Oficialismo y oposición sin grietas contra las organizaciones sociales

JDF

El anuncio de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “confirma
nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”,
opinó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), sobre la
decisión oficial de suspender al 10 % del padrón del Potenciar Trabajo
que no completó la validación
de datos. 

Según
comunicó Tolosa Paz, los suspendidos tendrán un mes para presentar
reclamos, durante el que cobrarán la mitad del plan. Si terminado ese
plazo continúan sin validar sus datos, serán dados de baja. 

Para Belliboni, ese
sistema es «poco viable» para las personas en situación de pobreza que no
tienen celular o viven en zonas con mala o nula conectividad ya que
requiere una validación de la identidad de forma virtual y con
reconocimiento facial. 

“Es un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que había muchos planes sociales”, señaló el dirigente del PO, donde confirmó que las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera se reunieron este martes para definir un “plan de lucha” a nivel nacional, que sería activado la semana próxima. Belliboni también adelantó que pedirá una reunión al ministerio de Desarrollo Social para que dé marcha atrás con la medida. 

COMUNICADO DE LA UNIDAD PIQUETERA 

EL GOBIERNO AJUSTA A LOS QUE MENOS TIENEN, POR PEDIDO DEL FMI. 

En 50 días la Ministra «auditó» más de 1.300.000 planes sociales y bajó
160.000. 

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, está aplicando
un ajuste salvaje contra los que menos tienen.
A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores
populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los
emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa
Potenciar Trabajo, el más importante del Ministerio, que
son por fallecimiento, por jubilaciones y otras causas y que no son
reemplazadas, se le agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 Potenciar
Trabajo. 

AJUSTE ACELERADO

Para impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI la ministra
ideó un sistema que sin dudarlo se puede calificar como de shock contra los planes sociales.
En noviembre remplazó las auditorias presenciales hechas por
Universidades, que iba a permitir una evaluación del programa Potenciar,
establecido por “Juanchi” Zabaleta, su antecesor y que lógicamente iba a
demorarse meses, lo cambió de un plumazo ni bien asumió
por otro que está concluyendo ahora, apenas poco más de 50 días de
lanzado, y que es un sistema que reemplaza la auditoría presencial, por
una validación exclusivamente por Internet. 

UNA MINISTRA APURADA EN HACER UN AJUSTE 

Mientras se sigue con las demoras en la entrega de alimentos y herramientas la ministra aplicó en 50 días, sin demoras, el descuento del 50% de los ingresos a 155.000 trabajadores del Potenciar Trabajo, Paso previo al despido, sumariamente y sin derecho a defensa. 

En
un país en el que la pobreza y la falta de los servicios más básicos
caracterizan la situación de millones de personas, reclamar la
validación de datos por Internet exclusivamente es una canallada de un
gobierno ajustador. 

La falta de conectividad, los problemas con el sistema de validación e inclusive el colapso del sistema, le sirven a la ministra para ajustar a los que menos tienen dejando a decenas de miles sin la ayuda social que necesitan y que el gobierno está obligado a brindarle.

No se trata de una forma de transparencia del sistema, sino de una política basada en el ajuste, que especula con que hay trabajadores que están aislados y desorganizados y hasta con la falta de información de beneficiarios reducidos a la pobreza extrema.

Mientras se les reducen las deudas a las empresas energéticas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores y empresarios y se beneficia a los que especulan contra el peso argentino, favoreciéndolos con un dólar preferencial, se les saca el único ingreso a casi 160.000 personas que además pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales.

Un ataque brutal que estuvo precedido por una campaña de todo el arco político patronal, desde Cristina, que dijo que había muchos planes, pasando por Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque y que tuvo una escena farsesca cuando se anunció hace unos meses que había 250.000 beneficiarios de planes sociales que pagaban bienes personales, tenían yates y compraban dólares!!!??? Todo lo cual quedó desmentido poco después, pero que, sin embargo, sirvió al objetivo de estigmatizar a los que cobran una ayuda social y a crear un clima favorable a las bajas, que reclamó siempre el FMI y las patronales que ven a los bajísimos montos de los planes sociales como competidores de los salarios miserables que pagan los patronos locales. 

Las bajas no son por »compra de dólares o por pagar bienes personales»,
los casi 160.000 afectados son bajas ¡¡¡por falta de validación!!! 

Es necesario defender a cada compañero que fue injustamente dado de baja, reclamamos el levantamiento de la totalidad de las personas dadas de baja, que el Ministerio cite en el distrito en el que viven, los trabajadores dados de baja del programa, para que se los levante sin pérdida del mes vigente.

Por un aumento en los montos del Potenciar Trabajo para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza. Apertura irrestricta de los programas. Por un seguro al desocupado igual a la canasta familiar. Ningún ajuste a los trabajadores. Por todo esto solicitamos en forma urgente una reunión con la Ministra y declaramos el estado de alerta en todo el país, si no tuviéramos respuesta en los próximos días, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de los compañeros. 

*Unidad Piquetera*MST TERESA VIVELIBRES DEL SURFRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – M.A.R. ☆ – M☆29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULARCOORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA lxs que luchan 

«Política de estigmatización constante» 

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y
dirigente del Movimiento Evita, Emilio
Pérsico, por su parte, consideró que «hay una política
de estigmatización constante» de algunos sectores hacia a los
beneficiarios de los planes sociales. 

«Hay
una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma
vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los
sectores populares. Es histórica la estigmatización», sostuvo el dirigente social y funcionario en declaraciones. 

Y añadió, sobre el proceso para evitar la baja del Potenciar Trabajo: «Ahora se abre un período en el cual los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50% (…). Después si no lo hace, el compañero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias más para hacerlo«. 

Mario
Ishii:
Un ataque despreciable con el aval de Fernández 

El
intendente de José C. Paz participó de un acto junto a Alberto
Fernández
y mostró su desprecio por quienes cobran planes sociales. «Hay que dejar
de ser parásito y garronero en este país, hay que ponerse a laburar»,
aseguró. Mientras el presidente aplaudía sus dichos, Ishii señaló que es
«mentira que la gente tiene hambre» y remató:
«No quieren laburar y encima cortan y piden más beneficios».
 

Pero
la importancia no es solo por lo que dijo, sino por dónde lo dijo
y junto a quién. Sus dichos fueron durante el acto de inauguración de la
ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, en José C. Paz, y en
presencia del ministro Katopodis y del presidente, Alberto Fernández. 

Durante
su discurso, Ishii defendió la política económica del Gobierno
nacional y aseguró: «No está la situación social como la están
planteando. Es más, nosotros hemos bajado el 60% de los comedores de
José C. Paz, porque ya no necesitan comedores. La gente consigue
trabajo». Pero poco a poco se fue entusiasmando y apuntó contra
quienes reciben planes sociales como un paliativo por parte del Estado.
«Los comerciantes piden trabajo. Yo mismo pido trabajo, oficiales
albañiles para la constructora municipal y no los estoy consiguiendo. Y
no lo estamos consiguiendo por la gran cantidad
de planes sociales que hay», continuó. 

