JDF
Perotti y la justicia mantienen a tres trabajadores portuarios presos
El
martes pasado un operativo policial arremetió con gases lacrimógenos
contra los trabajadores y sus familias que se encontraban cortando la
circunvalación de Rosario. El operativo se encontraba a cargo del fiscal
Carlos Covani, quien el día lunes había ordenado la detención de tres
trabajadores portuarios que se encontraban
reclamando contra los despidos.
Una
vez que las y los manifestantes cesaron el corte en la Circunvalación
porque los gases imposibilitaban respirar, se resguardaron bajo el
puente que conduce a la calle 27 de Febrero hacia el ingreso del puerto.
Sin embargo, la policía continuó arrojando gases lacrimógenos desde la
Circunvalación a quienes ya no se encontraban
realizando ningún corte de calle. Como saldo varias mujeres, incluida
una periodista, que estaba realizando la cobertura de los hechos,
tuvieron que atenderse en una ambulancia.
El
día lunes hubo también un hecho de gravedad cuando los trabajadores
se encontraban realizando un piquete como medida de fuerza en la puerta
de la terminal portuaria. Allí la policía, nuevamente bajo la orden del
Fiscal Covani arrojó gas pimienta para quebrar el piquete. El saldo
nuevamente fueron varios trabajadores comprometidos
y un niño de 11 años golpeado. Pero la represión policial no terminó
allí. Luego de que los trabajadores liberaran el portón de ingreso a la
terminal, tres de ellos se apresuraban a salir hacia afuera para
reencontrarse con sus compañeros cuando fueron detenidos
por la policía. Los retuvieron en el predio de la Terminal Portuaria
varias horas, luego serían trasladados a la Jefatura Policial donde sus
familias les pudieron acercar algo de comida y agua, pero los
mantuvieron incomunicados. La noche del lunes fueron
trasladados a una comisaría, pero nunca fueron notificadas sus familias,
por lo que se dedicaron a llamar a varias comisarías de Rosario hasta
que dieron con el paradero de sus familiares detenidos.
Los trabajadores aún, tres días después de la detención se encuentran en una comisaría incomunicados. El martes la abogada Julia Giordano de APDH junto al abogado laboralista que representa a los trabajadores se entrevistaron con el Fiscal. Fueron acompañados por las familiares de los detenidos y organismos de Derechos Humanos. Allí, el fiscal no descartó solicitar la prisión preventiva hacía uno de ellos. Se le solicitó que se liberen a los detenidos y se consideren las situaciones particulares de cada uno. Uno de ellos es diabético y a su mujer no le habían permitido dejarle la medicación. La hermana de otro de los detenidos le solicitó al fiscal que lo libere ya que su hijo se encuentra atravesando un problema de salud de gravedad, para que pueda ir a visitarlo al hospital. Dicho pedido fue recién permitido el martes por la noche, aunque luego fue llevado nuevamente a la comisaría.
En Santa Fe la justicia sentará en el banquillo de los acusados a tres trabajadores portuarios por defender sus puestos de trabajo. Sin embargo, en los bancos de esa justica anti trabajadores no se sentaron los Vicentín después de estafar con cientos de millones de dólares al Banco Nación y a pequeños productores. La justicia, sus fiscales, el gobierno de Omar Perotti y su policía una vez más se muestran muy duros con los que menos tienen, y muy blandos con los empresarios.
El jueves a las 10:00 en el Centro de Justicia Penal situado en Mitre al 2800 los trabajadores se sentarán frente a la Jueza Patricia Billota, junto a su abogada, para pedir que se los libere de inmediato y no se avance con causas penales en un conflicto laboral. Pero no estarán solos, ya que una amplia convocatoria que incluye a sus familias, organismos de DD HH, sindicatos, Centro de Estudiantes y organizaciones sociales y políticas acompañará el pedido que busca liberar a los trabajadores y que no se siente un precedente tan grave en la ciudad de Rosario.
Obrerxs Algodonera Avellaneda Vicentín
Comunicado:
Una vez más, volvemos a denunciar públicamente las maniobras
de la empresa en conjunto con el sindicato de empleados textiles de la industria y afines (Setia).
Como
habíamos mencionado, el pasado año 2022, la empresa suspendió
a 40 trabajadores por realizar una asamblea dentro de la planta,
(derecho ganado que debe ser respetado), y hasta el día de la fecha el
sindicato (Setia) no ha tomado ninguna medida en defensa de los
afiliados, lo que deja en total evidencia la complicidad
que hay entre empresa y sindicato.
Por
si faltara más, el día 23 de diciembre dio aviso a la convocatoria
para elegir los representantes de la seccional de Santa Fe, y/o
casualidad, en esa misma fecha, la empresa suspendió las actividades por
dos semanas, dando vacaciones a todas las obreras y obreros de la
planta.
Desde
que volvimos a la planta, luego de la larga lucha del
2020, la empresa, junto a Setia y Aot (sindicatos de mensuales y
quincenales), no frenaron un solo día en romper con engaños y divisiones
la unidad gestada en esos días. Fueron de menor a mayor, con pequeñas
acciones, para terminar de barrer con los delegados
de esa huelga. Lo hicieron con los quincenales de AOT, y ahora intentan
lo mismo con los delegados mensuales de Setia.
No
quedan dudas que es otra maniobra para desplazar a los delegados
que estuvieron al frente de aquella histórica lucha que duró más de 3
meses sin el apoyo del Concejo directivo nacional del Setia.
De
parte de la empresa y los sindicatos solo fueron y siguen
siendo maniobras para desestabilizar el ánimo y la convicción de que
luchando vamos a lograr torcerles el brazo. No soportan ni eso de los
trabajadores, que tengamos la confianza en nosotros mismos, y trabajan
día a día para romperla de a poco.
Uds.
se preguntarán, quizás: «¿y no hicieron la denuncia al
ministerio de Trabajo de la Nación?». Sí, lo hicimos, y lo seguimos
haciendo, pero es un actor que hace de sordo y ciego, entonces no ven,
ni responden las denuncias hechas por los trabajadores y el Cuerpo de
delegados hace 10 meses y más.
¿Cómo
sigue? Impiden que nos organicemos desde abajo, y ubican
en las listas a los que hicieron perder varios beneficios en otros años y
siguen legalizando la indefensión a los derechos de las trabajadoras y
trabajadores.
De nuestra parte, seguiremos enfrentando estas maniobras, insistiendo en que solo podemos lograr nuestros anhelos de dignidad con lucha y unidad.
Protesta de tercerizados de limpieza frente al ministerio de Trabajo
Trabajadores
y trabajadoras tercerizadas de limpieza y maestranza
se movilizaron e lunes 16 por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de concentrar en el Obelisco marcharon al ministerio de Trabajo.
Reclaman el pago del bono de fin de año, que no han cobrado por un
acuerdo que firmó el gremio del sector.
Con
una bandera que decía “Maestranza en lucha”, reclamaron
también por sus salarios, que son muy bajos y se encuentran cercanos a
la línea de indigencia, distintas trabajadoras cuentan que con jornadas
extenuantes de 8 horas cobran $65.000. Además, se movilizaron por sus
condiciones laborales, que son muy precarias.
