– Colombia: Duque: autogolpe o renuncia

Por Piedad Córdoba Ruíz

La grave crisis que vive la democracia colombiana nos está llevando a un dilema encarnado en el destino mismo del actual presidente Iván Duque Márquez: autoritarismo o apertura democrática, guerra o paz, golpe de estado o renuncia. Por ahora, estamos presenciando una nueva modalidad de autogolpe: el autogolpe gradual. Sin necesidad de anunciarlo al estilo fujimorista, Duque y su grupo en el poder concentran hoy más poder legal y real que cualquiera de sus antecesores tras la caída de Rojas Pinilla, lo que no implica lastimosamente que el desequilibrio antidemocrático no tienda a agudizarse aún más.

Se percibe un clima de caos, que al mismo tiempo que posiciona salidas autoritarias permite los mayores desafueros del Ejecutivo. Se vive una ola de violencia funcional a aquellos que promueven una mayor militarización del país y a darle continuidad al conflicto social armado ante la perfidia al Acuerdo de Paz. La escalada de muerte en Colombia parece la antesala a un golpe de estado. Las masacres en Nariño, el Cauca y buena parte de los territorios otrora ocupados por las Farc-EP, el genocidio a cuentagotas contra los excombatientes, la masacre contra manifestantes desarmados en Bogotá, el asesinato de Juliana en el Cauca por un miembro del Ejército no son hechos aislados, sino manifestaciones de una grave crisis humanitaria y de la generación de una zozobra que favorece el despotismo

Revisemos los pilares básicos de una democracia en la actual coyuntura colombiana: subordinación de las FF. MM. al poder civil; equilibrio de poderes entre las ramas y órganos del Estado; ejercicio efectivo de las libertades civiles y garantías democracia; confianza y legitimidad de los procesos electorales. Es tal la actual asfixia democrática, que es inevitable pensar respecto a Duque, que hijo de turbayista, sale represivo.

¿Cuáles son los logros militares del Gobierno Duque? Bombardeo a niños, perfilamiento a opositores, violación permanente a los DD. HH. de la población civil, cúpula castrense cuestionada por DDHH, presencia irregular de tropas extranjeras, participación en ejercicios de guerra internacional utilizando nuestro territorio, desconocimiento de las autoridades locales y de los fallos judiciales, masacre policial y represión violenta a la protesta con amparo jurídico del fuero penal militar e hipertrofia del presupuesto militar para el 2021 a más de 37 billones. Este apretado resumen expresa el poder real omnímodo de la Fuerza Pública, sus sectores económicos y sus áulicos como el ministro Holmes Trujillo, al punto que el presidente Duque termina literalmente uniformado con ellos. Con estas gabelas a militares y policía ¿Para qué se necesita un cuartelazo? Hay de facto en nuestro país un gobierno autoritario sustentado –y condicionado- por el poder militar, como lo llamara el Mayor Bermúdez Rossi, y es claro que el presidente respalda y es respaldado por la facción mayoritaria de la fuerza pública.

Miremos el llamado equilibrio de poderes. Duque y su partido tienen medio Estado en el bolsillo: fiscal, procuradora, defensor del pueblo, y próximamente podrían consolidar mayorías en el Banco de la República y la Corte Constitucional. Entre fichas gubernamentales y amigos personales del Presidente, la independencia de las ramas del poder y órganos de control ha sido reducida a una ficción. Esta concentración de poder no solo demuestra el anacronismo de los mecanismos actuales para la elección de los altos cargos del Estado, sino que exige una reforma política de fondo al respecto.

Pero la cosa no para allí,  ratificando que el autogolpe gradual ya se está dando. No contento con coleccionar entes supuestamente autónomos, el Gobierno de Duque ha suprimido de facto las competencias de las autoridades locales en lo que respecta al manejo del orden público implantando primero las llamadas ZEEI ( Zonas Estratégicas de Intervención Integral) que pone territorios en conflicto a discreción de los mandos militares y ahora promoviendo la insubordinación policial en las ciudades, dando al traste con la descentralización desarrollada por la Constitución de 1991. De igual forma la pandemia y la crisis del orden público ha sido aprovechada para que el presidente gobierne bajo un estado de excepción permanente, haciéndonos recordar el nefasto estado de sitio perenne de la Constitución de 1886, recortándole las facultades a un legislativo virtualizado al que se le niegan mediante argucias de todo tipo, el ejercicio efectivo del control político. Entre un Congreso virtual con un presidente legislando por decreto,  y el cierre del parlamento solo hay un tenue matiz, que en medio de la crisis propiciada por el mismo Gobierno Nacional se puede cruzar en cualquier momento y sin mucha resistencia de ciertas bancadas que han demostrado ser bastante venales.

Igualmente, el gobierno Duque está convirtiendo las altas cortes en ornamento al desconocer impunemente sus sentencias. Si el rechazo presidencial a la medida de aseguramiento contra el exsenador Uribe Vélez ya era una intromisión inadmisible, el desacato en curso contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, o la burla al fallo del Tribunal de Cundinamarca que suspendía a la brigada militar norteamericana en el país, en la práctica equivalen a licenciar a los togados. A propósito, tras más de 3 meses de su proscripción legal las tropas gringas siguen aquí. ¿A dónde va a llegar el totalitarismo presidencial y su peligroso sometimiento a la campaña electoral de Donald Trump?