Frente a la mirada de Alberto Fernández y de Gabriel Katopodis, que asentían
tímidamente, Ishii redobló la apuesta: «Hay que dejar de
ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a
laburar compañeros, porque es la única forma de salir. ¡Basta de
garroneros en el país, que vengan a laburar porque mano de obra hay!». Un ataque despreciable que levantó el aplauso de todos los presentes, incluidos Katopodis y Fernández, y
que terminó de envalentonar al cacique del conurbano: «¡No quieren laburar y encima piden más beneficios de los que
están teniendo! ¡Señor presidente, es mentira que no hay laburo!». 

El
ataque de Ishii, mostrando todo su desprecio y recibiendo el aval del
presidente, se da en un momento en el que el Gobierno del Frente de
Todos acaba de recortar 154.441 planes Potenciar Trabajo por no realizar
la «validación obligatoria» que había previsto el ministerio de
Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. Esto equivale
al 11,3% del total de beneficiarios del plan. Aquellas personas que no
cumplieron con el plazo estipulado verán recortados sus ingresos a la
mitad en febrero y, en caso de que no completen los datos en el nuevo
plazo que exige el ministerio, dejarán de cobrar
el 100% para luego ser dados de baja. Una exigencia que el Gobierno -que
prometió «empezar por los últimos»- jamás tuvo con los grandes
empresarios, los Bancos, o las patronales del agro que siguen acumulando
beneficios, subsidios millonarios y enormes rebajas
de impuestos. 

A pesar de los dichos de Ishii, las estadísticas oficiales muestran la magnitud de la crisis social que viven millones de familias en el país. En cambio, las vergonzosas declaraciones del intendente de José C. Paz y el aplauso de Alberto Fernández muestran que la política del Frente de Todos es seguir cortando el hilo por lo más delgado, para cumplir con el ajuste que reclaman el FMI y los grandes empresarios. 

¿De qué estamos hablando?: la suma anual del Potenciar Trabajo alcanza para cubrir apenas 5 meses de comida 

Un
reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad
Nacional de Avellaneda (UNDAV) analizó la evolución del poder
adquisitivo de los distintos trabajadores de la Argentina. En el caso
del Potenciar Trabajo se destaca que en diciembre de 2019 el monto real
de esta prestación había caído un 14,6% por debajo de
los niveles de diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri llegó al poder.
A partir de diciembre de 2019 hubo unas leves mejoras, que llegaron a
su pico en febrero del 2021, pero desde entonces volvió a desplomarse.
La cuenta final da que, en lo que va de la
gestión de Alberto Fernández, este programa sufrió una caída en términos
reales de 6,2%. 

Para
entender mejor las cifras, el informe de la UNDAV explicó cuántas
canastas básicas alimentarias (CBAs) lograron comprar los beneficiarios
del Potenciar Trabajo. Mientras que en durante todo el año 2019 permitió
adquirir 6,2 CBAs, esa cifra se redujo a 5,9 CBAs en 2020, a 5,8 CBAs
en 2021 y a 5 en todo el 2022. Es decir que
los que cobraron este plan social todo el año, apenas les alcanzó para
cubrir la comida de cinco meses. Vale recordar que la última cifra
oficial, de noviembre, marcó que una familia tipo necesitó $64.012 para
comer, pero el Potenciar Trabajo implicó un salario
de $27.275. 

El informe destaca, además, que similar situación vivieron los que tuvieron su sueldo en términos similares al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). “Hacia diciembre de 2019 se encontraba que había caído un 21,1% respecto a su valor en diciembre de 2015. En la etapa posterior, comprendida entre diciembre de 2019 y noviembre de 2022 se registró una caída del 5,5%”, aseguró el informe. 

El Gobierno le paga al FMI otros U$S 641 millones 

El lunes pasado el gobierno pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI)
otro vencimiento del crédito stand by por U$S 641 millones. El
monto equivale a 92 meses de pagos de Potenciar Trabajo a las 154.441
personas que fueron desafectadas del plan por no haber podido hacer la
validación.
 

Con
este pago ya suman U$S 2.597 los millones desembolsados al organismo
durante enero, ya que el pasado 9 se realizó otro desembolso por U$S
1.282 millones y restan otros U$S 674 millones cuyo pago se prevé para
el 30 de enero. 

Mientras el Gobierno sigue ajustando sobre «los últimos», los más vulnerables, en un país con 43,1 % en situación de pobreza (medición de la UCA), mientras siguen escaseando los dólares que frenan la economía, no duda en cumplir con los pagos del acuerdo con el FMI. 

El Gobierno no solo suspenderá Potenciar Trabajo sino que aún les debe
alimentos a los comedores 

El lunes pasado la ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, comunicó que 154.441
beneficiarios del Potenciar Trabajo serán suspendidos, por no haber revalidado sus
datos a través de la app Mi Argentina. 

Desde Casa Rosada, la ministra hizo hincapié en lo que se
«ahorrarían» con esta decisión: «el impacto fiscal de suspender 154.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo representa «algo más de 2.500
millones de pesos«. A su vez aclaró que si para el mes de febrero, estos beneficiarios continúan sin revalidar su identidad, serán dados de baja. 

Recordemos que el programa Potenciar
Trabajo se trata de una contraprestación laboral, en condiciones precarias y con
un ingreso de apenas $30.000 mensuales, para jornadas que en muchos casos son de 8 horas; y cuyos
beneficiarios también suelen realizar otras actividades informales para llegar a subsistir. 

Ni
un mes de tregua dio el Gobierno nacional en su ataque a los
trabajadores
más precarios y pobres del país, muchos de los cuales se organizan en
los llamados movimientos sociales. Hacia fin de año, la ministra Tolosa
Paz había anunciado que preparaban la baja de alrededor
de 400.000 beneficiarios, luego de una campaña de criminalización que
desmintieron tanto las organizaciones independientes, como afines al
Gobierno. 

La ofensiva se frenó por respuesta de la Unidad
Piquetera y de otras organizaciones que salieron a las
calles. También protestando contra el pobre bono de fin de año que
entregó el Gobierno, mientras la inflación del 2022 cerraba en un 95%
anual. 

A su vez, denuncian
que hay barrios que se quedaron sin alimentos en merenderos y comedores populares,
durante las fiestas de fin de año, y aún les deben las entregas. La
pelea por el retaceo de la comida por parte del ministerio de Desarrollo
Social se dio a
lo largo de todo el 2022. En estos comedores asisten también personas
ocupadas y sus familias, porque los sueldos no alcanzan. 

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, organización impulsora de
la Unidad Piquetera, twitteó: 

El Gobierno busca aumentar la recaudación y alcanzar las metas que impone el organismo con sede en Estados Unidos, ajustando sobre los más pobres. El 2023 comenzó con fuertes subas de tarifas en los servicios públicos, autorizadas por el ministro Sergio Massa, quien sigue los lineamientos pactados entre el FMI y el ex ministro Martín Guzmán. 

El 87% de las familias de barrios populares ve amenazada su dieta 

El
87 por ciento de las familias que habitan en barrios populares refirió
preocupación porque los alimentos se acabarán en su hogar por falta de
recursos. El dato se desprende de un estudio realizado en 15 provincias
argentinas por la organización Barrios de Pie. La investigación estuvo
motivada por «el fuerte incremento de la inseguridad
alimentaria en los barrios más humildes, producto del aumento
indiscriminado de los precios de los alimentos«.
El relevamiento, realizado
en el último semestre de 2022, se situó en un contexto de un crecimiento
de la economía nacional del 10,4 %, cuando las grandes empresas de la
industria agroalimentaria presentaron balances con ganancias
millonarias. 

