by Sorevitno | Ene 25, 2023 | actualidad |
JDF
Según
un informe de la ONG Oxfan, presentado este año ante el Foro
Económico Mundial de Davos, en Suiza, “[d]esde 2020, el 1% más
rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza
generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante.”
Traducido
a nuestro país, un puñado de empresarios nativos (Eurnekian,
Constantini, Bulgheroni, Roemmers, Paolo Rocca, Galperin, entre
otros) están entre los más ricos del mundo, con fortunas que van de
los 1.500 a los 5.000 millones de dólares, mientras que casi la
mitad de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y un
10%, en la indigencia total.
Un
simple, aunque casi increíble, cálculo revela que, si un trabajador
ganara la inhabitual cifra de 150.000 pesos mensuales –unos 6.000
dólares al año–, necesitaría nada menos que 8.333 siglos para
igualar las fortunas de esos empresarios. Sí, siglos completos, sin
gastar un peso para ahorrar el total de sus ingresos.
Desigualdad:
esencia del sistema capitalista
¿Es
posible que esa desigualdad haya sido generada y refleje la
“capacidad”, la “inteligencia”, el tan mentado “merito”
de los empresarios en cuestión, en relación con todo el resto de
los argentinos?
Es
irracional desde la ciencia, brutalmente injusto desde una mirada
humanista e inaceptable desde una política nacional y popular. Pero
esta es la esencia del sistema capitalista, tanto en su versión
“salvaje” como en la “maquillada”: la riqueza se produce
socialmente, con el trabajo y el esfuerzo de todos, pero se apropia y
se acopia en forma privada, solo por parte del reducido puñado de
hombres y mujeres que dominan las palancas de la economía y las
finanzas.
Sueño
con el fin de este sistema, pero la inmensa mayoría de nuestro
pueblo no comparte este sueño, sino que defiende al sistema vigente.
Por eso, aunque no abandono mis convicciones ni ese sueño, como
utopía final, opto por analizar la realidad para encontrar y
defender aquellas políticas que, por el momento, al menos, tiendan a
aliviar los sufrimientos que vivimos.
La
impotencia gubernamental azuza a la ultraderecha
Uno
de los hechos públicos más recientes es un claro ejemplo del
dramático retroceso económico y social que sufrimos a partir de la
pandemia mundial de Coronavirus, asentada sobre la “pandemia
neoliberal” de la administración de Macri y agudizada por la
impotencia de la administración de Alberto Fernández. Me refiero al
hecho de que el minoritario y multimillonario grupo de
agroexportadores –que tanto critican el gasto público y cualquier
plan social–, paradójicamente, reclama y obtiene ayuda del Estado.
A la vez, este mismo gobierno que brinda ayuda económica concreta a
esos empresarios, responde a la angustiosa pobreza de millones con
condicionamientos a los planes sociales y el otorgamiento de un bono
por única vez, en lugar de integrar el aumento de una suma fija
salario de todos los trabajadores. Esta medida de asignar una suma
fija a los salarios –reclamada por sectores del propio oficialismo,
a los que no se ha atendido– no solo aliviaría de un modo
medianamente sostenido la situación de los más postergados, sino
que también fortalecería las condiciones-base con las que los
gremios podrían discutir las paritarias en sus respectivos sectores.
La
incapacidad del gobierno para resolver el drama de millones de
argentinos alimenta el desprestigio de la política como instrumento
de transformación de la realidad, azuza a la ultraderecha y genera
el peligro concreto de que el Frente de Todos (FdT) sea derrotado en
las próximas elecciones. Pese a las limitaciones del actual
gobierno, si Juntos por el Cambio reemplaza a la fuerza política a
la que representa el FdT, estaremos ante el gravísimo hecho de la
restauración plena del modelo neoliberal, que es el que generó el
drama económico, social y humano que vive nuestro país.
El
peligro de la restauración neoconservadora
Creo
que, tanto entre propios como entre opositores bienintencionados, no
hay una conciencia plena de las catastróficas consecuencias que
podría tener el triunfo de Juntos por el Cambio. Algunas ya las
comenzamos a vivir en su gestión anterior y los mismos exponentes de
esta fuerza opositora han declarado públicamente que, si llegan al
poder, profundizarán ese tipo de medidas y, de hecho, las tomarán
de manera más drástica.
Para
ilustrar un poco esta posible catástrofe, enumeraré brevemente
algunas. Durante la gestión de Mauricio Macri, en contra de sus
promesas electorales, Juntos por el Cambio, endeudó al país por
cifras impagables, redujo drásticamente el salario y las
jubilaciones, aumentó la inflación, la pobreza y el desempleo. Al
mismo tiempo, pese a su discurso, respaldado por los medios
hegemónicos, también erosionaron las instituciones de la República
a través de la designación arbitraria de jueces –Macri,
inclusive, intentó nombrar por decreto a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia–, un sistema de persecución político-judicial
de opositores y de fallos judiciales perjudiciales a las demandas
laborales. Estas medidas se lograron a través de decisiones y
operaciones coordinadas –de manera bastante inconstitucional–
entre funcionarios políticos de Juntos por el Cambio, jueces y
representantes de los medios de comunicación.
Desde
su derrota en 2019, Juntos por el Cambio ha utilizado esa misma base
operativa para orquestar, cada vez con más fuerza, un proceso
destituyente, trabando en el Congreso, y paralizando con el poder
judicial, cualquier iniciativa que tímidamente intente mejorar la
situación de las grandes mayorías, pero roce los intereses de los
poderosos.
