trabajo donde se da
marcha atrás con los 20 despidos”, y marcó que “los 5 trabajadores que
fueron despedidos con causa deberán plantear su desacuerdo
vía judicial”. Sin embargo, el grupo de empleados que fueron despedidos
continuó con el bloqueo a la empresa. El jueves pasado al mediodía
ingresaron al puerto bloqueando desde adentro los portones de Terminal
Puerto Rosario (TPR).
Pese
a que escaló la protesta –que es respaldada por organizaciones
sociales– el gobierno provincial aseguró que está en condiciones de
garantizar la seguridad para el ingreso y el egreso de los trabajadores.
Incluso, altos funcionarios del ministerio de Seguridad y de la
jefatura de Policía se presentaron en el lugar. Pero
desde el gremio de estibadores (Supa) su titular, César Aybar, dijo que
no estaban dadas las condiciones para ingresar y aseguró que los
trabajadores sufrieron amenazas de muerte para impedir su ingreso al
predio. En el sindicato sostienen que la provincia
es la que debe actuar y “garantizar la seguridad” de los portuarios.
La
semana pasada, tras un mes de conflicto, se logró un acuerdo
paritario entre TPR y el Supa. Se firmó el acta –que incluyó el aumento
pedido más un bono de Navidad, el pago de salarios caídos y las veinte
reincorporaciones– bajo tutela del ministerio de Trabajo de la Nación.
“El conflicto ya está solucionado. La empresa
y el gremio pactaron condiciones”, insistió Pussineri.
Pero
la actividad no se retomó. Los 5 estibadores que la empresa
se negó a reincorporar reunieron apoyo de organizaciones de izquierda y
desde entonces mantuvieron bloqueado el ingreso al puerto. El paro del
puerto mantenía 1.000 contenedores inmovilizados y complicaba toda la
actividad logística y operativa de las empresas
que operan en los muelles locales, según denunció la Federación
Industrial de Santa Fe (Fisfe).
Mujeres y familias al frente
Este
lunes comenzó con un operativo represivo de la Policía
de Santa Fe. Golpeó a trabajadores y desalojó el portón. También tiró
gases y golpeó a las compañeras de los portuarios. Se llevaron tres
detenidos. Sus nombres: Marcelo Sebastián Martínez, Diego Daniel Caminos
y Carlos Daniel Gramajo. Sin embargo, no logró
quebrar el piquete. Los trabajadores comenzaron a convocar a otras
organizaciones al piquete ubicado en Avenida 27 de Febrero.
En la tarde esposas, compañeras, hermanas e hijas de los portuarios
en lucha se plantaron frente al portón. Desde ahí cantaron por la reincorporación de los trabajadores y rechazando el desalojo.
Desde allí están convocando a organizaciones de mujeres, feministas, así como a todos y todas quienes rechacen los despidos y la represión a quienes reclaman por sus puestos de trabajo.
Organismos de DD.HH. impulsan petitorio
Se dio a conocer el jueves pasado la siguiente Declaración:
Ante
las condiciones que ha tomado el conflicto laboral que
mantienen los trabajadores del Puerto Rosario, los organismos,
organizaciones y personas abajo firmantes, dejamos claramente expuesta
la solidaridad activa para con ellos. Porque creemos firmemente en que
el trabajo es uno de los derechos elementales de toda
persona, consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Este conflicto, de varias aristas ha dejado en claro que trata de una
oposición férrea a cualquier intento de modificación de las condiciones
laborales que las Empresas Vicentin y Ultramar imponen como una reforma
laboral de hecho. Dejando en claro, también,
la impunidad y prepotencia con la que se manejan. Y no sólo en contra
de los trabajadores, los actos de corrupción de Vicentín, que son de
conocimiento público, nos exime de mayores comentarios.
Esto se complementa con las “omisiones” del Gobierno Santafesino
respecto a los controles privados de los puertos y el tránsito y tráfico
que circula por nuestro río, llevándose nuestras riquezas.
En el día de hoy, la presencia de cordones policiales, intimidando a
quienes defienden su fuente de trabajo en forma pacífica, agrava y tensa
aún más la situación. Nunca la represión es la salida para la
resolución de conflictos. Es con el diálogo y fundamentalmente
es con el respeto a los derechos conseguidos por los trabajadores como
se llegan a acuerdos. Debiera el gobierno, a través de los ministerios
correspondientes, intervenir y asegurar a los sectores más vulnerables,
el acceso al trabajo y el libre ejercicio
de sus derechos.