Para la elaboración del
estudio, más de 2.300 familias fueron entrevistadas acerca de
la dieta que consumen habitualmente. El 58 % respondió que tuvo que
servir porciones menores a las personas adultas, mientras que el 33 %
tuvo que hacerlo también con las niñas y niños.
El 46 % informó que por lo menos un adulto dejó de realizar alguna de
las comidas diarias por falta de recursos, mientras que esto se replica
para los niños en el 23 % de los hogares. En otras palabras, en una de
cada cuatro familias las niñas y niños dejaron
de consumir una de las comidas diarias. 

Barrios de Pie observó que solamente el 17 % de las familias come carnes
o huevo una vez al día, tal como recomienda el ministerio de Salud de la Nación.
Es decir, el 83 % de las familias ven vulnerado
su derecho a la alimentación al recibir un aporte proteico con una
frecuencia menor a la recomendada. Además, el 30 % ingiere estos
alimentos solo una vez por semana o menos. 

El
consumo diario de verduras alcanza solo al 14 % de las familias,
mientras
que el 44 % las consume una vez a la semana o menos. En cuanto a las
frutas, solo el 19 % de las familias dijo comerlas a diario y el 37 % lo
hace una o menos veces a la semana. Sobre los lácteos, solo el 25 % los
consume diariamente; el 32 %, una o menos
veces por semana. 

En este contexto se propone sostener la Asignación Universal por Hijo, prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria (sustento de la prestación Alimentar) y reforzar los alimentos en los espacios comunitarios. Además, se menciona la necesidad de aumentar la cobertura a los mayores de 15 años y de diseñar políticas específicas que aborden la situación de la juventud, principal víctima de la pobreza y la indigencia en nuestro país. 

Los cortes más baratos, con más grasas y menos proteínas 

Según
este monitoreo, el 55 % de las familias informó que come carne todos
los días. Pero los cortes de carne vacuna más comprados en los barrios,
por el 73 % de los grupos familiares encuestados, son aquellos altos en
grasa y de menor costo: falda, picada, osobuco y espinazo. En cuanto al
pollo, el 47 % de los grupos familiares
comen alitas, carcasa y menudos, todos cortes de alto contenido graso.
Estos cortes son el único aporte de pollo para el 28 % de las familias. 

El 21 % de las familias solamente consume cortes de vaca o pollo de estas características. En otras palabras, una de cada cinco familias solo consume cortes con alto contenido graso y bajo en proteínas. «Si a esto le sumamos la baja frecuencia de consumo de carnes y huevo que describimos en el punto anterior, queda claro que el aporte proteico de las familias es bajo y con grandes proporciones de grasas saturadas», apuntan desde Barrios de Pie. 

Inseguridad alimentaria: tener que dejar de comer 

En
1974 la FAO comenzó a utilizar el concepto de seguridad alimentaria
como el “derecho de todas las personas a una alimentación cultural y
nutricionalmente apropiada”, retomando documentos internacionales que 50
años antes ya reconocían a los alimentos como un derecho fundamental.
En la década siguiente, la seguridad alimentaria
se inscribió en la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y en las Conferencias Internacionales de Nutrición (Roma,
1992 y 1996). 

La nutricionista Patricia Aguirre explica -en su ensayo de 2004, “Ricos
flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis”-,
que una variable importante al considerar el caso argentino respecto a
la alimentación
es que el 90 % de la población vive en ciudades, donde la autoproducción
de alimentos está limitada por el espacio. Por lo tanto, el acceso a la
comida depende en gran medida del mercado y del Estado. “Del mercado a
través de la capacidad de compra (la relación
entre los precios de los alimentos y de los ingresos) y del Estado a
través de las políticas públicas que inciden sobre precios e ingresos o
actúan a través de políticas asistenciales compensando su caída”, dice
el artículo. 

A
la vez, Aguirre aclara que la pobreza en los hogares no quiere decir
que esa misma cantidad de población caiga inmediatamente en la
enfermedad y la muerte. “Antes, y dependiendo en gran medida de su
vulnerabilidad, de sus saberes y sus poderes: comerán distinto,
sustituirán productos caros (frutas, verduras, lácteos, carnes)
por otros más baratos (pan, fideos, grasas, azúcares), comerán menor
variedad de productos y platos únicos (comida de olla), se ‘llenarán’
con pan y mate y cambiarán la manera de distribuir la comida entre los
miembros del hogar”. 

Son
estos rasgos los que se ponen de manifiesto en el estudio de Barrios
de Pie. El 54 % de las familias encuestadas expresó haber tenido que
disminuir el consumo de carnes; el 49 %, de frutas; el 44 %, de lácteos y
el 43 %, de verduras. Respecto a los alimentos ricos en hidratos de
carbono (papa, batata, arroz y fideos), hubo
una reducción del consumo del 24 %, frente a un 35 % que lo aumentó.
«Son más baratos y rendidores, aunque nutricionalmente mucho menos
convenientes», dice el informe. 

La
información presentada describe los patrones de consumo de alimentos,
cambios en el consumo de los mismos e indicadores de inseguridad
alimentaria en 2.381 familias de 15 provincias (Buenos Aires, ciudad de
Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tucumán y Tierra del Fuego). 

El estudio se realizó entre agosto y septiembre de 2022. Según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer semestre de
2022 el 36,5 % de la población argentina era pobre. Hubo una mínima
reducción del 0,8 % respecto a igual período del año anterior, en un
contexto de crecimiento económico a nivel nacional.
En cambio, la indigencia se ubicó en el 8,8 %, aumentando un 0,6 %
respecto a 2021. 

En
las personas de entre 0 y 17 años la pobreza alcanzó al 51,5 % global.
Desagregada la cifra por rango etario, se evidencia que la pobreza
afecta al 47,5 % de las niñas y niños entre los 0 y los 5 años, al 52,7 %
de quienes tienen entre 6 y 11 años y al 53,4 % a la franja comprendida
entre los 12 y los 17 años. 

La Prestación Alimentar -recuerda Barrios de Pie- se deposita automáticamente en las cuentas de las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, que alcanza al universo de niñas y niños hasta los 14 años. «Esta política no cubre al sector de jóvenes donde más alta es la incidencia de pobreza e indigencia», concluyen desde la organización. 

Pobreza en un contexto de crecimiento y el lucro de las empresas 

En
el período analizado la economía argentina se recuperó un 10,4 %. Sin
embargo, se lee en el estudio, hubo «una fuerte transferencia de
recursos hacia los sectores concentrados de la economía, principalmente
mediante el proceso inflacionario». 

Según
el INDEC, entre el segundo semestre 2021 y el primero del 2022,
hubo un 29,1 % de aumento en los ingresos de las familias. Pero al
analizar la Canasta Básica Total (CBT) se observa un incremento del 29,0
% y del 33,8 % para la Canasta Básica Alimentaria (CBA). 

