by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
JDF
Se estima que para ello destinará unos 300 millones de dólares, es decir, se compran los bonos al 30% de su valor nominal al vencimiento. Son vencimientos entre 2029 y 2046, de bonos emitidos por Martín Guzmán al momento de la renegociación de la deuda con acreedores privados durante el 2020.
¿Para qué se hace esta operación?
Para
intentar contener la presión devaluatoria y morigerar la suba de los tipos de
cambios, especialmente de los paralelos, legales e ilegales.
De
ese modo, reducir la brecha entre el oficial y el ilegal (blue) para bajar el “riesgo
país” y mejorar la tasa de interés a los privados que buscan crédito en el
exterior.
En
términos generales, se intenta aminorar el ritmo de la inflación, considerando
al tipo de cambio como un precio más de la economía, especialmente si se tiene
en cuenta el imaginario de suba del dólar para explicar cualquier suba de precios.
Se
trata de una medida orientada a los “mercados”, es decir, a los sectores más
concentrados de la economía local, los que actúan en la inserción subordinada
de la Argentina en la economía capitalista mundial.
El
mensaje se hizo precedido de un balance de 5 meses gestión en el ministerio,
valorando el esfuerzo fiscal (ajuste) acordado con el FMI; la suba de las
reservas internacionales, gracias a las concesiones al complejo sojero (dólar soja).
Lo curioso es que incorporó objetivos de inclusión social en el mismo momento
en que se anuncia la merma de 154.441 planes potenciar trabajo.
Cerró
su conciso mensaje señalando que el objetivo era “volver a la Argentina al
mercado de capitales”, territorio por excelencia de la especulación financiera
en tiempos globales de subas de precios y desaceleración de la economía, especialmente
con restricciones a la producción material con base en bajas de la
productividad.
La
discusión es por la prioridad en materia de política económica, si volver al
mercado de capitales y acrecentar la deuda externa o si de lo que se trata es
de recuperar capacidad soberana de funcionamiento económico para intentar
satisfacer las insatisfechas demandas de la sociedad empobrecida.
La deuda condiciona
Está
claro que la política económica está condicionada por el endeudamiento, en una
lógica que remite a las negociaciones con los acreedores privados desde el 2020
y al acuerdo con el FMI en 2022, pero que debe pensarse desde el exorbitante endeudamiento
con el FMI en la gestión Macri en 2018 y a todos los procesos negociadores
desde 1983, sobre una deuda odiosa asumida por la dictadura genocida entre 1976
y 1983.
La
deuda es la hipoteca que condiciona la política económica, como parte de la lógica
dominante del capitalismo mundial, no en vano, en todos los diagnósticos
actuales globales se llama la atención sobre el crecimiento de la deuda. Vale
señalar que el mayor endeudamiento opera en los principales Estados del
capitalismo mundial, en EEUU, en Europa o en Japón y que las consecuencias se
descargan sobre los pueblos explotados en todo el planeta.
Por
eso la insistencia en rechazar todo rumbo que coloque el privilegio en “cumplir”
con una deuda odiosa. Lo primero que debe hacerse es una investigación a fondo,
con participación popular, al tiempo que se suspenden los pagos. Claro que al
mismo tiempo se puede trabajar para una política similar en la región y en el
mundo para ir en contra de la arquitectura financiera actual, que tiene al FMI
y al Banco Mundial en la cúspide.
La
reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se
reunirá el 23 y 24 de enero en Buenos Aires, puede ser eco de una política
solidaria de cooperación hacia una “nueva arquitectura financiera” tal como se
sostenía hace más de una década con inactivas como el Banco del Sur, el Fondo
del Sur o las estrategias de una moneda común para la región.
Es
un comino que puede trascender el ámbito regional y proyectarse en la construcción
de una lógica financiera y económica para el sur mundial y confrontar con las
estrategias imperialistas de dominación del dólar y las divisas del poder
global.
Confrontar
la dependencia del endeudamiento constituye un desafío para los pueblos, en la perspectiva
de un proyecto emancipador que supere el orden capitalista, la explotación y el
saqueo de nuestros bienes comunes.
Nota:
[1] Ministerio de Economía. Recompra de instrumentos de deuda pública nacional denominados en moneda extranjera, del 18/01/2023, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompra-de-instrumentos-de-deuda-publica-nacional-denominados-en-moneda-extranjera
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Martina Neyra
Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos atizó y capitalizó el conflicto entre las naciones europeas. Después fue el sostén económico principal del ascenso del fascismo en Italia y Alemania, en aras de dividir y polarizar al viejo continente. Todavía es difícil entender su alianza con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial; acaso Adolfo Hitler le representaba una amenaza más severa que Moscú. Una vez que se percató de que en la guerra del Pacífico no podían lidiar con Japón por medio de una guerra convencional, recurrió al exterminio: dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki lo constataron. Se omite con frecuencia el hecho de que ha recurrido a las estrategias de exterminio tantas veces como se ha visto arrinconada.
Ya en la posguerra, las economías de Japón y Europa se recuperaron del todo sólo hasta fines de los años 70. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fijó a un adversario político, pero nunca económico. En suma: a lo largo del siglo XX Estados Unidos no tuvo ningún contendiente entre las grandes potencias, ya sea porque se encontraban en guerra o en medio de sus propias ruinas.
Todo cambió en la década de los 90. La Unión Europea se consolidó como polo industrial y cultural. Japón devino la segunda economía del mundo. A principios del siglo XXI, Rusia ordenó su casa y se afirmó, una vez más, como potencia militar y sobre todo nuclear. La gran sorpresa fue China, país al que en los años 60 se le deparaba un destino similar al de las sociedades de América Latina, que está a punto de sobrepasar el PIB estadunidense.
A diferencia de lo que aconteció en el siglo XX, Estados unidos enfrenta hoy un mundo lleno de competidores de todo tipo. Aunque no como antes, el PIB y las exportaciones chinas continúan creciendo. En Ucrania, Rusia ha mostrado que puede lidiar con una guerra convencional y un centenar de sanciones que la desacoplan del mundo occidental. Y la Unión Europea en su conjunto cuenta con una riqueza mayor que la estadunidense.
Frente a un orden en que está obligado a competir, Estados Unidos parece haber perdido la brújula. Su primera reacción fue apropiarse de los energéticos de Cercano Oriente. Ya fracasó. Su segundo paso contundente ha sido enfrentar, una vez más, a los europeos entre sí. Éste y no otro es el cometido de su intervención en Ucrania. Lo que han descubierto los europeos es que Washington ya no los puede sostener económicamente. Todo lo contrario. Está provocando un proceso que ellos mismos llaman de desindustrialización. Al parecer, tampoco logra doblegar a Vladimir Putin. Y China e India, una vez levantadas las medidas antipandemia, se aprestan a la competencia.
Enfrascado en paradigmas que pertenecen al siglo XX, Estados Unidos se niega a aceptar la condición multipolar del mundo actual. ¿Cuáles son estos paradigmas?
El primero y más evidente reside en su manera de hacer frente a sus propias crisis internas. Una y otra vez la lógica estadunidense recurre a la producción de armas (keynesianismo militar) para sortear sus colapsos. La ayuda a Ucrania no significa más que financiar hasta el delirio a su aparato industrial-militar. Pero nada indica que esto funcione como antes. No se puede lograr por medio de las armas lo que no se consigue a través de la economía. Los europeos descubrieron que Washington no los puede apoyar como en el siglo XX.