Esos reclamos fueron entregados en la cartera laboral por algunos de sus
referentes.
Se acercaron a dar su apoyo trabajadores de la Comisión interna
de GPS, trabajadores docentes, estatales del propio ministerio y trabajadores telefónicos.
“Siempre
somos los mal pagos, tenemos un salario de indigencia.
SI faltás un día, entre el plus y viáticos perdés como 10.000 pesos.
Estamos cansados porque el sindicato no hace nada. Jamás en la vida
escuché que se elijan delegados. Está el sindicato, ellos arreglan y a
nosotros no nos dicen nada. Siempre son los mismos”,
dijo P.
D.
explicó el porqué de esta autoconvocatoria. La gota que rebalsó
el vaso: “Estamos cansados de ganar miseria. En plena pandemia nos
mandaron a trabajar en sanidad. No se nos reconoció nada. Nos
despertamos a las 4 de la mañana para cumplir nuestras responsabilidades
y estamos debajo de la canasta mínima. Lo que desató la
furia fue que no nos dieron el bono, aunque no nos iba a cambiar nada
económicamente, y fue como una burla. Estamos en una autoconvocatoria”.
Otro
de los motivos los da S.: “Estamos acá por falta de obra
social. Te hacen el carnet por mes cuando correspondería por 6 meses o
un año. Somos esenciales, pero nos tratan como boludos. El sindicato no
está con nosotros. Estamos también reclamando el bono que no nos dieron.
No llegamos a los 90.000 pesos y muchos
cobran menos incluso. Es un conjunto de cosas. Vamos al frente, queremos
lo nuestro”.
“Estamos luchando por nuestros derechos no nos vemos representados por el sindicato lamentablemente. Nos mandan a los delegados a los servicios para presionar al personal para no permitirle ejercer sus derechos. Hace 16 años que trabajo en una empresa de limpieza y jamás he ido a una votación. Hoy en día estamos en esta lucha que arrancó hace más de un mes. Si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie”, dijo J.
Tras pedir que le saquen la personería, ahora Kicillof negocia con el gremio del peaje
Semanas
atrás los trabajadores iniciaron un plan de lucha por
una serie de demandas y el gobierno de Axel Kicillof acompañó el pedido
de la empresa Aubasa y solicitó el quite de personería al Sindicato
Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa).
Ahora,
esta marcha atrás del gobierno bonaerense, se da en medio
de la conciliación obligatoria que rige en el conflicto entre el
Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines y la empresa AUBASA.
A partir de esto se abre una mesa de negociación entre el gremio
y la empresa.
El plan de lucha de los trabajadores
de Peaje se
inició a principios de año a raíz
del despido de un trabajador del área de Informática. La empresa lo
acusó de no implementar protocolos de reconversión laboral establecidos
por la gerencia.
El ministerio de Trabajo provincial intervino a favor de la
empresa, y decretó la conciliación obligatoria para frenar las medidas
de lucha.
El gremio que tiene como secretario general adjunto del Sutpa a Facundo Moyano, emitió un comunicado titulado: “Ni Macri se animó a tanto”. Allí también se denuncia que “un gobierno ‘nacional y popular’ con casi el 50% de pobreza en la provincia de Buenos Aires pide cancelar la personería gremial de un sindicato peronista».
Conciliación obligatoria en ATANOR Río Tercero
En
la jornada del jueves 12 de enero 24 trabajadores de la firma
ATANOR Río Tercero fueron despedidos sin motivo. Al llegar a sus puestos
de trabajo se dieron con la noticia de que no se les permitía el
ingreso a la planta para desempeñar sus tareas laborales.
El comunicado emitido por la industria química expresaba: “esta
difícil decisión es necesaria para el desarrollo de la actividad de la
planta y se ha arribado a ella luego de sucesivos e infructuosos
intentos de recuperar el normal y eficiente funcionamiento del
establecimiento en el marco del respeto mutuo y cumplimiento
de las normas que debe imperar.”
Ante
semejante situación de manera inmediata los trabajadores
realizaron medidas de fuerza consistentes en la detención segura de la
actividad de la planta. En tanto que el Sindicato del personal de
Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero (SPIQyP) gestionó
ante las autoridades del ministerio de Trabajo la
inmediata Conciliación Obligatoria y reincorporación de los trabajadores
despedidos. La conciliación rige desde el 13, en tanto que trabajadores
y sindicato se mantienen en estado de alerta.
El Secretario Gremial, Lucas Felici, manifestó:“el
conflicto terminó con una conciliación obligatoria a foja cero, esto es,
todos los trabajadores van a ingresar a partir del día lunes a sus
puestos habituales de trabajo, y después, harán capacitaciones. Dado
que, supuestamente, quisieron hacer lo que hacen
siempre, es decir, discriminar a los despedidos, mandándolos a
capacitarse durante la conciliación obligatoria, ante esto desde el
Sindicato instamos a que se capacitara a todos, es decir, a los 200
trabajadores mientras la planta permanecerá parada. En tanto
se irán desarrollando las audiencias que corresponda llevar a cabo. Más
allá de que falta mucho recorrido, no deja de ser un pequeñito triunfo
en Atanor, que nos dejará la enseñanza de la solidaridad entre los
compañeros”.
A su vez las trabajadoras del PAICOR de Río Tercero repudiaron en la
propia jornada del jueves 12, a través de un comunicado que hicieron
llegar a todos los medios. Las Auxiliares expresaron: “repudiamos
totalmente las medidas tomadas por la empresa ATANOR
Río Tercero en contra de 24 trabajadores, dejándolos sin sus puestos de
trabajo y acompaña en este reclamo al SPIQyP Río Tercero”.
En la puerta del ministerio de Trabajo se hizo presente también,
expresando su apoyo a los despedidos, el Sindicato ATE Río Tercero.
Desde la Casa cultural de los trabajadores socialistas de Río Tercero expresaron su acompañamiento incondicional a la clase trabajadora y el repudio a las medidas tomadas por la patronal de ATANOR, industria química, sector que no ha dejado de incrementar sus ganancias en momentos de crisis, como sucedió en pandemia. Al mismo tiempo aprovecharon la oportunidad para poner a disposición de las y los trabajadores el local sito en Chacabuco 754 de la Ciudad de Río Tercero.
Tras el paro, empacadores de fruta de Río Negro y Neuquén obtienen un 100% de aumento
Con
el reciente inicio de la temporada de cosecha de peras en
el Alto Valle del Río Negro, producida en gran parte para la exportación
por el puerto de San Antonio Este, comenzaron las discusiones
salariales paritarias para este año en el sector de empaque. En ese
marco, hubo infructuosas reuniones durante toda la semana
pasada entre representantes patronales de la CAFI y el sindicato de
empacadores de fruta. Las patronales ofrecían hasta un 84% de aumento,
muy por debajo del 95% de inflación anual.