Asimismo,
ya desde el año pasado, públicamente y sin ningún ocultamiento o
disimulo, han anunciado como programa electoral, para su próxima
gestión, que tiene como objetivo barrer los derechos laborales
conquistados, liquidar las empresas públicas a través de despidos
masivos y recortar brutalmente el gasto social, y los “gastos”
–definitivamente, no los consideran inversiones– en educación,
vivienda y salud. También han declarado su plan de tomar medidas que
vuelvan a favorecer la fuga de capitales y las importaciones de
productos que compiten con los que fabrica nuestro propio país. En
definitiva, sin tapujos, nos están prometiendo más miseria y menos
derechos, con el peligro cierto de una escalada de protestas y
violencia popular que, necesariamente, responda a esa violencia del
régimen.
Una
democracia renga
¿Cómo
llegamos a esta situación en la que esta restauración neoliberal es
una posibilidad concreta, en la que una parte importante de la
población está decidida a votar a los representantes de estas
medidas? ¿Por qué, sobre el fin del mandato del FdT, la famosa
relación de fuerzas es aún más desfavorable para el campo nacional
y popular que al inicio? ¿Por qué no ha podido reforzar sus
posiciones?
Hoy
tenemos una democracia renga, en el sentido que hay un respeto básico
a las libertades individuales, pero no gozamos de una democracia
plena, en la que el pueblo pueda representarse adecuadamente por un
gobierno que le brinde empleo y salarios dignos, educación, salud y
vivienda de calidad. Tampoco hay República, aunque no debemos
olvidar que la República solo es una forma de gobierno y que, por si
sola, no garantiza la democracia.
Pero,
como mencionaba, tampoco tenemos una República, porque, en lugar de
contar con poderes independientes –no solo entre sí, sino de
cualquier influencia de grupos de poder– sufrimos de un poder
judicial cooptado por las corporaciones, y que tiene una pata
política y mediática, con las que muchas veces actúa
coordinadamente. Al mismo tiempo, el Ejecutivo está prisionero del
acuerdo con el FMI de la gestión anterior y fraccionado por disputas
internas. A estas circunstancias se suma que la composición del
Legislativo muestra cada día su capacidad de frenar cualquier cambio
positivo para los intereses populares, algo que ya han hecho y
seguirán haciendo; de hecho, bien podríamos considerar que han dado
una suerte de golpe institucional, que bien podría profundizarse y
agravarse, dada la relación de fuerzas actual. Insisto, con esta
situación política, es imposible afirmar que tenemos una República,
y los principales responsables de corromperla son aquellos que
declaran mediáticamente defenderla.
Los
fundamentos del retroceso
Cuando
Cristina Fernández de Kirchner (CFK) eligió a Alberto Fernández
para encabezar la fórmula de un amplio frente integrado por ambos,
no renunció a su influencia ni a un papel determinante en la
conducción estratégica, sino que optó por confiar la gestión
presidencial en ese compañero de frente. Eso, sin dudas, lo
conversaron y lo acordaron, ya que, de otra forma, no se entendería
la decisión de ella.
Sin
embargo, una de las razones de la crisis de conducción actual es que
no definieron ni acordaron un programa estratégico de gobierno ni
las medidas necesarias para lograr los objetivos políticos del FdT;
medidas como las imperiosas reformas financiera, tributaria y de la
organización judicial. Tampoco consensuaron un enfoque general con
el que encarar las negociaciones por la deuda externa ni para mejorar
de manera inmediata los ingresos reales de los trabajadores y los
jubilados.
Más
allá de la disputa electoral, estos acuerdos deberían haber sido la
base para convocar al FdT y, también, debería haberse dado
institucionalidad a esos acuerdos a través de una mesa de conducción
amplia, con la participación de las diferentes fuerzas integrantes.
Una vez constituida la mesa de conducción debería haber vuelto a
discutir los lineamientos programáticos del frente para
ratificarlos, modificarlos, precisarlos, definir plazos para su
realización dentro del lapso del mandato y, finalmente, publicarlos.
La publicación de estos objetivos, de este programa de gobierno con
medidas concretas, con plazos, y consensuadas por la fuerza debería
haber sido la base de la movilización popular en la campaña
electoral y, luego, tras el triunfo en las elecciones, la guía para
las medidas del presidente en su gobierno, aun sin saber que la
pandemia nos golpearía en el día 99.
Otra
de las razones de la crisis de conducción actual –y que también
explica las limitaciones y, en su momento, las derrotas del Frente
para la Victoria o de Unidad Ciudadana– es que la fuerza nunca se
propuso convocar a sus militantes para que pudieran organizar y
fortalecer al frente desde las bases, con una organización unitaria
en todo el país –provincia por provincia, distrito por distrito,
ciudad por ciudad– y en todos los sectores –gremial, estudiantil,
cultural–. Nunca hubo una convocatoria concreta al protagonismo de
la militancia, ni se le brindaron las herramientas de recursos y
dirigencia para construir el involucramiento social.
Lo
que no se hizo, ni se hace
Un
verdadero empoderamiento de la dirigencia intermedia y la militancia
no se concreta convocando en abstracto a “empoderarse” o a
repetir la frase de Perón sobre el bastón de mariscal en la mochila
de cada militante. Una convocatoria de ese tipo supone meros fuegos
artificiales, cuando lo que en realidad se necesita es que los
dirigentes y los militantes puedan conocer las demandas de las bases
y ponerlas en contexto o solucionarlas a través de la visión de la
realidad y las políticas concretas de la fuerza política a la que
representan. Solo de ese modo, a través de un impacto concreto en
sus vidas y de un poder real para modificarlas a través de la
política, es que se puede comprometer al pueblo con los objetivos y
las políticas concretas de una fuerza política.