En segundo lugar, su productividad ha descendido abismalmente. Amazon, por ejemplo, es un negocio que se dedica básicamente a distribuir productos de China, India e Indonesia. Ali Baba, su inmediato competidor chino, está a punto de superarlo.
En tercer lugar, existen extensas áreas de los mercados mundiales que ya no admiten el dólar como moneda en curso. Ello significa que la banca estadunidense está dejando de ser el sinónimo de la banca mundial.
Si continúa el ritmo actual, en 15 años, sólo dos países del grupo del G7 pertenecerán a ese selecto grupo: Estados Unidos y Japón. Los demás se llamarán China, India, Indonesia y Sudcorea.
El mayor error de la clase política mexicana en las últimas cuatro décadas fue colocar todas sus apuestas en el vecino del norte. Y sustraerse a los servicios del espionaje estadounidense –selfie– en un elevador no cambia este rumbo.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/01/19/opinion/015a2pol
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Martina Neyra
En el proceso de dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional varias personas y colectivos presentaron amicus curiae argumentando por qué estas dos preguntas deben ser declaradas inconstitucionales.
A continuación, adjuntamos los principales argumentos de algunos de estos amicus que sostienen que estas preguntas pueden vulnerar derechos de los pueblos y la naturaleza.
PREGUNTASARTÍCULOS CONSTITUCIÓNPROPUESTA DE ENMIENDAPREGUNTA 7: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. ¿Está
usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección
hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la
Constitución de acuerdo con el Anexo 7?Art. 405.- El sistema
nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema
se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado,
comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida
por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios
para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y
gestión.Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán
adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad
nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.Art.
405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal,
autónomo descentralizado, comunitario, privado y de protección hídrica; su
rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará
los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del
sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y
nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en
su administración y gestión.Las personas naturales o jurídicas
extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en
las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con
la ley.PREGUNTA 8:La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está
usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente
regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios
ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?Art. 74.-
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan
el buen vivir.Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.Art. 74.-
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan
el buen vivir.Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. El
Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales,
regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento y definirá los
lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la
generación de los mismos.
LEER LOS ARGUMENTOS DE LOS AMICUS CURIAE
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Caty R
Por ello el Gobierno ha decidido imponer un retraso en la edad de jubilación combinándola con un incremento de dos años de la edad legal [para poder jubilarse con una pensión completa] y la aceleración del aumento del periodo de cotización. Estas medidas se aplicarán muy rápidamente, ya que el cambio de la edad legal comenzará en septiembre de 2023 y el periodo de cotización de 43 años será efectivo a partir de 2027. El aumento de la edad legal penalizará sobre todo a las personas que empezaron a trabajar pronto, y las medidas anunciadas para compensarlo sólo afectarán a un número mínimo de ellas. Dado que la edad media de incorporación a la vida activa es superior a los 22 años, el aumento de la duración del periodo de cotización hará que muchas personas tengan que retirarse después de la edad legal de jubilación para percibir una pensión completa, y pesará aún más sobre quienes tengan carreras incompletas. Mantener el sistema de «larga carrera» significará que las personas que empezaron a trabajar entre los 16 y los 18 años tendrán que cotizar durante 44 años para poder jubilarse a los 60 años.
Los argumentos utilizados para intentar
justificar estas medidas han variado constantemente. El Macron del primer
quinquenio se opuso a ella. He aquí lo que dijo en su conferencia nacional del
25 de abril de 2019, al término del “Gran Debate Nacional”: “Francamente, sería
hipócrita retrasar la edad de jubilación… Cuando se está poco cualificado,
cuando se vive en una región con dificultades industriales, cuando uno mismo
tiene dificultades, cuando se tiene una carrera fracturada, buena suerte para
llegar a los 62 años[1]”.
En cualquier caso, explicó, no es necesaria una “reforma paramétrica” (retrasar
la edad de jubilación y/o aumentar el periodo de cotización), ya que los
regímenes de pensiones no presentan problemas financieros. Y después quiso
imponernos una reforma sistémica con la implantación de un sistema por puntos
que agravaría las injusticias y sería un auténtico monstruo burocrático.
Tras el abandono de este último
proyecto, nos explicó que era necesario trabajar más tiempo para liberar
recursos que permitieran financiar la transición ecológica, el futuro de la
protección social, etc. El hecho de que los recursos liberados por tal medida,
el 0,5% del PIB al año, sean irrisorios comparados con las necesidades solo de
la transición ecológica, el 5% del PIB al año, no parece inquietarle demasiado.
Además, como muestra un estudio publicado en 2021 por el laboratorio Théorie et évaluation des politiques
publiques[2], “el alargamiento de la vida laboral prolonga la
duración de las cotizaciones a la caja de pensiones. Desgraciadamente, también
parece aumentar los gastos relacionados con las bajas por enfermedad” debido al
deterioro del estado de salud de las personas de más edad, un fenómeno que
afecta especialmente a las mujeres. El deseo de reducir el gasto en pensiones
conduce, por tanto y en concreto, a un aumento del gasto en seguros de
enfermedad.
La escasa repercusión del argumento del
Gobierno en la opinión pública, que por otra parte ve aumentar la cantidad de
regalos fiscales a las familias más ricas y a las y los empresarios, le ha llevado
a cambiar de tono y volver al argumento clásico de todas las medidas regresivas
en materia de pensiones: el sistema corre riesgo de quebrar, por lo que es
necesario trabajar más tiempo para salvarlo. Para ello, intenta apoyarse en el
último informe del Conseil
d’orientation des retraites (COR). Sin
embargo, el COR no sólo indica que el sistema de pensiones es actualmente
excedentario, sino que el déficit anunciado hasta 2032 se estima, según las
convenciones contables, entre el 0,4% y el 0,7% del PIB, lo que es una minucia
comparado con el peso de las pensiones, casi el 14% del PIB, y representa sólo
alrededor del 1% de la masa salarial.
Además, las cifras de este déficit no
son reales porque se basan en hipótesis muy cuestionables. Así, para llegar a
esta cifra, el COR se ve obligado a prever un aumento del desempleo del 5% en
2027, previsión del Gobierno, al 7% en 2032 y para las décadas siguientes. Así
pues, el COR basa su cálculo del déficit en la previsión de una recesión entre
2027 y 2032 y abandona cualquier perspectiva de pleno empleo a partir de
entonces. Otro supuesto es que la tasa de empleo de las mujeres se mantendrá
constantemente 8 puntos por debajo de la de los hombres en el grupo de edad de
25 a 54 años, a pesar de que Francia sólo ocupa el puesto 25 de 38 países de la
OCDE a este respecto. Se descarta así cualquier perspectiva de igualdad entre
mujeres y hombres, que permitiría también mejorar los recursos de los fondos.
Por último, cabe señalar que el propio gobierno es responsable del aumento de
este déficit: las exenciones de cotizaciones sobre los salarios bajos y las
horas extraordinarias concedidas a los empresarios, que aún no se compensan
totalmente con cargo a los presupuestos del Estado, restan cerca de 0,1 puntos
del PIB a los recursos del sistema, y las medidas de ahorro adoptadas en el
ámbito de las retribuciones de los funcionarios tienen consecuencias negativas
sobre las cotizaciones que las financian.