En tercer lugar hablemos de los indicadores reales de la democracia colombiana: las garantías de nuestros derechos civiles.  Más de 60 masacres en lo corrido de 2020, más de 230 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, al igual que 573 líderes sociales y de derechos humanos solamente durante el gobierno Duque. Complementan el panorama la represión violenta contra el derecho a la protesta, los seguimientos y hostigamientos legales e ilegales contra la oposición política y social, el linchamiento mediático y la promoción de ideologías fascistas, discriminatorias y antidemocráticas, así como la continuación de la llamada “guerra jurídica” que no es otra cosa que la criminalización de la oposición con el guiño de un Fiscal apéndice del Gobierno Nacional. La semana anterior hubo denuncias de que Barbosa y Holmes preparan una masiva cacería de brujas judicial, retornando a la triste práctica de montajes judiciales.  Si esto llega a ser cierto estas “pescas milagrosas” de la Fiscalía harían ruborizar jornadas similares de las dictaduras del Cono Sur y el autogolpe estaría consumado. Sin embargo ni el Ejecutivo ni la Fiscalía responden.

Lo que para algunos países fue un nefasto periodo de abiertas dictaduras militares, para Colombia se nos vende solapadamente como una especie de “nueva normalidad”, que no obstante, no logra ocultar su carácter antidemocrático. Hoy están negadas de facto las libertades civiles para la mayoría de la población, tanto para las comunidades sometidas a la violencia en los territorios, como para los que realizamos oposición al autoritarismo presidencial o ejercemos el derecho a la movilización. Está avanzando el autogolpe.

Finalmente, miremos la transparencia electoral. La continuidad de Duque en la presidencia es en sí mismo la afirmación de la ausencia de garantías en el proceso electoral en nuestro país. En medio de la paquidermia de un CNE politizado y una Corte Suprema hostigada por el presidente, sigue abierta la investigación de la llamada “Ñeñepolítica” que solo demuestra la intervención de fuerzas ilegales para poner a Duque en la presidencia. Los elementos probatorios son de tal calado que la Corte mantiene la competencia sobre el exsenador Uribe y sobre varios parlamentarios del partido de Gobierno involucrados en este escándalo que sumado al testimonio de la exparlamentaria Aida Merlano, hacen ilegítima la elección de Duque, curiosamente el presidente que mayor poder haya acumulado en el último medio siglo. Incluso aplicando la vieja máxima turbayista de reducir la corrupción a sus justas proporciones, esto implicaría cuando menos la renuncia de Duque y de su fórmula vicepresidencial, hasta que no sean juzgadas estos hechos, y -ya que está de moda entre los uribistas- hacer público el caso de la Ñeñepolítica para que todo el país tenga acceso a la verdad, así como darle trámite a las necesarias compulsas de copias derivadas de las denuncias de Merlano.

No hay subordinación del poder militar al civil, no hay independencia de poderes ni de organismos de control, no hay garantías democráticas ni goce efectivo de los derechos civiles, y no hay transparencia ni equilibrio del sistema electoral. Todas estas transgresiones antidemocráticas, si bien vienen de atrás, han sido exacerbadas para y por Duque. Si Duque continua como si nada, las elecciones de 2022 serán en medio de una dictadura cívico-militar maquillada, porque el autogolpe en curso se habrá consumado. Gran reto tenemos las fuerzas comprometidas con la paz y la democracia en Colombia.

– Desenmascarando la tortura de Julian Assange

Por Nils Melzer

Fuentes: Público
Nils Melzer es Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y escribió este artículo con ocasión del Día en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio de 2019.

Este artículo de opinión fue ofrecido para su publicación a The Guardian, The Times, Financial Times, The Sydney Morning Herald, The Australian, The Canberra Times, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, Thomson Reuters Foundation y Newsweek. Ninguno respondió positivamente.

Ya sé, muchos pueden pensar que estoy equivocado. ¿Cómo puede equivaler a tortura la vida en una embajada con un gato y una tabla de skate? Eso es exactamente lo que yo también pensé cuando Assange apeló por primera vez a mi institución pidiendo protección. Como la mayor parte del público, había sido envenenado subconscientemente por la incesante campaña de difamación difundida a lo largo de los años. Así que tuvo que llamar una segunda vez a mi puerta para conseguir mi reacia atención. Pero lo que descubrí cuando examiné los hechos de este caso me llenó de repulsión e incredulidad.

