Caty R
El cambio climático es una “enfermedad” devastadora
para la salud de nuestro planeta. En este contexto, urge encontrar el
tratamiento adecuado para combatirlo, que pasa por la descarbonización de la
economía mediante el despliegue de energías renovables, además de un
necesario decrecimiento económico que pocos quieren
aceptar.
Sin embargo, como ocurre con las enfermedades que
afectan a los seres vivos, no todos los “fármacos” –en este caso, proyectos de
energía renovable a gran escala– propuestos por las compañías energéticas serán
adecuados una vez considerados los beneficios y los riesgos para el medio
ambiente y el coste para la sociedad. Por eso es importante una exhaustiva
evaluación previa de estos proyectos.
Recientemente, la Unión Europea ha aprobado un reglamento para acelerar la tramitación de algunos
proyectos de energías renovables a costa de reducir las garantías de que no producirán impacto
medioambiental al considerarlos de interés público superior.
El Gobierno de España, casi con simultaneidad,
aprobaba un real decreto que, al igual que el
reglamento europeo, permite que los proyectos de energía renovable (excepto los
ubicados en Red Natura 2000 y en el medio marino) no tengan que pasar por el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y por un proceso de
información y participación pública.
Ambas normativas vulneran dos principios básicos: el
principio de no regresión ambiental y el principio de participación pública en
materia de medio ambiente, recogido por el Convenio
Aarhus. Actualmente está en tramitación la modificación de la Directiva Europea de Energías Renovables, que
supondría que esta regresión ambiental y democrática fuese permanente y no
temporal.
Primero, eficiencia energética
Estos cambios regulatorios son perjudiciales por
varios motivos. En primer lugar, el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático señala que la mejor medida para luchar contra el calentamiento global
es la preservación de los ecosistemas. Unos ecosistemas sanos son una solución basada en la naturaleza para
mitigar los efectos del cambio climático. Por tanto, no se deberían aprobar
proyectos dañinos sobre ecosistemas valiosos donde los efectos adversos pueden
superar fácilmente los beneficios esperados.
Por otro lado, la ciencia ya ha demostrado la enorme
dependencia que las infraestructuras renovables tienen de las tierras raras, que implica que no puedan
suplir la demanda energética actual, por lo que es imprescindible una
disminución en el consumo energético.
Asimismo, el desarrollo de esas infraestructuras
renovables requiere de una gran cantidad de combustibles fósiles para la
extracción de materiales, transporte y construcción. Esto, unido a su baja tasa
de retorno energético, despierta serias dudas sobre la capacidad de las
renovables para mitigar el cambio climático sin un tratamiento
adecuado de eficiencia y ahorro energéticos.
En este sentido, es muy preocupante que la mencionada
propuesta para acelerar las energías renovables reconozca abiertamente que se
pretende producir tanta energía con renovables como hasta ahora, sin disminuir
la demanda global de energía. Esto supone abandonar definitivamente el
principio de “primero, eficiencia energética”, establecido
por el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la
Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que marcaba hasta
ahora la política climática de la Unión Europea.
Dicho principio significa que la energía más
importante es la que no se produce. Establece que antes de decidir nuevas
inversiones energéticas habrán de tenerse en cuenta medidas alternativas de
eficiencia energética y ahorro de energía que eviten aumentar la capacidad de
generación.
Los riesgos de los megaparques eólicos
En España hay diferentes megaproyectos de energías
renovables tanto en tierra como marinos que son preocupantes por su impacto
medioambiental y socioeconómico.
Los proyectos eólicos marinos en la zona de cabo de
Creus y golfo de Roses (Cataluña) son un caso paradigmático. Los científicos
estamos alertando, en base a nuestras investigaciones y nuestra
experiencia en la zona, de que los riesgos de estas instalaciones para la salud
de los ecosistemas marinos pueden superar fácilmente los beneficios esperados.
Los temores sobre los efectos adversos de estas
grandes infraestructuras de energías renovables –hasta 65 turbinas de más de
250 metros de altura sujetadas al fondo por grandes cadenas y anclas– sobre la
biodiversidad de una zona donde coexisten hasta 10 áreas marinas protegidas
(mayoritariamente zonas Natura 2000) se plasmaron en un manifiesto que firmaron más de 100
científicos pertenecientes a más de 20 universidades y centros de
investigación.