El objetivo del Gobierno es estabilizar
el porcentaje de las pensiones en el PIB en el 14%, aunque el porcentaje de
pensionistas en la población aumente. Se prevé que pase del 18,5% actual al
27,5% en 2070.
El Gobierno se basa en esta proporción
demográfica para justificar sus planes. Sin embargo, el problema no es tanto el
aumento del porcentaje de personas mayores en relación a la población total
como la carga económica que suponen todas las personas (llamadas) inactivas
-pensionistas, jóvenes, parados, etc.- para quienes producen la riqueza desde
un punto de vista monetario, las personas activas ocupadas.
Esta ratio, conocida como tasa de
dependencia económica, se ha mantenido estable durante los últimos cincuenta
años, a pesar de que el número de pensionistas no ha dejado de aumentar y la
tasa de desempleo, que depende de las políticas económicas aplicadas, ha
alcanzado máximos históricos. No hay ninguna tragedia en perspectiva, y no
querer aumentar la parte de las pensiones en el PIB significa prever para el
futuro un descenso de las pensiones en relación con los ingresos de las y los
trabajadores y, por tanto, un nuevo retroceso del nivel de vida durante la
jubilación.
Pero, más allá de eso, tanto el gobierno
como el COR consideran que la distribución de la riqueza producida es
inmutable: el reparto entre salarios y beneficios no cambiaría durante el
próximo medio siglo, a pesar de que la parte de los salarios en la riqueza
creada ha caído cinco puntos en comparación con la media de los Treinta Años Gloriosos y de que los beneficios de las grandes empresas
están alcanzando niveles récord. Se excluye cualquier aumento de las
cotizaciones a pesar de que, según el COR y sus hipótesis de déficit, un ligero
aumento bastaría para equilibrar el sistema de pensiones a largo plazo: en
2032, entre 1,4 y 1,9 puntos según los escenarios de productividad y sobre la
base de la convención contable denominada «equilibrio por el Estado»,
que es la menos favorable.
El único elemento positivo es el aumento
de la pensión mínima de 100 euros mensuales, una medida que probablemente
debería afectar a todos los pensionistas y el compromiso de que quien gane el
salario mínimo (SMIC) tendrá una pensión igual al 85% dicho salario, una
promesa que data de… 2003. Esta pensión mínima está condicionada a haber
realizado una carrera completa. Si no es así, será menor. Además, no se indica
que esta pensión mínima se revalorizaría como los hace el SMIC.
Las consecuencias de retrasar la edad de
jubilación son bien conocidas. Ya en la actualidad, muchas personas se ven
excluidas del mercado laboral antes de poder beneficiarse de su jubilación,
pues las empresas tienden a deshacerse de las personas de más edad. Según
la Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), el 32% de las personas de la generación
nacida en 1950 ya no tenían empleo el año anterior a su jubilación, un
porcentaje más elevado en el caso de las mujeres que en el de los hombres.
Estas personas estaban desempleadas, discapacitadas o enfermas. Como no
perciben ninguna pensión, a menudo dependen de las prestaciones sociales
mínimas. Cualquier aumento de la edad de jubilación no haría sino agravar esta
situación. La introducción de un índice,
que supuestamente hará visible la posición de las y los trabajadores de más
edad en las empresas, lamentablemente no cambiará esta situación, como ha
demostrado el índice sobre la igualdad entre mujeres y hombres, que no ha
tenido ningún efecto sobre la situación concreta de las mujeres en las
empresas.
El plan del Gobierno es tanto más
inaceptable cuanto que la esperanza de vida disminuye. Ha pasado de un
trimestre al año en la década de 2000 a un mes al año en la actualidad. Pero,
sobre todo, según Eurostat, el instituto europeo de estadística, en 2020 la esperanza
de vida con buena salud al nacer será de sólo 63,9 años para los hombres y 65,3
años para las mujeres. Ya vemos lo que supondría una ampliación del tiempo de
trabajo, sobre todo desde que se han suprimido los CHS-CT [Comité de higiene de
seguridad y de las condiciones de trabajo]. El gran avance civilizatorio que
supuso el sistema de pensiones por reparto fue hacer de este periodo de vida,
no la antesala de la muerte, sino una fase de la vida en la que, mientras se
goza de una salud relativamente buena, poder dedicarnos a actividades sociales
libres. Es este progreso el que todas las reformas neoliberales ponen en
entredicho al querer hacernos trabajar cada vez más para la mayor rentabilidad
del capital.
Notas:
[1] Citado por Jean-Marie Harribey, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2022/12/19/les-sept-perfidies-de-la-reforme-des-retraites-2023
[2] Mohamed Ali Ben Halima, Camille Ciriez, Malik
Koubi, Ali Skalli ¿Retrasar la edad de jubilación provoca un desbordamiento del
seguro de jubilación al seguro de enfermedad? El efecto de la reforma de las
pensiones de 2010 sobre las bajas por enfermedad, https://hal-cnam.archives-ouvertes.fr/hal-03507914v2/document.
Traducción: viento sur
Fuente: https://vientosur.info/el-sinsentido-de-la-reforma-de-las-pensiones/
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Caty R
– Diecisiete eurodiputados socialistas españoles votan en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena a Marruecos por violación de los Derechos Humanos y reprimir a los periodistas. De la sesión se han ausentado los europarlamentarios del PP.
– Los medios coinciden en señalar que el régimen marroquí ha
presionado a los eurodiputados para impedir su condena.
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución contra
Marruecos por vulneración de los Derechos
Humanos y, específicamente, por la
represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la
diplomacia marroquí en medio de las investigaciones por el escándalo del
Qatargate y el Marocgate.
Diversos medios españoles han informado de este dictamen de la
Eurocámara, aprobado el jueves 19 de enero por una amplia mayoría: 356 votos a
favor, 32 en contra, entre ellos 17 eurodiputados socialistas
españoles que dijeron lo hacían por “responsabilidad”,y42
abstenciones.
ElDiario.es informa de que el Parlamento Europeo
ha aprobado de una de las primeras resoluciones críticas de con el régimen
marroquí y una enmienda de la Izquierda Europea para impedir su entrada a la
institución en los mismos términos que a los cataríes tras el estallido del
escándalo de corrupción bautizado como Qatargate.
Concreta que la resolución insta a las autoridades marroquíes a
“respetar la libertad de expresión y prensa, y garantizar a los periodistas
encarcelados, en particular Omar Radi, Souleiman
Raissouni y Taoufik Bouachrine, un
juicio justo con las debidas garantías procesales, su inmediata
liberación y el cese del acoso a los periodistas, sus
abogados y sus familias
Recoge que el texto condena “enérgicamente el uso indebido de
acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de hacer su
trabajo” y que las autoridades marroquíes se emplearon a fondo en
presionar a los diputados para frenar o al menos suavizar las críticas contra
el régimen.
Incluye diversas manifestaciones sobre el veredicto: “Ha llegado
el momento de decirle a Marruecos que ya no pueden campar a sus anchas”,
expresó el socialdemócrata Thijs Reuten, que criticó que
hubiera representantes marroquíes “paseándose descaradamente” por el PE. “Su
Gobierno tiene que saber que este Parlamento no va a mirar hacia otro lado (…)
por muchas presiones que el Gobierno marroquí haga sobre esta Cámara”,
sentenció Jordi Cañas, de Ciudadanos.
