by Sorevitno | Ene 19, 2023 | actualidad |
Caty R
Si durante estos años los mercados no han garantizado alimentos para muchas personas del mundo, ¿qué pasará ahora? Lo que estamos observando es una incesante inflación de los alimentos que incrementa el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con una dieta suficiente y saludable, a la vez que el cierre de muchas fincas agrícolas y ganaderas no deja de cesar. Y es que las respuestas de las administraciones –bajar el IVA de los alimentos, el cheque alimentario o rescates para los sectores más afectados del campesinado–, además de insuficientes, no apuntan al lugar donde tenemos el problema: los mercados alimentarios.
Aunque decimos que vivimos bajo una economía capitalista y de libre mercado, no
es del todo correcto. Como sociedad hemos convenido que cuestiones
fundamentales para la vida, como la sanidad y la educación, se tienen que
garantizar con sistemas públicos, es decir: regulados, controlados,
planificados, intervenidos… pongan los verbos que consideren, que funcionan al
margen de especulaciones, de privatizaciones o de controles corporativos. Todas
tenemos derecho a recibir atención sanitaria y educativa más allá de disponer
de dinero o no. Y las personas que nos ofrecen estas atenciones tienen
garantizado su salario sin lanzarse a las aguas del productivismo, de la
intensificación, de la competitividad… En cambio, la alimentación, otro derecho
básico, la tratamos como una simple mercancía y la dejamos en manos de los
mercados especulativos, con lo que esto significa tanto para las personas
consumidoras, como para las productoras, como para el territorio.
Hay que plantear modelos de mercados de alimentos
garantizados desde el dominio público. En Australia, donde dos cadenas de
supermercados controlan el 65% de la cuota de mercado, hablan de la creación de
una red de supermercados de titularidad pública. En
Francia, un conjunto de organizaciones defienden la necesidad de poner en
marcha una Seguridad Social Alimentaria. Igual que podemos ir al
médico con la tarjeta sanitaria, este modelo propone que todas las personas
dispongan de una tarjeta con una cantidad determinada para alimentos básicos
que se puede intercambiar en establecimientos que, con alimentos de temporada,
locales y con precios regulados, quieran formar parte de este sistema público.
En Cataluña, estos mercados planificados para el bien común pueden empezar con acuerdos con el mundo del cooperativismo y la economía social y solidaria, muy maduro en este aspecto. Una red potente de cooperativas de consumo o supermercados cooperativos para todos los barrios y pueblos, donde los precios de los alimentos se pactan de forma justa y transparente con las productoras más próximas, no es complicada de impulsar. Esta planificación en el suministro alimentario significará menos gasto energético y menos impactos en los ecosistemas, por un lado, y más campesinado local y resiliencia ante la crisis de escasez, por la otra.
Artículo original publicado en Diari ARA, 6 enero 2023. Gustavo Duch
Fuente: https://gustavoduch.wordpress.com/2023/01/18/la-alimentacion-como-servicio-publico/
by Sorevitno | Ene 19, 2023 | actualidad |
Bea Morales
“Estoy buscando a mi hermano M.D, es senegalés. Necesito ayuda
por favor. Él desapareció hace muchos días, iba con otras 55 personas.
Salió desde Tan Tan, pero ya han pasado demasiados días, deberían haber
llegado ya. No se tarda tanto, aun teniendo problemas. Mi mujer y mi
madre llevan mucho tiempo preocupadas, sin dormir. Ahora yo… Llevo
cinco días que tampoco duermo, mi cabeza está ocupada. Creo que tendrían
que haber llegado ya”, dice el hermano de una de las 2.390 personas
fallecidas en su intento de llegar a España en 2022, según el último informe del colectivo Caminando Fronteras.
Es uno de los mensajes recibidos por la organización a través de
su servicio de monitorización y ayuda a las personas en peligro en el
mar y sus familiares, cuyo informe anual aporta nuevas cifras sobre las
desapariciones y muertes de migrantes en nuestras fronteras. De las
2.390 víctimas documentadas por la ONG, 42 han fallecido en las
fronteras terrestres -40 en la tragedia de Melilla-, mientras el resto
ha perdido la vida en las rutas marítimas. Entre ellas había 288 mujeres
y 101 niños y niñas, según el estudio ‘Monitoreo Derecho a la Vida
2022’.
