Bea Morales
Caty R
Caty R
Dani Domínguez
Hagamos un ejercicio matemático de imaginación. Pensemos en un mundo compuesto por 100 personas que ha conseguido generar una riqueza de 100 euros. Comienza el reparto de las ganancias y una persona de este centenar, el más rico, se queda con 62 euros. El resto, 99 personas, tienen que repartirse los 38 euros que sobran.
Esto es lo que ha sucedido a nivel mundial entre 2020 y 2021. Así lo revela hoy un nuevo informe de Oxfam Intermón, que denuncia que el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza (valorada en 42 billones de dólares) generada durante el bienio, casi el doble que lo que se reparte la inmensa mayoría. «Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90 % más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares», explica la organización.
La ley del más rico es el nombre de este trabajo y se publica el mismo día en que comienza el Foro Económico Mundial en Davos. Una reunión que se produce «en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años», ha criticado Franc Cortada, director de la organización.
Según el citado informe, la fortuna de los milmillonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios. Todo ello tras una década de «ganancias históricas» en la que el número de milmillonarios y su riqueza se han duplicado. «Mientras los hogares más vulnerables sufren para llenar la nevera o mantener una temperatura adecuada, el extraordinario crecimiento de los beneficios empresariales en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos», denuncia Oxfam Intermón.
Los datos también demuestran que los ricos tienen una mayor responsabilidad en la crisis climática: «Un milmillonario emite un millón de veces más carbono que una persona corriente», detallan.
Según sus estimaciones, grandes empresas de energía y de alimentación han duplicado sus beneficios en el 2022. Esto se traduce en beneficios extraordinarios de 306.000 millones, de los cuales el 84% (257.000 millones) se ha destinado a remunerar a sus accionistas. «Esta codicia alimenta la inflación. En Australia, Estados Unidos y el Reino Unido estos enormes beneficios empresariales han contribuido, como mínimo, al 50 % del crecimiento de la inflación». explican.
En el lado contrario, siempre según datos de Oxfam Intermón, al menos 1.700 millones de trabajadores viven en países en los que el crecimiento de la inflación ya se sitúa por encima del de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo (casi un 10% de la población mundial) pasan hambre.
El caso español
En España, el 1% más rico ya controla casi 1 de cada 4 euros de riqueza neta total: un 23,1% frente al 15,3% que acaparaba en 2008 antes de la crisis. En 2021, el beneficio de las 35 empresas que componen el IBEX (75.496 millones de euros) fue un 63% superior al de 2019 (46.262 millones de euros) y, según Oxfam, estuvieron un 55 % por encima de la media de los resultados de los cinco años que precedieron a la pandemia (2015-2019).
Por el contrario, los salarios han perdido peso y los trabajadores y trabajadoras capacidad de poder adquisitivo: entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha menguado el poder de compra de los hogares que se encuentran en una situación más vulnerable. En cifras: hoy es un 26% menor que el de aquellos que cuentan con mayores ingresos.
Recetas frente a la desigualdad
De acuerdo con los datos aportados por la organización, por cada dólar que se recauda en impuestos a nivel global, tan solo 4 centavos se obtienen a través de tributos sobre la riqueza. Asimismo, «la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países donde no se aplica ningún impuesto de sucesiones a la riqueza que heredan sus descendientes».
Para reducir la desigualdad, Oxfam propone en su informe aplicar un impuesto a la riqueza de hasta el 5 % a los multimillonarios y milmillonarios. Gracias a ello podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente, «lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre».
Durante la pandemia de la COVID-19, varias decenas de millonarios han solicitados subidas de impuestos a las grandes fortunas para paliar los efectos de la crisis económica sobre los más vulnerables. En España, un 70% de la ciudadanía apoya la creación de un nuevo tributo dirigido a los más ricos.
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JDF
Es más, llevó adelante una engorrosa negociación para finalmente acordar un severo plan de pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, incluso, hizo avalar por la ley 27.668 que aprobó “el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018”.
Si bien
en 2020 la Administración Nacional debió asistir y apuntalar a la
población para hacer frente a la Covid-19, según la Cuenta de Inversión
(Ejercicio fiscal anual ejecutado) el gasto público total fue de 25,96% del PIB
(PIB que descendió ese año en un 9,9% con respecto al año 2019).
En 2022
el gasto público nacional fue solamente del 21,5% del PIB y la Ley de
Presupuesto Nacional de 2023 dice que será del 20,19% del PIB. Este ajuste
fiscal se asienta básicamente en el descenso del pago de las jubilaciones y
pensiones, en los subsidios a la energía y al transporte y, en las
transferencias a las provincias.