Entre
diciembre de 2021 y agosto de 2022, los alimentos aumentaron un
60,8 %; y se incrementaron en un 81,4 % respecto a agosto de 2021. El
precio de la canasta básica creció un 57,3 % desde diciembre de 2021 y
un 75,2 % desde agosto de ese año. Para Barrios de Pie, estos números
explican la baja disminución en la pobreza y
el aumento de la indigencia. 

«Para hallar las causas de este fenómeno, es necesario analizar la cadena
de la industria de los alimentos, principales formadores de precios en nuestro país», asevera la organización. 

El
informe recuerda que, en 2022, la Relatoría sobre el Derecho a la
Alimentación
de la ONU elevó a la Asamblea General un informe denunciando la
responsabilidad del modelo agroindustrial sobre los índices de hambre en
el mundo, al exponer que las empresas utilizaron la pandemia para
lucrar y presionar a los gobiernos para que paralicen
las medidas tendientes a garantizar el derecho a la alimentación. Como
ejemplo, cita el lobby empresarial en nuestro país en relación a la Ley
de Etiquetado Frontal. 

Un
estudio presentado por el CEPA (2022) toma los balances de
las principales empresas del país incluyendo las de alimentos: Ledesma,
Molinos Río de la Plata, Arcor y Aluar. Y muestra que las mismas
tuvieron en 2021 una ganancia promedio de 426 millones
de dólares. En 2022 ese promedio ascendió a 519 millones de dólares. 

Los objetivos del relevamiento fueron conocer los patrones de consumo familiares de grupos de alimentos priorizados, indagar acerca de cambios en los patrones de consumo en el último año, informarse sobre el tipo de carnes de consumo cotidiano en las familias, relevar situaciones de inseguridad alimentaria grave en los hogares y conocer el impacto de la Prestación Alimentar en los consumos de alimentos y la inseguridad alimentaria en las familias en el contexto de crecimiento de la pobreza. 

Campaña sucia contra Farmacoop 

En
paralelo a la polémica generada en torno al programa de distribución de
geles íntimos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
comenzó la operación de prensa contra el primer laboratorio recuperado
del mundo. La campaña sucia se inició con la
falsa denuncia de que el proveedor de dichos geles era la cooperativa
Farmacoop, queriendo con esto dar cuenta de un supuesto favoritismo por
parte del gobierno provincial y con ello generar las suspicacias propias
del tema.  

El mismo presidente
de Farmacoop, Bruno Di Mauro, se encargó de desmentir la operación, “no
participamos de ninguna licitación, ni vendimos ese producto. Sólo
enviamos una cotización ante una consulta puntual, a partir de un vínculo con la Facultad de Exactas de la UNLP”. 

Asimismo,
Eduardo
“Vasco” Murúa, Director
Nacional de Empresas Recuperadas, realizó un comunicado
donde desmiente la venta e incluso la producción de geles íntimos por parte de Farmacoop, “desafiamos
a todos los periodistas que se hicieron eco de esta operación a que consigan una sola factura,
aunque sea por un sólo peso, o una orden de compra o si quieren un solo gel íntimo”. 

Pero
como toda operación, no importa que la información sea falsa ni desmentida, las suspicacias ya han sido desatadas.
El segundo operador reconoce que la información es falsa, sin embargo,
le agradece por Twitter al primer operador por “destapar el tema”.
Entonces comienza la campaña sucia: subsidios, planes sociales y
expropiación. Finalmente, aparece el político opositor
que viraliza la campaña. 

El laboratorio Farmacoop, antes de capital privado Roux Ocefa, fue recuperado por sus trabajadores en abril del 2019 y es gestionado por intermedio de una cooperativa a la cual se le otorgó la continuidad laboral tras haber sido decretada la quiebra en 2018. Así se convirtió en el primer laboratorio recuperado del mundo, “sabíamos y sabemos que la recuperación de un laboratorio va a ser resistido por lo que implica simbólica y, fundamentalmente, económicamente”. 

La campaña sucia 

La campaña se centra en una serie de subsidios
otorgados por el gobierno nacional y el cobro de “planes sociales” por
parte de los trabajadores de la cooperativa (Programa Potenciar Trabajo,
antes Salario Social Complementario). Murúa reconoce haber dado un
subsidio en su carácter de Director Nacional de Empresas Recuperadas,
dependiente del ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, por un monto de “$5.672.962 con el objetivo de acceder a
los instrumentos y modificaciones que solicitaba el ANMAT para la debida
habilitación del laboratorio” y afirma que los trabajadores de la
cooperativa “accedieron al derecho de cobrar el
Salario Social Complementario como el conjunto de las y los trabajadores
de la Economía popular”. 

El
efecto son las suspicacias, porque la campaña no denuncia un mal otorgamiento de subsidios ni del cobro de los Potenciar Trabajo,
“como si las y los trabajadores no tuvieran derecho a acceder a
políticas públicas para sostener el bien más escaso en nuestro país que
es el trabajo”, afirma Murúa. 

El
cobro del Potenciar Trabajo tiene relación directa con los objetivos
de este programa “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas
propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos
socio-productivos”, como afirma la página oficial del Ministerio y lo
reciben los trabajadores de las recuperadas como parte de la
Economía popular. Mientras la gestión del laboratorio era privada, parte
de los salarios eran pagados por el ministerio de Trabajo debido a la
crisis que sufría la empresa, pero esto no pareció importarles a los
operadores. 

La
última operación apunta al proyecto de Ley de expropiación del
Laboratorio que lleva la firma de varios diputados del oficialismo y así
no sólo “ensucia” a las empresas recuperadas, sino también “salpica” al
Frente de Todos. La
Ley promovida por los trabajadores cooperativos busca la expropiación
del capital por parte del Estado y la continuidad productiva por parte
de Farmacoop, siendo cedida en comodato, cumpliendo el laboratorio una
función estratégica en el desarrollo de políticas
públicas en materia sanitaria. Un calco de la Ley de Recuperación de
Unidades Productivas promovida desde hace años por el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas, pero en este caso específicamente para
el Laboratorio. 

Despidos de recicladores urbanos en CABA 

Se
trata de trabajadoras que recolectan basura en la villa 21 desde hace
8 años, por 39.280 pesos. Desde el Frente Popular Darío Santillán
advierten que el Ejecutivo de la Ciudad quiere despedirlas sin
explicación, indemnización, ni reconocimiento. Por este motivo, se
movilizaron el jueves 19 de enero, a las 10:00, en Paseo Colón
y Brasil. 

“La
cooperativa de trabajo Darío Santillán, junto a numerosas
organizaciones
populares, pelearon hace 8 años para que se realizara la recolección de
residuos dentro de los barrios populares, ya que las empresas de
recolección sólo recogían la basura fuera de las villas y había
basurales cada vez más grandes dentro de los barrios. Desde
el primer momento, se logró que fueran trabajadores y trabajadoras de la
Economía popular y vecinos de los barrios los que llevaran adelante las
tareas de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento,
saneamiento, limpieza de contenedores, todas tareas
que las empresas no querían hacer en las villas”, explican desde el
Frente al tiempo que aseguran que esta decisión no tiene que ver con un
conflicto laboral, sino político porque Flavia Romero, una de las
trabajadoras que quedaría en la calle, es parte de
la conducción de la junta vecinal de la villa que le ganó al macrismo y
referenta del FPDS. 