“No podemos dejarnos amordazar por un régimen que simplemente defiende su
interés propio”, señaló Tineke Strik, de Los Verdes, y
“Europa no puede seguir siendo cómplice de la violación de derechos humanos, o
la ocupación del Sáhara”, añadió Miguel Urbán (La
Izquierda).
Público señala que el texto
del PE insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y
la de los medios de comunicación, así como a garantizar a los periodistas
encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales y su inmediata
puesta en libertad.
En lo que califica de “resolución
histórica”, dice que el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez una
resolución denunciando la situación de los Derechos Humanos en Marruecos, en
especial el encarcelamiento de periodistas.
Concreta que entre los 32 votos en contra figuran 17
eurodiputados socialistas españoles, sobre lo que Miguel Urbán
ha recordado en su cuenta de Twitter que los socialistas españoles han
coincidido en su voto con la ultraderecha.
El Independiente, que
también afirma es una condena histórica, apunta que la decisión del PE
recrimina “el continuo deterioro de la libertad de prensa en Marruecos, que ha
descendido hasta el puesto 135 en la Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa de 2022” y denuncia el acoso judicial, el espionaje y el encarcelamiento
al que somete a reporteros locales y extranjeros.
Informa de que la presión de las autoridades marroquíes ha sido
enorme y que, según fuentes conocedoras de las relaciones hispano-marroquíes,
ha habido presiones de la diplomacia marroquí para
condicionar el voto de la representación española en el grupo socialista de la
Cámara, amenazando incluso con suspender la
Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos prevista para los próximos días
1 y 2 de febrero en Rabat.
Sobre la presión de Marruecos a los eurodiputados, El Confidencial apunta: “El
conocido como “Qatargate”, el escándalo que reveló cómo eurodiputados cobraron
cientos de miles de euros del estado del Golfo para mejorar su imagen, ha
afectado poco a Marruecos, a pesar de que cada vez está más clara la
implicación de Rabat en el escándalo. La maquinaria
marroquí no ha visto necesario mantener un perfil bajo durante los últimos días
y ha ejercido una fuerte presión sobre la Eurocámara en las jornadas previas a
la votación de una resolución sobre la libertad de prensa en Marruecos”.
El Español, con el titulo “El
Parlamento Europeo tira de las orejas a Marruecos por no respetar los derechos
humanos”, especifica que el documento del PE “se centra en
el acoso y encarcelamientode periodistas marroquíes y de
activistas del Rif y que no se ha
incluido en el texto a los saharauis “porque sería aceptar que el Sáhara Occidental es
marroquí y su soberanía, ya que la resolución es únicamente sobre el Reino de
Marruecos”, según explicó a este medio MiguelUrbán, proponente
y presente en la negociación por el Grupo de
la Izquierda en el Parlamento Europeo.
En otra información, este medio destaca que los eurodiputados
del PSOE han votado prácticamente en solitario contra la
resolución del Parlamento Europeo que denuncia la supuesta implicación de Marruecos en
la trama de sobornos del Qatargate, con el objetivo de comprar influencia
en la UE. La resolución, que reclama impedir el acceso a la Eurocámara de
diplomáticos marroquíes mientras se investiga el caso, solo ha sido votada a
favor por Iratxe García, por su
condición de presidenta del grupo socialista europeo. A diferencia de los
españoles, el resto de socialistas europeos sí han apoyado masivamente la
resolución crítica con Rabat.
Los eurodiputados del PSOE han justificado su voto en contra por
“responsabilidad”
y para posibilitar unas relaciones bilaterales “francas” con Marruecos “basadas
en el diálogo y en el entendimiento”. Y critican a los parlamentarios del PP
porque “se han ausentado del debate y de la votación”.
20minutos especifica que Varios
eurodiputados han criticado los intentos marroquíes de influir
en los procesos legislativos de la institucióny que se ha instado a Marruecos a
liberar al periodista encarcelado Omar Radi, que cumple una condena de seis
años de prisión por violación y espionaje.
“Los diputados -añade- fueron unánimes en su reclamación de
que Marruecos libere a Radi y respete la libertad de expresión y de
prensa, un capítulo en el que todos los diputados españoles que
hablaron mencionaron también al periodista español Ignacio
Cembrero, demandado por Rabat por afirmar que podía haber
sido espiado por este país a través del programa Pegasus”.
Fuente: https://contramutis.wordpress.com/2023/01/19/ddhh-el-parlamento-europeo-condena-a-marruecos-con-el-voto-en-contra-del-psoe/
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Bea Morales
«Somos los malienses quienes pagamos las consecuencias de la guerra. El gobierno de Mali debe negociar con todos los grupos armados, también con los yihadistas. Sus líderes son, en su mayoría, malienses. Hay que negociar con ellos y cortar así su cordón con el terrorismo internacional».
Boris G. Kabre, experto en mediación de conflictos intercomunitarios,
es director de la ONG Acción de la Juventud para la prevención y la
lucha contra el extremismo violento en el norte y centro de Mali
(JANC-PLEV). Como la mayoría de las personas especializadas en el
extremismo armado que afecta al Sahel, denuncia los obstáculos que la comunidad internacional,
especialmente Francia, ha puesto hasta ahora a los gobiernos de la
región para iniciar negociaciones de paz con los grupos vinculados con
Al Qaeda y el Estado Islámico.
«Necesitamos bajar las cifras de muertos y de desplazamientos. Claro
que no debemos dejar en la impunidad las miles de muertes que han
ocasionado, pero lo urgente es salvar primero a quienes siguen vivos. Y
para ello, ninguna negociación es excesiva», continúa explicando, con un
tono suave y pedagógico, en la habitación del hotel de Bamako en el que
nos encontramos. La luz va perdiendo el tono dorado según avanza la
mañana, mientras el río Níger, el tercero más largo de África, se
refleja en la cristalera del balcón. A apenas unos metros, el Hotel
Libia, una de las numerosas infraestructuras construidas por Gaddafi en
la región.
La caída del régimen de Muanmar Gaddafi en octubre de 2011 desembocó
en el retorno de los tuaregs, en los que se había apoyado militarmente, a
la región de Azawad para iniciar una guerra por su independencia de
Mali. Comenzaba así la cuarta revuelta tuareg desde que este país se
independizara de Francia en 1960. Los sendos acuerdos de paz alcanzados
hasta entonces habían fracasado, entre otras razones, porque la
discriminación del gobierno estatal hacia los pueblos del norte
–bereberes y árabes– continuó desde tiempos coloniales hasta la
actualidad. Pero esta vez, al alzamiento del Movimiento Nacional para la
Liberación de Azawad se sumó el de otros grupos de corte yihadista como
Ansar Dine, apoyada por Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), o el
Movimiento para la Unidad y Yihad en África Occidental (MUJAO). Su
objetivo, según anunciaron, es implementar la sharia e imponer el
gobierno de los ulemas en Mali.