Es por ello, que exigimos a quienes son responsables de la resolución de este conflicto, empresarios y gobierno:
LA INCORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS
CONTROL ESTATAL DE LOS PUERTOS QUE GARANTICEN LA SOBERANÍA SOBRE NUESTRO RIO PARANÁ.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
LUCHAR ES UN DERECHO Y REPRIMIR ES UN DELITO
Rosario, 12 enero 2023
Algunas Firmas
Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo
Apdh Regional Rosario
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas – Rosario
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Santa Fe
Asociación Anahí – Filial Rosario
Colectivo Nacional de Ex Pres@s Polític@s y Familiares – Rosario
MEDH Regional Rosario
Liga Argentina de DD HH – Rosario
Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial
Area Derechos Humanos- UNR
Museo de la Memoria Rosario
CeProDH
Carlos Ghioldi, Sec. Gremial CTA (T)
Matilde Bruera – Diputada Provincial
COMISIÓN GREMIAL – CENTRO CULTURAL DE LA TOMA
Secretaria de DD HH AMSAFE Provincial
Asociación de Juristas Católicos de Rosario. Presidente Proc. Gustavo Ferraroni
Frente de Todos
Movimiento Evita
UTEP
Militantes Frente de Todos Rosario
Siguen las firmas…
Trabajadores portuarios explican su reclamo
El jueves pasado la Policía
del gobernador peronista Omar Perotti amenazó
con reprimir a los trabajadores portuarios que reclaman
contra los despidos en
la Terminal Portuaria
Rosario. Esta pelea lleva más de un mes y en reiteradas ocasiones los
trabajadores han decidido en asamblea continuarla hasta que sean
reincorporados todos los trabajadores que fueron despedidos.
Tras la amenaza policial, los trabajadores hablaron con Telefé
Rosario para
explicar su conflicto y exigir
al sindicato (Supa) que se ponga al frente del mismo. Entre otras cosas
señalaron que: * “Nos dicen que hay un acta acuerdo del ministerio de
Trabajo donde toman a todos los trabajadores menos a cinco compañeros.
Nosotros decimos que queremos entrar todos.
Todos adentro todos. El puerto sigue parado, la pérdida es de billones
de pesos. Y es todo por cinco trabajadores.
* “Hago un llamamiento al gobernador, al intendente, a
los concejales, a nuestro secretario general. Acá está la masa del
gremio y él no está. Nosotros
lo estamos esperando que venga para conducir esto. Nosotros somos
referentes de la gente, nada más. El conductor es él. Por eso le pedimos
y le pedimos al gobernador que destrabe esto. Si quieren lo pueden
destrabar”.
* “Acá dice que somos cinco o diez personas. ¿Cuántas
personas ves acá? Hay que empezar a desmentir cosas. Nosotros somos los
primeros que queremos trabajar,
los primeros. ¿Piensan que a nosotros nos gusta estar acá, abajo del
puente?
* “Hay un acto discriminatorio con esos cinco
compañeros. Si vos no defendés a esos cinco compañeros, es el puntapié
para que después venga la empresa
y miente diciendo ‘mirá me sobran 50’. Si no defendiste cinco, ¿cómo
vas a defender a 50 compañeros? Estos muchachos tienen 20 o 23 años de
laburo. Ahí hay dos o tres más viejos, que están a punto de jubilarse”.
* “Quiero dejar clara una cosa. Cuando viajamos a Buenos
Aires a una de las audiencias al ministerio de Trabajo donde se dictó
la conciliación obligatoria,
se había decidido de ambas partes que íbamos a laburar. Se hizo una
asamblea convocando a todos los muchachos que íbamos a laburar. Cuando
nosotros nos presentamos acá, los compañeros que le tocó el turno de
entrar a trabajar en la empresa seguían deshabilitados.
La empresa violó la conciliación obligatoria. En este conflicto
nosotros siempre pusimos el trabajo en primer lugar. Cuando nosotros
dijimos vamos a trabajar, nos encontramos con la puerta cerrada para
todos los compañeros que no pudieron ingresar”.
Campaña mediática mentirosa
Como
en otros conflictos obreros, estamos viendo una campaña
mediática contra los trabajadores portuarios de Rosario y la dura pelea
que vienen llevando adelante contra los despidos. Algunos medios
nacionales y regionales dicen que son 5 violentos que impiden a los
trabajadores ingresar. La
Nación sacó una nota desde Córdoba (sic) titulada “Terminal
Puerto Rosario. Hubo acuerdo entre la empresa y el sindicato, pero la
izquierda bloquea el muelle”. Otro medio, Rosario3,
llegó a titular: “Despedidos por violentos bloquean el ingreso al puerto, pese que el conflicto laboral se solucionó”.
¿Acaso no se han enterado de las asambleas masivas en las que
se resuelven las medidas donde cientos de trabajadores votan a mano alzada defender a los despedidos?
Son
los mismos trabajadores, como dijo un médico que fue a solidarizarse,
quienes descargaban en plena pandemia los barcos con materiales médicos
y otros insumos en ese momento crítico. Incluso dejando su salud y su
vida para lograrlo. Ahora les pagan miseria y los echan si reclaman.
¿Eso no es violento?