“Cada víctima tiene una historia, una familia, una comunidad.
Compartían anhelos, sueños, esperanzas y ganas de vivir que quedaron
truncadas”, recuerda el informe. “Cada una de ellas deja un vacío que se
siente en el seno de su comunidad, de las redes familiares, pero todas
las vidas juntas que se perdieron suponen un impacto global en sus
lugares de origen, en los países donde fallecieron. No son números
aislados, son un conjunto de muertes que comparten los mismos
responsables, personas que perdieron la vida por efecto de políticas
aplicadas a determinadas poblaciones en movimiento”.
Canarias, la más mortífera
Según el recuento de la ONG, en la ruta atlántica -aquella que
busca alcanzar Canarias- vuelve a ser la más mortífera, con 1.784
víctimas. Caminando Fronteras encuentra las causas del elevado número de
fallecimientos en las embarcaciones utilizadas, “demasiado endebles
para el océano”, así como “las largas distancias, las relaciones
políticas entre los países en la zona , que obstaculizan la colaboración
para defender el derecho a la vida entre los países y ”las demoras en
la activación de servicios de rescate“.
Las rutas de Alborán y el Estrecho son caminos menos
transitados, pero en 2022 han perdido la vida 75 y 25 personas
respectivamente. La ONG, que ha analizado un total de cinco naufragios
en la zona, considera que “la omisión del deber de socorro” es habitual
en este trayecto. “Los medios de rescate no se activan, o se hacen muy
tarde en lo que concierne a las embarcaciones alertadas”, denuncia la
organización.
“La madrugada del 13 de agosto, tres chicos salieron a bordo de
una moto de agua desde Kariat. Sus familias nos alertaron por la tarde,
informando de que otras tres motos salieron también del mismo lugar, con
un número de personas a bordo desconocido. Llamamos a Salvamento
Marítimo Almería, quienes nos informaron de una llegada con dos
personas. No supimos si se había activado algún método de búsqueda. Al
día siguiente otra moto de agua fue rescatada, con tres personas, y
facilitamos el nombre del chico, K.B., cuya familia nos había autorizado
a buscar. A pesar de ello, no recibimos confirmación de que él hubiese
llegado o no, tampoco su familia. Desde entonces, K.B. y sus dos
compañeros continúan desaparecidos”, relato extraído de la línea de
ayuda del colectivo.
En la ruta que parte de Argelia y alcanza las costas de Murcia,
Almería, Comunidad Valenciana y Baleares, han perdido la vida o
desaparecido 464 personas, según las cifras del colectivo. Sin embargo,
la ONG advierte de que se trata de una ruta “invisibilizada”, por lo que
sospecha que el número de víctimas sea muy superior. Las causas
señaladas por la organización hacen referencia, además de “ la omisión
del deber de socorro” a la falta de alertas por parte de las personas y
las familias. Avisan cuando es demasiado tarde.
Sin cuerpos
De las víctimas contabilizadas por el colectivo, el 91,42%
desaparece en el mar, por lo que las familias no consiguen tener el
cadáver de sus seres queridos para confirmar su fallecimiento. “Esto
supone que las comunidades y familiares se enfrentan a un duelo
denominado como ambiguo que tiene múltiples impactos legales y
psicosociales”, destaca el documento.
Una de estas personas que se quedaron en el mar es Z. “Salimos
desde Mohammedia hace tres días. Anteayer perdimos el motor, así que
intentamos volver a costa. Cuando cayó el motor al agua, también se cayó
Z. Él se intentó agarrar a un bidón y nadar, pero lo perdimos de vista.
No hemos vuelto a saber de él. Ayer otro compañero quedó en el agua,
nos estábamos hundiendo, estábamos todos en el agua, veíamos un buque”,
explicaba uno de los supervivientes de uno de los naufragios ocurridos
en 2022. “Nosotros los supervivientes estamos bien, pero tenéis que
llamar a la mujer de Z y explicarle lo que ha pasado. Yo misma se lo he
intentado explicar, pero no cree que Z haya quedado en el agua, dice que
quizás su marido haya llegado nadando a tierra, pero es muy difícil.
