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El cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood que años después fue adaptada a una exitosa serie de televisión, retrata una sociedad en la que las mujeres han perdido el derecho a decidir sobre sus cuerpos, su papel queda reducido a la reproducción y cualquier forma de familia o identidad que se salga de la norma es perseguida. Pero una de las cosas más inquietantes de esa historia no es únicamente el poder que ejercen los hombres. También muestra cómo algunas mujeres ayudan a construir, defender y legitimar ese mismo sistema.
No, no estoy diciendo que Colombia sea Gilead. Lo que creo es que la historia de Atwood plantea una pregunta que sigue siendo muy vigente: ¿basta con que haya mujeres en el poder para que avancen los derechos de las mujeres?
La respuesta es no. Y algunas de las mujeres que rodean al presidente electo Abelardo de la Espriella ayudan a entender por qué. Varias de ellas han construido su carrera política defendiendo iniciativas que buscan restringir el acceso al aborto, cuestionar los derechos de las personas LGBTIQ+ o promover una idea única de familia. Es ahí donde aparecen los paralelos con personajes como Serena Joy.
Muchas personas recuerdan a los comandantes como los principales responsables del régimen en la ficción de Margaret Atwood, pero olvidan que personajes como Serena Joy también fueron fundamentales para construir y defender ese modelo de sociedad.
Serena era una mujer con voz, influencia y reconocimiento público que promovía una visión conservadora de la sociedad y del lugar que debían ocupar las mujeres: estrechamente ligado a la familia, la maternidad y los roles tradicionales de género. Y cuando se observan algunas de las figuras femeninas que acompañan al hoy presidente electo, aparecen ecos de esa misma lógica.
Los primeros nombres que rodean al presidente electo muestran una coincidencia difícil de ignorar. Varias de las mujeres que podrían tener influencia en su gobierno han hecho de la oposición al aborto una de sus principales banderas políticas.
Una de ellas es Carol Borda, congresista electa por Bogotá por el partido Salvación Nacional, integrante del movimiento provida y miembro de la Misión Carismática Internacional, conocida como Iglesia G12.
Como integrante del equipo asesor de la concejal de Bogotá Clara Sandoval, hoy partidaria del presidente electo Abelardo de la Espriella, Carol Borda participó en la construcción del Proyecto de Acuerdo 340, conocido como “Ruta por la Vida”. De acuerdo con Causa Justa y diversas organizaciones de salud, esta iniciativa suponía retrocesos en el acceso al aborto y limitaba el derecho de las mujeres a decidir sobre sus proyectos de vida.
Además, en la actualidad, Borda prepara un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 11 de la Constitución y reconocer jurídicamente la existencia humana desde el momento de la concepción. Una medida de este tipo supondría nuevas restricciones al derecho a decidir, abriría la puerta a la persecución y criminalización de quienes interrumpen su embarazo y podría empujar a muchas mujeres a recurrir nuevamente a abortos clandestinos e inseguros.
También dirige la Fundación Nazer, organización que se ha opuesto al fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 y al proyecto de ley integral trans.
Otra figura es Sara Castellanos, senadora electa por Salvación Nacional e hija de los pastores y fundadores de la Iglesia G12. Tras la sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, Castellanos impulsó un “Referendo por la Vida” que, al igual que la propuesta de Borda, buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución para reconocer el derecho a la vida desde la concepción.
Castellanos ha defendido una concepción tradicional de la familia, entendida como la conformada por madre, padre e hijos, dejando por fuera otras formas de organización familiar reconocidas social y jurídicamente. Asimismo, ha cuestionado la educación sexual y los contenidos sobre diversidad en las escuelas, y ha acusado a Fecode de promover la llamada “ideología de género”, una narrativa impulsada por movimientos conservadores y antigénero que busca deslegitimar las luchas feministas y los derechos de las personas LGBTIQ+, alimentando discursos de exclusión y obstaculizando avances en materia de igualdad y reconocimiento de la diversidad.