Otra
hubiera sido la historia ante la ofensiva derechista durante los 12
años kirchneristas –o los ataques político-mediáticos
abiertamente desestabilizadores y golpistas que sufrimos ahora– si
los militantes pudieran movilizarse y movilizar con el objetivo claro
que da un programa, para mostrar cómo cada medida que se propone
podría beneficiar a los diferentes sectores involucrados y así
hacerlos carne en las demandas generales y en las de cada sector y
lugar. Con la activación, organizar y coordinación de los núcleos
unitarios de poder popular, se incrementaría exponencialmente el
poder de cada instancia de movilización popular. A la vez, cada
demanda militante indudablemente tendría un peso distintivamente
mayor si su justificación remitiera clara y coordinadamente al mismo
programa de gobierno.
Imaginemos
el peso y la consistencia de cada una de estas medidas –tanto las
que se intentaron como las que ni siquiera figuraron en la agenda de
este gobierno– hechas carne en la militancia y la ciudadanía que
votó al FdT:
¿Fraude
en Vicentín y resistencia agroexportadora a un parcial control del
comercio exterior? Concientización de las bases, denuncia,
organización y movilización organizada para neutralizarla.
¿Inflación
desatada con los aumentos descontrolados de precios? Concientización
de las bases, denuncia, organización y movilización organizada, con
el frente y los trabajadores organizados en cada empresa formadora de
precios y control popular de la cadena de valor.
¿No
aceptan comunicación regulada, de interés público y nos aumentan
las tarifas de los servicios de comunicación día a día, con la
complicidad de la Justicia? Concientización de las bases, denuncia,
organización y movilización organizada.
¿Inventan
cautelares para importar Ferraris y yates, que los jueces venales
aprueban pese a que las Pymes no logran los insumos básicos?
Concientización de las bases, denuncia, organización y movilización
organizada.
¿No
quieren una reforma financiera para frenar la especulación o una
reforma tributaria para que paguen más los que más tienen, los que
se enriquecieron y enriquecen, con y sin pandemia? Concientización
de las bases, denuncia, organización y movilización organizada.
La
misma repuesta se debería haber dado ante el más que anticipado
fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño, que le
afectará del bolsillo y la calidad de vida de a millones de hombres
y mujeres de las provincias. Todavía no hay noción del impacto que
tendrá esto en la vida cotidiana. A la vez, la pandemia,
a la que tanto se alude –con cierta pero no suficiente
justificación– debería haber dado mayores, y no menores,
oportunidades para ganar fuerza y actuar.
Ser
parte de la solución
CFK
sabe de cierto aislamiento y sufre por la impunidad que tienen
quienes ostentan el poder real, en su cruzada revanchista por las
conquistas que logró y su prédica en favor del pueblo, pero –voy
a afirmar algo incómodo para algunos de mis compañeros– ella fue
parte de la crisis de dirigencia que actualmente tiene su partido y
el frente o, al menos, no fue, ni es, parte de la solución.
Identificar
al adversario y al enemigo y llamar a la militancia a empoderarse es
necesario, pero no es suficiente porque terminará en impotencia y
frustración para sus seguidores si no les explica cómo se logra ese
empoderamiento, si no se toman las medidas organizativas para que
concretarlo.
Al
mismo tiempo, es fatal la larga ausencia de una alternativa política
de izquierda, que sea anticapitalista, pero que también tenga la
racionalidad suficiente para evaluar la relación de fuerzas y
organizar la presión política para cambiarla, pero a través de un
plan a largo plazo que incluya, en el corto y mediano plazo, poner
límites claros al capital concentrado.
El
radicalismo dejó de ser parte del campo nacional y popular con la
convención de Gualeguaychú, donde –asustado por su orfandad
electoral y creciente deshilachamiento orgánico– acordó con un
partido municipal, el PRO, y terminó cediéndole toda su
organización partidaria a nivel nacional.
El
peronismo, sin dudas, sigue siendo el integrante principal del campo
nacional y popular, pero con las contradicciones que lo han cruzado
históricamente: afirmar su perfil de movimiento transformador que
expresa los intereses populares dentro del sistema capitalista, o ser
el partido de la ortodoxia y el conservadorismo extremo con los que
gobierna en no pocas provincias y al que representa gran parte del
sindicalismo. Siempre fue su principal disputa interna y lo sigue
siendo hoy.
¿Qué
hacer?
¿No
se puede hacer nada? ¿Hay que irse del FdT?
Hoy
por hoy, a pocos meses de los comicios, no hay posibilidad de
construir una alternativa inmediata de poder, o de reconfigurarlo de
cara a las próximas elecciones, por lo que el camino inmediato a
tomar parece ser dar la pelea desde adentro del FdT y forzar
candidaturas insobornables, con una identidad clara como corriente
interna, al estilo de algunos intentos que lamentablemente solo
quedaron en declaraciones.
Luego
de los comicios, habrá que gobernar o resistir y el éxito de
cualquiera de esas empresas dependerá de comenzar a hacer ya
lo que no se hizo, pero sí se puede, y se debe; esto es, convocar,
organizar y tomar medidas drásticas para concientizar a las bases y
movilizarlas a favor de medidas tendientes a redistribuir el ingreso
y aumentar los márgenes de nuestra menguada soberanía nacional, así
como para frenar cualesquiera otras medidas que pretendan seguir
sumiéndonos en la miseria y la dependencia, tengan o no posibilidad
de aprobarse por este Congreso o vencer al aparato judicial.
by Sorevitno | Ene 25, 2023 | actualidad |
JDF
La posible aprobación de la eutanasia divide la opinión ciudadana
luego de la presentación del anteproyecto de ley por el Ministerio de
Salud Pública, en el parlamento cubano (Asamblea Nacional del Poder
Popular), el pasado 11 de diciembre.