Hace falta que se lo expliquéis vosotras”, relata con desesperación a la
ONG uno de los supervivientes del naufragio.
Cuando las familias carecen de cualquier información sobre la
patera en la que sus allegados desaparecieron, atravesar el duelo es aún
más complicado. Esta es la situación a la que han hecho frente de las
63 embarcaciones que, según la organización, han desaparecido en 2022
con todas las personas a bordo. “Cuando desaparece una embarcación con
todas las personas a bordo, conseguir un relato de lo que sucedió es
mucho más difícil y supone una angustia más grande para las familias de
las personas que comparten esa embarcación. No tienen la información de
personas supervivientes, que en muchas ocasiones es clave para que los
familiares puedan hacer el duelo, aunque no esté el cuerpo”, relata el
estudio.
Caminando Fronteras recuerda el caso del naufragio de una embarcación que zarpó el pasado 10 de agosto desde Tan Tan (Marruecos) con 62 personas, entre ellas diez mujeres y cuatro niños. “Durante esos días hubo otras embarcaciones neumáticas también en la zona, pero estas 62 personas no fueron localizadas. Muchas familias contactaron a nuestra organización, preocupadas por no saber de sus seres queridos”, describe el informe. “Hasta 19 de ellas nos mandaron las fotos de sus familiares, con la esperanza de poder encontrarles, de poder al menos recuperar sus cuerpos. Escribieron desde Senegal, Alemania, Túnez, Guinea, Marruecos, España, Islas Comores, Costa de Marfil, Francia. Aún hoy, seguimos pudiendo decirles únicamente que sus seres queridos continúan desaparecidos”.
Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/2-390-personas-han-muerto-migrar-espana-2022-caminando-fronteras_1_9876088.html
by Sorevitno | Ene 19, 2023 | actualidad |
Caty R
No es tanto la recesión lo que asusta, sino el hecho de que los gobiernos y las instituciones europeas estén lejos de definir políticas a medio y largo plazo centradas en el bienestar de las personas, el medio ambiente y el clima. Por el contrario, la emergencia es el caballo de Troya utilizado para imponer medidas e intervenciones de infraestructura que benefician a la industria fósil, única ganadora –junto con el sector financiero– de otra crisis en la que se regenera el sistema capitalista.
La oportunidad perdida del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia
El plan Next Generation de la UE representa la mayor inyección de dinero público europeo directamente en los presupuestos de los gobiernos en la historia de la UE. Tras la crisis financiera de 2008, los recursos se destinaron a rescatar a los grandes bancos y al sistema financiero internacional, pero en este caso los recursos se distribuyen entre los gobiernos de los Estados miembros, que pueden destinarlos precisamente a la ecologización de la economía. En total, unos buenos 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones en subvenciones y 360.000 millones en préstamos que los gobiernos tendrán que devolver. Un proceso iniciado en 2020, que muchos esperaban que fuera la gran oportunidad para empezar a transformar el modelo energético de los países europeos, pero que, en cambio, se ha definido y moldeado a la medida de los intereses del sector fósil, uno de los mayores culpables de la crisis ecológica y climática que estamos viviendo.
En este sentido, es emblemático el caso
de Italia, el país europeo que más ha sufrido la pandemia y el beneficiario de
la mayor parte de la ayuda europea para la recuperación. Como muestra nuestra
encuesta “Recuperación y Connivencia”, entre el anuncio del Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia (PNRR) en julio de 2020 y julio de 2021, la
industria fósil consiguió al menos 102 reuniones con los ministerios encargados
de elaborar el plan: una media de más de dos reuniones por semana. Eni, la
mayor multinacional italiana del sector fósil, dominó la acción de los grupos
de presión con al menos veinte reuniones oficiales, que le permitieron promover
sus falsas soluciones ante los responsables políticos, como el hidrógeno (que
actualmente se produce en un 99% a partir de gas fósil), el biometano y la
captura y almacenamiento de carbono (CAC).
El mismo número de reuniones mantuvo
Snam, la empresa que controla más de 40.000 km de gasoductos en Italia y el
resto del continente europeo. Si para Eni el hidrógeno es el expediente para
estimular la producción de gas, en el caso de Snam es una estratagema destinada
a prolongar la vida de sus infraestructuras fósiles y a desarrollar otras
nuevas, como las decenas de estaciones de repostaje de hidrógeno para trenes y
camiones incluidas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR),
útiles solamente para frenar un cambio real del modelo energético y de
transporte.
