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Tras una misión de emergencia en Paraguay, el Grupo de Trabajo Internacional para la Protección a Pueblos Indígenas en  Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI), denuncia la grave deforestación que afecta al Chaco. Señala la violación del derecho a la autodeterminación de las comunidades ayoreo de Paraguay y Bolivia, incluyendo fracciones del pueblo totobiegosode que viven en aislamiento voluntario.

 

Por: Aramí Miranda

 

Del 19 al 25 de febrero, la misión de emergencia de GTI PIACI visitó las comunidades Ayoreo de Chaidí (a 521 kilómetros de Asunción) y de Ijnapui (551 kilómetros de Asunción), que terminó con una conferencia de prensa y visitas a autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y la Defensoría del Pueblo. 

 

La comitiva estuvo conformada por más de 15 representantes de organizaciones y líderes indígenas de la Amazonía y del Gran Chaco. Entre ellos, las autoridades indígenas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 

 

En cinco días en el territorio chaqueño, la misión pudo ver de primera mano el impacto de la deforestación masiva en el territorio y escuchar testimonios de los habitantes de comunidades indígenas sobre los indicios o avistamientos de pueblos en aislamiento voluntario y su extrema preocupación por la falta de respuesta del Estado paraguayo para garantizar sus derechos. 

 

Los líderes indígenas expresaron su alarma ante «la magnitud de la pérdida de los bosques del Chaco», afirmando que los ayoreos no buscan tierras, sino la conservación de su hogar, sin él, tanto ellos como los animales que lo habitan, se ven en riesgo de desaparecer. 

 

“Las voces tienen que ser escuchadas, tienen que ser acogidas porque los pueblos indígenas ya existíamos antes de la llegada de los españoles y seguimos existiendo” exclamaba el presidente y líder del pueblo Huaoarani de la Amazonía Ecuatoriana.

 

Entre los principales reclamos de las comunidades en Paraguay, dirigentes del GTI PIACI mencionaron las miles de hectáreas de bosque perdidos en los últimos años, así como las reiteradas denuncias a la Estancia Faro Moro. Se trata de una empresa de origen británico, cuya expansión preocupa por su acercamiento a la comunidad Ijnapui debido al supuesto uso de herbicidas, pesticidas y químicos en los cultivos de soja.

 

 

Para los líderes, de esta forma el agronegocio realiza «una intensa deforestación y limpieza étnica» y a su vez la reducción de territorio indígena, cuyo territorio ancestral es de más de 11.000 km2 en Paraguay. 

 

Pablo Inuma, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes de Perú, señaló que nunca había presenciado una deforestación de tal magnitud como la que está ocurriendo en el Paraguay. 

 

Problemáticas puntuales:

 

  • La deforestación masiva en el Chaco paraguayo por parte de la agroindustria es una amenaza constante al territorio ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así también pone en riesgo su salud por el uso de agroquímicos.
  • La carretera Roboré – Agua Dulce (Paraguay/Bolivia) pone en riesgo el territorio de los Ayoreo en aislamiento voluntario, vulnerando la autonomía indígena al atravesar por la reserva Ñembi Guasu que causará aún más deforestación y la explotación ilegal de recursos naturales, como tala y minería.
  •  A la espera del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH. La comunidad indígena Ayoreo de Chaidí solicitó medidas cautelares a la CIDH en 2016 por la amenaza a su territorio. La visita de emergencia pidió emitir un informe detallado sobre el caso que resalta la enorme pérdida de los bosques del Chaco y la urgencia de tomar acciones inmediatas para proteger los derechos de la población indígena y la preservación de los bosques. 

 

Juntos desde la misión, hacen un llamado de atención al Estado paraguayo, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a atender directamente la situación en la que viven los ayoreos contactados y  no contactados, ya que esto representa una violación de derechos internacionales graves, tanto medioambientales como humanos. 

 

Este material fue producido por Aramí Miranda, participante del programa de Prácticas Profesionales, en el marco del proyecto Voces para la Acción Climática Justa (VAC), implementado en Paraguay por WWF-Paraguay y Fundación Avina.


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