“En nuestra ley se propone el tema de la eutanasia, esto es muy
revolucionario y no debemos privar a nuestro pueblo de ese derecho”,
indicó José Ángel Portal, titular del sector en la nación caribeña,
durante su intervención ante el órgano legislativo.
De igual forma, explicó sin grandes detalles que el proyecto de ley
establece reconocer la eutanasia como un derecho de las personas a una
muerte digna y como una forma de atención y cuidado sanitario, mediante
un proceder médico que provoca la muerte.
Portal añadió que la normativa contó con el aporte de más de 1.000
profesionales de instituciones de la salud pública, del Ministerio de
Justicia, universidades y otros centros afines, en un proceso que
comenzó en el 2018 y se mantiene hasta la actualidad.
Sin embargo, no se conocen pormenores sobre las normativas para la
eutanasia y otros aspectos de la legislación, aunque se adelantó que en
el periodo enero-marzo del actual año se divulgará el documento y habrá
recorridos por todo el país para su discusión con el personal del
sector, diputadas y diputados y población en general.
El significado de calidad de vida, muerte digna, práctica médica, el
juramento hipocrático, tratamientos paliativos, entre otros, son los
temas centrales del debate sobre la eutanasia en Cuba, especialmente en
redes sociales.
Entre polémica y reclamos ciudadanos
Para la realizadora Natasha Vázquez, es un tema polémico y sensible,
“para los que de algún modo nos ha tocado de cerca. Mi mamá, enferma de
esclerosis múltiple, cuadripléjica durante los últimos años de su vida,
fue partidaria y luchó mucho para que al menos se tuviera en cuenta el
derecho a una muerte digna”.
Vázquez resaltó en una publicación en su perfil de Facebook que la
existencia del derecho no implica que sea una obligación para quien no
lo desee, pero “para muchos sería una garantía de evitarse mucho dolor
cuando la vida ya no da más”.
La abogada artística Iliana Mantecón apoyó esa visión. “En el plano
personal, no quiero prolongar mi existencia sin un mínimo de calidad de
vida y mucho menos martirizando a quienes me aman, en especial a mis
hijos”, comentó en publicaciones sobre el tema.
A ella se sumó la asesora legal Lilymary. “Es un tema sensible y
doloroso, pero es un derecho de cada ser humano de tener una muerte
digna y no ser, además, una carga familiar sin sentido”.
Otros como el usuario Luis E. comentó en un artículo sobre el tema
del sitio oficial Cubadebate que es una decisión muy atemperada a
nuestros tiempos.
Mientras, en el mismo foro, la persona llamada Diva indicó su
preocupación por los procedimientos y sugirió que se legislen los
detalles. “Es muy peligroso, jugamos con la vida de las personas y
debería regularse temas como los medicamentos a utilizar, el estado de
salud del paciente, si se aplicará o no a infantes y personas en estado
de coma”.
Cuidados paliativos y calidad de vida
Otras personas manifestaron su inconformidad con la posible
aprobación de la eutanasia, e incluso cuestionaron otros procedimientos
previos como los cuidados paliativos de pacientes con enfermedades
terminales.
“¿Por qué me causa sentimientos encontrados el tema de la eutanasia
en Cuba? Porque los cuidados paliativos no existen. Y afirmo que no
existen porque ni hay los medicamentos, ni procedimientos claros, ni
infraestructura para apoyarlos. Y el que haya tenido un familiar con
cáncer terminal o un enfermo crónico incapacitado en casa, sabe de lo
que hablo”, comentó Valia Rodríguez en Facebook.
En ese sentido, añadió que enfermedades como estas llevan “una buena
dosis de depresión y deseos de morirse”, por lo cual consideró
requisitos indispensables para aplicar la eutanasia que “las personas
estén en condición terminal, lúcidas y sin depresión, o con voluntad
previa expresada”.
Otros debates se asocian con la definición de calidad de vida para un
paciente en estado terminal, la necesidad de fortalecer los cuidados
paliativos para que la limitada calidad de estos no sea causa
susceptible para la elección de la eutanasia.
También intercambiaron sobre el respeto de principios y creencias del
personal de la salud ante este tipo de procesos, así como la
importancia de que la legislación se someta a una discusión profunda con
el personal especializado y la ciudadanía.
Si se mantiene la inclusión de la eutanasia en la Ley de Salud Pública, Cuba se convertiría en el octavo país del mundo donde se aprueba dicho procedimiento y en el segundo de América Latina, junto con Colombia.