Paralelamente, merced a un modelo que prioriza las ventas al exterior en desmedro del mercado interno, las exportaciones superaron a las importaciones desde el 1° de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022 [1] en 33.078 millones de dólares. Pese a ello, las Reservas Internacionales del BCRA descendieron en 7.002 millones de dólares (de 45.190 millones de dólares en diciembre de 2019 a 38.188 millones el 30 de noviembre de 2022).
En el mismo período, tanto los precios internos (medido por el IPC del INdeC) como el dólar, crecieron en torno al 300%. El dólar oficial tipo vendedor era de $ 62 el 10 de diciembre de 2019 y fue de $ 174 el 30 de noviembre de 2022. En cambio, el salario promedio fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, denominado RIPTE, creció en pesos 247% ( de $ 53.070 a $ 184.210 por mes)[2]
Primer problema fundamental
Si el
precio del dólar sube, el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y
pensiones baja. Como más del 70% de lo que se produce se destina al mercado
interno (que depende de la capacidad adquisitiva de la población) y se vende al
exterior básicamente lo mismo que se consume, la economía es cada vez más
dualizada: una minoría se integra vía exportaciones mientras la mayoría se
encuentra en una situación cada vez peor, que incluso compromete la
subsistencia.
La política económica de 2023
El
Ministro de Economía Sergio Massa les ofrece a las empresas importadoras acceso
a dólares a precio oficial y, les pide contener precios en prepagas,
medicamentos, consumo masivo, textiles, calzado, etc…
Por otra
parte, la sequía (falta de lluvias en un lapso prolongado que produce sequedad
en los campos y escasez de agua y que continúa a comienzos del año 2023),
obliga a liquidar a los ganaderos su hacienda, que genera una oferta sostenida
en el mercado local y ello contiene el precio de la carne, con lo que significa
en la canasta alimentaria.
Pero
paralelamente y a costa del erario público, el gobierno vende dólar diferencial
a los exportadores de soja: devalúa nuestra moneda en general y sobre
devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y
comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos
a algunos importadores.
La gestión
de Massa promociona la exportación de soja con un dólar diferencial
de 50 pesos más por unidad de la moneda norteamericana en septiembre y
de 60 desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2022 Ese
diferencial se paga con un título de deuda del Tesoro de la Nación al Banco
Central (BCRA).
En
septiembre ingresaron 8.123 millones de dólares, quiere decir que el Tesoro de
la Nación debió endeudarse con el BCRA y colocar una Letra Intransferible por
406.150 millones de pesos. Y desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022,
el Tesoro de la Nación completa el importe de 230 pesos por
dólar por la soja exportada que alcanzó a ser por 3.500 millones de
dólares (otra deuda en otra Letra Intransferible por 210.000 millones de
pesos).
Paralelamente el
ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA – Unión Industrial Argentina
(Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier – Ledesma; Magnetto-Clarín;
etc.) que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que, moderará
el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual
hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la
cosecha gruesa, utilizando las reservas internacionales del BCRA.
La
diferencia es un cepo muy rígido, la presión de la devaluación no es solo sobre
el dólar oficial, sino sobre la brecha de los distintos precios del dólar y la
inflación se genera a través de la brecha.
La brecha
cambiaria en los niveles actuales es perversa porque el importador paga lo que
compra a prácticamente la mitad de precio del dólar blue o paralelo y, el
exportador cobra, teóricamente, la mitad por lo que vende. El problema es que,
por el otro lado, el BCRA está emitiendo pesos para sostener el mercado de
bonos y para la intervención en el mercado de deuda, lo hace a través de los
encajes remunerados a una tasa en pesos del 75% anual, que efectiva es del
105%, con una inflación que, a través de los acuerdos con los empresarios,
tratan que esté por debajo de ese porcentaje.
En 2022,
la base monetaria (que es todo el dinero creado y puesto en circulación por el
BCRA) creció en $1,55 billones alcanzando un total de $5,2 billones el último
día hábil del año pasado, pero no fue para financiar el déficit fiscal, como
mal intencionadamente hacen entrever los grandes medios de comunicación, sino
para pagarles a los bancos por el abono de los intereses de los encajes
remunerados (Pases pasivos, Leliq, y Notaliq) del BCRA, que sumó en el año
$3,386 billones, o sea el 65% de la base monetaria.
