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En Colombia, no es que esté prohibido que las mujeres jueguen fútbol profesional, es que las ahogan en un sistema diseñado para que nunca lo logren. No hace falta una ley para dejar fuera a las jugadoras; la exclusión es más sutil, pero igual de cruel. Sueldos miserables, torneos improvisados, horarios de transmisión absurdos y represalias a quienes se atreven a alzar la voz. Todo esto mientras el presidente de la Federación, Ramón Jesurum, no tiene vergüenza en llamarlas “amateurs”.
¿Amateurs? Son profesionales en todo menos en las condiciones que les dan: compiten en mundiales, dan la pelea en las ligas y aun así tienen que buscar otros trabajos para poder sobrevivir. ¿Esto es fútbol para todos? No. En Colombia, el fútbol es para los hombres y el veto que enfrentan las mujeres es evidente, aunque lo quieran disfrazar de “falta de recursos”.
Esto no es solo un problema de recursos, es un veto disfrazado. No lo llaman prohibición, pero todo el sistema está construido para mantenerlas en el margen. Las mujeres en Colombia no pueden vivir del fútbol, pero sí deben entregarse a él como si lo hicieran. La realidad es clara: en este país el fútbol es solo para hombres. Basta con el silencio cómplice de las instituciones que continúan negando la profesionalización, perpetuando la precariedad y la exclusión.
- La profesionalización: Un derecho negado
Durante décadas, en muchos países, las mujeres tenian prohibido jugar fútbol. En Inglaterra, entre 1921 y 1971; en Alemania, entre 1955 y 1970 y en Francia las mujeres no podían participar en partidos de fútbol. A pesar de que esas prohibiciones se han eliminado, en la actualidadlas barreras persisten de formas más sutiles.
Hace 50 años, los futbolistas hombres lograron eliminar los topes salariales, lo que permitió contratos multimillonarios y un reconocimiento profesional verdadero. En contraste, en Colombia, las futbolistas enfrentan presuntas restricciones salariales impuestas por la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga a estas entidades y a 29 clubes por presunta cartelización en la liga profesional femenina. Se alega que se ha fijado una tabla salarial que limita los ingresos de las jugadoras a un rango entre el salario mínimo y un máximo de $4.500.000. Esta práctica no solo obstaculiza el desarrollo profesional de las futbolistas, sino que perpetúa una brecha salarial abismal.
Mientras el 46% de las futbolistas en Colombia gana el salario mínimo y solo el 3% recibe más de 4 millones de pesos al mes, los futbolistas masculinos tienen un salario promedio de 53 millones de pesos mensuales. La Dimayor también ha instado a los clubes a no pagar “altos salarios” a las jugadoras y ha renunciado a recibir patrocinios que podrían fomentar el desarrollo del fútbol femenino. Incluso, cuando el Ministerio del Deporte aprobó 1.500 millones de pesos para apoyar la liga femenina, algunos directivos rechazaron los fondos por miedo a la rendición de cuentas ante los entes de control.
¿A esto le llaman “fútbol profesional femenino”? Contratos de dos meses para mujeres frente a contratos de tres años para hombres. Tope salarial para mujeres mientras que los hombres lo eliminaron hace décadas. Las futbolistas están luchando por algo que los hombres ya ganaron hace más de medio siglo: dignidad profesional.
- Voluntad política: La diferencia entre avanzar o estancarse
En países como Islandia es ilegal pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo, y esto incluye el fútbol. Noruega, Dinamarca, Islandia: todos han demostrado que cuando hay voluntad política, la paridad es posible. No es un tema económico, es de voluntad. Y en Colombia, eso no existe. La indiferencia de las instituciones hacia la liga femenina es una declaración de desprecio.
Las jugadoras colombianas no piden favores, piden derechos. Piden lo que les corresponde: contratos justos, salarios dignos y una estructura que les permita vivir del deporte que practican con la misma entrega que los hombres.
- Conclusión: La prohibición silenciosa
En Colombia, la idea de que no existe una prohibición explícita para que las mujeres jueguen fútbol es una mentira. ¿Qué es una prohibición, si no un conjunto de barreras diseñadas para hacer imposible el acceso? La teoría dice que las mujeres pueden jugar, pero la realidad es otra: enfrentan un sistema que las excluye a cada paso.
¿De qué sirve un “permiso” cuando necesitas otros trabajos para sobrevivir porque el fútbol no te da para vivir? ¿De qué sirve cuando la Federación no toma acción ante los abusos sexuales, cuando te programan en horarios imposibles o cuando denunciar significa ser apartada del deporte? Todo esto no es más que una forma encubierta de prohibición. Los hombres no enfrentan estas limitaciones absurdas, ellos juegan bajo condiciones que permiten su crecimiento y desarrollo.
En marzo de 2019, varias jugadoras colombianas alzaron la voz contra las condiciones en las que jugaban. Lo que lograron con su valentía fue visibilidad, pero a un alto costo. Las que se atrevieron a hablar fueron castigadas y marginadas. Melissa Ortiz e Isabella Echeverri, por ejemplo, fueron obligadas a abandonar la selección nacional. Para la Federación, las mujeres que hablan son el verdadero problema.
Uno de los casos más preocupantes es el de la jugadora Angie Lizeth Cano, quien sufrió un intento de violación por parte del preparador físico, Sigifredo Alonso ,a los 16 años. Aunque Alonso fue despedido, la Federación no hizo nada más: no se inició un proceso legal, no se ofreció apoyo a la víctima y la jugadora fue eliminada de convocatorias posteriores. Todo esto no es un fallo administrativo, es una muestra de cómo el sistema protege a los abusadores y castiga a quienes denuncian.
Ahora, en el contexto del Mundial Femenino Sub-20, Colombia como anfitrión está viendo un apoyo a la selección femenina que no se había visto: estadios llenos, televisores en tiendas y casas mostrando los partidos y camisetas amarillas en los días de partido de las mujeres. Esta ola de entusiasmo termina siendo una respuesta política y un testimonio de la creciente valoración pública hacia el fútbol femenino, a pesar de las barreras históricas que aún persisten.
Sin embargo, este entusiasmo debe trascender los eventos momentáneos. Santa Fe ha ganado tres veces la Liga Femenina de Fútbol en Colombia (en 2017, 2020 y 2023). Este año, jugará su cuarta final contra el Deportivo Cali, pero hay mucha incertidumbre. Aunque el 17 de enero la Dimayor dio las reglas generales del torneo, no anunciaron la fecha y el lugar de la final hasta el 18 de julio, cuando ya se sabían los equipos finalistas.
La final será el 16 de agosto en el estadio El Campín en Bogotá. La Dimayor y la Alcaldía de Bogotá tuvieron que tomar esta decisión porque la FIFA necesita el estadio para el Mundial Femenino Sub-20, que se juega entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre. Como resultado, las jugadoras tendrán un mes sin competir antes de jugar la final.
El fútbol femenino en Colombia necesita mucho más que promesas vacías. No basta con permitir que las mujeres jueguen; necesitamos profesionalización.
Es hora de cambiar las reglas para que las niñas colombianas puedan soñar con ser futbolistas profesionales y tener las mismas oportunidades que siempre han estado disponibles para los niños.