“Somos la única organización de la Villa 21 Zabaleta que tiene este conflicto con la Ciudad. Venimos soportando hace meses una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza. Estamos reclamando algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias. Hoy quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente”, señaló Romero. 

Los Sin Techo: “Hay que luchar y resistir, pero también crear” 

Por Magdalena Tóffoli, Juan Manuel Fontana y Santiago Liaudat 

13 enero 2023 

A días de la 12° Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna, AGENCIA
PACO URONDO dialogó con Cintia Romero y Gabriel “Paco” Lema, fundadores de “Los Sin Techo” de Mar
del Plata. Contaron sobre su historia de lucha, desde la
ocupación de un predio abandonado con casas a medio construir, hasta la
concreción del sueño de la casa propia, pasando por las
particularidades del proceso organizativo que llevaron
adelante, la creación de cooperativas de construcción y las tareas de
urbanización con una mirada sociocomunitaria mediada por la política
pública. La entrevista forma parte de un ciclo
sobre economía popular. 

APU: ¿Quiénes son ustedes? ¿Pueden contarnos un poco de su historia? 

CR: Somos
Cintia Romero y Paco Lema, referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Mar Del Plata. Además,
somos compañeros de vida desde hace quince años. Cuando nos conocimos
veníamos los dos de familias numerosas, con madres a cargo
de mantener a sus hijos como podían, y de la crisis del 2001-2002, en
que la pasamos muy mal. Crecimos en el mismo barrio. Y éramos bastante
chicos, yo con 25 años, Paco con 20, cuando empezamos a organizarnos
ante la necesidad de una vivienda digna. Donde
vivíamos, caían dos gotas y se inundaba todo, era un desastre. Así que,
después de muchas promesas incumplidas y tantos reclamos que se habían
hecho y no llegaron a ninguna parte, decidimos buscar una solución por
nuestros propios medios. Y el 15 enero de
2009 entramos como vecinos autoconvocados a un grupo de viviendas
semiconstruidas, abandonadas, en el barrio El Martillo de Mar del Plata. 

APU: ¿Qué pasó ese día? 

PL: Hicimos
la toma pacífica de un complejo de viviendas en estado de abandono.
Estaban construidas por la mitad, no tenían ventanas, puertas ni nada en
el interior. Inicialmente éramos 205 familias en el
predio; después, quedamos cincuenta familias y
130 chicos. La convivencia entre tanta gente, en un proceso de lucha, no
es fácil. Había que estar, participar de las asambleas, resistir las
presiones. De a poco se fue consolidando un grupo y adoptamos el nombre
“Los Sin Techo”. Fue clave en toda esta etapa
el convencimiento de las compañeras, porque la mayoría eran mujeres y
madres con sus hijos. Imaginen la situación. La policía hizo un cordón y
no dejaba pasar a nada ni a nadie. Estuvimos tres días encerrados, sin
agua, sin luz, sin comida, con los chicos
deshidratados por el calor, con fiebre, descompuestos. Gracias a Dios,
hubo compañeros desde afuera que nos ayudaban. Como no los dejaban
pasar, nos arrojaban frutas, botellas de agua, pan. ¡La policía no podía
hacer un cordón en el aire! Es más, un grupo
de universitarios armaron una organización y se pusieron “Lluvia de
naranjas”, por esa imagen de la gente que apoyaba nuestra lucha y nos
tiraba naranjas para que pudiéramos subsistir. 

CR:
Después de eso vino un proceso de negociación y se conformó una mesa
de trabajo con el Estado, pero el 17 de abril de 2009 nos desalojaron
con una orden judicial. Fue el desalojo más grande que hubo en Mar del
Plata hasta el día de hoy, con más de cuatrocientos efectivos
policiales. ¡Fue terrible! Se conoció en toda la ciudad
y hasta en medios nacionales. Fue una cacería: nos cayeron con perros,
con caballos, armados hasta los dientes para la represión, y nos
hicieron mierda todo. Como lo que se vio en Guernica a finales de 2020 y
en cantidad de otros lados que no salen en las
noticias y ni nos enteramos. Muchos terminamos lastimados, otros en el
hospital, otros detenidos. Perdimos lo poco que teníamos, porque no
solamente nos sacaban de ese lugar, sino que nos rompían las cosas, las
prendían fuego. Ni con los chicos y las embarazadas
tuvieron piedad. ¡Una cosa horrible! Ese día terminamos en el Centro
Cultural América Libre, un espacio que había estado abandonado y que un
grupo de militantes y vecinos había recuperado, donde se realizaban
actividades sociales y culturales. Gracias a la
solidaridad de los compañeros y compañeras que le daban vida a ese
lugar, estuvimos tres meses viviendo ahí. Y comenzamos a tener relación
con lo que era el Frente Popular Darío Santillán en la ciudad, que luego
se incorporaría a Patria Grande. Con su aporte,
ya empezamos a pensar en términos de planes de lucha, de cómo seguir,
pero con una estrategia. 

APU: ¿Cuál fue la respuesta del Estado ante la problemática de
la vivienda que ustedes pusieron de manifiesto? 

CR:
¡Nos echaron de todos lados! Ya veían que llegábamos a la esquina
y trababan las puertas. El municipio no se quería hacer cargo, no quería
ni tener reunión con nosotros. Hemos acampado diez, doce días, bajo la
lluvia y con frío, para que nos atendieran. Nos agarraba más orgullo
cuando nos decían: “no te voy a dar nada, quedate
acampando, te vas a helar vos y todos los que están ahí”. Nos
verdugueaban y era peor: nos endurecíamos más. Siempre fue presionando,
nadie nos regaló nada. Nos organizábamos como pobres y humildes, pero
sabiendo de nuestros derechos. Primero, entregábamos
notas y, si no nos respondían, nos movilizábamos. Hasta que en diciembre
de 2010 logramos que nos otorguen los terrenos para empezar a construir
41 viviendas. Antes conseguimos once viviendas en el barrio Roldán, que
eran prioritarias por situaciones de emergencia,
y luego conquistamos los terrenos para las viviendas de Los Sin Techo.
Pero la lucha siguió, porque ahora era pelear por la construcción de las
casas y por los servicios. Para la construcción logramos abrir unas
gestiones con el gobierno de la provincia y
avanzamos. En cuanto a los servicios, hubo que luchar por cada uno de
ellos. 

APU: ¿Qué lecciones extraen de ese proceso organizativo? 

PL:
Cuando recuperamos esas tierras, nos dimos cuenta que organizados
y peleando por cada uno de nuestros derechos podíamos conseguir las
cosas. Entonces, luchamos entre todos para conseguir el agua, las
cloacas, la electricidad, el pavimento, las veredas. Fue un momento en
donde descubrimos que organizándonos íbamos a tener
una vida más digna. En los dos años siguientes logramos todo lo que
tiene que tener una casa. Fue difícil, porque todo el mundo cuando no
conoce a las organizaciones sociales dice “estos negros que van a cortar
la calle”, incluso nosotros siendo pobres a veces
repetimos esas cosas. Lo que les pasa a muchos compañeros humildes es
que cuando se acerca una organización piensan que los van a cagar, que
lo van a llevar a una marcha por un plan y nada más. Cuando uno no
entiende de política, o nunca estuvo organizado
en ningún lado, piensa así. 