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El norte de Mali había sido tradicionalmente la zona a la que Argelia
expulsaba a quienes consideraba que ponían en riesgo su seguridad por
su ideología yihadista. También una zona de tránsito para el contrabando
de coches y tabaco, que se había ampliado en las últimas décadas con el
tráfico de armas, de migrantes que se dirigen a Europa y de la droga
procedente de los cárteles de América Latina. Un polvorín sin control
estatal por el que en 2012 el Congreso maliense pidió ayuda a la
comunidad internacional para hacer frente a la amenaza secesionista y al
avance de los grupos religiosos fundamentalistas. Así fue como su
territorio se fue llenando de misiones militares internacionales a la
vez que el yihadismo, inicialmente concentrado en el norte del país, se
extendía por un 75% de su territorio y por buena parte de Burkina Faso y
Níger. Una triple frontera en la que las acciones criminales de los
fundamentalistas han aumentado en un 70% en este periodo, según datos del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
«En 2012, teníamos unas 60 muertes anuales en la región de la triple
frontera de Mali, Níger y Burkina Faso. Hoy tenemos entre 5.000 y 6.000.
En este periodo, hemos pasado de miles a millones de desplazados.
Mientras, vemos que la respuesta política internacional sigue siendo la
misma aunque solo provoca más violencia. Hay que escuchar a las voces
locales que piden que se ponga en el centro la seguridad humana frente a
la defensa y seguridad militar», sostiene Iván Navarro, investigador de
la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona y
autor del Informe Sahel: una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera.
Estos diez años de conflictos en Mali han provocado una crisis humanitaria con más de 400.000 personas desplazadas
y 2,5 millones en toda la región del Sahel, una crisis política por la
que se han sucedido tres golpes de Estado y un aumento de la
malnutrición que el encarecimiento de los alimentos provocado por la guerra de Ucrania ha terminado de agravar. Y la respuesta armada que lideró Francia se ha demostrado fallida.
La respuesta militarista a un conflicto multicausal
En 2013, el Gobierno galo desplegó la misión Serval, integrada por
más de 5.000 soldados, con el apoyo de la misión de países de África
Occidental (AFISMA). También lanzaron sus propios proyectos de apoyo la
Comunidad Económica de África Occidental (ECOWAS), la ONU –con la misión
de mantenimiento de paz MINUSMA con más de 12.000 efectivos–, la UE
inició un proyecto de apoyo y formación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado malienses -EUTM Mali- y la Unión Africana el G5
Sahel. En 2014, comienzan las negociaciones de paz entre el gobierno de
Mali, la Coordinadora de Movimientos de Azawad que pedían la
independencia y la plataforma de grupos árabes y tuaregs de esa región
que eran afines a Bamako. El llamado acuerdo de Argel, suscrito en 2015,
está en entredicho después de que, en diciembre de 2022, la
Coordinadora de Movimientos de Azawad haya pedido una evaluación internacional por el supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos por la actual Junta Militar de Mali.
De todo este proceso fueron excluidos los grupos yihadistas, un error
según todas las fuentes consultadas para este reportaje. De hecho,
desde entonces, JNIM, integrada por los grupos afines a Al Qaeda, la
Katiba Masina y el Estado Islámico de Gran Sáhara (ISGS), no han parado
de avanzar hasta adentrarse en parte del sur del país. La población
local, desprotegida, ha organizado milicias de autodefensa que han
aumentado la virulencia del conflicto.
«¿Qué hace la MINUSMA o el G5 Sahel cuando llega una katiba y se
apropia del ganado de los peul? ¿Quién interviene? Nadie. Tienen que
autoprotegerse ellos mismos. Es decir, hay una legitimidad que no solo
está relacionada con la amenaza, sino por reconocimiento social de ser
etnias emancipadas. Hay peuls que intervienen mediante la violencia no
por la yihad, sino porque la violencia genera un reconocimiento social,
una promesa económica, alternativas de vida. Y no tanto por la promesa
de la implantación de un Estado Islámico», aclaraba Beatriz Mesa, autora
deLos grupos armados del Sahel
(Catarata), en un curso organizado recientemente por el Institut de
Derechos Humanos de Catalunya y la Escola de Cultura de Pau.
Por otra parte, hay miembros de los grupos yihadistas que forman
parte de las comunidades malienses. Es decir, como en tantos otros
conflictos, el victimario no es un agente externo,
sino que tiene apoyo de parte de la sociedad de la que forma parte. Y
no se puede abordar ninguna resolución que no pase por aceptar esta
complejidad.
«Siendo realistas, la paz en el Sahel no la vamos a conseguir, pero
sí aspiro a ir ganando espacios de paz frente a los violentos. Y para
eso hay que sentarse a hablar con todos, independientemente de sus
ideologías. Ha de instalarse el concepto de diplomacia securitaria: hay
que negociar y necesitamos mediar», exponía Beatriz Mesa, también
periodista y doctora en Ciencias Políticas.
Foto: Campo de personas desplazadas Faladie Garbal, construido sobre el mayor vertedero de Bamako (RICARD GARCÍA VILANOVA)
Negociar la paz sin los victimarios
«El principal problema (de este conflicto) no es de carácter religioso, porque ya hay zonas en las que está implantada la sharia,
como también las hay en Marruecos o en Libia. Territorios que ya
controlan estos grupos y en los que aplican leyes religiosas. Pero es
que el problema no es ese. El problema es la pugna por el control
territorial de una zona con una economía ilícita muy floreciente y en la
que no operan los mecanismos del Estado-nación, sino que tienen sus
propias leyes, costumbres y poderes tribales», añadía Mesa quien, como
muchas de las fuentes expertas en esta región, se indigna ante la
simplificación de una realidad llena de grises que rompen con las
categorías impuestas desde Occidente.
En mayo de 2022, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba el
fin de la misión Barkhane en Mali, que había sustituido en 2014 a
Serval, y el traslado de unos 3.000 soldados que la conformaban a
Níger. En los últimos años, había crecido el rechazo entre la población
maliense al despliegue de unas tropas francesas que no solo no habían
logrado acabar con los grupos yihadistas ni pacificar el país, sino que,
además, habían excluido de sus operaciones al Ejército maliense, lo que
fue interpretado como un nuevo desprecio colonialista. El sentimiento
antifrancés se agravó con la oposición de Macron a que los sucesivos
gobiernos malienses abrieran mesas de diálogo con los fundamentalistas,
siguiendo la doctrina impuesta en Occidente, a raíz de los atentados de
las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, de no negociar con el
terrorismo islamista.
Un año antes, en febrero de 2021, Macron declaraba que la mejora de
la gobernanza –una de las principales causas de la conflictividad
maliense, según la mayoría de las investigaciones– solo podría abordarse
cuando los grupos terroristas fuesen derrotados.
“Es casi seguro que este enfoque contribuyó a aumentar la inestabilidad
política y, a su vez, fortaleció a los mismos terroristas que los
franceses buscaban derrotar”, sostiene un análisis de Clara de Solages
publicado en Georgetown Security Studies Review.
«Una cosa son las agendas de seguridad y otra desde cuándo el Sahel
se ha convertido en un laboratorio de securitización de los actores
internacionales. Y empieza a serlo cuando Estados Unidos lanza la
campaña de prevención y lucha contra el terrorismo por los atentados
(del 11 de septiembre) más allá de sus fronteras. Lo hace a partir de
2002 con los programas Iniciativa Pan Sahel, Trans Saharan, el AFRICOM…
Otra cosa son los procesos de paz», puntualizaba Mesa en referencia a la
desconexión entre los objetivos de las intervenciones internacionales y
las necesidades de la población maliense.
«¿Qué pasa si algunos «locales» están dispuestos a ceder en valores
liberales, como el secularismo, la igualdad de género o el acceso
universal a la educación, para salvar vidas? ¿Deben atenderse las voces
locales solo cuando sirven a los objetivos liberales de consolidación de
la paz?», se preguntaba Alex Thurston en el artículoPeace talks with Sahelian jihadists? It’s worth a shot, publicado en The New Humanitarian.