Sin duda, pensaba, ¡Assange debe ser un violador! Pero lo que hallé es que jamás ha sido imputado de un delito sexual. Es cierto que, poco después de que EEUU animase a sus aliados encontrar motivos para procesar a Assange, la fiscalía sueca informó a la prensa sensacionalista de que era sospechoso de haber violado a dos mujeres. Curiosamente, sin embargo, las propias mujeres nunca dijeron haber sido violadas, ni que pretendieran denunciar un acto delictivo. Imaginen. Más aún, el examen forense de un condón presentado como prueba, que supuestamente llevaba puesto Assange y se rompió durante el acto sexual, no contenía ADN ninguno; ni de él, ni de ellas, ni de nadie en absoluto. Imaginen de nuevo. Una de las mujeres incluso puso por escrito que ella sólo quería que Assange se hiciera una prueba de sida, pero que la Policía estaba «deseosa de ponerle las manos encima». Imaginen, una vez más. Desde entonces, tanto Suecia como Gran Bretaña han hecho todo lo posible para impedir que Assange hiciera frente a esas alegaciones sin tener al mismo tiempo que exponerse a ser extraditado a EEUU y, en consecuencia, sometido un juicio-farsa seguido de una vida en prisión. Su último refugio había sido la Embajada de Ecuador.

De acuerdo, pensé, pero seguramente ¡Assange es un hacker! Sin embargo, lo que descubrí es que todas sus revelaciones le habían sido libremente filtradas y que nadie le acusa de haber hackeado un solo ordenador. De hecho, la única posible imputación de hackeo contra él tiene que ver con su presunto intento infructuoso de ayudar a forzar un password que, de haber tenido éxito, podría haber ayudado a su fuente a ocultar su rastro. En breve: una cadena de acontecimientos harto aislada, especulativa y sin consecuencias; algo así como tratar de procesar a un conductor que intentase sin éxito superar el límite de velocidad, pero no lo lograse porque su coche no tenía bastante potencia.

Bien, pero entonces, pensé, al menos sabemos con seguridad que Assange es un espía de Rusia, ha interferido en las elecciones de EEUU y ¡ha provocado muertes por su negligencia! Pero todo lo que encontré es que ha publicado sistemáticamente información auténtica de interés público inherente sin haber quebrado confianza, obligación ni lealtad ningunas. Sí, sacó a la luz crímenes de guerra, corrupción y abusos, pero no confundamos la seguridad nacional con la impunidad gubernamental. Sí, los hechos que desveló empoderaron a los votantes estadounidenses para tomar decisiones mejor informadas, pero ¿no es eso simplemente democracia? Sí, hay que mantener debates éticos sobre la legitimidad de revelaciones no censuradas. Pero, si se hubiera causado algún daño concreto, ¿cómo es que ni Assange ni Wikileaks nunca han sido judicialmente imputados ni sometidos a demandas civiles reclamando compensación?

Pero seguramente, me encontré casi rogando, ¿Assange debe ser un narcisista egocéntrico que corre con su tabla de skate por la Embajada de Ecuador y va manchando las paredes con sus heces? Bueno, pues todo lo que me contó el personal de la embajada fue que los inevitables inconvenientes de su acomodo en sus oficinas fueron apañados con respeto y consideración mutuos. Esto sólo cambió después de la elección del presidente Moreno, cuando de pronto recibieron instrucciones de encontrar al sucio contra Assange y, cuando no lo hallaron, fueron pronto reemplazados. El presidente incluso asumió personalmente la tarea de bendecir al mundo con chismes sobre él y de privarle de asilo y ciudadanía sin mediar procedimiento legal alguno.

En definitiva, finalmente me apercibí de que había sido cegado por la propaganda y que Assange había sido sistemáticamente calumniado para distraer la atención de los crímenes que desvelaba. Después de ser deshumanizado mediante el aislamiento, el ridículo y la vergüenza, tal cual las brujas a las que solíamos quemar en la hoguera, era fácil privarle de sus derechos más fundamentales sin provocar indignación pública mundial. Y, por tanto, se está sentando un precedente legal, por la puerta de atrás de nuestra complacencia, que en el futuro puede ser aplicado igualmente a las revelaciones del Guardian, el New York Times o ABC News.

Muy bien, pueden ustedes decir, pero ¿qué tiene que ver la calumnia con la tortura? Bueno, esto es terreno resbaladizo. Lo que puede parecer mera «difamación política» en un debate público, muy pronto se convierte en «acoso» cuando se hace contra alguien indefenso, e incluso «persecución» en cuanto lo comete un Estado. A esto, agreguémosle intencionalidad y grave sufrimiento, y tendremos tortura psicológica de pleno derecho.

Sí, vivir en una embajada con un gato y una tabla de skate puede parecer una solución agradable si crees el resto de las mentiras. Pero cuando nadie recuerda el motivo para el odio que has de soportar, cuando nadie quiere ni siquiera escuchar la verdad, cuando ni los tribunales ni los medios de comunicación les piden cuentas a los poderosos, entonces tu refugio se convierte en una balsa de goma en un estanque de tiburones, y ni tu gato ni tu tabla de skate te salvarán la vida.

Incluso así, pueden aducir, ¿por qué dedicar tantas palabras a Assange cuando son incontables los que están siendo torturados en todo el mundo? Pues porque no se trata aquí sólo de proteger a Assange, sino de evitar un precedente que probablemente sellará el destino de la democracia occidental. Porque en cuanto decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada.

Nils Melzer: Relator Especial sobre la Tortura de la ONU.