Por Daniela Poblete Ibáñez*   Entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 27 decretos que rebajaron penas por abuso sexual y otros 29 por violación, en ambos casos las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Bajo el criterio del actual gobierno, los condenados por violación o abuso a niños, niñas y adolescentes (NNyA) ya no necesitan ir a tribunales para obtener el beneficio. Cincuenta y seis firmas, una cada tres días, convertidas en un pase a la libertad para violadores.   La Ley 19.856 permite rebajar la condena por buena conducta en la cárcel. En 2022, la Ley 21.421 excluyó de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra NNyA. Hoy, el debate es si esa exclusión alcanza a quienes delinquieron antes del año 2022. La Corte Suprema se ha pronunciado muchas veces, pero no de forma unánime: en marzo de este año, por ejemplo, negó una rebaja idéntica a las que autorizó el gobierno de Kast, y ese mismo mes otro caso se resolvió a favor del condenado por apenas tres votos contra dos. Conclusión, no hay jurisprudencia asentada, y por eso la explicación del ministro Rabat es jurídicamente absurda.   Lo que sí está claro es lo que se buscaba con la reforma. En 2019, el gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que estas agresiones ocurren en relaciones de poder que aseguran la impunidad del agresor, y que la mayoría de las víctimas son niñas. Su ministro de Justicia advirtió, que los abusadores de menores no suelen ser violentos en la cárcel, por lo que cumplen sin problema la buena conducta que les abre la puerta a la rebaja. El Congreso aprobó por unanimidad la propuesta de reforma y la ley nació para romper el checklist con el que cumplen sin problema los condenados y este gobierno decidió volver a él sin problematizar y tirando por la borda lo avanzado en el gobierno de los partidos políticos con los que el mismo presidente Kast hoy gobierna.   La antropóloga Rita Segato nos da herramientas para entender por qué esto es tan peligroso. A partir de sus entrevistas con condenados por violación en una cárcel de Brasilia, mostró que la violación no es deseo sino poder: un mensaje dirigido a la víctima y a los otros hombres, ante quienes el agresor demuestra que tiene el poder dominar. Así la violación, entre otras cosas, se convierte en unos de los mensajes más macabros del patriarcado y la respuesta del Estado ante este delito no debe ser tomada a la ligera, sino la respuesta a la crueldad se interpreta como permisiva ante el delito. Segato advierte, además, que la cárcel es una pedagogía de la irresponsabilidad: enseña a cumplir el horario y obedecer al gendarme, a no provocar problemas y cumplir con el checklist de buena conducta, pero no estimula a hacerse cargo y responsable de violar a una niña o niño. Eso es lo que mide la buena conducta. Un hombre puede ser un interno ejemplar sin haber problematizado nunca el mandato que lo llevó a violar. Rebajar su pena por portarse bien es confundir obediencia con responsabilidad.   El gobierno anterior negó estos beneficios, en coherencia con la reforma, y quienes no estuvieron de acuerdo ejercieron su legítimo derecho al amparo y recorrieron el camino lógico. Este gobierno concedió el beneficio a 56 condenados, sin que ninguno pisara un tribunal. Un cambio así responde a una manera de mirar el mundo y este gobierno ha mostrado muy bien cual es la suya. Este, es el mismo gobierno que dejó a tres mil mujeres campesinas fuera del Programa Mujeres Rurales, recortó 2.741 millones al Ministerio de la Mujer y retrocede en los derechos de las niñeces trans. Es el gobierno de los partidos políticos que presentan un proyecto de Ley llamado “Escucha su corazón” para derogar de hecho la Ley de aborto en tres causales y el que planea eliminar una institución completa como PRODEMU y, cuando una medida se repite en todas las direcciones, deja de ser accidente y se vuelve programa.   Además, un gobierno que mira a niñas y niños como asuntos privados de la familia, no como sujetos de derechos. Segato llama “dueñidad” a esa relación en que unos cuerpos pasan a ser propiedad de otros: y esta es la lógica que hace sentir dueño al agresor y la de un Estado que se corre a un lado cuando el daño ocurre puertas adentro como sucede con las violaciones hacia NNyA. La Ley 21.430 de garantías de la niñez exige un deber de protección reforzado y 56 decretos que rebajan la pena de un violador de NNyA sin mirar a la víctima incumplen ese deber, aunque el condenado cumpla con todos los requisitos.   No se trata de exigir más cárcel por reflejo ni de creer en un Estado punitivista. Las garantías penales deben respetarse por el camino institucional, pero este gobierno prefirió fabricar un atajo que asegura un resultado favorable a los violadores. Si un condenado considera que la exclusión a este beneficio vulnera sus derechos, tiene el legítimo derecho al recurso de amparo, y son los tribunales quienes deben decidir según cada caso concreto, con la historia y el contexto a la vista. Así funcionó durante cuatro años. Este gobierno, en cambio, tomó fallos que sólo valen para quienes fueron a tribunales y los convirtió en una regla general, aplicada en serie. Se puso en el lugar de los jueces sin hacer su trabajo: mirar cada caso con sus características particulares. Eso es el checklist y un checklist no tiene memoria, no tiene contexto y no tiene víctimas.   Por eso el enfoque de género no es un adorno ideológico, como repite este gobierno. Es la herramienta que permite ver lo que la planilla esconde: que la violencia sexual contra la niñez es dominación, que golpea sobre todo a las niñas y que deja huellas que no se borran con un buen comportamiento en el recinto penal.  Seguir leyendo “El gobierno de la violación, de derechos, de trabajo, de salario y ahora de niñas y niños”