Finalmente,
luego de otra reunión paritaria realizada este lunes
16 de enero sin llegar a ningún tipo de acuerdo, sin mediar ningún
llamado oficial al paro por parte del sindicato, desde el martes a la
mañana las y los operarios de las plantas empacadoras paralizaron las
líneas. Gracias a que se iniciaron estas medidas
de fuerza en varios galpones es que finalmente se logró un acuerdo. El
aumento salarial acordado será del 102%, ajustando un incremento también
por zona desfavorable. El anuncio lo realizó el Secretario General del
Sindicato de los Obreros y Empacadores de
la Fruta de Río Negro y Neuquén (Soefrnyn), Marcos Bielma. Con este
acuerdo el sueldo se iría a unos 240.000 pesos.
Cabe
destacar que la recientemente iniciada temporada de cosecha
implica para la provincia de Río Negro y el sector frutícola neuquino la
migración de alrededor de unos 15.000 trabajadores golondrinas
provenientes de las provincias del norte; muchos de los cuales quedan
por fuera de este convenio que es para el sector encuadrado
en el empaque, donde tienen poder las grandes plantas de almacenamiento y
transporte de la fruta para la exportación.
Por
su parte, las patronales nucleadas en la Cámara Argentina
de Fruticultores Integrados (CAFI) redoblan su exigencia de un “dólar
fruta” para poder así obtener un precio de esa moneda diferenciado y así
acumular mayores ganancias en la exportación. Cuentan con el apoyo del
gobierno rionegrino, quien con su secretario
de Fruticultura, Facundo Fernández, salió a pedir “un tipo de cambio
diferente para la fruticultura”.
Luego
de un 2022 donde las patronales tuvieron problemas con
los destinos de peras y manzanas a Rusia subproducto de la guerra, este
año ya tienen garantizados contratos para la exportación hacia ese país,
además de contar con la compra en otros mercados próximos como el
brasilero. Las patronales hablan de aumento del
“costo laboral”. La realidad es que quieren que el incremento salarial
impuesto por las bases trabajadoras del empaque sea absorbido finalmente
por el gobierno nacional otorgándoles ese precio diferencial de un
dólar y así salir favorecidos en la exportación.
Salta: luego de las movilizaciones suspenden aumentos de energía por 6 meses
Luego
de que las medidas anunciadas por el Ente Regulador y
el propio gobernador fracasaran, el gobernador Sáenz dispuso mediante un
decreto, hacer retroceder los tarifazos en los departamentos de Orán y
San Martín. En el decreto anunciado el día lunes, el gobernador posponía
los aumentos hasta que finalizara una auditoría
de la facturación de EDESA, pero la medida fue rechazada por los vecinos
porque significaba que probablemente tengan que pagar el aumento una
vez finalizada. Por lo que el gobierno se vio obligado a realizar un
decreto complementario en el que establece que
para aquellos “Usuarios Generales y Residenciales de los Departamentos
de Orán y San Martín, de los segmentos Nivel 2 y Nivel 3”, que el
consumo de luz haya aumentado más del 30% no podrán pagar durante 180
días un importe superior a la factura pagada en el
mes de noviembre. Asimismo, establece que en caso de surgir una
diferencia luego de la auditoría que realizará el Ente Regulador de
Servicios Públicos, no corresponderá que el usuario pague la diferencia.
También indica que “deberá abstenerse, durante dicho
período, de suspender o interrumpir el servicio, tampoco podrá ejecutar
acciones de cobro o restringir los derechos de los usuarios del servicio
de energía eléctrica”.
El
decreto implica un retroceso parcial del gobierno en su intención
de permitir los tarifazos, resta aún saber qué definirán los vecinos
autoconvocados en su asamblea. Vecinos de la localidad de Orán
cuestionaban varios puntos del decreto. En primer lugar, señalan que la
factura correspondiente al mes de noviembre ya había
venido con aumentos, por lo que correspondería sea del mes de octubre.
Además, cuestionan que el plazo puesto por el gobierno termine justo
luego de las elecciones provinciales, dando a entender que luego de las
elecciones permitirá que avancen los tarifazos.
Y, por último, cuestionan quién realizará la auditoría ¿el propio
gobierno que es el mismo que permitió que la empresa no realice obras de
infraestructura, da un servicio de muy mala calidad y que les autoriza
los aumentos? El Ente Regulador de Servicios Públicos
está lejos de ser un organismo autónomo con representación de usuarios y
trabajadores, sino que responde al poder de turno.
Los vecinos autoconvocados de Orán son un ejemplo para seguir la lucha contra el ajuste del gobierno, que repercute con tarifazos o falta de inversiones.
Trabajadores de parques nacionales paran 72 horas
Brigadistas
de Incendios forestales llevan adelante este plan
de lucha junto al resto de los y las trabajadoras de la Administración
de Parques Nacionales, administrativos y guardaparques. Son quienes se
enfrentan a situaciones de incendios más críticas en varias provincias
del país.
Por
el incendio que acontece en el Parque Nacional Ciervo de
los Pantanos, al cual se sumaron a combatir Brigadistas de Incendios
forestales de los parques nacionales Islas de Santa Fe, Campos del Tuyú y
Pre-Delta, se manifestaron mediante fotos con reclamos laborales en el
marco de un paro nacional por 72 horas a partir
de las 0:00 del 19 de enero, declarado por ATE (Asociación Trabajadores
del Estado).
Esta
medida es parte de un plan de lucha por parte de las y
los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, decidido en
asambleas de áreas protegidas de todo el país, con el objetivo de que
las autoridades de Parques y del ministerio de Ambiente del que depende,
resuelvan las demandas esenciales y postergadas
de los trabajadores Brigadistas principalmente. En este momento son los
más precarizados, con sueldos muy por debajo de la canasta básica,
cumpliendo un rol de profesionales en Incendios, Comunicaciones y
Emergencias, en todas las áreas protegidas, como también
las y los Brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del fuego, que
dependen directamente del ministerio de Ambiente.
El
calentamiento global hace que este verano varias zonas del
país sean las más calurosas del mundo. Con más brigadistas precarizados y
una logística para combatir desfinanciada, cualquier incendio se
convierte potencialmente en una catástrofe. Sin embargo, el gobierno
nacional aplicó un recorte de hecho mediante el
Presupuesto 2023.
Es
en esta situación que las y los brigadistas anunciaron su
plan de lucha ya que la situación laboral de quienes están en la primera
línea del combate no cambia. Florencia Silva, delegada de ATE por parte
de la Agrupación Marrón Clasista, del Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos, declaró que: “trabajadoras y trabajadores
de Parques, junto a las brigadas nacionales del Sistema Nacional de
Manejo del Fuego, continuamos con un plan de lucha por soluciones reales
y concretas a nuestras demandas. Realizamos un paro de actividades de
24 horas en noviembre, de 48 horas en diciembre,
y ahora un paro total de actividades por 72 horas, el 19, 20 y 21 de
enero; hasta tanto se comiencen a resolver las cuestiones de fondo y las
más importantes, salario y planta permanente”. Y agregó que: “como
tercer eje de los reclamos, necesitamos que se
apruebe en el Congreso la Ley de Jubilación anticipada por tareas de
riesgo, con la salvedad de algunos cambios en el Proyecto de ley, que
expresamos en actas de asamblea de las áreas protegidas, en esto les
pedimos a las y los legisladores, que nos reciban
para escuchar nuestra voz, de quiénes serían los afectados por esa ley,
ya que hasta ahora no logramos que nos den audiencia”.
