*Por Arami Miranda

Jóvenes voces se apoderaron de los estudios de la emblemática radio chaqueña Pa´í Pukú y aunque no tenían experiencia, se desafiaron a conducir un programa radial al que llamaron “La voz para el cambio”. 

Junior Robledo, Fredy Sosa, Cristal Aliente y Camila Zuge, fueron ganadores del concurso que se realizó en el marco del proyecto “Nutriendo Mi Raíz”, ejecutado por la organización FortaleSer. A este equipo se sumaron Saúl Amarilla, Saúl Chávez, Vanessa Dubaldo y Álvaro Garay, quienes a lo largo de los cuatro capítulos compartieron información, reflexionaron sobre las causas y consecuencias del cambio climático y cómo afecta no solo al Chaco, sino que a todo el país, proponiendo acciones concretas para mitigar sus efectos. 

Las y los jóvenes fueron apoyados por la profesora Zulma Rojas, quien los acompañó en cada paso, orientándolos en sus investigaciones y en la ejecución del programa.

Fotografía: gentileza.

Para algunos, fue su primera experiencia frente a un micrófono, así como lo expresó Vanessa Dubaldo: «Al principio me sentí nerviosa, por ser nueva y tener que representar al colegio, pero a partir del segundo programa estuve más a gusto; hablar sobre los cambios y poder incentivar a las personas a hacer algo es una sensación única». Por otro lado, Fredy Sosa destacó: «Me gustó mucho visitar la radio porque es una emisora de renombre y tradicional en la región; fue una gran experiencia ponerse en los zapatos del locutor».

Entre los temas abordados, estuvieron la sequía y los incendios forestales recientes en el Chaco, resaltando sus consecuencias y la importancia de la educación ambiental para adaptarse a los impactos del cambio climático. Un tema clave fue la responsabilidad colectiva para  enfrentar esta problemática. Junior Robledo expresó: «Elegimos ese tema porque es abierto y nos sentíamos libres de tocar situaciones que afectan a nuestra sociedad en general».

Fotografía: gentileza.

Para los estudiantes, este proyecto no se trató solo de cuatro emisiones, sino del inicio de un camino que desean liderar en el futuro. Junior afirmó: «El que se nos haya dado esta oportunidad es algo hermoso porque así pudimos experimentar qué se siente estar detrás del micrófono y conocer gente maravillosa que quiere que los jóvenes participen activamente».

Esta iniciativa, de la organización FortaleSer con el apoyo de la Fundación AVINA, tiene por objetivo brindar herramientas para que las y los jóvenes chaqueños tomen un rol activo para enfrentar la crisis  climática.

• Este material fue producido en el marco del proyecto Voces para la Acción Climática Justa (VAC), implementado en Paraguay por WWF-Paraguay y Fundación Avina. 

La libertad de prensa en Paraguay enfrenta una seria amenaza tras la aprobación de una polémica ley que busca controlar a las organizaciones sin fines de lucro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) advirtió que esta legislación, conocida a nivel local como “Ley garrote”, pondría en grave riesgo la independencia de los medios de comunicación, muchos de los cuales operan bajo esta modalidad y dependen del financiamiento internacional.

Santiago Peña, presidente de Paraguay, tiene en sus manos la decisión de vetar o promulgar esta ley que exige a las ONG presentar informes financieros semestrales al Ministerio de Economía y detallar sus relaciones con personas y entidades jurídicas. Las organizaciones que no cumplan con estos requisitos podrían ser clausuradas, lo que ha generado preocupación sobre las libertades fundamentales en el país.

“El presidente Peña debe rechazar esta ley que impone restricciones onerosas a los medios sin fines de lucro y amenaza su independencia”, afirmó Cristina Zahar, coordinadora del Programa de América Latina del CPJ. También destacó que esta medida podría disuadir a los medios de investigar temas sensibles o denunciar irregularidades del gobierno.

Relatores especiales de la ONU ya habían advertido en julio pasado que este proyecto de ley podría violar derechos esenciales como la libertad de expresión, privacidad y asociación pacífica. Además, 66 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), han instado a Peña a vetar la ley y trabajar en un nuevo marco legal que respete los derechos fundamentales.

El gremio periodístico, representado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), también señaló que esta ley forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para desacreditar y acosar a periodistas y a la sociedad civil. Santiago Ortiz, secretario general del SPP, denunció que la investigación del Congreso a algunas ONG fue utilizada para divulgar datos personales de periodistas, en un intento de erosionar su credibilidad.

La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPCPy) manifiesta que ante el crítico panorama, la libertad de prensa en Paraguay pende de un hilo. Ahora, la decisión está en manos del presidente Peña, quien deberá optar entre proteger los derechos fundamentales o permitir que la “Ley Garrote” avance, con graves consecuencias para el periodismo independiente.