Los riesgos para los ecosistemas marinos
no sólo son locales. También pueden afectar a una escala mucho mayor, con
efectos ecosistémicos importantes, tal y como demuestra un reciente estudio
publicado en Communications, Earth & Environment.
Mecanismos de regulación cuestionables
Lo cierto es que existen mecanismos reguladores para
asegurar que los proyectos de energías renovables no produzcan efectos
secundarios graves sobre el medio ambiente. Pero, lamentablemente, los
procedimientos reguladores llevados a cabo por las Administraciones públicas
son en numerosas ocasiones muy cuestionables. Llegan a aprobarse proyectos con
estudios de impacto ambiental (realizados por las propias empresas) mediocres y
poco rigurosos.
Además, las Administraciones se están viendo
sobrepasadas por la cantidad de proyectos a evaluar.
Finalmente, no podemos obviar el efecto de
los intereses económicos y los lobbies empresariales
–incluidas algunas fundaciones con intereses económicos en los sectores de la
energía verde y la economía azul– que promueven megaproyectos de energías
renovables aparentemente adecuados pero que son en realidad ejercicios de greenwashing/bluewashing.
Un buen ejemplo del defecto de los procedimientos de
regulación es un reciente estudio
sobre el despliegue de plantas solares en el sureste de España. En
este trabajo mostramos que dicho despliegue se realiza a costa de zonas de
importante valor medioambiental y que la energía fotovoltaica tal y como se
está implantando en la actualidad no puede ser considerada una actividad
económica sostenible.
El estudio también demuestra que con una adecuada
planificación territorial es posible instalar la potencia renovable proyectada
con un mínimo impacto sobre la biodiversidad. Llega a la conclusión de que la
participación de expertos en el periodo de información pública es esencial para
que la administración pueda tomar decisiones informadas en la aprobación o
rechazo de estos proyectos.
Evaluar antes de aprobar
Desde la comunidad científica hemos mostrado de forma
mayoritaria nuestra preocupación por que la transición energética a
las renovables garantice la conservación de espacios y especies.
Además, si la normativa actual se muestra ya insuficiente para proteger la
biodiversidad, su relajación agravará los problemas medioambientales entre los
cuales la pérdida de biodiversidad es, junto el cambio climático, unos de los
más significativos del planeta.
Así, más de 450 científicos de más de 100
universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros hemos firmado
recientemente una
carta abierta dirigida al Consejo de Europa para que no se
apruebe la reducción de los controles ambientales en favor de un despliegue más
rápido y masivo de las energías renovables. Dicha carta concluye que la
implantación de las energías renovables debe llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad.
A pesar de la urgencia de combatir el cambio
climático, es necesario estudiar previamente y en profundidad los efectos
adversos que pueden tener estos megaproyectos de energías renovables sobre la
biodiversidad y el paisaje que sustentan el tejido socioeconómico local. Y
también valorar otras opciones, es decir, proyectos alternativos que puedan ser
implantados en otros lugares donde los riesgos ambientales y el coste para la
sociedad sean significativamente menores o proyectos de menor envergadura que
no comprometan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados.
Preservar las áreas de elevada biodiversidad es clave
para la salud de los ecosistemas, para nuestra salud y bienestar y para mitigar
los efectos del cambio climático. Como ocurre con los medicamentos para tratar
enfermedades, las autoridades reguladoras (en este caso, de la energía y del
medio ambiente) tendrán que contrastar todos los estudios y escuchar la opinión
de científicos independientes antes de aprobar cualquier proyecto de energías renovables.
Porque, a pesar de los potenciales beneficios publicitados por las empresas
energéticas, los efectos secundarios de estas infraestructuras pueden ser
críticos y comportar, incluso, la muerte del paciente.
Este artículo ha sido escrito en colaboración con el técnico en conservación de la biodiversidad y cooperación al desarrollo Luis Bolonio, que trabaja como consultor externo para la EEZA/CSIC.
Francisco Valera Hernández. Científico titular, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA – CSIC)
Josep Lloret. Director of the Oceans and Human Health Chair and the SeaHealth research group, Universitat de Girona
Fuente: https://theconversation.com/los-riesgos-de-acelerar-la-instalacion-de-renovables-a-costa-del-medio-ambiente-197293