Al
principio, le decía a Cintia “¿para qué vamos a ir? Yo estoy
trabajando,
estos van a cortar la calle porque quieren cosas gratis”. Hasta que nos
fuimos dando cuenta que no era así. Y aprendimos a endurecernos sin
perder la ternura por el pueblo, a ser duros con los grandes grupos
económicos y con los funcionarios que nos cagan
la vida, no con los pobres. Eso también es algo que nos enseñó ese
proceso. Estamos convencidos de la lucha popular, pero lo estamos porque
nos cambió la vida para bien. Éramos muy jovencitos, con nuestros hijos
a cuestas, viviendo en una casa de dos por dos
metros, y cuando conocimos el poder popular, la organización, el laburo
colectivo, todo eso, nuestra vida cambió en un 100%. Por eso estamos
convencidos de lo que hacemos y de organizarnos hasta el día que Dios
nos lleve con él. Pero también sabemos que con
eso no alcanza, que algún día tenemos que estar donde se decide la
política, porque sino no lo hace nadie, sino es todo discurso.
Necesitamos que algún día se empiece por los últimos, para que los
últimos sean los primeros. 

APU: ¿Cómo se convirtió la lucha por tierra y vivienda en una
vía posible para resolver la falta de trabajo? 

PL: Cuando
hicimos la toma de enero de 2009, que la policía nos rodeó toda la
manzana por tres días y no nos dejaban entrar ni salir, muchos nos
quedamos sin trabajo. Yo pintaba barcos en ese momento y
si faltabas una vez te echaban. Falté tres días,
así que imaginen. A partir de ahí, fue trabajar desde la organización,
desde lo que fuimos logrando. Cuando nos entregaron los terrenos a
finales de 2010, hicimos una sede para el movimiento, en una casilla de
madera de cinco por cinco metros. En ese lugar
nos seguíamos organizando, con asambleas, con discusiones, porque
faltaba que muchas más familias consiguieran su vivienda, aparte de las
que estaban nucleadas en Los Sin Techo y, además, necesitábamos trabajo.
Entonces, decidimos seguir peleando por las casas,
pero construyéndolas nosotros. Así que armamos la Cooperativa
Construcciones “15 de enero”, por la fecha de la toma y del barrio. 

APU: ¿Cómo fue la experiencia del armado de la cooperativa? 

CR:
La cooperativa surgió como respuesta a la política del municipio que
quería hacer las viviendas con empresas. Nosotros dijimos que no, que
con empresas no queríamos porque ya teníamos la experiencia de las casas
que habíamos tomado: la empresa se robó toda la plata y las había
dejado abandonadas a medio construir. Entonces
nos plantamos y logramos que fueran asignadas a cooperativas. Íbamos
a tener trabajo, sin que nadie nos mandara y
explotara, estando a cargo nosotros mismos, los trabajadores. Esto
permitía atender las circunstancias particulares de cada uno, que no nos
pudieran echar porque sí. Una estabilidad laboral que los pobres no
conocemos. Los que siempre vivieron esa estabilidad,
no saben lo que es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana
con vos y tu familia. Construir la cooperativa también
fue una lucha, no teníamos nada, pero, sin embargo, estábamos
convencidos y convencidas de que ese era el camino. Me
acuerdo que Paco tenía que viajar sí o sí a Capital Federal, a hacer los
papeles, y era quedarse a dormir en la calle. Yo me he cagado de hambre
un montón de veces para poder construir esa cooperativa. Hoy por hoy
podemos decir que está funcionando bien. Por
ejemplo, tenemos seis arquitectos, cinco compañeras de administración,
otros cinco que son responsables de obras, y tenemos nuestras propias
oficinas para cada una de esas partes. Hemos construido cientos de casas
y mejoramientos habitacionales, plazas, cordones
cunetas, entre otras muchas cosas. 

APU: ¿En ese momento se incorporaron al MTE? 

PL: Cuando
en 2014 se conformó Patria Grande entre distintos grupos, se tomó la
decisión de que los trabajos territoriales que se tenían pasaban a
desarrollarse en el marco del MTE. Nosotros, para ese
entonces, teníamos cuatro barrios organizados y la
cooperativa. Así que nos integramos al MTE y a la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como herramienta sindical del
sector. A partir de ahí empezamos a tener más laburo y a conseguir más
cosas de lo que lográbamos siendo solamente Los
Sin Techo de Mar del Plata. Lo lindo de esa etapa de las organizaciones
de la Economía popular es que no había rosca política, era todo hacer y
hacer. La única discusión que había de por medio era ¿cómo vamos
construir esta casa? ¿Cómo vamos a hacer con este
proyecto que nos bajaron? No es que despreciamos la política, ¡todo lo
contrario! Durante nuestra historia como Los Sin Techo nos fuimos dando
cuenta que teníamos que discutir política que, aunque a veces era una
mierda esa rosca, había que involucrarse, para
no ser siempre los “tirapiedras”, y poder dar realmente soluciones a las
problemáticas que atraviesan los barrios. No nos conformamos con lograr
las casas para nosotros únicamente, queríamos resolver el problema de
la vivienda para todos, y para eso tenés
que ser gobierno. Entonces ahí empezamos a jugar también en política y
nos sumamos a lo que hoy es el Frente Patria Grande. Pero la lucha
social, lo sindical de la Economía popular, quedó como parte del MTE.
Ahí se trata de obtener beneficios desde y para
el sector de los excluidos, no importa el color político del gobierno,
ni con quién haya que sentarse. Nosotros decimos que con Los Sin Techo
pudimos tener una vivienda digna, pero con el MTE logramos tener una
vida digna. 

APU: ¿De qué modo lograron extenderse a otros barrios populares
de Mar del Plata? 

CR:
A los dos años de haber logrado los lotes, ya teníamos la cooperativa
de construcción, un espacio de comedor y habíamos logrado acceso a todos
los servicios para las viviendas. Pero nos empezamos a preguntar cómo
ayudar a otros que pasan por las mismas carencias que habíamos sufrido
nosotros. Así que, desde la misma asamblea,
salió esto de “vayamos a otros barrios y compartamos nuestra experiencia
de lucha”. Desde los mismos compañeros de base se fue construyendo la
organización popular en la ciudad, algo que luego encontramos reflejado
como principio dentro del MTE. Luego de la
incorporación a las estructuras nacionales, se aceleró ese proceso.
Empezamos a organizarnos por ramas productivas, siguiendo el esquema de
la CTEP. En cada barrio popular y en cada asamblea, lo que hay son
trabajadores de la Economía popular. Así que, desde
ahí, se fueron conformando las ramas, a partir de distribuirnos dentro
de cada una de ellas. 

APU: ¿Cómo surgió la Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna
que se hace cada 15 de enero en Mar del Plata? 