Fuente: https://www.ipscuba.net/politica/ciudadania-con-opiniones-divididas-sobre-eutanasia-en-cuba/
by Sorevitno | Ene 25, 2023 | actualidad |
JDF
Desde el 7 de diciembre se inician las movilizaciones, luego de una tregua por las fiestas de fin de año, el 4 de enero se reinicia el paro nacional y hay 17 regiones movilizadas, 7 en estado de emergencia (donde la vida no vale nada), más de 120 bloqueos a lo largo del país, que sin embargo, al carecer de una dirección nacional centralizada nada es exacto, no hay plan estratégico, es un desenvolvimiento irregular con direcciones locales y hasta macro regionales que tienen como parece obvio un lado positivo -evitar la manipulación política- y un lado negativo -la descoordinación y la infiltración de “ternas” (soplones mercenarios que buscan deslegitimar las luchas con la destrucción de bines públicos). En el otro lado están las organizadas y oscuras fuerzas que dirigen el complot de la derecha dirigida por escarmentados y prontuariados militares (Comando Conjunto de las FFAA, Williams asesino de Accomarca y presidente del Congreso, los marinos congresistas -Cueto y Montoya- los narco Generales del VRAEM, asesinos en Andahuaylas y Ayacucho) y civiles con Montesinos y Keiko, el primero en condena carcelaria y la segunda que busca la impunidad y el exilio, Otárola -responsable de muertes en Tía María, VRAEM y Bagua) la fiscal Benavides que también evade la justicia, lideres de los gánsteres de Acción Popular llamados “los niños” (todos ellos deben ser acusados de genocidio o crímenes de lesa humanidad e ir presos) y el bufón alcalde de Lima Rafael López Aliaga). Una guerra desigual pues los segundos tienen las armas y son genocidas por antonomasia. El pueblo se enfrenta a un poder concentrado de quienes se consideran en toda la falsa vida republicana los dueños del país, los que monopoliza las armas y ocupa todos los territorios y poderes administrativos concentrados del Estado, la oligarquía y un sector de la clase media civil y militar que proviene -muchos de ellos- de familias limeñas la migración andina pero que han renegado de su identidad étnico-clasista al replantear su lugar en el estatus social con el neoliberalismo.
La izquierda después de haber
probado todos los caminos para el cambio, desde una vía pacífica
hasta la armada, cambiar el país con su voto o el fusil, bajo la
dirección de partidos, hoy tiene sus propias organizaciones y
líderes, al ser traicionadas o reiteradamente víctimas del despojo
y corrupción por organizaciones de derecha, centro e izquierda.
Deciden rebelarse retomando la lucha anticolonial de Tupac Amaru y
cientos de luchadores anticoloniales. Debemos resaltar que han
surgido nuevos elementos que aportan al futuro de las luchas, desde
la reidentificación indígena, Es la resistencia rebelde de
campesinos, mestizos y comunidades de pueblos indígenas,
trabajadores y sectores ecologistas y defensores de derechos a nivel
urbano y rural siguiendo el ejemplo democratizador de los pueblos
andinos de Bolivia y Ecuador, retomando la solidaridad comunitaria
entre los de abajo. Es de relievar lo que ocurre en las universidades
que salen del enclaustramiento (UNMSM, UNI, Cantuta, PUC) alarmando a
la derecha en el poder que se considera dueña de todo el territorio
público del país). En sus claustros tradicionalmente se albergaba
hasta hace 30 años a los pobladores, sindicatos y otras
organizaciones en lucha. Hace unos días volvieron a hacerlo en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional
de Ingeniería y cobijaron a los marchistas; en la primera la policía
el 21 de enero, violando la autonomía y con la venia de la rectora
Jerí Ramón esperaron que sea un sábado, inventaron un estúpido
pretexto y con tanquetas, armas de guerra incursionaron maltratando a
los marchistas y a todo ser vivo que encontraban a su paso, entre
ellos los estudiantes que hacen uso de la vivienda universitaria,
humillándolos, golpeándolos, deteniéndolos y desapareciendo a
algunos considerados peligrosos; las fuerzas policiales ingresaron
con tanquetas violando todas las leyes .
El incendio de una antigua casona en
el centro de Lima mostró que hasta los bomberos tienen precio, al
poner en duda que fue la policía quien ocasiono el desastre que la
dejo en cenizas, producto del disparo de cientos de lacrimógenas con
mecha que dispararon a todos los miles de marchantes. En efecto, el
tipo usado de bombas lacrimógenas tienen una mecha que se enciende
para provocar la explosión y eso fue visto por varios testigos,
entre ellos los propietarios y no quedan dudas. Pero la Fiscal solo
usa políticamente los hechos como lo hizo con sus hermanas al
cambiarles los fiscales que las investigaban por liberar grandes
narcos a cambio de enormes sumas de dólares y a la inversa con
Castillo al que violando muchas leyes lo apresaron sin un justo
proceso y ahora tiene amenazada a Dina «Balearte» con una
investigación preliminar para acusarla de genocidio sino sigue
aprobando las matanzas dirigidas por Otárola, los marinos y el
Comando Conjunto.
La quema de fiscalías, puestos
policiales, ayuntamientos, ocupación de minas y destrucción de
campamentos son manifestaciones del odio popular a instituciones
corruptas, criminales (57 fallecidos y cientos de heridos) responden
-aunque en muchos casos fueron acciones de los infiltrados- al odio a
policías y soldados que no respetan ningún derecho humano y menos
social, y que, seguramente ignoran que el objetivo central del
gobierno de proteger el saqueo de las corporaciones mineras.
Mientras la izquierda popular protagoniza estas acciones de rebeldía anticolonial, la otra izquierda, la institucional, cree que existe democracia y lleva a las urnas a la primera. Es curioso que como señala Héctor Béjar el voto obligatorio de la otra izquierda -la política, la oficial- haya definido procesos electorales consiguiendo solo decepciones y cuando elige a un campesino andino de sangre indígena (aunque él nunca lo haya reconocido) la oligarquía y esos sectores de clase media lo destituyan y apresen con la complicidad de este sector de la izquierda. Dirá Béjar “Por ejemplo, en los 90, el voto de la izquierda fue decisivo para el triunfo de Fujimori, y la izquierda participó en sus primeros gabinetes; la caída de Fujimori es inexplicable sin la participación de la izquierda; Toledo es inexplicable sin el apoyo de la izquierda…”[1]
Historizando, la relación del pensamiento oligárquico con el de la izquierda política, entenderemos como se transfiere una ideología de la sumision de una a otra, del caciquismo gamonal al neoliberal de derecha e izquierda, de un caudillismo a otro hasta el neoliberalismo que contaminó todo el espectro intelectual y cultural. Y como se llega a esta lucha autorganizada, sin caudillos ni falsas vanguardias, una verdadera revolución de las conciencias y practicas políticas. Veamos la historia.