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*Este material forma parte de la serie “Las periodistas ya no se callan”, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay en alianza con Revista Emancipa Paraguay.

Fotografía: gentileza.

La jornada inició con palabras de bienvenida de las representantes de las organizaciones Marta XXX y María Silvis Calvo, de Global Infancia, Emma Timmerman, de WWF Paraguay, y Mónica Bareiro, de Emancipa Paraguay, quienes destacaron la importancia de los ciclos de talleres llevados a cabo desde abril, tanto en Asunción como en el Chaco Paraguayo. Estos talleres capacitaron a periodistas de distintas regiones del país, brindándoles herramientas clave para abordar la desinformación y la crisis climática.

El jurado, conformado por distinguidos profesionales como Rosa Palazón, Miguel Noto, Jorge Sáenz, Isapi Rúa y Aldo Benítez, tuvo la difícil tarea de seleccionar entre 32 reportajes de gran calidad, abarcando formatos escritos, sonoros, audiovisuales y fotográficos. La diversidad de las propuestas reflejó el compromiso del periodismo paraguayo con los desafíos que impone la crisis climática en el país.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la premiación de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2024. Los tres trabajos condecorados se destacaron por su originalidad y profundidad en la cobertura de temas climáticos. Los galardonados fueron: Yehimy Alison González con su reportaje audiovisual “La llave de oro lo abre todo”, Fidelminio Losa Toews con su podcast “Cargando esperanzas: la batalla del agua en Yalve Sanga”, y Lourdes Pintos con su reportaje escrito “Paraguay en llamas: ¿Estamos en la era del piroceno?”. Además, se otorgó una mención de honor a Andrés Colmán Gutiérrez por su trabajo “Mujeres lideran la lucha por la tierra del pueblo Manjui en Abizai”.

Fotografía: gentileza.

El premio consistió en estatuillas, creadas por el artista Juanpi Pistilli, que fueron entregadas junto con una gratificación en efectivo, reconociendo el arduo trabajo de las y los periodistas, destacando el valor de sus aportes al país y al medio ambiente. 

Fotografía: gentileza.

El evento finalizó con una celebración de las voces que luchan por un periodismo ambiental comprometido, y con la promesa de que este tipo de iniciativas seguirán fortaleciendo la cobertura periodística en Paraguay. Fue una noche memorable, llena de reconocimiento y esperanza hacia un futuro más sostenible.

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Por: Ana María Quintero

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia ha sido un proceso largo y lleno de obstáculos. Durante décadas, los intentos de despenalizar el aborto en el ámbito legislativo se enfrentaron a constantes impedimentos.

En 1975, el senador liberal Iván López Botero presentó un proyecto de ley que permitía la interrupción del embarazo de hasta 12 semanas en casos como riesgo para la vida de la madre o la existencia de una enfermedad incurable en el feto. La propuesta incluía restricciones de edad y requería autorización judicial o del esposo para mujeres casadas. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Cuatro años después, en 1979 la senadora Consuelo Lleras del partido Liberal presentó el proyecto de ley “para la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia”, el cual proponía la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro de las 12 semanas bajo tres causales: violación, riesgo para la vida o salud de la mujer, o malformación fetal. Esta propuesta, al igual que la anterior, tampoco tuvo éxito. Proyectos similares también fracasaron, como el de 1989, impulsado por el senador Emilio Urrea, dos intentos en 1993 por Ana Pechthalt y Vera Grabe, y por último, en 1995 por la senadora Piedad Córdoba. 

A pesar de los múltiples intentos de reforma, a inicios del siglo XXI, las mujeres que optaban por abortar o permitían que otra lo hiciera seguían enfrentándose a penas de 1 a 3 años de prisión. Además, quien provocara un aborto en una menor de 14 años enfrentaría penas de 4 a 10 años de cárcel. Estas leyes reflejaban un Estado y una sociedad que trataba como criminales a las mujeres que no deseaban ser madres y que decidían sobre sus cuerpos, sin garantía alguna de sus derechos sexuales y reproductivos.

A raíz de esto, la abogada Mónica Roa, junto con otras ciudadanas, presentó una demanda ante la Corte Constitucional cuestionando la inconstitucionalidad de los artículos 122, 123, 124 y el numeral 7 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Fue así como, el 10 de mayo de 2006, la Corte despenalizó el aborto bajo tres causales: violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer, e incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero.