PL:
Fue una idea del hermano de Cintia. Se le ocurrió establecer un día
al año de lucha por la tierra y la vivienda, y los demás estuvimos de
acuerdo. Es una marcha en la que se sale de los distintos barrios,
concentramos en el barrio “15 de enero”, y después salimos en caravana
con micros, autos, motos, lo que sea, hasta el centro
de Mar del Plata. Vamos para decirle a la sociedad que acá estamos los
barrios populares, que existimos y que necesitamos esas políticas que
venimos reclamando hace años. Y ese día, además, hacemos entrega de
viviendas construidas. La primera movilización
fue en 2012 y desde entonces se mantuvo cada año. Hoy en la ciudad ya es
conocida, incluso el Consejo Deliberante le dio un reconocimiento. Pero
a nosotros no nos interesa un papel, sino los hechos, que ese día se
reconozca diciendo: “del presupuesto del Estado,
va a salir una partida para tanta cantidad de viviendas”. 

CR: Surgió
un poco tomando el modelo de la “Caravana de la Primavera”, donde van
todos en bicicleta, con flores y el intendente a la cabeza. ¿Por qué no
hacer una caravana cada 15 de enero y reivindicar esa lucha? Porque la
“ciudad feliz” es para pocos, no para todos.
Por eso, todos los 15 de enero reivindicamos el día de la lucha por la
tierra y la vivienda digna, y nos recordamos también a nosotros mismos
que todavía falta un montón, que esto no se termina. No fue sólo aquel
día de 2009, sino que hay un montón de situaciones
similares que se repiten todos los años. Y se fue ampliando hacia otros
temas también. El año pasado, en 2022, presentamos el Plan de Desarrollo
Humano Integral e hicimos el reconocimiento a todas las compañeras y
compañeros que trabajaron durante la pandemia
en los comedores y merenderos. Fue una tarea invisible para la mayoría
de la sociedad, pero ayudó a sobrellevar lo peor de la crisis en los
barrios pobres. Nosotros lo hicimos porque es parte de nuestra vida,
pero reconocerlo está bueno, para valorizar el
trabajo que hacemos las organizaciones populares. Este año hacemos la
decimosegunda edición de la caravana. Es una fecha muy especial porque
vamos a hacer la inauguración de 64 viviendas con doce organizaciones.
Es un orgullo para nosotros poder inaugurar
esa obra por la que peleamos mucho tiempo. 

APU: ¿Qué lugar tiene la problemática de la tierra y la vivienda
dentro del Plan
de Desarrollo Humano Integral (PDHI) que propusieron en 2020 sectores de la Unión de Trabajadores
de la Economía Popular y la Confederación General del Trabajo? 

PL: El
PDHI apunta a descomprimir las ciudades, porque hay muchas tierras ociosas y mucha gente hacinada.
Entonces, propone llevar vecinos a esas tierras, pero con hospital, con
jardín, con escuela, con club, con todo lo que se necesita. Si no
ofrecés
todo eso, y la salud, la educación, el trabajo y el ocio siguen en las
grandes ciudades, no vas a lograr nunca redistribuir a la población. Si
son solo terrenos “pelados”, por ahí ni se terminan ocupando, porque no
incluye todo lo necesario para llevar adelante
la vida dignamente. Nosotros tenemos la experiencia. Un día vino otro
hermano de Cintia, muy creyente en Dios, y me dijo “Paco, Dios en sueños
me mostró que hay que hacer algo en estas tierras”. Y me muestra, en un
cuaderno, con dibujos, unas ideas de armar
un club deportivo. Había unas tierras vacías, con solo una canchita de
fútbol. Ahí empezamos a pensar algo más grande. Aparte del club, hicimos
otras instalaciones sociocomunitarias, entre ellas un camping de la
Economía popular, para que todos los trabajadores
del país puedan vacacionar gratis, y un centro cultural. 

APU: ¿Han logrado traducir sus reivindicaciones particulares en
políticas públicas más generales? 

PL: Con
lo que fue el Registro
Nacional de Barrios Populares y la
posterior creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana
de la Nación (SISU) se vio reflejada nuestra lucha y la de muchos otros
en distintos puntos del país que venían peleando por lo mismo: tierra y
vivienda digna para los excluidos. Actualmente al frente de la
Secretaría está Fernanda
Miño, una villera de La Cava, en representación del sector de la economía popular. En
el marco de las políticas impulsadas por la SISU, estamos haciendo
muchísimas obras. Gracias a ello, se están construyendo lotes con
servicios en distintos barrios de la ciudad y cientos de mejoramientos
habitacionales y socio urbanos. 

CR:
Nosotros contamos con la política de la SISU porque lamentablemente
a nivel local, en la ciudad de Mar del Plata, tenemos un gobierno que no
trabaja con las organizaciones sociales, con las cooperativas, ni le
interesa urbanizar los barrios populares. Frente a esta situación,
gracias a la articulación con distintas políticas
de la Secretaría, como los Proyectos de Obra Temprana (POT), pudimos
realizar lotes con servicios -veredas, cloacas, agua, electricidad,
arbolado, canastos- en dos barrios, y con una particularidad: logramos
sumar a compañeras mujeres a trabajar, lo que termina
siendo un puntapié para su independencia económica. Lo que era un barrio
precario hoy quedó completamente urbanizado, un 100% de cambio de
calidad de vida. Actualmente, estamos con una tercera obra de lotes con
servicios en el barrio el Martillo, donde iniciamos
la lucha como Los Sin Techo, que va a beneficiar a 350 familias. Y, por
otro lado, también estamos trabajando a partir del programa Lote.AR, que
permite comprar tierras para construir lotes con servicios destinados a
sectores populares, facilitando así el
acceso a la vivienda propia. A partir de este programa, construimos un
proyecto a la medida de nuestras necesidades, con una mirada comunitaria
y de género: incluimos un jardín maternal, un polideportivo, un centro
cultural, una feria popular, una casa para
mujeres y disidencias en situación de violencia de género, y veinte
viviendas destinadas a quienes necesiten salir de sus hogares para no
continuar viviendo con el agresor. Es importante resaltar que se trata
de un proyecto que se armó escuchando las necesidades
de los vecinos y vecinas del barrio, haciendo encuestas casa por casa
para relevar las necesidades de las familias. 

APU: En vísperas de una nueva Caravana por la Tierra y la Vivienda
el próximo 15 de enero, ¿qué balance hacen de todos estos años de lucha y organización? 

CR: Podemos
decir que hoy, después de trece años, seguimos de pie, estamos acá, con
más de 250 viviendas construidas, cientos y cientos de mejoramientos de
vivienda y barriales. Hemos generado un montón de
puestos de trabajo. Por lo que queremos transmitir
que, aunque las cosas cuestan mucho, sobre todo al inicio, con
organización se puede. No es todo color de rosa, pero los excluidos
sabemos que nadie nos va a regalar nada. Hay que luchar y resistir, pero
también crear. Eso es algo que aprendimos también. Lo
que vas consiguiendo tenés que acompañarlo con otras iniciativas, para
que lo que hiciste no se te caiga. Y nuestra vida cambió para siempre.
Hoy todos tenemos nuestra propia vivienda, nuestro trabajo, un buen
sueldo, estamos asegurados frente a los riesgos
laborales y tenemos obra social, contamos con ropa adecuada y
maquinaria. ¡Es increíble! Nunca hubiéramos disfrutado de todo eso si no
fuera por las luchas que hicimos. 

PL:
Nuestra realidad era laburar siempre en negro, haciendo changas, en
pésimas condiciones. Cuando pintaba barcos en el puerto y Cintia
laburaba a partir de la pesca, nos negreaban, nos explotaban, no
importaba si llovía, si hacía frío, si hacía un calor agobiante, vos
tenías que ir a laburar, callarte la boca, cumplir horario
y chau, punto. Luchar colectivamente fue la única manera que encontramos
para salir de esa vida. Entendimos que, sin organización colectiva,
toda la vida íbamos a ser pobres, toda la vida nos iban a cagar. Si los
barrios populares y los más humildes no se
organizan, va a seguir todo igual. Ningún gobierno llega hasta el fondo
si no lo presionás. La mayoría de los funcionarios, los que vienen,
llegan hasta la entrada del barrio, se sacan la foto, dicen “estuve en
el barrio”. Pero no llegan hasta la última cuadra
del último barrio, donde vive esa mamá con cinco pibes, sola, en una
casilla de tres por tres metros, con un baño que está a veinte metros de
su casa, donde no tiene un inodoro, ni una ducha donde bañarse. Hasta
ahí solo llegan las organizaciones populares. 

Barrio La Resistencia 

Las familias que hoy están organizadas en el barrio La Resistencia
comenzaron a hacerlo durante
la pandemia cuando la situación de aislamiento y la escasez de trabajo
les impidieron mantener alquileres o salir a la calle cuando “las
changas” se caían por las medidas restrictivas. Fue el momento en que
los medios hegemónicos de comunicación trasmitieron
en vivo la toma de Guernica, simbólica por la resistencia al desalojo
durante semanas y que expresaba una oleada de ocupaciones de tierra de
los sectores más castigados de la clase trabajadora. 

Hace diez días el barrio La Resistencia fue desalojado de un predio en Lafererre. En el accionar
policial hubo 20 detenidos, pero estas familias cuentan con experiencia porque han sido desalojadas en 8 oportunidades. 

En
el desalojo actuó la UFI a cargo del fiscal Matías Folino bajo la
carátula
de usurpación de inmueble, aunque las familias desalojadas denuncian que
el predio es un basural abandonado desde hace años, «lugar que usan los
delincuentes». 

La
última situación de desalojo se dio el 20 de octubre del 2022, «desde
aquel día hemos hecho todos los esfuerzos por mantener un diálogo
abierto con los representantes del gobierno que nos fueron asignados
pero, ante la falta de soluciones, elegimos VOLVER A LA LUCHA y
encontrar las soluciones nosotros, ya que el Estado, lejos
de darnos una respuesta, nos ha respondido con balas y luego un
posterior silencio que nos obliga a actuar de forma inmediata para
mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras familias». 

En
el reclamo señalan al gobernador Axel Kicillof, y a los funcionarios
Agustín Simone, ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia,
y a Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Argentina a buscar una solución, «hacemos responsables de nuestra
integridad física al gobierno provincial y
al gobierno nacional». 

Las familias junto con organizaciones sociales y políticas se movilizaron al municipio de
La Matanza. Reproducimos comunicado: 

MOVILIZAMOS CONTRA LA REPRESIÓN Y LAS CARENCIAS DEL PUEBLO MATANCERO 

Las jornadas de represión del 9 y 10 de enero representan cómo el
Estado reprime la protesta
social y su única solución ante el pedido del pueblo es palo, tortura,
bala y cárcel. El 9 de enero el Barrio La Resistencia fue reprimido y
desalojado por 8ª vez cuando intentó recuperar tierras en la zona de
Laferrere (Ruta 21 y Carlos Casares) para construir
su barrio y que el vecino y vecina que no tenga tierra para vivir, pueda
acceder a ella. La represión fue efectuada no sólo por policía
uniformada, sino también incluyó a parapoliciales que con armas cortas y
largas reprimieron salvajemente a los vecinos y
vecinas, dejando un saldo de 5 detenidos. El día 10 de enero la policía y
grupos parapoliciales continuaron con la represión, pero esta vez en La
Palangana, barrio de en frente, deteniendo, golpeando y disparando a
los vecinos que sólo estaban caminando por
la calle, además de entrar a casas sin orden de allanamiento, dejando un
saldo de 20 detenidos, entre los cuales había un menor de edad de 16
años. Los 20 atravesaron salvajes torturas físicas y psicológicas,
fueron hacinados en una celda pequeña, y lograron
ser liberados recién el 11 de enero por la noche. 

Hasta el día de la fecha todavía Lucio Hernán Benítez, quien sufre de diabetes crónica y es insulinodependiente, continúa detenido, está incomunicado y la policía no permite que se le administre la medicación ni tampoco se la proporcionan. Todos los compañeros quedaron con causas judiciales. La situación vivida esta semana no es ajena a nuestra realidad, ya que un número grande de los barrios de La Matanza se han construido a través de la recuperación de tierras, lo cual evidencia la necesidad urgente de respuestas por parte del Estado ante el reclamo genuino de tierra para vivir, así como también soluciones inmediatas para los barrios ya constituidos, como agua potable, electricidad, escuelas y polos educativos, asfaltos, alumbrado y tantos otros problemas de los cuales el Estado no se responsabiliza. 

Atacan a referente del Barrio La Resistencia 

Previo
al desalojo, una semana antes, en las últimas horas de la tarde
del martes 3 de enero, cuatro individuos, muy bien vestidos y en un
flamante auto último modelo, abordaron a Cintia Pereyra con la excusa de
robarle el celular. La amenazaron y le dispararon con un arma de fuego
cuando se encontraba llegando al Barrio 17 de
septiembre, ubicado en la Ruta 1001 y Atalco, en La Matanza. Cintia es
una reconocida luchadora barrial y referente de La Resistencia, barrio
que cuenta con más de 400 familias en lucha por tierra para vivir. 

Cintia,
además, junto a vecinas y vecinos y sin ningún tipo de ayuda
gubernamental,
lleva adelante el Merendero y Centro Cultural “La Chispita” en el Barrio
17 de septiembre, desde el que también vienen exigiendo mejoras para
ese barrio de González Catán. 

Cabe remarcar que al momento del ataque Cintia se encontraba bajando del
colectivo junto a otros vecinos, pero el auto se dirigió únicamente hacia ella. 

“Hoy
Cintia se encuentra bien de milagro, pero no se puede dejar pasar
por alto lo sucedido. Cintia y tantos otros compañeros y compañeras
tocan intereses cada vez que se organizan y reclaman por la luz, el
agua, los arreglos de las calles o las escuelas para sus barrios. Vemos
en lo sucedido con la compañera Cintia, un claro
mensaje mafioso ligado a prácticas de la dictadura más que a los tiempos
democráticos en que vivimos. No es la primera vez que luchadores
populares son hostigados, reprimidos, amenazados, golpeados o
encarcelados. Cintia lo sabe bien y lo tiene muy en claro,
ya que con el Barrio La Resistencia fueron desalojados violentamente en 7
oportunidades diferentes. A pesar de la violencia y las represiones,
las compañeras y los compañeros se siguen organizando y peleando por
TIERRA PARA VIVIR”, expresaron desde el Encuentro
de Barrios En lucha de La Matanza, del que Cintia forma parte. 

Fuentes:
Agencia Tierra Viva, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Resistencias, Anred, La Izquierda Diario, APU , Ansol