Sostiene Mazzeo
que el Estado colonial es: “…
estado con monarquía en la medida en que de ella partían las
reglamentaciones, leyes y decretos que regulaban el mundo colonial”.
Cuando
decimos que el estado colonial permanece hasta hoy, es por que la
regulación de esta parte del mundo sigue en manos de las potencias
coloniales expresada en los cambios en la legalidad y la creación de
alguna nueva institución. Es obvio que no nos referimos a la
colonización clásica sino a la moderna, al modo específico de
naturalización de las viejas relaciones fundamentales y en
renovación de lo accesorio que incluyen las relaciones de poder,
dominación y explotación; de la permanencia de castas y estamentos
etnico-clasistas; de la continuidad renovada del gamonalismo y el
extractivismo; de una sociedad y cultura colonial excluyente de la
mayoria afro indígena, del sometimiento financiero de grandes
potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos, configurando el
carácter de un estado cuyos rasgos duran hasta hoy bajo nuevas
mascaras modernizadas aunque el latifundismo se haya modernizado y se
hayan instalado industria de bienes de consumo.
En este aniversario de José María
Arguedas hay que resaltar lo que nos decía hace 55 años y que hoy
continúa poniéndose de manifiesto.
Creemos que la integración de las culturas criolla e india, que evolucionaron paralelamente, dominando la una a la otra, se ha iniciado por la insurgencia y desarrollo de las virtualidades antes constreñidas de la triunfante perviviente cultura tradicional indígena mantenida por una muy vasta mayoría de la población del país. Tal integración no podrá ser condicionada ni orientada en la dirección que la minoría, todavía, política y económicamente dominante, pretende darle.[2]
Debemos construir categorías que puedan mostrar la falsa emancipación y como se suceden las formas de dominación objetivas y subjetivas y la condición tributaria de las colonias que definen una independencia política de carácter formal y una economía que ofrece principalmente materias primas o recursos energéticos a las potencias capitalistas. Esta condición define la corrupción y la crisis múltiple del estado como siempre potencial, compleja y profunda, histórica, cultural y política; no es de hoy, data desde la conquista y la colonia, perdura en la semicolonia reformada y en constante metamorfosis que llega casi incolumne a nuestros días, toca las raíces de la cultura dominante enraizada en las genealogías del poder.
La historia del Perú es una
historia colonial de exterminio, que tampoco comienza en el siglo XX.
En el primer siglo se calcula que exterminaron al 90% de los pueblos
indígenas. Luego, fueron otros 400 años de un conflicto
colonial-anticolonial basado en el despojo, que termino en todos los
casos con el exterminio de la oposición al dominio colonial
expresado en rebeliones, guerrillas y hasta en un intento de guerra
popular.
El actual conflicto que vive Perú
tiene ese fondo, los herederos de la oligarquía, ahora aliados de
las grandes corporaciones vuelven -otorgándole continuidad- al
despojo y exterminio de los opositores. Con la atingencia de que
quienes llegaron al ejecutivo lo hicieron contaminados de la cultura
neoliberal. Hereditario desde la llegada de los españoles hasta el
día de hoy, los rasgos fundamentales de este Estado construido desde
arriba, desde fuera y a partir de una guerra de exterminio y
sometimiento brutal de los pueblos originarios El Estado nación es
una fantasía mítica, sin asidero estructural, basada en una pseudo
historia hecha por los poderosos.
El capitalismo colonial es visto por
Machado Aráoz así:
en un sentido que acá se quiere destacar de modo especial, la expropiación eco biopolítica alude a los efectos de larga duración de la violencia colonial extractivista sobre el sustrato afectivo y motivacional de la subjetividad. Las vivencias y experiencias del extrañamiento y la explotación de los territorios se hacen cuerpos. El recurso sistemático a mecanismos de superexplotación opera, así, destruyendo los capilares de la afectividad-sensibilidad y va produciendo un progresivo proceso de acostumbramiento a la violencia endémica de los entornos coloniales. En el umbral último del orden colonial, el extractivismo opera produciendo una abismal expropiación de la sensibilidad corporal. Expropiación, más que con arrebato, tiene que ver acá con eficacia performativa; da cuenta de la capacidad biopolítica de producir sujetos radicalmente in-sensibles a la explotación. En parte por acostumbramiento-internalización del dolor social; en parte por la colonización-mercantilización del deseo. [3]
Lo que le falto decir a Machado es
que esta forma colonial tiene su correlato no solo en la violencia y
la internalización fetichista de los recursos naturales
especialmente en las clases medias y altas beneficiadas, difundida
por los medios, sino también incuban la potencialidad de la
corrupción, la ingobernabilidad y las crisis al eliminar la
soberanía, los derechos de los trabajadores y los escasos residuos
democráticos, imponiendo en su lugar constituciones y estados de
derecho fraudulentos, que protegen la corrupción e impunidad de una
administración estatal y empresas saqueadoras. Se establece una
estructura que condiciona a los gobiernos de cualquier color a
preservar ese orden bajo el riesgo de terminar su mandato.