También
el BCRA realizó intervenciones tanto en el mercado cambiario (vendiendo dólares
a futuro) como de bonos (comprando títulos del Tesoro de la Nación para
mantener su precio o que no desciendan más) que implicaron emisión
monetaria. Más la emisión de dinero para pagar el dólar diferencial a los
sojeros (que luego inmoviliza con Leliq).
Finalmente un porcentaje muy menor y que se congeló en la suma de $ 2.793.100 millones desde el lunes 8 de agosto al 30 de diciembre de 2022, de asistencia directa (Adelantos al Tesoro de la Nación) a la Administración Nacional, por lo que se acrecentó en el año solo en $ 620.051 millones (los Adelantos al Tesoro de la Nación sumaban $ 2.173.049 millones al último día hábil del año 2021) que representa el 11,9% de la Base Monetaria [3].
Los permitidos del FMI
El FMI
avala todo, empezando por no objetar el desdoble cambiario (la brecha), ni la
intervención en el mercado de los bonos públicos y, permite flexibilizar las
metas de reservas internacionales del BCRA. Pero ni el Fondo, ni el
establishment, ni la coalición gobernante definen el voto. Si la brecha entre
el dólar oficial y los paralelos se amplía, la inflación va a ser imparable y
con ello la caída del poder adquisitivo y los salarios, jubilaciones y
pensiones y de todos los que viven de y en pesos.
A su vez,
la perspectiva de la cosecha agrícola apunta a una caída de la oferta de
dólares para este año, con una soja que está por debajo del precio de 2022 y
las cantidades, a priori van a estar abajo también por la sequía. Si además se
computa la merma en la producción de trigo, la potencial pérdida de divisas por
un menor nivel de exportaciones llegará a unos 3.000 millones de dólares según
las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario.
Sumado a lo antedicho, tenemos hacia adelante una demanda de dólares sostenida y creciente por la cancelación de deuda, en torno de los 9.000 millones de dólares. De los cuales 4.000 millones son vencimientos con el Fondo Monetario [4], unos 2.000 millones con los bonistas (tenedores privados de títulos de deuda externa Argentina), 1.500 millones de deuda de las provincias y, 1.500 millones de deuda externa de empresas del sector privado que le compra los dólares al BCRA al tipo de cambio oficial [5].
Ingresamos
a 2023, último del gobierno actual y, las cuestiones pendientes siguen
siendo:
Por qué no se modifica la estructura de las retenciones y los cupos para exportar Si se van a controlar las exportaciones y las importaciones. Y si las provincias le van a cobrar el impuesto a la tierra rural que corresponde a los grandes poseedores de la tierra y no solo el 0,3% del PIB como es en la actualidad.Quien administra la captación de la renta petrolera y del litio, las grandes empresas trasnacionales o el Estado Y, de ser el Estado provincial por la reforma constitucional de Menem y Alfonsín, que se hace con esos recursos, como se controla su ingreso y egreso.Si vamos a echar un manto de olvido sobre la deuda generada en la gestión de Cambiemos, que el gobierno de Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo, con lo que la está pagando el pueblo argentino a través del ajuste presupuestario y la suba de precios (generada por la internacionalización del precio de todo lo que se puede vender afuera).Si dejamos todo en manos del “mercado” para pasar a ser como Qatar o Arabia Saudita, regidos por cinco familias y un par de políticos serviles a ellos, o reconstruimos un modelo nacional y popular que se base en el trabajo y en el consumo interno.
Notas
[1] Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 y la publicación del comercio exterior es mensual El dato último publicado es al 30/11/2022.
[2] Si midiéramos el salario promedio mensual en dólar tipo de cambio oficial era de $ 15.800 en diciembre de 2015 (con un dólar de $ 9,10 significaban U$s 1.736,26) y en cambio en noviembre de 2022 es de $ 184.210.- (convertido al dólar oficial de $ 174 son U$s 1.058,68).
[3] La colocación de encajes remunerados es la contra cara del control cambiario. Es un acuerdo con los grandes bancos del sistema para que reciban plata inmovilizando el dinero (ganan por recibir depósitos del público y darse vuelta y prestárselo al BCRA) y de es amanera no se derivan a los mercados cambiarios paralelos.
[4] Este año 2023 los pagos de capital al FMI serán mayores a los desembolsos.
[5] Cuando la mayoría de las Empresas privadas fueron fuertes compradoras de divisas en la gestión de Cambiemos y nunca se investigó si pagaron los impuestos correspondientes a las compras que realizaron.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).