Los
incendios en el Delta y el cauce del Río Paraná se vuelven
una constante. Ciudades como Campana y Zárate viven con humo gran parte
del verano pero también durante el resto del año. Durante 2022 se
reportaron un total de 700.000 hectáreas con incendios severos en el
suelo argentino, que equivalen a 35 veces la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El último mes en Jujuy, Salta, Santa Fe y
Córdoba hubo incendios. Recientemente en Chubut, en la localidad de El
Hoyo, las llamas estaban alcanzando viviendas. Tierra Del Fuego tampoco
estuvo exenta y se quemaron 9.000 hectáreas en
la reserva Corazón de la Isla.
Todo indica que la crisis climática agravará el escenario de incendios que estamos viviendo. El gobierno recortó el presupuesto mientras sigue desembolsando dólares para pagar la deuda fraudulenta. Es imprescindible apoyar a los Brigadistas en sus reclamos y realizar acciones conjuntas y coordinadas con otros sectores, para poder dar vuelta las prioridades de quienes nos gobiernan con la soga del FMI.
Despidos en el Astillero Río Santiago
La
primera noticia del año que dio la gestión de Pedro Wasiejko
en Astillero Río Santiago fue el anuncio de alrededor de 30 despidos, en
su mayoría bajo la causa de ausentismo o por sanciones disciplinarias.
Esto se suma a la actitud totalmente discriminatoria que la
empresa tuvo a fin de año con los compañeros contratados, dejando sin trabajo a 3 de ellos el 29 de diciembre pasado.
La
gestión de Wasiejko, que llegó al ARS hablando de reactivación
y prometiendo trabajo, no pudo hasta el momento mostrar logro alguno, a
pesar de todo el marketing y los anuncios en redes sociales. Lo único
que pueden presentar como un “logro” es aplicar un régimen disciplinario
de cara a un año electoral, donde dispondrán
de ingresos para compromisos políticos asumidos, principalmente con el
intendente de Ensenada, Mario Secco.
Al
mismo tiempo la empresa se encuentra en la ilegalidad manteniendo
como contratados a compañerxs que llevan más de dos años y medio bajo
esta modalidad, y sobre los que estuvo en riesgo la renovación de su
fuente de trabajo hasta el último día hábil del 2022. Estos compañerxs
se encuentran con una categoría y salario por
debajo de lo correspondiente por labor y antigüedad. Además son quienes
menos salario reciben, estuvieron por debajo de la línea de la pobreza
durante todo el 2022, y seguirán en esta modalidad precarizada hasta
junio del 2023 por lo menos.
Por su parte, la conducción de ATE señaló el mes de noviembre del 2022 como fecha límite para firmar un contrato de la construcción de un buque multipropósito para la Armada, cuestión ratificada en la votación de la Asamblea General. Ya estamos comenzando el 2023 y de ese contrato todavía no tenemos noticias.
Trabajadoras de la salud
Sobre el final del año pasado, las y los
trabajadores de la salud de Córdoba fueron los protagonistas de
una de las luchas más importantes que se dieron en el sector en los
últimos tiempos. Se conquistó un aumento por encima de lo que había
negociado el SEP que, íntimo
aliado del Gobierno provincial, había asegurado que “no había caja”.
Este incremento fue para profesionales y, también se conquistó un monto
por encima de la inflación para el resto de las y los trabajadores
sanitarios.
Estas
conquistas fueron posibles gracias a la unidad entre precarizados,
monotributistas, profesionales médicos, enfermeros, enfermeras y
residentes. Esta unidad quedó expresada dentro de una organización
democrática como La Coordinadora Salud Córdoba Unidad compuesta por
delegados de base de los diferentes sectores con mandato
de la asamblea por Hospitales y Nosocomios.
Sin
embargo, como queda al descubierto por los testimonios de
las y los trabajadores, el inicio del año y con ello las actividades
turísticas hacia el interior de Córdoba, ponen sobre el tapete la
continuidad de la política, por parte del gobierno, de abatir la salud
pública.
Representantes
de la Coordinadora en Sierras Chicas señalaron
que a diferencia de lo que había prometido la ministra de Salud, María
Gabriela Barbás, se han nombrado monotributistas en lugar de contratados
para cubrir los faltantes de personal y las licencias por vacaciones.
Recordaron, además, que las ciudades y los
pueblos cercanos a la Capital son los protagonistas de los distintos
festivales que se realizan en la provincia y la gran cantidad de
turistas que reciben estos lugares hacen colapsar los servicios que no
tuvieron refuerzos significativos.
Hay
instituciones que aún no han recibido ningún tipo de asistencia
quedando el personal fijo expuesto a intensas jornadas laborales,
trabajando a contrarreloj, sobrepasados por la demanda y en algunos
casos las especialidades sin cobertura. Como ya se avizoraba, lejos de
fortalecer al sistema sanitario, sobre todo de cara
a la temporada de verano, se profundiza y se expone la fragilidad de
éste con más precarización laboral.
Que
el hartazgo y el cansancio por el maltrato del gobierno
y la bronca que los propios pacientes descargan sobre el propio
personal, se transformen en fortaleza para continuar la lucha, con la
unidad entre el personal de la salud y la comunidad de usuarios, que les
permitió torcerle el brazo a Schiaretti y su política
el año pasado.
En el Hospital Posadas realizan paro de 48 horas
La
medida de fuerza se desarrolló el martes 17 y miércoles 18
de enero, con guardias mínimas, ante las respuestas insuficientes de
parte del ministerio de la Nación y de las autoridades del nosocomio a
los reclamos de aumento salarial por fuera de la paritaria, bono de
100.000 pesos, (sólo se recibió uno de 30.000);
recategorizaciones de los sectores profesionales y no profesionales del
hospital; licencias especiales; y pases a planta.
Cabe recordar que las y los trabajadores acataron la conciliación
obligatoria dictada a fin de diciembre, pero las promesas del gobierno no se cumplieron.
“Hubo
una conciliación obligatoria que nosotros acatamos, en
la que no se presentó el ministerio de Trabajo en ningún momento, y no
se dio la mesa técnica con el viceministro de Salud, Dr. Alejandro
Collia, como él prometió, ni con el Hospital (…). No hay respuestas
concretas. Hay solo promesas, como en la última reunión
con el director del Posadas sobre recategorizaciones. Pero al no
concretarse ninguna, retomamos las medidas de fuerza y estamos en estado
de asamblea permanente”, expresó Mirtha Jaime, presidenta de CICOP
Posadas y coordinadora de hospitales nacionales de
Fesprosa.
“Se
reclama por las malas condiciones de trabajo de larga data,
después de haber cubierto toda la pandemia. Es un hospital con más del
90% de su personal precarizado. Tenemos trabajadores profesionales con
treinta años sin pasar a planta. Por eso al Gobierno le decimos que al
hospital más grande del país a cargo del ministerio
Nacional de Salud le tiene que dar respuesta acorde a los reclamos”,
agregó Jaime.