El profesor de Ciencias Políticias de la Universidad de Cincinnati, autor del libro Yihadistas del Norte de África y del Sahel,
recoge en su análisis el resultado de encuestas malienses que
evidencian que la mayoría de su población apoya la democracia a la vez
que la implantación de una ley islámica. “Y los malienses que apoyan la sharia
en abstracto no necesariamente quieren que sean los yihadistas quienes
la implanten, ni ser apedreados por adulterio o ejecutados por
apóstatas”, añade.
De hecho, en 2017, el Gobierno maliense celebró la Conferencia del
Entendimiento Nacional, cinco años después de que comenzase el mayor
despliegue de campañas de contraterrorismo internacionales por parte de
los países europeos. Pese a los acuerdos de paz de 2015, la situación no
paraba de empeorar. Ya en aquella cumbre se planteó la ineficacia de
los marcos occidentales de resolución de conflictos y negociaciones de
paz para esta guerra.
Desde entonces, se han alcanzado nuevos acuerdos, como el alcanzado
en 2020 por el Gobierno maliense que hizo posible la liberación de
cuatro personas secuestradas por grupos yihadistas a cambio de la
liberación de 100 presos por pertenencia a los mismos. También se han
firmado otros a nivel local e intercomunitario que ha logrado pacificar
algunas zonas, como el suscrito en 2021 entre las comunidades fulani y
dogon o en la región de Kidal entre los tuareg y los ansar dine. “Es en esa dirección en la que hay que seguir avanzando”, sostiene Navarro.
Foto: Miembros de la Asociación de jóvenes por la ciudadanía y la democracia (Patricia Simón)
Entender los conflictos desde la complejidad
«No creo que haya una radicalización ideológica. Para explicar por
qué muchos jóvenes terminan integrando estos grupos hay que atender a la
falta de oportunidades y a las consecuencias de la crisis climática»,
reflexiona Boris G. Kabré, que en el momento de la entrevista acaba de
volver de Tombuctú, donde ha trabajado con adolescentes para prevenir su
incorporación a grupos armados.
«Cuando viajas al centro del país, te encuentras con zonas donde,
mires donde mires, solo hay arena. El problema es la mala gobernanza, no
hay Estado. Entonces, la única forma que tienen sus jóvenes de mejorar
sus vidas es unirse a un grupo ilícito, así sea yihadista o dedicado al
tráfico. El mismo día de la incorporación, les dan un arma, una moto y
un dinero que no ganarías en un año cuidando ganado. Pero no es solo
eso. También les dan un estatus social porque pasan a ser alguien
respetable. Y cuando formas parte de un grupo empiezas a apreciar sus
ideas y cuando te dan un arma, tienes que usarla. Por eso es tan
importante acabar con esta crisis cuanto antes. Porque cuanto más tiempo
pasa, más personas armadas y enfrentadas hay», continúa Kabré.
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Y hay otro elemento que en Mali sale rápidamente a colación cuando se aborda la guerra del Sahel: la crisis climática.
«El cambio climático ha provocado una escasez de los recursos y, como
consecuencia, un aumento de la pugna entre las comunidades por ellos. A
su vez, un aumento de los desplazamientos de población que, cuando
llegan sin nada a otros territorios, terminan viéndose inmersas en otros
conflictos. Y no tenemos las respuestas adecuadas para mitigar los
efectos dañinos de la crisis climática», explica Fousseini Diop,
responsable de programas de gobernanza y compromiso cívico de la
Asociación de jóvenes por la ciudadanía y la democracia (AJCAD).
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«El cambio climático ha provocado un retraso de, al menos, dos meses
en las estaciones. Así pues, los dogon y los peul, que se dedican a la
trashumancia, cuando pasan con sus ganados por los terrenos de las
comunidades que viven de la agricultura, se encuentran que aún están
creciendo las plantaciones. Los animales no tienen suficiente alimento y
encima pisan y se comen los brotes, arruinando las cosechas. Y
comienzan los conflictos. Los cazadores, también se ven afectados por la
falta de caza y de agua. Y esto se solucionaría con una buena
gobernanza, que no existe. Es más. La relación que tienen estas
comunidades con el Estado es la corrupción: cuando ven a un funcionario
ya piensan que les va a extorsionar. Por eso es habitual que les
ataquen», expone Kabré.
El Sahel es una de las regiones más afectadas por la crisis climática
y, como llevan décadas advirtiendo los distintos informes, una de sus
consecuencias más graves es el aumento de la conflictividad y de la
inseguridad. Por eso, las eventuales negociaciones de paz deberían
incluir un bloque sobre adaptación y mitigación de los efectos del
calentamiento global. Algo a lo que la comunidad internacional debería
estar destinando importantes partidas económicas si quiere frenar el
avance, entre otros actores armados, del extremismo violento.
Por su parte, JNIM, la coalición de grupos yihadistas vinculada con
Al-Qaeda, ha hecho público su interés por negociar con el Gobierno de
Mali. «Esto no es un hecho novedoso. Desde hace algunos años ha habido
acercamientos entre Bamako y las fuerzas dirigidas por Iyad ag Ghali,
líder de Ansar Dine y cabeza de JNIM. Lo mismo ha sucedido con los
gobiernos de Burkina Faso y de Níger, que también han mostrado su
predisposición a explorar espacios de diálogo con JNIM para contener la
violencia. Si bien hasta hace poco la negativa de los socios
Occidentales ha bloqueado cualquier posible iniciativa, la salida de
Francia, la presión de la ciudadanía y el deterioro constante de la
situación de seguridad en la zona apuntan a una revaloración de las
estrategias de construcción y negociaciones de paz en el Sahel, que
inevitablemente obligaran a dialogar con todos los actores», apunta Iván
Navarro.
Informe Sahel: una década marcada por la inestabilidad en la triple frontera.
La actual Junta Militar que gobierna Mali, resultante de un golpe de
Estado a otro golpe de Estado previo, ha cambiado como socio prioritario
a Francia por Rusia,
que cuenta con mercenarios de la empresa Wagner en el país desde 2021,
según informaciones publicadas en diversos medios de comunicación. Por
su parte, Francia ha concentrado la mayor parte de sus efectivos en
Níger, un país rico, además de en oro, en uranio, del que depende en
buena medida las centrales nucleares galas.
En opinión de Dagauh Komenan, historiador, especialista en el Sahel y coordinador del libro Guerra y paz en África
(Catarata y Casa África), “Vamos hacia un Níger que se orienta cada vez
más hacia un bloque occidental, y un Mali que mira cada vez más hacia
Rusia. Observamos ahí un riesgo de confrontación”.
En un mundo definido por la complejidad, donde cada vez más actores y
factores confluyen a la vez y en distintas direcciones, es más urgente
que nunca que los modelos de resolución de conflictos recojan y trabajen
desde su diversidad. Eso, si lo que buscan realmente es la paz.