Sobre el neocolonialismo o recolonización neoliberal, en el que los Estados Unidos diseñan políticas y aprueban o consienten a gobiernos y a los principales funcionarios, se articula el colonialismo interno. Los descendientes oligárquicos españoles y criollos, grupos familiares herederos de la monarquía colonialista, al que se fueron agregando extranjeros que iban migrando, mantuvieron el control del Estado hasta hoy. Solo cambian algunas dinastías. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, los mestizo indígenas y negros siempre fueron excluidos del Estado. Lo que hay es un capitalismo global que impone acabar con la soberanía estatal (Constitución 1993), fundamento de los estados nacionales, con los fragmentos de la soberanía popular, sustento de la democracia y optar por una mercantilización generalizada de la vida social, que tensiona enormemente las agendas de los Estados hacia la creciente desregulación económica, la flexibilización de los mercados laborales y la privatización de bienes públicos. La política migratoria también fue utilizada para bajar aun mas el precio de la fuerza de trabajo (PPK). El despojo campesino -y urbano- y la sobre explotación, generan enormes tensiones políticas, dado el aumento de la miseria, desigualdad y segmentación social; originando mecanismos deformados de preferencias políticas, sesgos ideológicos varios, pensamiento grupal reaccionario y esquizofrénico en la que puede aparecer una polarización política como peligroso epifenómeno de dichas tensiones.
Históricamente, tenemos la posibilidad de ver cómo se redefine el estado colonial. Fujimori al principio adoptó fines y tácticas desarrollados por la Central Intelligence Agency en cooperación con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y usó las fuerzas armadas. Los militares necesitaban más apoyo ante las peleas antisubversivas y las denuncias de abusos a los derechos humanos y colusión en el tráfico ilegal de drogas.
Montesinos,
conocedor del funcionamiento del Estado colonial -como ya lo dijimos-
primero se apodero de los servicios de inteligencia, luego del
Congreso y el poder judicial respaldado en una nueva Constitución
que garantice su continuidad. Luego de asumir Fujimori el gobierno,
Montesinos -trabajando para la CIA y probado traidor a la patria,
abogado de narcotraficantes- fue elevado a la condición de Asesor
del jefe del Servicio de Inteligencia. El 5 de abril de 1992,
Fujimori suspende la Constitución de 1979, disuelve el Congreso y
ordena la reorganización del Poder Judicial. El
dominio de Fujimori sobre la Corte Suprema lo
hizo
destituyendo jueces y
fiscales desobedientes utilizando
el descontento arraigado en la población respecto al Congreso y al
Poder Judicial, relacionándolo con la corrupción y los instrumentos
políticos que utilizaban, con el fin de justificar un nuevo Congreso
y legislaciones que redujeran
su independencia.
Paralelamente,
tomaron medidas coercitivas y de censura contra toda la prensa y
hablada, desde la misma noche del golpe.
Posteriormente logro que los militares firmen un acta de sumisión.
En poco tiempo tenían las instituciones controladas y bajo su mando.
El mejor ejemplo fue y es Blanca Nélida Colán Maguiño, ex fiscal
de la nación con Fujimori, líder y encubridora de todo el poder
ante el aparato judicial. Presa entre 2001-2008.
No descuidaron la intervención social autoritaria y en noviembre de 1992, con la elección de un llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), en la que los movimientos políticos que lo apoyaron obtuvieron la mayoría de escaños. El CCD preparó una constitución neoliberal y a medida del gobernante, en la cual destacan la reelección presidencial y la unicameralidad del Parlamento. Esta Constitución fue aprobada por un pseudoreferéndum en 1993.
La descolonización debe eliminar la Constitución del 93, el Tribunal Constitucional creado para que la Constitución sea intocable, recuperar la autodeterminación popular y las autonomías indígenas, regionales y populares; y construir el poder destituyente y la democracia desde abajo, terminando con el vigente régimen político mercantilizado y privatizado.
Notas:
[1] Héctor Béjar, entrevista Entrevista por Pablo Toro y Jorge Ayala, Jacobin Argentina, 18/01/2023.
[2] https://www.servindi.org/18/01/2023/el-indigenismo-y-el-problema-de-la-integracion-por-jose-maria-arguedas
[3] Horacio Machado Aráoz, Extractivismo y “Consenso Social”: Expropiación – consumo y fabricación de subjetividades (capitalistas) en contextos neocoloniales. Revista Cuestiones de Población y Sociedad | 2013. ISSN 2314-1492, [ 41] Vol. 3, N°3, Año II. https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2016/10/machado-araoz-extractivismo-y-consenso-social.pdf.
by Sorevitno | Ene 25, 2023 | actualidad |
JDF
No hace falta detallarlas. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ERTES frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas fiscales y regulatorias para disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.
Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental
de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de
las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente
disminución de la inversión pública y la protección social, así
como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva
a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención
reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para
contener la inflación.
Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el
principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar
la base social progresista y garantizar la victoria electoral,
especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El
conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son
apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus
resultados en términos de credibilidad política y confianza popular
y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la
gobernabilidad de progreso está por ventilar.
La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral
de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal
afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre
todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente
entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios
parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade, la
segunda preocupación ciudadana que es, precisamente, la desconfianza
en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por
una parte significativa de la población como problema y no como
solución.
Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la
legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos
problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año
electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar
su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la
estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene
explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y
la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor
alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita
revalidar una senda de progreso.
Doble problemática: socioeconómica y político-institucional
Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las
percepciones de la población para evaluar las prioridades
político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos
cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio
CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis
grandes problemas que le ‘preocupan mucho o bastante’ a la
población: la inflación y el coste de la vida (95,5%); la
dependencia energética (88,3%); la desigualdad social y la
pobreza (87,3%); el paro (82,3%); el cambio climático
(81,7%), y la guerra en Ucrania (80,7%); y, a más distancia,
la inmigración (58,4%).
Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre,
he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres
principales problemas existentes en España -expresados en
porcentaje- en dos campos principales: en primer lugar, los problemas
socioeconómicos y laborales (32,8%): problemas económicos,
paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales
(incluida la de clase y la de género); en segundo lugar,
prácticamente la mitad, los problemas político-institucionales
(16,8%): Los problemas políticos en general, El mal
comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o
políticos/as concretos/as. En este caso, evidentemente, los
objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se
confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y
derecha.
Después de esos problemas más significativos figuran más de otras
cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la
población cada una de ellas como la educación, la crisis de
valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia,
los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio
climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que
en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano
de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros
como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a
varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los
dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves
para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así
como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.
Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la
gestión político-institucional, las alternativas programáticas y,
sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques
políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente
contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y
consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático.
Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación
territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la
democratización institucional, empezando por el poder judicial, y
las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto
geopolítico.
Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con
su correspondencia para la legitimación pública de los actores
políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de
las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado
unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas.
Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con
reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades
(pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización…) no se han
cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política
económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido
relativamente expansiva y paliativa.
Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta
desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha
quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano
del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación
mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su
dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate
electoral de bloques.
El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros
en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica
-con las cosas del comer- se convertiría en el centro de la
legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de
progreso. Craso error. Esa estrategia, principalmente de la parte
socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad
ciudadana, es insuficiente. Corre el riesgo de no conseguir
incrementar la confianza popular, que se resiste a sacar ventaja en
las encuestas electorales y garantizar la victoria electoral
progresista, y dejando al margen el factor decisivo de la unidad del
espacio del cambio tratado recientemente en un artículo: Sumar
y movimiento ciudadano
Apoyo masivo a la sanidad pública
Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí,
como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la
preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la
corona del Estado de bienestar, gestionado por las Comunidades
Autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y
la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro
de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su
Comunidad destina ‘demasiados pocos recursos’ para la sanidad
pública, y el 39,1% ve ‘regular’ su funcionamiento, con un 32,7%
‘bueno o muy bueno’ y un 26,8% de ‘malo o muy malo’. Además,
el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad
pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6%
si ello significa reducir su calidad).
Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas
las Comunidades Autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay
menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más
descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso
privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más
amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de
personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica
de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros
territorios.
Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es
una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, de distinto
color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida
por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto
más relevante, está condicionada por la infrautilización de la
financiación autonómica y la ausencia de una profunda reforma
fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema
importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar
en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el
creciente deterioro de este servicio público esencial.
Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana
sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por
el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que
lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue
elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez
Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la
actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues
bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de ¿Cuánto le
gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, las
respuestas fueron las siguientes: ‘Mucho más y más’, 71,8%; ‘lo
mismo’, 22,2%; ‘menos y mucho menos’, 3%.
Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con
lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y
defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios
de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad
confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada
de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan
de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.
Fuente: Eurostat y para 2022T3 Caixa Bank. Elaboración propia, incluido transferencias públicas y sin alquiler computado. 0 es la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad.
Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
by Sorevitno | Ene 25, 2023 | actualidad |
Caty R
– Los art. 22 y 23 de este real decreto vulneran las normativas europeas.
– Las principales entidades ecologistas y el conjunto de la población rural
afectada pierden la posibilidad de conocer los expedientes y formular
alegaciones.
Este martes 24 de enero,
en sesión extraordinaria, el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real
Decreto Ley 20/2022. Los artículos 22 y 23 de este RDL permiten que los
MACRO proyectos de renovables de más de 50 MW no estén sujetos a ninguna
evaluación ambiental y su aprobación por silencio administrativo.
Representantes de 451 entidades
ciudadanas de todas las comunidades autónomas, agrupadas en torno al movimiento
macrorenovablesNO.org, han
acudido a la escalera del Congreso a expresar su negativa a estos artículos y
entregar un documento conjunto a todos los diputados. Los diputados que han
acudido a la cita y han escuchado sus reivindicaciones en un acto de
solidaridad y responsabilidad con el medio natural y rural han sido: Por Unidas
Podemos han participado: José Luis Bueno Pinto, Antón Gómez-Reino, Marisa
Saavedra, Txema Guijarro y Enrique Santiago. Por parte de BNG: Néstor
Rego, Por Compromís: Joan Baldoví, Por CUP: Albert Botrán, Por EH BILDU: Oskar
Matute, Por Teruel Existe: Tomás Guitarte, y por Verdes EQUO: Héctor Tejero.
El movimiento macrorenovablesNO.org lucha por la justicia climática, y apoya una transición a las
renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización
de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un
modelo energético distribuido y justo. Advierten que el modelo a escala
macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la
actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos
de la ciudadanía, agrava la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad.
Manifiestan que pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el
patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.
El Real Decreto 20/2022
no se ajusta a las normativas europeas. Vulnera el Convenio de Aarhus de
participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas
de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones. La
aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre,
precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una
evaluación medioambiental estratégica. Condiciones cruciales que han sido
obviadas en este Real Decreto 20/2022
La desprotección
ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos.
Listado de asociaciones aquí: https://docs.google.com/document/d/16qMNVme8eTTdQLAZtoqdHbbcOcqbf6GAqzin1PzcT_0/edit?usp=sharing
Entrada en la web: Más información sobre los elementos negativos de los artículos 22 y 23 del RDL 20/2022: https://macrorenovablesno.wordpress.com/2023/01/19/rdl20/