Chubut: paro en salud
El
ajuste en salud llevó a que el martes 10 se paralice, prácticamente,
la salud en la provincia. Por el lado de los médicos fue el segundo día
de paralización de los servicios en el marco del paro de 48 horas que
comenzó el lunes. Por el lado de los trabajadores de salud nucleados en
el SISAP, se dio una retención de servicios
que va a tener continuidad a lo largo del mes, pero que para el martes
17 anunciaron un paro de 24 horas. Reclaman mejoras salariales.
Mientras que los médicos denuncian que un ingresante en la provincia lo hace con un básico de 140.000 pesos y exigen un aumento de un 100 % del básico, por otro lado, los trabajadores de salud nucleados en el SISAP exigen una recomposición salarial al básico de un 50 %, un aumento a la hora guardia activa y pasiva de un 150 % y el pase a planta de lxs trabajadores precarizadxs.
Recordemos que en diciembre pasado los trabajadores de la salud nucleados en SISAP realizaron una movilización en la capital de la provincia. Una de las más grandes desde la pandemia. Es que los llamados esenciales durante la pandemia tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Muchxs de ellos residentes sobreviven con una beca, que es un eufemismo para no decir que están completamente precarizadxs.
En pleno ajuste del gobierno nacional y provincial estas exigencias dejan expuestas las medidas de recorte que profundizan la situación en áreas tan sensibles como educación y salud. Los legisladores provinciales votaron un nuevo presupuesto de ajuste. Veamos los datos: para este 2023 se prevé un aumento (con respecto al año pasado) de un 64% en lo que respecta a salarios para salud, y un 80% en docentes. Sin embargo, la inflación prevista para 2023 se estima arriba del 60 %, esto en las previsiones más optimistas. Si se da una inflación similar a este año (y nada indica que no se pueda repetir) estamos hablando que los trabajadores de salud y educación volverían a perder contra la inflación. Solo estarán por encima de la inflación dos partidas destinadas a salarios en relación al 2022: Seguridad con un 121% más y lo destinado a Legislatura con un 202 % por encima de lo que se empleó el año pasado. ¿Prioridades?
Hospital Falcón de Del Viso: realizarán paros semanales hasta febrero
Las y los trabajadores se encuentran en estado de Asamblea
y Movilización a raíz de un llamado a concurso de dudosa legitimidad y
en reclamo de salarios dignos, además de recomposición salarial y pase a
planta permanente.
Luego de dos asambleas, se
decidió un paro de 12 horas por semana para los días martes 10, miércoles 18, jueves 26 de enero y el viernes 3 de febrero.
«Desde la Delegación
Pilar de la Seccional Conurbano Norte del Sindicato Médico AMRA se les
brindó el apoyo para llevar adelante estas medidas gremiales y
se realizaron los pedidos
de audiencia correspondientes al municipio a fin de que se resuelva la grave situación de los trabajadores médicos«,
detallaron en un comunicado.
Trabajadoras del Hospital Gandulfo exigen el cobro del bono de fin de año
Trabajadoras
y trabajadores del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora realizaron una
asamblea y corte de la calle Balcarce para exigir el cobro de un bono de
100.000 pesos y el pase a planta permanente de todos los trabajadores
precarizados.
Natalia
Ledesma, secretaria
General de la Junta Interna
ATE sur del Hospital Gandulfo, explicó: «venimos hace tres semanas
haciendo asambleas generales dentro del hospital donde nos reunimos
todas las y los trabajadores para reclamar el bono navideño porque desde
las cúpulas sindicales no tenemos ninguna noticia.
Nos reunimos en el patio del hospital y hoy haremos una asamblea de
trabajadores y corte sobre la calle Balcarce, ya que no tenemos
respuestas. Estamos muy inquietos, nuestros salarios están por debajo
de la canasta básica y la necesidad urgente de cobrar
el bono para enfrentar las fiestas».
Asimismo,
la trabajadora destacó el rol que tuvieron las y los
trabajadores de la salud durante la pandemia y que dicho trabajo no se
ve reflejado en sus salarios. «Queremos resaltar el trabajo en salud que
hicimos en estos años para enfrentar la pandemia. Pusimos el cuerpo,
estuvimos ahí y sacamos al sistema de salud
adelante como pudimos, con los instrumentos que teníamos y no puede ser
que a la altura que estamos no recibamos un bono. La mayoría de nuestras
compañeras son madres solteras o jefas de familia y no están pudiendo
llevar un plato de comida a su hogar. Por
todo esto es que salimos a las calles a reclamar», finalizó.
Una buena: Logro gremial de la AMAP para los médicos y médicas del grupo Galeno
La
Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), luego de un
prolongado y sostenido reclamo del sindicato, tras arduas negociaciones
con las máximas autoridades de la empresa Galeno Argentina SA, lograron
concretar finalmente la firma de un acuerdo para
hacer efectiva la extensión del Convenio colectivo de trabajo 619/11 a
todos los sanatorios de la Trinidad que Galeno SA posee en la provincia
de Buenos Aires.
Esta
conquista implica para todos los y las colegas que trabajan
en los sanatorios de la Trinidad de San Isidro, Ramos Mejía y Quilmes,
comenzar a gozar de los beneficios del convenio AMAP-ADECRA que incluye
el reconocimiento del título de especialista, de la antigüedad,
licencias para la formación profesional, guardería,
etc., e incorpora la negociación anual de los salarios por paritarias.
Teniendo
en cuenta que el acuerdo se hará efectivo a partir
del 1° de enero de 2023, se acordó con Galeno un aumento adicional
previo del 10 % para el mes de diciembre para todos los médicos y
médicas de esas sedes. Además, la AMAP logró que la empresa comience a
hacerse cargo del pago del 50% del valor de la matrícula
provincial de todo profesional que tenga una carga horaria mínima de 24
horas semanales en la empresa.
Este nuevo logro fue posible a pesar de las reiteradas postergaciones
de Galeno para hacer efectiva la extensión del Convenio colectivo a todos sus sanatorios.
En
palabras del Dr. Héctor Garín, secretario general del Sindicato,
“esto demuestra una vez más que, más allá de las luchas gremiales por
justos reclamos, son el trabajo y la perseverancia de una asociación
sindical seria y con capacidad de negociación lo que ha permitido que
estos reclamos sean finalmente reconocidos por
la empresa y resueltos”.
Y agregó: “Nuestro propósito fundacional fue, es y será
defender los derechos y las condiciones laborales de todos los médicos
del sector privado. Y
con mucho orgullo podemos decir que hoy hemos concretado uno más de
nuestros objetivos, conscientes de que aún quedan muchos otros
pendientes y que a diario continuaremos trabajando con determinación y
sin estridencias para ampliarlos y para conseguir que,
tarde o temprano, sean una realidad para todos los colegas del país. Es
cierto que a veces se nos hace muy difícil alcanzar nuestras metas, y
que en algunos casos las respuestas son ingratas, pero estamos
convencidos de que este es el único camino posible”.
Sesionó el Congreso de Delegadxs de CICOP
Con
una numerosa presencia de congresales de Seccionales Provinciales,
Municipales y Nacionales se llevó adelante el 13 de enero la elección de
la Junta Electoral para los próximos comicios que se realizarán los
días 19, 20 y 21 de abril del 2023.