Este reportaje forma parte de una cobertura en Mali realizada por Patricia Simón y Ricardo García Vilanova en el marco de un proyecto del Institut de Drets Humans de Catalunya, con la colaboración de la Escola de Cultura de Pau, financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Fuente: https://www.lamarea.com/2023/01/17/negociar-yihadistas/
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Bea Morales
Torres no ha estado sola. Ha logrado esa sentencia favorable gracias al Sindicato de Inquilinas, que la ha acompañado en todo el proceso, y al Col·lectiu Ronda, que la ha asesorado jurídicamente. “Es una victoria histórica y rotunda”, ha asegurado este martes en rueda de prensa la portavoz de este sindicato por la vivienda, Carme Arcarazo. Según esta organización, se trata de la primera victoria judicial contra esta gran empresa y confían en que siente un precedente para que miles de personas denuncien los abusos por parte de esta empresa, que tiene 13.000 viviendas, aunque gestiona más de 20.000, según dice el sindicato.
De las diez cláusulas denunciadas, la jueza ha aceptado nueve de ellas. Son las siguientes:
Aumento del 30% del alquiler a los tres años: El fondo buitre subió un 30% el alquiler que pagaba la inquilina a los tres años, pasando de los 690 euros a los cerca de 1.100. Según Azora, lo que ocurría es que al principio Torres había disfrutado de una “bonificación” inicial, un descuento sobre lo que realmente debería pagar, como si fuera una promoción comercial, según ha relatado la afectada y recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre y que se puede consultar al final de la noticia. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) prohíbe modificar la renta, más allá de los incrementos anuales fijados por el índice de precios de consumo (IPC), que durante 2023 están topados al 2%. Además, el juzgado de primera instancia 31 de Barcelona declara que “el precio del contrato no fue fijado de forma clara y transparente para que pudiera ser comprendido por un consumidor medio” y que el arrendador con esa “táctica contractual” trataba de burlar la ley.Seguro de impago a cuenta de la inquilina: Azora obligó a Torres a pagar un seguro de impago del alquiler, un hecho que no se contempla en la normativa vigente. “En ningún caso se dispone o establece la posibilidad de exigir, o si más no de repercutir, los gastos que puedan generar medidas que garanticen la solvencia del arrendatario”, establece la jueza. El gran tenedor se excusó diciendo que pidió el seguro para evitar exigir una fianza personal o un aval bancario a la inquilina, según se desprende de la sentencia.Retención de la fianza: La empresa puso por escrito que la vivienda debía ser entregada con las paredes pintadas de blanco y sin agujeros, una vez finalizada la relación contractual. De lo contrario se procedería a retener la totalidad de la fianza, así como “otras garantías adicionales prestadas por el arrendatario”. En este caso, la jueza también ha estimado el carácter abusivo de la medida, porque considera que la “limitación cromática” del inmueble impide su “goce y disfrute”. Igualmente, apunta que cambiar el color del piso o hacer agujeros en las paredes forma parte del uso y desgaste ordinario de cualquier inmueble y, por tanto, no se debe quitar la fianza por ello.Penalización por demora en el desalojo del piso: Otra de las cláusulas tumbadas por la justicia es aquella en que Azora impuso una penalización del alquiler correspondiente a tres días por cada jornada de retraso en la entrega de llaves del piso, una vez finalizada la relación contractual entre ambas partes. “Tal y como está redactada la cláusula, la demandada parte de un premisa errónea o incorrecta, que determina ya ipso facto la desproporcionalidad de la indemnización”, relata la jueza.Renuncia de derechos en caso de interrupción de suministros: Azora impuso a Torres que no tuviera derecho a reclamar al fondo buitre las interrupciones de suministros, salvo que fueran por causa propia del arrendador. Sin embargo, tal como establece la ley, es obligación de la propiedad garantizar la habitabilidad de la vivienda.Derecho del arrendador a hacer visitas periódicas al piso para comprobar su estado: Azora se reserva el derecho, previo aviso, de inspeccionar el piso en el que vive Torres para ver si todo funciona correctamente. Todo por “ánimo de facilitar la conservación y mantenimiento” del inmueble, según figuraba en el contrato de 2020. Para la jueza es abusivo, ya que “es en el momento de la entrega del inmueble cuando el arrendatario lo debe restituir […], pero no le obliga que durante el contrato deba cumplir con esos deberes”.Negar la devolución del dinero invertido en el piso si la inquilina incumple el contrato: La propiedad se reserva el derecho a no devolver ninguna inversión realizada por la inquilina en el piso si incumple el contrato. A ojos de la jueza, esa cláusula es contraria a la ley, porque no contempla algunas situaciones que se puedan dar y que escapen a las competencias del legislador o del juez.Gastos judiciales y extrajudiciales a cargo de la inquilina por incumplimiento del contrato: La jueza determina como abusivo que Azora imponga a la inquilina las costas judiciales y extrajudiciales por incumplimiento del contrato. En la sentencia se recogen supuestos que escapan a la voluntad de la inquilina y que sin embargo, tal y como figura en el redactado del acuerdo entre Torres y Azora, sería ella quien debería responder económicamente ante dichas situaciones.Declaración de haber negociado las cláusulas del contrato: El gran tenedor puso por escrito en el contrato que las condiciones del mismo fueron negociadas, algo desmentido por la afectada. “La posición procesal de la demandada al respecto de esta cláusula supone un reconocimiento implícito de esta abusividad” por parte de Lazora Sociedad de Inversión Inmobiliaria, filial de Azora, como recoge la sentencia. La legislación española y europea establecen que debe ser el empresario quien debe demostrar que las cláusulas han sido negociadas individualmente, de modo que no es válido ponerlo por escrito en el contrato.
La cláusula de la discordia, figurar en la lista de morosos
La única cláusula que se ha mantenido en pie ha sido aquella que
posibilita que la inquilina figure en el registro de morosos en caso de
impago. La juezaz considera que no puede declararse nula “porque se
limita a transcribir el contenido de una normativa nacional”.
“Las cláusulas que usa Azora las usan muchos otros”, denuncia
Arcarazo. “La totalidad de los arrendatarios de Azora tienen contratos
muy similares”, ha asegurado Monste Serrano, la abogada que ha defendido
a Torres. Sin embargo, esta sentencia no sienta jurisprudencia y, por
tanto, habrá que evaluar cada caso que pueda surgir. Un supuesto ante el
cuál se muestran expectantes desde el Sindicato de Inquilinas y el
Col·lectiu Ronda: “Hay la posibilidad de la acción judicial individual,
pero también colectiva”, cuenta Serrabo. “No se pueden mezclar cláusulas
de distintos propietarios con distintos redactados, pero sí cláusulas
análogas”, puntualiza.
La inquilina afectada se ha mostrado muy satisfecha tras una larga batalla judicial. “Es una victoria de todos,
a pesar de que la demanda era individual, de lo que más contenta estoy
es de que esto sentará un precedente para muchas familias”, ha asegurado
Torres. De todas formas, Azora puede recurrir la sentencia. De no haber
ganado, tendría que haber hecho las maletas, porque no hubiera podido
afrontar el incremento del 30% del alquiler que le pedía el fondo
buitre.
“Con una normativa más clara, donde no fuera tan fácil defraudar, se evitarían prácticas como esta”, pide Serrano. El horizonte es la Ley de Vivienda, que sigue encallada, tras haber pasado por el Consejo de Ministros de PSOE y Unidas Podemos. Arcarazo explica que una de las enmiendas que han planteado para la futura ley es que los grandes tenedores tengan que hacer públicos sus contratos para que la administración pueda revisar si son legales o no; algo que podría suponer un auténtico cambio a la hora de evitar abusos como los que ha sufrido Torres y tantos miles como ella.