En línea con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la protección laboral de las mujeres embarazadas también ha sido un aspecto clave. Una mujer embarazada fue separada de su cargo provisional en la Rama Judicial; ante esto, interpuso una acción de tutela en la que la Corte Constitucional falló a su favor. Esta reconoce que las mujeres embarazadas deben recibir protección laboral especial y no pueden ser objeto de ningún tipo de discriminación, independientemente de si ejercen un cargo público o privado o si su cargo es de carrera administrativa o provisional.

Asimismo, la Corte ha actuado como garante en la protección y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en Colombia. Un ejemplo de esto se presentó en el 2008, al reconocer el derecho de una niña de 13 años, que fue violada, a interrumpir su embarazo. En su fallo, reiteró que la objeción de conciencia médica no puede ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas.

Además, en el 2009, reafirma el derecho de todas las mujeres, incluidas las menores de edad, a acceder a servicios legales de aborto y recalca que la objeción de conciencia es individual y no puede ser ni judicial ni institucional.También establece que los servicios legales de aborto deben garantizarse en todo el país.

Por otra parte, en el 2012, la Comisión de Regulación en Salud, del Ministerio de Salud, incluyó el misoprostol, medicamento esencial en ginecología y obstetricia, dentro del plan de beneficios del POS (Plan Obligatorio de Salud). La cual se alinea con la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-754/2015, que establece que los prestadores de salud deben brindar los servicios necesarios para la recuperación física y mental de las victimas de violencia sexual, incluido el aborto.

En relación con la protección de los derechos de las mujeres, el Tribunal Superior de Medellín condenó a lideres de grupos armados por obligar a las mujeres de sus filas a abortar, y afirmó que el aborto forzado vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y se considera un crimen de guerra.

En el 2017, el Congreso de la República extiende la licencia de maternidad remunerada de 14 a 18 semanas,  lo que representa un respaldo del Estado al desarrollo profesional y materno de las mujeres en Colombia, además de favorecer la salud física y mental de las madres y los recién nacidos.

En 2018, la Corte ordena eliminar las barreras que dificultan el acceso al aborto en Colombia, reconociendo que estas siguen afectando, sobre todo, a las mujeres más pobres y de zonas rurales. Además, establece sanciones a EPS e IPS que no presten el servicio oportunamente.

Dos años después, en el 2020, el movimiento Causa Justa interpuso una demanda en la Corte Constitucional con el objetivo de eliminar el delito de aborto en el Código Penal colombiano, buscando que se reconociera el aborto como un derecho fundamental y no parcial. Debido a que la sentencia C-355 de 2006 seguia imponiendo barreras para las mujeres que deseaban acceder a un aborto seguro, lo cual ponía en riesgo su vida y salud. 

Finalmente, el 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional emite un fallo histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, despenalizando el aborto hasta la semana 24, posterior a este tiempo aplica la sentencia C-355 de 2006 bajo las tres causales. Permitiendo a mujeres, niñas, hombres trans y persons no binarias a interrumpir voluntariamente su embarazo sin riesgo de enfrentar sanciones penales. 

En septiembre de 2023, un nuevo hito histórico tuvo lugar cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macro caso 11, sobre violencia violencia sexual y reproductiva en el marco del conflicto armado, así como en otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación contra personas con identidades y orientación sexual diversa. Lo cual significa una ratificación del compromiso de la JEP por investigar, juzgar y sancionar los crimenes relacionados con la violencia de género. Según la misma entidad, entre 1957 y 2016 se registraron 35.178 victimas de violencia sexual y otras violencias basadas en género en el marco del conflicto armado interno en el país. 

En este contexto de avances hacia la justicia y la protección de los derechos de las mujeres, el 15 de agosto de 2024, el Gobierno nacional emitió la Circular 15 de la Superintendencia de Salud, que establece la reglamentacción para garantiza el acceso al aborto. Esta normativa incluye puntos clave que los centros de atención y hospitales deben cumplir, como abstenerse de poner barreras y dilataciones para el acceso a la interrupciópn voluntaria del embarazo (IVE), contar con profesionales de salud sensibilizados en género, discapacidad y enfoque étnico-racial,  y no exigir el consentimiento de los padres a los adolescentes menores de 18 años que deseen interrumpir su embarazo. 

No olvidemos que nuestra libertad sexual y reproductiva es fruto de décadas de resistencia. Decidimos hoy porque ellas lucharon antes. El aborto libre es justicia histórica.

Seguimos resistiendo.

No se puede sofocar lo inevitable Aunque intenten prohibir(nos) Florecemos sin pedir permiso Somos memoria, resistencia y dignidad.

Ficha técnica:

Guión: Emilia Yugovich y Juliana Quintana

Conducción: Nadia Gomez y Juliana Quintana

Grabación y producción: Jazmín Cebé

Edición: Milena Ruíz Díaz

Agradecimientos a Damián Cabrera y a los amigues de Casa Magia