El cabildeo alcanzó su punto álgido en
los meses siguientes a la instauración del gobierno de Draghi. Entre febrero y
abril de 2021, la industria energética asaltó literalmente los centros de poder
institucional, organizando 49 reuniones con el Ministerio de Transición
Ecológica y el Ministerio de Desarrollo Económico. Así, en pocos meses se han
destinado 4.200 millones de euros al hidrógeno. Un aumento considerable
respecto a los escasos 1.000 millones previstos en la primera versión del plan
y que, de hecho, fue rechazado contundentemente por la Comisión Europea, que
finalmente obligó al ejecutivo italiano a modificar sustancialmente el
componente de transición energética del PNRR, cerrando las lagunas que se
habían dejado abiertas al gas.
RePowerEU y la reactivación del gas a escala mundial
La influencia que ejerce la industria fósil sobre los responsables de la toma de decisiones en Europa y en los Estados miembros es una muestra del acceso privilegiado del que gozan las empresas del sector en estos espacios. Un privilegio del que parecen haberse aprovechado especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Así lo confirma el plan RePowerEU. Un proyecto presentado en mayo de 2022 que se refiere a un paquete de estrategias destinadas a revisar el gran plan europeo para relanzar la economía en clave verde de la UE (Next Generation), incluyendo un nuevo y ambicioso objetivo: liberar a la Unión Europea de la dependencia de Rusia para el suministro de gas, petróleo y carbón, pero también de otras materias primas, de aquí a 2030.
Como señala la propia Comisión, la UE
importa el 90% del gas, el 97% del petróleo y el 70% del carbón que utiliza. De
ellos, más del 40% del gas, el 27% del petróleo y el 46% del carbón proceden de
Rusia. Pero RePowerEU va más allá: prepara el camino para una
verdadera reconfiguración del papel de la UE en el mundo, en un contexto
internacional que cambia rápidamente, empezando por el sector de la energía y
las materias primas.
Junto con el relanzamiento de las
energías renovables, a las que se dedica una de las estrategias, y la
eficiencia energética, el plan para superar la dependencia del gas ruso tiene
un gran escollo: el brutal relanzamiento del gas a escala mundial. Desde las
extracciones en alta mar hasta las nuevas infraestructuras de importación de
gas e hidrógeno, la estrategia se desarrolla en torno a una lectura que ve en
el gas el verdadero protagonista de una reconfiguración de las relaciones, pero
también de las estrategias comerciales de la UE, orientadas a salir de la
dependencia energética de Rusia y, al mismo tiempo, a redefinir las relaciones
tanto con los países que aún no se han incorporado a la Comunidad de la Energía
(Ucrania, Georgia, Moldavia, los Balcanes Occidentales) como con países de
otros continentes.
“Ningún Estado miembro puede hacer
frente a este reto en solitario”, dijo la Comisión Europea en mayo de 2022, con
el objetivo de acabar con las importaciones de petróleo, carbón y gas de Rusia
a más tardar en 2030. La Comisión entra en los detalles del cómo en
una de las estrategias del paquete, la denominada estrategia energética
exterior. Aquí se lee, en primer lugar, la voluntad de la Comisión de aumentar
las importaciones de gas licuado (GNL) procedentes de Estados Unidos, país con
el que la UE ha firmado un acuerdo bilateral ad hoc,
contribuyendo de hecho a reactivar el viejo plan estadounidense de convertirse
en el primer exportador de gas transportado por barco a escala mundial. Un
plan, este, que se originó hace varios años, paralelamente a la campaña interna
de financiación pública de la extracción de gas, mediante la controvertida
técnica del fracking. Todo ello a pesar de la resistencia que se ha ido
creando a lo largo de los años en Estados Unidos, tanto a la fracturación
hidráulica –por sus dramáticas consecuencias para el medio ambiente, en
particular la contaminación de las aguas subterráneas, y el clima– como a las
nuevas infraestructuras de transporte y exportación de gas por barco a
Luisiana, Texas y otros Estados del Golfo de México.