Pero esta agenda no se limita a las nuevas congresistas. También aparece en algunos de los nombres que han sonado para integrar el gabinete.
Dentro de los posibles nombres que suenan para integrar el gabinete de ADLE está el de Viviane Morales, exfiscal general de la Nación, quien en 2016 promovió un referendo que buscaba restringir la adopción a parejas homosexuales. La iniciativa desconocía la Sentencia C-683 de 2015 de la Corte Constitucional, que reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar, y fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo por afectar los derechos fundamentales de niños y niñas, así como el principio de no discriminación. Finalmente, la propuesta fue archivada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Y se suma el nombre de Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien suena como posible directora del ICBF. Hermana del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y candidata al Senado en las recientes elecciones por el movimiento Creemos, liderado por su hermano, Gutiérrez durante su campaña al Senado abanderó temas relacionados con la niñez y las mujeres desde su experiencia personal. Más allá de ello, no se evidencia una trayectoria sólida en la formulación o implementación de políticas de protección integral a la infancia, un aspecto relevante para dirigir una entidad como el ICBF.
Otro de los nombres que ha sonado para integrar el gabinete es el de María Fernanda Cabal, ex-senadora del Partido Centro Democrático, quien podría asumir el Ministerio de Defensa. Cabal ha sido una de las voces más visibles en la difusión de discursos sobre la llamada “ideología de género”, se ha declarado abiertamente provida y ha manifestado que, a partir de una experiencia personal vivida hace más de dos décadas, considera que en un contexto donde existen métodos anticonceptivos accesibles las mujeres no deberían recurrir al aborto, sino contar con alternativas para continuar sus embarazos.
Sin embargo, esta postura suele dejar de lado la evidencia sobre las consecuencias que tiene negar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Una investigación de las economistas Juliana Londoño Vélez y Estefanía Saravia, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), encontró que las mujeres a quienes se les niega un aborto presentan menores niveles educativos, menor participación laboral y menores ingresos a largo plazo. Además, tienen una mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza y vulnerabilidad: la probabilidad de caer en pobreza extrema o moderada aumenta cerca de un 50 %, mientras que la de habitar en los estratos socioeconómicos más bajos crece en un 42 %.
Asimismo, ha respaldado la Política de Seguridad Democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe. Frente a esta política, la Comisión de la Verdad documentó que la intensificación de la confrontación armada tuvo impactos particulares sobre las mujeres, especialmente en territorios rurales y comunidades afectadas por la guerra, donde enfrentaron desplazamientos, violencias y afectaciones a sus procesos organizativos y comunitarios. En ese contexto, organizaciones de mujeres insistieron en la necesidad de una salida negociada al conflicto y en el derecho a vivir en paz como una condición fundamental para garantizar sus derechos.
El respaldo a enfoques de seguridad centrados principalmente en la respuesta militar también plantea interrogantes sobre cómo se incorporará una perspectiva de género en el abordaje del conflicto armado.
Más que casos aislados, estos nombres muestran un patrón. Aunque provienen de trayectorias distintas, comparten una visión sobre el lugar que deben ocupar las mujeres, la familia y la sexualidad en la sociedad. No se trata únicamente de sus creencias personales, sino de proyectos políticos que buscan traducir esas convicciones en leyes, reformas constitucionales y políticas públicas.
Esa es, precisamente, una de las lecciones más perturbadoras de El cuento de la criada: los sistemas que buscan controlar los cuerpos y limitar la autonomía no son sostenidos exclusivamente por hombres. También encuentran mujeres que los legitiman, los promueven y les otorgan un rostro cercano y familiar.
Por eso, la pregunta no es cuántas mujeres ocupan cargos de poder dentro de un gobierno. La pregunta es qué proyecto de sociedad, qué idea de familia y qué lugar para las mujeres están contribuyendo a construir. Porque la representación, por sí sola, no garantiza la igualdad. La presencia de mujeres en espacios de decisión no se traduce automáticamente en avances para los derechos de las mujeres ni en la ampliación de las libertades conquistadas.