Además,
el Congreso resolvió por amplia mayoría aceptar la propuesta paritaria,
con la cual el salario acumulado para el 2022 es del 102,4 % promedio y
de 102,8% para el salario inicial de la Carrera Profesional
Hospitalaria.
El Congreso valoró positivamente los logros obtenidos durante el último año y reafirmó el compromiso de continuar la lucha por una recomposición salarial que jerarquice a lxs profesionales de la salud, mejoras en las condiciones de trabajo y una reforma en el Sistema de Salud que garantice la igualdad en el acceso y plenos derechos laborales para todo el equipo de salud.
El SATSAID convocó paros por turnos
“El SATSAID ratificó el paro de dos horas por turno, con presencia en los lugares de trabajo, el miércoles 18 de enero, en los canales abiertos, productoras y señales de todo el país, en el marco de la negociación paritaria con las Cámaras empresarias”. Así lo plantea un comunicado del SATSAID difundido el martes pasado. El gremio representa a un sector importante de los trabajadores y trabajadoras de los canales de TV abierta y señales de cable, así como de las productoras. Según señalan, en la última audiencia en el ministerio de Trabajo “los representantes del sector empresario se mantuvieron en una posición intransigente sin mejorar la propuesta salarial que realizaron la semana pasada”. ¿Qué reclama el gremio? Un aumento salarial para el período enero, febrero y marzo 2023 de un 24% de incremento de todos los rubros remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre 2022, para todas y todos los trabajadores comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11. Recordemos que, a pesar de las ganancias que tienen las grandes empresas del sector, desde el Grupo Clarín a otros grandes grupos económicos, gran parte de los trabajadores no cubren la canasta familiar, al tiempo que existe una importante tercerización en el sector. El Ministerio de Trabajo designó una nueva audiencia para el próximo viernes 20 de enero.
Prensa en estado de alerta
Exigen la reapertura de la paritaria CCT 301/75 para el período enero-abril, así como convocan a las empresas del sector a cumplir con sus obligaciones y a dialogar con la legítima representación sindical en las redacciones.
Desde el SiPreBA manifestamos nuestro estado de alerta y reclamo ante una serie de fallidas decisiones empresariales, dadas entre el final del 2022 y este reciente 2023, que agravan la precaria situación laboral de varios medios de prensa escrita, diarios y portales de la Ciudad de Buenos Aires. Nos alarma que ante tamaña crisis salarial las empresas enarbolen como bandera la falta de diálogo, la negativa a conciliar posiciones y, más aún, avancen sobre derechos adquiridos y violen la legislación laboral y previsional.
La inflación anual alcanzó el 94,8% y el acuerdo quedó en apenas 56%, por eso exigimos lo obvio: inmediata reapertura y presencia de nuestro sindicato en la paritaria de prensa escrita. En ese sentido, somos parte del reclamo nacional por los sueldos de todo el gremio que impulsa nuestra Federación, la FATPREN. Desde diciembre, las asambleas de Perfil y Diario Popular permanecen en estado de alerta por distintos y graves incumplimientos por parte de esas empresas. No pagan el bono decretado por el gobierno, adeudan parte del aguinaldo y, en Popular, incluso no cumplen con sus obligaciones en los aportes sociales.
Situación similar aqueja a les compañeres de la Agencia NA, a quienes, sistemáticamente, se les depositan con demoras las cargas por jubilación y salud, afectando su cobertura médica. En Clarín, luego de las medidas por recomposición salarial realizadas durante todo el 2022, en diciembre los reclamos se focalizaron en el diario Olé. Pero el correlato por parte de la empresa fue la lamentable decisión de realizar descuentos salariales masivos que afectaron más del 25% del sueldo de les compañeres, que cobran muy por debajo de la canasta básica.
En Página/12 también continúan los reclamos con paros y ceses de tareas. Y, a este panorama, se le suma la situación en el DiarioAR, redacción que atraviesa un contexto de incertidumbre ante el despido de la dirección periodística fundadora del medio. Por su parte, la asamblea de Crónica/BAE exige recategorizaciones, efectivizaciones y mejoras ante los magros sueldos. Los conflictos que llevan adelante las asambleas reflejan una realidad: los salarios en prensa escrita se encaminan a un deterioro aún mayor luego de la inexistente revisión paritaria que, en noviembre de 2022, ratificó un exiguo incremento anual del 56%para los sueldos conformados. La situación es alarmante para quienes perciben el sueldo testigo de redactor, que quedó fijado en $115.775,45 brutos al mes de diciembre. Es decir, cerca de $50.000 por debajo de la línea de pobreza. Y, ante eso, nos preocupa más que las empresas han decidido el camino contrario a una solución: violación de leyes laborales y previsionales, aprietes y ausencia de diálogo.
Frente a este cuadro, desde el SiPreBA exigimos la reapertura de la paritaria del CCT 301/75 para el período enero-abril. Reclamamos que esa negociación sea con plena participación de nuestro sindicato, tal como pasa en otros ámbitos donde interviene satisfactoriamente nuestra organización. Así como ocurre en la mesa por el CCT 541/08, con los diarios de más de 15 localidades de todo el país, llevada adelante por la conducción de la FATPREN con dirigentes del SiPreBA.
Y también como sucede con les delegades de nuestro sindicato en Telefe, Agencia Télam, TV Pública, América TV y Radio Nacional.
Convocamos, una vez más, a las empresas y cámaras del sector a que dialoguen con quienes tienen la legitimidad de la real representación sindical en las asambleas y redacciones. Sindicato de Prensa de Buenos Aires
13 de enero de 2023
Conflicto salarial en Crónica/BAE
El Integrante de la comisión interna
de Crónica/ BAE, Gabriel Castelli, habló con Radio Gráfica
sobre el conflicto salarial que sostienen los trabajadores del
medio. Reclaman establecer un mínimo superior a 100.000 pesos y una
tarjeta de supermercado que les permita cubrir alimentos. Para los
monotributistas, el pase a planta.
«Venimos
de un mes y medio con una serie de medidas que vienen
por medio de un ajuste tan feroz como hubo en el gremio de prensa con
salarios que van siempre a la baja», resumió el delegado Gabriel
Castelli.
Con
unas paritarias que dejan mucho que decir, una modalidad
que mezcla el trabajo presencial con el que se cumple a distancia, un
mix de afiliados a UTPBA y otros al SIPREBA y una mezcla entre
trabajadores no registrados con registrados, «que se van jubilando y no
se renuevan esos puestos registrados. Estamos flojos
de papeles en todo sentido».
Los trabajadores de
Crónica/BAE además rechazaron el aumento acordado por el
sindicato UTPBA: «Nosotros el año pasado tuvimos un conflicto que duró
poco tiempo. Los monotributistas no recibían aumento alguno a menos que
los negocien uno a uno. No
se les pagaba aguinaldo, prepaga, ningún tipo de beneficio. Luego
lograron que obtengan todo esto pero restaban los monotributistas del
canal Crónica que no obtienen ningún beneficio. Es muy difícil trabajar
así. Vos por ahí estás trabajando con una persona
que cumple con una función mayor que la tuya, pero gana menos plata que
vos».
