JDF
Fue uno de los últimos colectivos ciudadanos en constituirse –por la defensa del territorio- en el País Valenciano; lo hizo el pasado 19 de enero en el Consell Agrari del municipio de Sagunto (68.000 habitantes); integrada por 17 asociaciones, la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre rechaza el macroproyecto fotovoltaico impulsado por Iberdrola y Power Holdco (grupo Volkswagen), cuyo impacto afectaría a la partida de Montíber (“de alto valor ecológico”).
Salvem Gausa y
Montíber es
el lema con el que los activistas se movilizan ante la amenaza de destrucción
de cerca de 4 millones de metros cuadrados de huerta productiva, así como la tala
de 150.000 árboles frutales debido al emplazamiento escogido para la macroplanta.
En
las redes sociales se difundió ampliamente, durante las fechas previas, la
convocatoria de la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les
Energies Renovales a una manifestación el 21 enero en Valencia, con la consigna
–según los carteles- de Renovables sí,
pero no a cualquier precio. Por un
mundo rural vivo, no a las macrorrenovables. Varios miles de personas,
llegadas desde las comarcas del País Valenciano y Teruel, participaron en la
movilización.
La
Coordinadora está integrada por 45 grupos ecologistas y plataformas defensoras
del territorio; entre los motivos de la acción reivindicativa, que comenzó en
el Palacio de Justicia y finalizó en la Plaza de la Virgen de Valencia, se
destacaba que la transición al modelo de energías renovables está realizándose
“sin participación ciudadana” ni “respeto a las entidades locales”, además de
implicar la destrucción de tierras agrícolas, bosques y un riesgo para la
biodiversidad.
“Empresas
extranjeras y fondos de inversión especulan con las tierras del interior que
son más baratas y amenazan sectores tan importantes como el agrícola y el
turismo rural”, alertan las organizaciones. También señalan la responsabilidad
de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y la UE, por llevar a
término una desregulación de las legislaciones urbanísticas y ambientales,
“para facilitar los intereses de estas empresas”.
Por
ejemplo, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF pidieron, en referencia al Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, que
el Gobierno central y los diferentes grupos parlamentarios retiren la medida
que acorta la evaluación ambiental de los proyectos renovables en todo el
estado; podría generar inseguridad jurídica y agravios comparativos,
denunciaron los colectivos ecologistas el 13 de enero, entre otras razones
porque establece plazos más cortos de tramitación ambiental para las
iniciativas de renovables con mayor tamaño.
La
Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables
resume sus reivindicaciones del siguiente modo: “Talar más de un millón de
árboles no es transición ecológica”.
En
la manifestación que recorrió el centro de Valencia, uno de los carteles
–empuñado por un vecino ataviado de negro-, adjuntaba estas cifras en relación
con el municipio de Biar, de 3.600 habitantes (comarca alicantina de l’Alt
Vinalopó): “731 hectáreas afectadas por macroproyectos; más de 60.000 árboles
arrancados; nueve fotovoltaicas y 368 megavatios”.
Otro
vecino, asimismo con zamarra negra, mostraba la consigna “Salvemos la Sierra de
Salinas”. Se repartieron octavillas respecto al municipio de Godelleta (3.900
habitantes), en la comarca de l’Hoya de Buñol-Chiva (Valencia), con el lema Godelleta. Te queremos verde, no negra de
placas. También estuvo presente la Plataforma
Salvemos Farrajón. Macroparques No.
A
estas reivindicaciones se sumó una pancarta, sostenida por ocho manifestantes,
en la que podía leerse Les Coves de
Vinromà (la Plana Alta, Castellón, 1.800 habitantes) diu no al MAGDA (macroparque
fotovoltaico con cerca de 260.000 paneles solares, y una afección sobre 472
hectáreas y 60.000 árboles); también expresaron su negativa al trazado de la
Línea Eléctrica de Muy Alta Tensión (MAT) asociado a la macroplanta.
En
un ambiente lúdico, los participantes hicieron sonar silbatos, reclamaron Renovables sí, pero no así y advirtieron
El mundo rural, no se rendirá;
caminaron por las calles céntricas con el acompañamiento del bongo y al ritmo de la dolçaina, mientras algunos manifestantes
repartieron hojas de laurel, naranjo y olivera. Una mujer vestida de negro
empuñaba el siguiente cartel: “Las placas a los tejados, no a los sembrados”; y
dos activistas, con monos blancos: “Las abejas se alimentan de flores, no de
paneles solares”.
Al
concluir el recorrido -ya en la Plaza de la Virgen-, se formó un gran círculo humano con las pancartas y se procedió a
la lectura de un manifiesto (51 organizaciones y plataformas del País
Valenciano de adhirieron al manifiesto inicial de la Coordinadora, que recuerda
–entre otros puntos- el “contrasentido” de que las infraestructuras se emplacen
lejos de las grandes ciudades, industrias y empresas de servicios, donde se
consume la mayor parte de la energía).
Un
documento difundido -en octubre de 2022- por la Coordinadora Valenciana per la
Ubicació racional de les Energies Renovables ponía cifras a esta idea: “Entre
15.000 y 20.000 hectáreas afectadas por el desarrollo previsto de plantas
fotovoltaicas y eólicas”. Un ejemplo del “reparto desigual” en la implantación
de los proyectos puede observarse en la comarca con un mayor número de
megavatios en tramitación –l’Alt Vinalopó, 1.866,5 MW-, lo que representa cerca
de la mitad de la provincia de Alicante (4.564 MW de tramitación en plantas).
Otro
ejemplo significativo es el de la comarca del Valle de Ayora (1,102 MW), lo que
representa el 25% de la potencia en la provincia de Valencia (4.094 megavatios
en trámite). Municipios como Villena (Alt Vinalopó) tienen 21 plantas en
tramitación y Requena (comarca de Requena-Utiel), 16.
La
Alianza estatal Estrategia y Territorio (ALIENTE) y el Observatorio Sostenibilidad
publicaron el 7 de diciembre el Estudio Renovables
sostenibles: fotovoltaica; una de las conclusiones más relevantes es la
existencia en el estado español de “superficies suficientes para instalar 181 Gigavatios
(GW) que producirían más de 272.037 GWh/año en energía fotovoltaica sin que
exista ninguno o un mínimo impacto ambiental; esta energía es algo superior al
consumo anual de electricidad en España en 2021”.