El objetivo declarado de la UE es
aumentar las importaciones de gas licuado en al menos 15.000 millones de metros
cúbicos en 2022 y 50.000 millones de metros cúbicos al año hasta al menos 2030,
principalmente desde Estados Unidos y en cooperación con otros socios
internacionales. Según la declaración del Grupo de Trabajo Conjunto UE-EE UU
sobre Seguridad Energética de principios de noviembre, el ritmo de aplicación
del acuerdo fue incluso más rápido de lo esperado: entre enero y octubre de
2022, EE UU exportó 48 bcm de gas a la UE, es decir, 26 bcm más que en 2021[01].
Mucho más que los 15 bcm acordados en primavera.
Parte de los compromisos de RePowerEU era también la celebración de un acuerdo
trilateral con Egipto e Israel para la importación de gas licuado del
Mediterráneo Oriental. Este acuerdo se alcanzó ya a mediados de junio y sella
la centralidad de Egipto como proveedor de gas licuado al mercado europeo,
fortaleciendo de un plumazo no solo al régimen de al-Sisi, sino también al
régimen israelí con su política de apartheid hacia
el pueblo palestino.
RePowerEU también menciona a Nigeria, Senegal y Angola
entre los países de los que podría llegar más gas licuado para Europa, mientras
que Noruega, Azerbaiyán y Argelia podrían aumentar el suministro por gasoducto.
Se trata de países en los que la UE se
apoya, sellando con RePowerEU lazos tóxicos que deberían sustituir al que
ahora está fuera de control con Rusia. Pero sin resolver el problema de la
dependencia del gas ni el del cambio climático, por no hablar de las
violaciones de los derechos humanos perpetradas a diario por gobiernos
autocráticos que alimentan la maquinaria represiva y la estructura de poder
construida en los últimos años gracias a los ingresos garantizados por la venta
de gas, al igual que Rusia.
Nuevos gasoductos y terminales de GNL
En su mapa actualizado de nuevas infraestructuras de gas, RePowerEU añade nuevas terminales y gasoductos de GNL a los Proyectos Europeos Prioritarios (PCI), y anima a los Estados miembros a contribuir al objetivo de diversificación (lejos de Rusia) con infraestructuras adicionales, abriendo la posibilidad de utilizar varios capítulos del presupuesto europeo para financiarlas: desde los fondos de cohesión hasta los de la Política Agrícola Común y el Mecanismo de Recuperación y Reactivación.
Entre las principales infraestructuras
nuevas figuran la ampliación del gasoducto Trans Adriático-TAP (con el
gasoducto greco-búlgaro IGB) hasta Bulgaria y su expansión, es decir, la
duplicación de la capacidad del gasoducto hasta 20.000 millones de metros
cúbicos al año; la construcción de un gasoducto entre España e Italia, que
debería conectar la terminal de GNL de Barcelona con la de Livorno (Snam y
Enagas han firmado un memorándum de entendimiento y encargado un estudio de
viabilidad), y la construcción de un corredor para la importación de hidrógeno
desde el norte de África hasta Italia y la UE. Eso sin contar las decenas de
terminales de GNL previstas en toda Europa. En Italia, solo el gobierno ha
encargado a Snam la instalación de dos FSRU –Unidades de Regasificación
Flotantes y de Almacenamiento de 5 bcm–, una en Piombino, Toscana, y otra en
Ravenna, Emilia-Romaña, sin ninguna evaluación de impacto ambiental
precisamente en nombre de la emergencia decretada
con RePowerEU. Además de estas, Snam está procediendo a la
construcción de otras dos FSRU en Cerdeña, mientras que se ha planteado la
posibilidad de construir una quinta en Gioia Tauro, Calabria, con una capacidad
de 17 bcm.
La estrategia prevé inversiones totales
de 210.000 millones hasta 2027 en forma de préstamos, y otros 225.000 millones
en subvenciones que se distribuirán a través del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. La Comisión ha dado una indicación para crear un nuevo capítulo de
gastos para los PNR de los países miembros, dedicado precisamente a la
respuesta a la crisis con Rusia, en el que la construcción de infraestructuras
energéticas gozará de una excepción especial: los nuevos proyectos no tendrán
que cumplir con el principio de Do Not Significant Harm [no causar daño significativo], uno de los
pilares del Programa Europeo de Recuperación y Resiliencia, destinado
precisamente a garantizar la defensa del medio ambiente y la biodiversidad.