A
la fecha de la entrevista, 9 de enero, los monotributistas
no habían cobrado ni tenían fecha de cobro. A muchos, esta situación los
sorprende con sus 15 días de vacaciones a punto de terminar.
De
160 trabajadores, unos 40 están en esta situación de precariedad.
Donde más ocurre es en la modalidad web. «Agarran chicos que recién se
reciben y los ponen a trabajar por 2 pesos. Son mano de obra barata. Esa
es una de las cosas que queremos cortar, por eso pedíamos una
recomposición salarial de base. Los chicos ingresan
con un salario de 57.000 pesos como aspirante», explicó Castelli.
Actualmente están en un impasse porque «la empresa dice que no tiene posibilidad de darle un beneficio a la gente. Se amparan en que ellos cumplen con la paritaria. Que la cumplen a medias porque hay cosas que respetan y hay cosas que no. El convenio lo respetan según cómo les conviene. Estamos tratando de que nos reciban».
Denuncian represalias del Grupo Clarín contra trabajadores de Olé
Compartimos el comunicado:
Represalia
contra el legítimo reclamo de la Asamblea de Olé
Una
vez más Clarín mostró su faceta anti gremial de un modo
cruel, violento e inhumano. Quienes trabajamos en Olé comenzamos 2023
con una triste noticia en nuestros recibos de sueldos: a nuestros
vapuleados y míseros salarios, la empresa decidió descontarles entre 30 y
65.000 pesos como represalia por el plan de lucha
llevado adelante por la Asamblea.
De
esta manera, el único diario deportivo del país -que viene
de agotar sus ediciones de papel y productos especiales, además de
multiplicar sus visitas en la web- terminó de pulverizar los sueldos de
sus laburantes. Jefes, editores y redactores, que en muchos casos ya
cobraban por debajo de la canasta básica, sufrieron
descuentos del 25%. Una acción arbitraria, injusta y sin ningún
criterio, solo el de la persona que armó una lista y escribió los
nombres, entre los que estaba hasta el de una compañera embarazada.
La
conducción de Clarín/AGEA no escucha, no dialoga, no comprende
la situación de nuestras familias y hogares. Y castiga de forma
implacable los reclamos después de negarse sistemáticamente al pedido de
una mesa de negociación. ¿Qué pretende de sus empleados y empleadas?
¿Que simplemente callen y acepten la degradación de
sus condiciones de vida, laborales y salariales?
Para
palear el despiadado ataque de la empresa, desde la Asamblea
de Olé decidimos abrir un fondo de lucha (abajo, los datos para
aportar), con el apoyo de nuestra Comisión Interna y nuestro sindicato,
el SiPreBA, para reintegrar al menos una parte de las pérdidas
económicas ocasionadas por la adhesión a las medidas de fuerza.
No nos han disciplinado. Seguiremos luchando por nuestros sueldos
y por el orgullo y dignidad de nuestro oficio.
Asamblea y Comisión Interna de Olé – SiPreBA
Diario Popular: Año Nuevo sin sueldo, sin aguinaldo, sin aportes
Trabajadores
y Trabajadoras de este medio gráfico difundieron
un comunicado en el que dan cuenta de las pésimas condiciones laborales
que sufren desde hace meses y que se agravaron en el inicio de este
2023. Compartimos la palabra de la Comisión Gremial Interna.
Para los trabajadores y trabajadoras de
Diario Popular, el cambio de año no trajo ninguna novedad
positiva, sino que agravó las pésimas condiciones de trabajo existentes y
agudizó una crisis en la que todos miran para el costado. Al día de
hoy, jueves 5 de enero, no
hemos cobrado un peso del salario de diciembre y la empresa, que lo
único que hace es perseguir a sus empleados y empleadas, ya avisó que el
aguinaldo que debimos percibir en diciembre de 2022 lo cobraremos, con
suerte, en marzo de 2023. La crisis que padece
el tercer diario en ventas del país se agudiza día a día.
No
tenemos obras sociales y aportes patronales, porque la empresa
nos realiza los descuentos, pero se queda con ese dinero. Nos roba todos
los meses. Esto no es nuevo, sucede desde hace más de cuatro años y lo
hemos denunciado en el ministerio de Trabajo de la Nación y en el
ministerio de Trabajo dela Provincia de Buenos
Aires. Nada ha sucedido. Ahora no contamos ni siquiera con ART. Al pago
en cuotas, que soportamos desde hace ya cuatro años, hay que sumarle la
persecución que comenzó desde hace algunos meses, son la suspensión de
nuestro delegado gremial y que recientemente
implicó el despido injustificado de 17 compañeros gráficos luego de una
medida de fuerza completamente legítima.
En
su habitual cinismo, la empresa afirma que el paro realizado
le generó una pérdida de 7.5 millones de pesos, paro realizado luego de
años de avasallamiento de derechos y crónicos incumplimientos. Ante esta
nueva mentira, nos preguntamos: ¿Dónde están los 7.5, o 6, o 3 millones
de pesos de los otros 30 días del mes,
con los que podría pagar aguinaldos, obras sociales, ART y sueldos?
Tampoco dice la empresa dónde están los más de 200 MILLONES DE PESOS que
recibe en pauta pública por parte del Estado Nacional y de la Provincia
de Buenos Aires. El monto es aún mayor si se
tiene en cuenta que Popular también recibe pauta de varios municipios, sumado a la publicidad privada.
Con
todo esto a cuestas, junto a SiPreBA y FATPREN seguimos
buscando canales de diálogo en el ministerio de Trabajo de Nación y
Provincia. Para nosotros, la crisis lleva cinco años sin un ápice de
esperanza, sin recuperación alguna, sumando día a día menos derechos y
más deudas. Mientras tanto, a la vista de todos,
siguen vaciando Diario Popular.
Los trabajadores vitivinícolas de Mendoza se preparan para las paritarias y la vendimia
El
sábado 7 de enero, decenas de delegados y trabajadores vitivinícolas
de múltiples bodegas y viñas de Mendoza, realizaron asambleas en Maipú y
San Rafael para continuar con la organización de los autoconvocados.
Además participaron trabajadores contratistas que también se encuentran
en lucha.
Se
acerca la vendimia y las próximas paritarias, y los trabajadores
vitivinícolas discuten que con sueldos básicos de $57.295 para un
trabajador de bodega y $54.687 para un trabajador de viña en enero de
2023, están muy por debajo de la canasta básica. Según datos del INDEC
una familia de cuatro integrantes necesitó $145.948
para superar el umbral de pobreza en noviembre de 2022 (y ya estamos en
enero de 2023).
También saben muy bien que los grandes bodegueros siguen amasando
grandes fortunas y crece la bronca porque entienden muy bien que esto es a costa de sus esfuerzos y el de sus familias.
Por eso, apenas arrancado el año, los vitivinícolas se proponen
retomar la lucha y la organización de 2021, cuando llevaron adelante marchas, distintas acciones de lucha y un paro histórico.
Los
trabajadores en la asamblea de Maipú discutieron sobre la
bronca ante las injusticias que les generan distintas cosas como no
poder irse de vacaciones a ningún lado porque la plata no les alcanza.