Descargar el PDF con la sentencia
Fuente: https://www.infolibre.es/economia/sentencia-pionera-destapa-9-abusos-habituales-alquileres-pisos-fondos-buitre_1_1408130.html
by Sorevitno | Ene 20, 2023 | actualidad |
Caty R
Cuatro millones de dólares gastados por un reducido grupo de entidades relacionadas con el sector fósil para difundir “afirmaciones falsas y engañosas sobre la crisis climática” y publicitar objetivos de reducción de emisiones muy limitados, así como “la necesidad de seguir apostando por los combustibles fósiles”. Eso solo en Meta —el conglomerado que posee Instagram y Facebook— y en el periodo comprendido en los días anteriores y posteriores a la última cumbre del clima de la ONU, la COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh (Egipto), donde las petroleras y gasistas tuvieron un poder y una presencia mayor de lo que ya venían acaparando en anteriores ocasiones.
Es una de las conclusiones que saca la Coalición de Acción Climática Contra la Desinformación (CAAD,
por sus siglas en inglés), una confederación de más de medio centenar de
organizaciones que exige “estrategias robustas, coordinadas y proactivas para
tratar la amenaza de la mala información y la desinformación climática”.
El informe, publicado este 19 de enero y en el que han participado 18
organizaciones dirigidas por el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus
siglas en inglés), habla de inversiones millonarias de grupos de presión del lobby fósil,
con las que se han promocionado tanto tácticas de presión mediática ya
utilizadas a través de las redes sociales como “nuevas y sorprendentes
técnicas” con el fin de influir en el estancamiento de las conversaciones de la
cumbre climática mundial.
3.781 anuncios
Solo en la muestra analizada relativa a Meta, el equipo encontró 3.781
anuncios de desinformación publicados por 87 páginas entre el 1 de septiembre y
el 23 de noviembre de 2022 en Facebook e Instagram. La mayoría habían sido pagados
por Energy Citizens,
un grupo de relaciones públicas del American Petroleum Institute. Este
representa a casi 400 corporaciones dedicadas tanto a la producción como a la
distribución y a otras áreas del mercado de los combustibles fósiles, lo que
hace de él la principal asociación comercial de Estados Unidos y el lobby de
presión con más fuerza.
El sector global del plástico tampoco ha quedado fuera de este juego de
desinformación. Según la CAAD, la America’s Plastic Makers, que agrupa a los
principales productores del sector del plástico, ligado a la industria
petrolera —con socios entre sus filas como ExxonMobil, Chevron, Dupont o Shell—
gastó más de un millón de dólares en difundir este tipo de mensajes para
influir en la opinión pública.
Las diez principales páginas por volumen de publicidad y gasto son en su
mayoría instrumentos de la industria fósil y sus grupos de presión. Entre ellas
se encuentran algunas operadas por conocidos grupos conservadores y
ultraconservadores, especializados en campañas de marketing y técnicas de
dudosa legitimidad, como el astroturfing y las fake
news, para luchar contra la legislación ambiental. Es el caso de Americans
for Prosperity, fundada por el multimillonario Charles Koch; Natural Allies for
a Clean Energy Future, el grupo creado por Williams Companies, la compañía que
maneja el 30% del gas fósil en Estados Unidos, para promocionar el gas como
energía “limpia”; o The Empowerment Alliance, grupo creado específicamente
desde la industria del gas fósil para luchar contra un Green New Deal en EE UU.
Más
negacionismo
Con el incremento de inversión publicitaria en redes sociales, los
analistas de CAAD aseguran haber detectado “un aumento sorprendente en el
contenido relacionado con la negación absoluta del cambio climático, incluido
un aumento en Twitter del hashtag #ClimateScam —la estafa del clima— desde
julio de 2022”.
Para colocar sus mensajes, la coalición de organizaciones por una
información veraz ha recopilado una serie de técnicas en lo que llama el Libro
de jugadas narrativas de la desinformación. Entre ellas se encuentran la
explotación de la crisis del coste de la vida para eludir así las
preocupaciones sobre la crisis climática; la propagación de dudas sobre la
fiabilidad de las tecnologías más verdes; la promoción de los combustibles
fósiles como necesarios y confiables o la explotación de un marco engañoso en
las discusiones sobre las reparaciones climáticas, los pagos que el Norte
global debería realizar a las naciones menos favorecidas para, en virtud de su
responsabilidad histórica en la emisión de gases de efecto invernadero, ayuden
al Sur a ser más sostenible. Entre sus técnicas, llegan al punto de poner en
duda el consenso científico global por el que el 97% de la comunidad científica
asegura que la crisis climática está causada por la actividad antropogénica.
Las directora de Investigación y Respuesta Climática de ISD, Jennie King,
señala que “los eventos de 2022 impulsaron un ecosistema global para la
desinformación”, mientras que la guerra de Rusia en Ucrania —continúa— “y su
impacto en las cadenas de suministro de energía han renovado los ataques contra
el clima en todo el mundo”.
En su opinión, los grandes contaminadores globales, especialmente la
industria de la energía fósil, continúan invirtiendo millones en publicidad digital
para lavar su imagen como “campeones climáticos” al mismo tiempo que promueven
la necesidad de esos combustibles fósiles y desarrollan planes para alargar su
uso.
Asimismo, alerta de que “los ataques a los movimientos climáticos son cada
vez más extremos”, calificando la situación de muy preocupante, por lo que
aboga por “una respuesta coordinada en todas partes, desde el big tech hasta
sus reguladores: en este momento crucial, abordar la desinformación climática
es una parte esencial de la acción climática”.
Malos augurios
Hechos como que el sultán Ahmed Al-Jaber —que dirige la petrolera nacional
de Emiratos Árabes Unidos— haya sido designado presidente de la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP28)
o el récord de asistencia a la COP27 conseguido por el personal de los lobbies de
la industria fósil, “preparan el escenario para una mayor difusión de la
desinformación en la conferencia climática del próximo año y en otros momentos
de política climática”, advierten desde el CAAD.
Erika Seiber, portavoz de Amigos de la Tierra EE UU, señala que la
investigación publicada este jueves “muestra que la desinformación climática no
va a desaparecer y, de hecho, está empeorando”. La promoción de la etiqueta
#ClimateScam como uno de los principales resultados del motor de búsqueda de
Twitter sin ninguna justificación es uno de los ejemplos que pone sobre la
mesa.
Por su parte, Jake Dubbins, copresidente de Conscious Advertising Network
señala que “si la urgencia de la crisis climática continúa siendo socavada por
la información errónea y la desinformación, entonces la acción climática que
todos necesitamos desesperadamente seguirá retrasándose hasta el punto de no
retorno”.
Por todo ello, desde el CAAD se hace un llamado a los gobiernos de la UE y
Estados Unidos, así como a la ONU, el Panel Internacional de Expertos sobre el
Cambio Climático y las grandes tecnológicas, para que reconozcan la amenaza de
la desinformación climática y tomen “medidas inmediatas para mejorar la
transparencia y el acceso a los datos para cuantificar las tendencias de
desinformación, para detener la defensa engañosa de los combustibles fósiles en
el contenido de anuncios pagados, hacer cumplir políticas contra los
reincidentes que difunden desinformación en las plataformas, y adoptar una
definición estandarizada y completa de desinformación climática”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/lobby-fosil-cuela-instagram