Otro aspecto a señalar, que muchos ya
estamos leyendo con alarma, es la reactivación del hidrógeno producido “a
partir de fuentes no fósiles”, con referencia explícita a la posibilidad de
proponer proyectos de producción de hidrógeno “también a partir de la energía
nuclear”. Al parecer, el país que la UE está estudiando es Ucrania.
Además del gas, la agenda comercial de
la UE mira a los países de otros continentes principalmente como “proveedores
de energía y materias primas” que la industria verde de
Europa necesita, para lo cual la estrategia energética exterior prevé diversas
formas de apoyo público para garantizar su papel de líder mundial. Parte del
paquete es un nuevo impulso a la importación de 10.000 millones de toneladas de
hidrógeno, para lo cual la UE planea concluir asociaciones de hidrógeno con
“países fiables” para garantizar “unas relaciones comerciales y de inversión
abiertas y sin distorsiones para los combustibles renovables y bajos en
carbono”. La estrategia hace referencia a tres corredores de importación de
hidrógeno: desde el Mar del Norte (Noruega y Reino Unido), el sur del
Mediterráneo y Ucrania, que la UE quiere abrir “tan pronto como las condiciones
lo permitan”.
Diversificación no del gas, para reducir la dependencia de todos los combustibles fósiles, sino de los proveedores
Al mismo tiempo, la Comisión ya se está
moviendo para asegurar mediante acuerdos ad hoc (por
ejemplo, con Namibia, pero también con Australia, varios países de Sudamérica y
los Balcanes Occidentales) las materias primas, tierras raras, litio, magnesio,
niobio, germanio, boratos y escandio que necesita la industria verde y
cuyo coste se prevé que aumente hasta 2050.
Se trata de un panorama preocupante,
centrado en una visión y un modelo neocolonial de la Unión Europea que vuelve a
proponer una agenda comercial y consolida las relaciones con gobiernos
autoritarios para garantizar una larga vida al gas y una nueva vida a la
creciente industria verde, que corre el riesgo de seguir el mismo modelo
extractivista diseñado por la industria fósil.
También conviene recordar que la crisis
del gas de 2006 entre Rusia y Ucrania fue utilizada por la UE para construir
una narrativa de diversificación que justificara la construcción de nuevos
gasoductos y terminales de GNL en Europa, financiados y garantizados con miles
de millones de euros del erario público.
Diversificación no del gas, para reducir
la dependencia de todos los combustibles fósiles, sino de los proveedores, para
reducir la dependencia de Rusia. Esta ha sido la letanía que ha justificado la
construcción de grandes infraestructuras como el controvertido Corredor
Meridional de Gas –un gasoducto de 3.500 km que cuesta nada menos que 45.000
millones de dólares, financiado y garantizado en gran parte por los bancos
públicos europeos– que han contribuido a afianzar la dependencia del gas del
continente y, en particular, la de algunos países, forjando relaciones cada vez
más estrechas con gobiernos autoritarios como Azerbaiyán y Turquía, mientras
que la dependencia del gas ruso ha aumentado. El gas ruso que también se
transporta a través del propio Corredor del Sur, mientras que la empresa rusa Lukoil
ha seguido reforzando su presencia en la extracción de gas en alta mar en
Azerbaiyán.
El gasoducto Eastmed, devastador para el clima y los derechos humanos
El mayor gasoducto que podría relanzar RePowerEU es el que conectaría los yacimientos marinos de Israel y Chipre con el mercado europeo del gas, pasando por Chipre, Creta y el sur de Grecia para llegar cerca de Otranto (Italia). Se trata del gasoducto Eastmed, propuesto hace más de diez años por el consorcio IGI Poseidon y hasta ahora nunca realizado.