Los
despedidos son 25 y tienen que entrar los 25 dicen los trabajadores
y sus familias. Lo que firmaron las patronales y el sindicato es dejar
afuera a 5 trabajadores. Y precisamente la lucha sigue porque el reclamo
NO se solucionó, al contrario de lo que dicen mentirosamente varios
medios, entrevistando a la conducción del sindicato.
El reclamo de los portuarios es por que vuelvan a trabajar todos,
además del aumento salarial y contra el intento de precarizarlos más.
También
es mentira que “la izquierda bloquea el muelle”. En
los piquetes en el puerto están los trabajadores y sus familias.
Además, hay apoyo solidario de muchas organizaciones sociales,
sindicales y políticas. Entre las cuales, por supuesto, se encuentra la
izquierda acompañando a los trabajadores.
También
hay dirigentes de importantes sindicatos como los Aceiteros
o los docentes nucleados en Amsafe y organismos de Derechos Humanos.
Hay, además, organizaciones sociales que son solidarias. Está el apoyo,
además, de diputados nacionales como Alejandro Vilca (PTS-FITU) y
provinciales como Carlos del Frade (FSP).
Todo el tiempo los automovilistas tocan bocina o aportan al
fondo de lucha. Camiones de reparto dejan bolsas de hielo o bidones. Trabajadores y comerciantes han enviado comida.
La
campaña de los grandes medios busca deslegitimar el reclamo
de los trabajadores en función de garantizar los negociados de las
patronales de Vicentin y la chilena Ultramar, así como los acuerdos
firmados por el sindicato a espaldas de los trabajadores.
El sindicalismo clasista llama a fortalecer los piquetes
«Los
cinco que no se reincorporaron llamaron violentamente a sus compañeros,
amenazaron de muerte a la Comisión directiva y a un escribano», había
asegurado el lunes 9 el titular del Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA), César Aybar para describir el conflicto que todavía
se sostiene en el Puerto de Rosario.
Es que, a pesar del acuerdo entre el gremio y la concesionaria,
un grupo de 5 operarios mantienen las protestas. A ellos se les sumó el
sindicalismo clasista que llamó a consolidar «una campaña nacional» para
respaldarlos.
«Los
actuales bloqueos garantizan la continuidad del movimiento ante la entrega de la dirección del Supa que
aceptó el despido de cinco trabajadores y un acuerdo salarial ruinoso,
contra la voluntad de las bases», explicaron desde la Coordinadora
Sindical Clasista.
«Reforcemos
los piquetes portuarios y contribuyamos con el Fondo de Huelga para
llevar esta gran lucha a la victoria», añadieron.
Aybar remarcó que el sindicato les gestionó el pago de las indemnizaciones
a los 5 despedidos y consideró que «es
inadmisible lo que están haciendo».
El entendimiento entre el SUPA y TPR
El SUPA firmó con la empresa que explota los muelles locales,
Terminal Puerto Rosario (TPR), el acuerdo alcanzado el viernes 6 por el que se puso fin a un mes de protestas y huelgas.
El
entendimiento contempla la reincorporación de 20 de los 25 despedidos,
el pago de indemnizaciones al resto, un incremento salarial anual del
90%, el pago de un bono navideño y el reconocimiento del 65% de las
jornadas de paro,
explicó Aybar a Télam.
Sin embargo, los cinco estibadores que fueron
despedidos -originalmente con causa, por presuntos hechos de violencia
durante las protestas- no aceptaron el acuerdo indemnizatorio y
esa mañana volvieron a bloquear el ingreso a las terminales portuarias rosarinas.
«Hasta se
consiguió que tengan una indemnización por despido y un fondo de desempleo«,
se quejó Aybar.
Recordó
que las cesantías eran «con causa por la violencia que
ejercieron durante las protestas, quemando, rompiendo y golpeando a
compañeras», y que en las negociaciones con la empresa se acordó que
fueran con causa y que perciban las indemnizaciones establecidas por las
normas laborales.
Los estibadores despedidos señalaron que el acuerdo del SUPA
fue hecho a sus espaldas.
En
un mensaje interno que circuló entre los trabajadores del
Puerto se informó que «se acaba de firmar el acuerdo» y «ahora el
Estado tiene que garantizar el ingreso seguro de los trabajadores. Las
autoridades están coordinando el operativo». Por su parte, el titular
del SUPA Rosario dijo que «este
grupo de gente es violenta».
La
Unión Industrial Argentina (UIA) había reclamado al ministerio
de Trabajo que declare la «esencialidad» de la actividad del Puerto de
Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización de las
terminales por casi un mes.
De
acuerdo al monitoreo realizado por la entidad fabril, el
conflicto «mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000
contenedores», lo cual «perturba seriamente la operatoria de comercio
exterior».
Fuentes:
El Ciudadano (Rosario), La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Télam, Prensa Obrera
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