Cuando, por ejemplo, las bodegas más importantes de Maipú promocionan
paquetes turísticos que cuestan $32.200 por persona,
o $49.900 las del Valle de Uco.
O
la imposibilidad de tener sus propias casas, ya que con sus
sueldos es imposible construir o siquiera pedir un préstamo para
hacerlo. En momentos en que según los datos aportados en una nota del 6
de enero que aparece en el diario
Los Andes, la actualización de los contratos de alquileres desde
enero de 2023 sufrirá un 81% de aumento, siendo de $72.000 el alquiler
promedio para una familia de 4 personas.
Por
esto y muchas cosas más, los trabajadores discutieron la
necesidad de recuperar el sindicato para que esté en manos de sus
propios trabajadores y, democráticamente, con el método de la asamblea y
la participación colectiva, sea un instrumento para la lucha que están
dando.
Sobre la importancia de marchar el Día del trabajador vitivinícola que
es el 1º de febrero (pero que se traslada al lunes 30 de enero) e ir
preparando y fortaleciendo la organización de los autoconvocados de cara
al inicio de las próximas paritarias.
Un
hecho muy importante fue el de la participación en la asamblea
de trabajadores de bodegas y viñas, de una delegación de trabajadores
contratistas que también se vienen organizando como autoconvocados y
dando una pelea fuerte por la recomposición en un 120% de su salario,
por un mínimo de $6.800 por hectárea trabajada,
por un bono especial o una asistencia del Estado que permita sostener un
ingreso semejante a la canasta familiar a los perjudicados por las
heladas, entre otras múltiples demandas. Intercambiando en que sus
luchas son contra las mismas patronales y contra
los mismos métodos burocráticos de sus sindicatos, discutieron sobre la
necesidad de empezar a unificar sus luchas.
Y
a propuesta de los contratistas, ser parte de las acciones
que estos van a realizar en distintas fiestas vendimiales
departamentales, para dar a conocer sus reclamos en momentos que los
políticos que gobiernan para los empresarios, intentan mostrar a los
turistas y a la sociedad, un supuesto festejo romántico donde
nada se dice de los padecimientos de las familias obreras. Aprovechando
así también, la enorme simpatía y apoyo popular que tienen los obreros
vitivinícolas.
Entidades rurales se niegan a pagar el bono de fin de año
Las
entidades rurales ratificaron su rechazo al bono de fin
de año decretado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y
avanzaron con un proceso de impugnación de la medida que, según
señalaron, fue inconsulta.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y los integrantes
de la Mesa de Enlace presentaron
un recurso administrativo para evitar abonar el bono de $26.000 dispuesto
para trabajadores rurales.
Las entidades impugnaron la decisión de la CNTA que aprobó el
pago de $26.000 más el bono que decretó el Poder Ejecutivo de $24.000.
“La
resolución 230/22 fue impugnada por Confederaciones Rurales
Argentinas y las demás entidades integrantes de la CNTA, mediante el
procedimiento administrativo correspondiente, encontrándose a la espera
de su resultado”, informó la entidad en un comunicado.
En este sentido, señalaron que los productores serán informados
y aclararon que la decisión de acatar es una decisión individual de cada empleador, según adelantó Agrofy.
Al momento de argumentar la impugnación, la entidad sostuvo
que el camino desde
lo administrativo es erróneo. En este punto,
detallaron que la decisión vulnera el ordenamiento jurídico vigente.
Además, la dirigencia rural aseguró que no
se contempló la grave situación de la sequía que
atraviesa el productor agropecuario.
El
bono solo beneficia a los trabajadores que perciben salarios
menores o iguales a $159.859. En caso de prestar servicio se abonará el
monto proporcional. Quienes tengan ingresos superiores a $ 159.859, pero
reciban menos de $185.859, percibirán la diferencia.
Al mismo tiempo, la Sociedad Rural Argentina también mostró su disconformidad con el pago del bono. “Creemos que las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento un gasto extraordinario de esta envergadura», sostuvo.
Logística Gemez
«Queremos
denunciar públicamente que ya desde hace varios meses
venimos siendo hostigados, presionados y perseguidos por la empresa, que
utiliza artimañas para callarnos como en la época más oscura de nuestro
país», dicen desde el Cuerpo de delegados de logística Gemez S.A.
El
personal de Recursos Humanos de la firma de Luis Frassia,
junto a la abogada y militante de Juntos por el Cambio, Florencia
Arietto, iniciaron un juicio por desafuero al delegado del Sindicato
Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina
(SEAMARA) con mandato vigente, Facundo Monzón, con acusaciones
falaces y difamatorias y, posteriormente, le impidieron el ingreso a la
empresa pese a que una medida cautelar había autorizado el regreso a su
puesto de trabajo.
Ese
mismo día también fue despedido David Aramayo, paritario
del SEAMARA, y, semanas más tarde, otro trabajador y activista gremial.
La empresa no dijo los motivos, aunque queda claro que se trata de una
persecución antisindical.
«Es
una clara campaña de persecuciones y despidos que busca
ser un castigo ejemplificador hacia los demás trabajadores, para que
ninguno se anime a reclamar por sus derechos», señalaron los delegados
de base, quienes pidieron la solidaridad de la CGT y del movimiento
obrero, y adelantaron que en las próximas semanas
llevarán adelante un plan de lucha con distintas medidas de fuerza.
Desde el Sindicato
Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina (SEAMARA),
comenzaron con la elaboración de una serie de medidas de fuerza para
atender y tratar de solucionar el conflicto desatado con la empresa Gemez
S.A., luego del despido
injustificado de trabajadores y maniobras de persecución.
Recordemos
que Arietto impulsa un movimiento de «empresarios
antibloqueo», que atacan el derecho de huelga y defienden a empresas
donde los trabajadores se ponen de pie por distintos reclamos.
Trabajadores de GPS
Trabajadores
y trabajadoras de GPS, empresa tercerizada de Aerolíneas
Argentinas, realizaron un corte en las Avenidas Callao y Corrientes de
la Ciudad de Buenos Aires el martes 10 de enero, contra la expulsión de
sus delegados y por el cobro del bono de fin de año.
Semanas
atrás la empresa GPS despidió a un trabajador que había
tenido dos ACV y luego suspendió a 40 trabajadores por realizar una
asamblea en repudio a esta situación. Ahora se niega a pagar el bono que
el gobierno anunció en diciembre, cuando les corresponde por el decreto
y otras empresas del mismo sector ya lo han
pagado.
Los
trabajadores y las trabajadoras reclaman que cesen estos
ataques y también se manifiestan contra el intento de la conducción del
sindicato UPADEP de expulsar a sus delegados, electos con el 70% de los
votos, por defender la salud de sus compañeros y a su organización de
base.
En
diciembre el ministerio de Trabajo de la Nación ya había
intimado al sindicato para que convoque a “elecciones democráticas y
participativas”, sin embargo, la conducción sindical sigue sin hacerlo.
Las y los trabajadores de GPS exigen una respuesta a estos mínimos
reclamos para evitar que el conflicto escale en
plena temporada.
Fuentes:
La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo,
Resumen Latinoamericano, Anred, argentina.indymedia, Clarín, Tiempo
Argentino, Página 12, Diario
Popular, Radio Gráfica