El pasado mes de diciembre, el Consejo y
el Parlamento Europeo confirmaron la presencia de Eastmed en el reglamento de las RTE-E [reglamento
relativo a las redes transeuropeas de energía], que indica los proyectos
estratégicos europeos a financiar para el sector energético. Con una salvedad,
a saber, que Eastmed estaría inmediatamente “preparado para el
hidrógeno”, es decir, que también sería apto para transportarlo. En los
pasillos de Bruselas, nadie creía realmente que este oleoducto se construiría
en algún momento, pero durante años las instituciones optaron por dejar la
puerta abierta. Cuando Estados Unidos y luego Grecia se apartaron del
megaproyecto a principios de año, surgió la noticia de una evaluación de costes
y beneficios que la propia Comisión estaba realizando y que hasta ahora no se
había hecho pública. Todo cambió a principios del verano, con el relanzamiento
del movimiento del gasoducto en el marco de RePowerEU dentro del Foro del Gas del Mediterráneo
Oriental y la visita de Ursula von der Leyen a Israel. Para la UE, lo urgente
es asegurarse de que el gas de los yacimientos de Leviatán y Tamar –que
empezaron a venderse a principios de 2020 desde Israel a Egipto, conectados por
el gasoducto Ashkelon-Al Arish que evita la Franja de Gaza– se venda en el
mercado europeo. De ahí el impulso de la UE para facilitar la firma de un
memorándum de entendimiento con los dos gobiernos, pero también su apertura a
apoyar (también financieramente) la construcción del nuevo gasoducto de 1.900
kilómetros que permitiría a Israel vender su gas directamente.
Una obra técnicamente difícil de
realizar, según muchos expertos, debido al desnivel de las superficies marinas
en el Mediterráneo oriental. Además, tanto el gasoducto como las extracciones
en aguas profundas atarán al mundo al gas fósil durante más de veinte años,
ignorando la necesidad de reducir el cambio climático. También vale la pena
reflexionar sobre esto: justo cuando estamos asistiendo a una terrible guerra y
un desastre humanitario como el de Ucrania, nuestros gobernantes están
planeando un escenario potencialmente muy sombrío: el gas que se supone que
pasa por Eastmed ya ha exacerbado las tensiones siempre latentes entre
Grecia, Chipre y Turquía[02]. Y contribuirá a reforzar el régimen de apartheid en Israel, que ya está totalmente normalizado.
El chantaje es fuerte, hay que tener
todo el gas posible “o si no, no tendremos calefacción ni aire acondicionado”,
dijo Mario Draghi, que también visitó Israel a principios de junio para
asegurar el suministro de gas a Italia. Poco importa que el gasoducto Eastmed no tenga proyecto ejecutivo y no esté listo
antes de 2030, con un coste inicial estimado en 6.000 millones de euros. El
proyecto aún no ha alcanzado la decisión de inversión, prevista para finales de
año, y la Comisión Europea solo ha financiado hasta ahora un estudio de
viabilidad con 36,5 millones de euros.
Un futuro sombrío
El estado de emergencia se ha utilizado durante meses para promover la construcción de decenas de nuevas infraestructuras de importación de gas en la UE. Todo ello se paga o se asegura con recursos públicos, que se desvían así de la construcción de una transición no solo ecológica sino también justa. Estas infraestructuras se deciden y aprueban con procedimientos rápidos, pero tendrán consecuencias medioambientales e impactos climáticos y sociales a largo plazo que los gobiernos e instituciones no quieren evaluar. Así, mientras las seis mayores empresas petroleras y gasísticas de Europa obtienen unos beneficios extra de 75.000 millones de euros, los hogares y las empresas están pagando todos los costes de una dependencia del gas que se está convirtiendo en sistémica gracias a la emergencia. Desbloquear este modelo, detener la construcción de nuevas infraestructuras y exigir que las empresas paguen por la crisis y que los recursos públicos se destinen a reducir la dependencia del gas son los primeros pasos esenciales hacia una transformación social, medioambiental y de justicia climática de la sociedad.
Notas:
(1) https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/07/joint-readout-of-u-s-eu-task-force-meeting-on-energy-security/
(2) https://www.recommon.org/eastmed-il-gasdotto-che-minaccia-la-pace-nel-mediterraneo/
Elena Gerebizza es investigadora y activista de ReCommon (Italia), dedicada a realizar campañas contra la expansión de los combustibles fósiles y la infraestructura a gran escala (www.recommon.org/)
Fuente:
