Martina Neyra
Al tiempo, el presidente hace presencia en foros internacionales para sustentar sus compromisos con la “transición energética” que permita la protección de la Amazonía, los recursos ambientales colombianos y construir una economía descarbonizada; le pone la cara a las tragedias derivadas de la ola invernal que destruye vías y viviendas de los más pobres, como es el caso reciente del Cauca en que, literalmente, colapsó la carretera que comunica con el departamento de Nariño y el sur occidente del país, con graves daños económicos, comerciales y sociales. Esto del Cauca es la suma de todas las tragedias, derivadas del mal gobierno de una clase política corrupta y podrida que hoy busca reencaucharse en puestos claves del gobierno a nivel nacional. La violencia golpea todos los días en los 42 municipios; la pobreza es una peste; y la corrupción de los funcionarios de la gobernación, los entes nacionales y las alcaldías, es una verdadera tragedia social para los más de millón y medio de habitantes de esta histórica región colombiana. Las castas políticas locales (liberales, de la U, conservadoras, evangélicos) se mueven como langostas despojando los dineros públicos y acumulando fortunas alucinantes (Iragorri, Palomas, Velascos, Temístocles, Sarrias, Francos, Salazar etc.). Todo se lo roban: vías terciarias, dineros de la paz, PAE, salud, seguridad, ambiente, educación, salarios de los educadores, que hoy están en huelga porque los funcionarios del Ministerio de Educación desconocen sus derechos en una conducta típica de las administraciones uribistas.
El paquete de las reformas sociales: salud, laboral, pensional y el Plan de Desarrollo, se focalizan como prioritarios en la agenda legislativa y en la gestión gubernamental en el primer semestre del 2023.
De lo que se trata es de liquidar el modelo neoliberal que se impuso en las últimas décadas por la ultraderecha gobernante encabezada por el señor Uribe Vélez mediante la violencia militar y paramilitar, y la vulneración permanente de los derechos civiles y políticos.
De lo que se trata es de sentar las bases del post neoliberalismo para impulsar la equidad, la justicia social y la vigencia de los derechos a la salud, al trabajo, a las pensiones y los compromisos sociales del gobierno (Plan de Desarrollo).
Aprobar estas reformas no será cosa fácil.
La ultraderecha ya montó su artillería pesada -para chillar y vociferar-, especialmente en los medios de comunicación, con mentiras y “falsas verdades”, para distorsionar el sentido de la reforma, diezmarla y bloquearla, haciendo que fracase dejando todo como está, tal como pretenden los gremios de las Empresas de Salud EPS, los Fondos Privados de Pensiones y las confederaciones de gremios de los pulpos empresariales y bancarios, que parasitan con los dineros públicos, y las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República y de las burocracias enraizadas del Ministerio de Hacienda.
En sus redes sociales, el presidente Petro ha hecho una convocatoria a los movimientos sociales para que, desde la esfera pública y los espacios democráticos, se debatan y se apoyen las reformas formuladas con acciones de masas y con movilizaciones sociales efectivas, que expresen la voluntad de poder de las grandes mayorías nacionales.
Hay que impedir que una casta oligárquica privilegiada anule e impida las reformas sociales postuladas, que tienen como propósito central establecer un nuevo modelo de salud universal y garantista; una reforma laboral que respalde los derechos de los trabajadores a la estabilidad y la solidez de los ingresos salariales; y un régimen pensional que llegue a 3 millones de ancianos sumidos en el desamparo y el abandono.
El movimiento social colombiano es hoy una subjetividad vigorosa y en auge que tiene ante sí grandes desafíos; debe recuperar la fuerza y potencia que lo caracterizó en las jornadas de abril y mayo del 2021.
Hoy más que nunca -dado los graves hechos de Brasil y Perú-, y dada la peligrosa y feroz contraofensiva de la ultraderecha -global y nacional-, el movimiento social debe recuperar su espacio en la vida pública, en este caso para blindar las reformas sociales y para exigir grandes transformaciones en el estado que permitan erradicar el clientelismo, la corrupción y las roscas bipartidistas que siguen muy enquistadas en áreas claves de la administración pública obstruyendo la agenda reformista del gobierno del Pacto Histórico como ésta, que se incluye en el paquete social progresista.
