“Castigaron mi osadía por exigir el cumplimiento de mi derecho laboral como persona con discapacidad”

María José Cañete Muñoz (35) es ilustradora profesional y persona autista. Hoy enfrenta una dura batalla por su derecho al trabajo digno en la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) de Paraguay, institución de la cual fue desvinculada el 31 de marzo de 2024. La joven denuncia además que en su momento fue contratada por concurso de mérito conforme a la Ley Nº 1626, mientras que su actual reemplazo no pasó por este proceso.

 

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Lida Duarte y Flavia Borja

 

La joven profesional relata que el pasado 16 de abril presentó, bajo el patricio del abogado Jorge Luis Berni, un amparo constitucional tras haber sido excluida y sustituida en su puesto laboral en la SNJ, sin considerar su discapacidad y la presunta violación de leyes laborales.

 

El juez Mirko Valinotti dio curso al pedido, sin embargo la semana pasada denegó el amparo. Según el juez, la terminación del contrato de prestación de servicios de María José no constituye una lesión a sus derechos, ya que se realizó conforme a lo establecido en el contrato y sin acciones ilegítimas por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud. 

 

Además, indica que no se demostró que la desvinculación haya sido en contravención a la Ley 3585, que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas. 

 

Por su parte Bernis apeló la resolución del Juzgado y argumentó que se falló en base a un contrato fraudulentamente interpretado, omitiendo la protección de derechos fundamentales. 

 

Sostiene que el contrato en cuestión fue utilizado de manera fraudulenta, ya que María José fue contratada para realizar tareas permanentes de la SNJ, a pesar de que el convenio era renovado cada cierto tiempo y no contemplaba su estabilidad laboral. Además, menciona que el contrato vulneraba leyes laborales y convenios internacionales ratificados por Paraguay, lo que le lleva a cuestionar la decisión del juez sobre la legalidad del contrato y la decisión de desestimar el amparo constitucional. 

 

Bernis solicita que se revoque la sentencia y se reconsidere el caso de María José, señalando la importancia de evitar un precedente que perpetúe la vulnerabilidad de los trabajadores contratados y la discriminación en el ámbito laboral. 

 

¿En qué se fundamenta el amparo constitucional presentado por María José?

 

En su pedido, María José relata que fue contratada inicialmente por tres meses en el área de comunicación de la Secretaría Nacional de la Juventud. Posteriormente, se postuló en un concurso de méritos simplificado interno y su contrato fue renovado, pasando de técnico a personal auxiliar de apoyo. «Accedí por méritos propios, sin pertenecer a ningún partido político», señala la ilustradora. 

 

Marijó, como la llaman cariñosamente, tiene un trastorno del espectro autista, con una discapacidad total del 45% y poco tiempo después de recibir su diagnóstico notificó formalmente a la institución. 

Según María José, la SNJ no habría tomado medidas adecuadas para adaptar su entorno laboral a sus necesidades. Denunció que trabajaba horas extras casi todo el tiempo, sobre todo en época electoral. Ante esto solicitó, en más de una ocasión, el pago de esas horas y la regularización de su contrato, pero nunca recibía respuestas. La incertidumbre dañaba su salud física y mental. 

 

En enero de 2024, María José solicitó una audiencia con la nueva ministra Florencia Taboada -una joven política del movimiento Honor Colorado de la ANR- para abordar su situación, pero la respuesta que recibió fue hostil y despectiva, afirma. Además, relató haber sido víctima de hostigamiento y rumores infundados por parte de sus compañeros de trabajo.

 

Finalmente, el 9 de febrero de 2024, recibió la notificación de su despido, que considera una represalia por haber reclamado sus derechos como trabajadora y persona con discapacidad.

 

La ministra por su parte, afirma en una nota remitida a la Defensoría del Pueblo, que ella tiene la potestad de terminar los contratos que considere y dice, sin dar mucho detalle, que la desvinculación de María José fue por una redistribución para cumplir con los objetivos de la institución.

Parte de la nota de respuesta remitida desde la Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) por requerimiento del juez Mirko Valinotti.

También asegura que se tomaron medidas de adecuación en el espacio laboral y que su institución cumple con la Ley 3585. Llamativamente, a solo un mes de haber despedido a María José, la ministra misma anuncia en el citado documento, que se contratará a otra persona con discapacidad y también a una persona de los pueblos indígenas. 

 

«En mi dignidad de autista y orgullosa de mi trabajo, manifesté las  irregularidades en mi contrato, porque trabajar en esas condiciones es contraproducente para mi salud. La verdadera inclusión es un contrato en forma», remarca Marijó.

 

Cañete denuncia además que fue reemplazada en su cargo por una nueva persona que ni siquiera pasó por un concurso de méritos, y que además se puede constatar  en una nota de la institución por la cual se aprueba la excepción al proceso, bajo el argumento de un reemplazo. Por otro lado, la ilustradora menciona que la SNJ se contradice en sus afirmaciones de no contar con presupuesto para mantenerla en su puesto laboral.

 

«Me robaron el fruto de mi esfuerzo laboral y meses de paz, porque luchaba para sobrevivir. Me robaron pasar momentos buenos con mis seres queridos», expresa dolida la artista.

 

Según Bernis, María José fue contratada por concurso de mérito conforme a la Ley Nº 1626, mientras que su reemplazo no pasó por este proceso.

 

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Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y la necesidad de implementar medidas de inclusión y adaptación en las instituciones públicas.