*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Lida Duarte

La primera denuncia fue realizada el 3 de noviembre del 2023, cuando Irma Rosana informó a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso sobre los abusos físicos y verbales que sufría por parte de Mario Rafael, incluso en presencia de su hijo pequeño. Tan solo tres meses después, el 25 de abril de este año, volvió a denunciar a su pareja, esta vez ante la Comisaría 22ª de Loma Pytã por violencia familiar.

A pesar de sus esfuerzos por buscar protección y dejar constancia del peligro que corría su vida, Irma fue encontrada sin vida entre las malezas de un baldío. El hallazgo se produjo alrededor de las 10:00 del martes por militares que estaban limpiando el área.

Fotografía: gentiliza Policía Nacional.

La madre de la víctima, Isabel, reveló que su hija había sido brutalmente golpeada días antes y que había recurrido nuevamente a la justicia y a la Policía Nacional, pero no recibió ayuda. 

La abogada Cecilia Pérez lamentó la falta de respuesta del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica. La experta  señaló: «El problema principal es el abordaje interinstitucional, que es nulo. El esquema de arraigo cultural del enfoque que se tiene desde las instituciones, principalmente de la Policía Nacional, respecto a los casos de violencia familiar, falla al no reconocer la gravedad del ciclo de violencia y al no intervenir efectivamente para evitar tragedias como esta».

Pérez también resaltó la importancia de abordar la violencia desde una perspectiva de género y de trabajar en la rehabilitación de los agresores. «El ciclo de violencia es de ambos lados. Es crucial trabajar en la protección de las víctimas y en la rehabilitación de los agresores para romper este ciclo destructivo», agregó la abogada.

La fiscala Karen Chaparro mencionó que el crimen será considerado como un caso de feminicidio y que emitió una orden de captura contra el presunto agresor.

Familiares de Irma lamentan el cómplice abandono de las instituciones

La madre de la víctima, Isabel, manifestó su indignación por la falta de respuesta de las autoridades policiales a los llamados de auxilio de su hija. «Mi hija pidió ayuda y la policía no acudió a tiempo. ¡Podrían haberla salvado!», expresó con profundo dolor.

La abogada Cecilia Pérez cuestionó la negligencia del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica. «Es inaceptable que las autoridades policiales no hayan respondido adecuadamente a los llamados de Irma Rosana. Esto demuestra una falta grave en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género. Las denuncias deben ser tomadas con la seriedad y la urgencia que merecen, para evitar tragedias como esta».

«Se fue a pedir auxilio con el papel (denuncia) en la mano y los policías le dijeron que tenían muchísimas ocupaciones y que por eso no podían ayudarle… ¿Para qué están ellos si no es para ayudar a las personas? Muchas veces se fue a pedir ayuda y nadie nunca le respaldó», lamentó la mamá de Irma, reflejando la desgarradora realidad de la falta de respuesta ante las denuncias de violencia.

Aquí las denuncias de los familiares y vecinos

La omisión de intervención ante las denuncias de violencia doméstica evidencia la urgente necesidad de reformar los sistemas de protección y de abordar la violencia de género de manera integral y efectiva en Paraguay.

Según el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE) en lo que va del año se registraron 16 feminicidios en Paraguay. 

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bareiro

Según el informe presentado por Amnistía Internacional, Paraguay se enfrenta a profundas desigualdades en su sistema de salud, lo que pone en peligro la vida y el bienestar de todas y todos. El estudio, titulado “La deuda de la salud“, revela que la falta de inversión y la gestión ineficiente de los recursos están afectando severamente a la población, especialmente a grupos marginados como mujeres, las y los niños, a las personas trans, las poblaciones campesinas e indígenas y los adultos mayores.

Diego Vázquez, uno de los investigadores, señaló que el acceso a los servicios de salud está segmentado en el país, dejando a una gran parte de la población sin seguridad social. «Más del 70% de los paraguayos no cuenta con seguro de salud, lo que genera brechas en el financiamiento y en la provisión de servicios», explicó Vázquez.

Además, se encontró que el gasto por asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS) es significativamente mayor que en el Ministerio de Salud Pública, a pesar de que este último atiende a la mayoría de la población. «Es necesario fortalecer el gasto en el Ministerio de Salud para garantizar un acceso equitativo a la salud para todos», agregó Vázquez.

El informe analiza la garantía del derecho a la salud en Paraguay, destacando las deficiencias en disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque especial en la atención primaria. Según Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el sistema de salud público está fallando a todos los ciudadanos y es especialmente duro con aquellos que ya enfrentan discriminación.

Las cifras son preocupantes

Paraguay no cumple con el mínimo recomendado de inversión en salud, lo que lleva a que casi el 40% del gasto en salud sea asumido directamente por los ciudadanos. Además, la atención médica se ve afectada por la falta de medicamentos, insumos y atención adecuada, lo que obliga a muchas personas a endeudarse o depender de redes familiares para cubrir sus necesidades médicas.

Por su parte, Mariluz Martín, investigadora para Amnistía Internacional Paraguay, destacó que los determinantes sociales, como la inseguridad alimentaria y el acceso al agua potable, tienen un impacto significativo en la salud de la población. «Las mujeres y la niñez son los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria, lo que puede llevar a problemas de desarrollo cognitivo y enfermedades crónicas», afirmó Martín.

Según revela el estudio, la inseguridad alimentaria en Paraguay muestra un marcado sesgo de género. Con un 29% de mujeres afectadas en comparación con el 22% de hombres, queda patente quiénes son los más vulnerables a la falta de acceso a nutrientes esenciales. Además, la niñez se encuentra entre los grupos más afectados, con un alarmante 28% de hogares con niños menores de seis años enfrentando esta situación. Estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de abordar los determinantes sociales que impactan la salud de la población, especialmente de los grupos más desprotegidos, como las mujeres y los niños.

Martin también señaló la exclusión de una gran parte de la población del sistema de protección social, incluyendo a trabajadores informales y adultos mayores. «Estas desigualdades generan inequidades en el sistema de salud, donde las personas más vulnerables enfrentan dificultades para acceder a servicios de calidad», concluyó Martin.

La discriminación también juega un papel importante, con mujeres gestantes, personas trans y comunidades indígenas sufriendo violencia y falta de acceso a servicios de salud adecuados. El informe destaca la necesidad urgente de fortalecer el sistema de salud pública a través de una mayor inversión, políticas fiscales justas y medidas para reducir la discriminación y promover la equidad en el acceso a la salud.

Amnistía Internacional insta al gobierno paraguayo a tomar medidas concretas para abordar estas deficiencias y garantizar el derecho a la salud para todas las y los ciudadanos. Aunque se han realizado algunas acciones, como la reducción de las listas de espera y mejoras en la atención mental, se necesita un enfoque más amplio y estructural para abordar los problemas sistémicos que enfrenta el sistema de salud pública en Paraguay.

• Descarga y lee el Informe LA DEUDA DE LA SALUD aquí.

Feliz día a todas las trabajadoras, incluso a “las que no trabajan”, pero aportan el 22% del PIB al país. Desde Emancipa reconocemos las tareas de cuidado como un trabajo digno y con un valor fundamental.

Créditos

Voz en off y traducción: Laila Bareiro

Guión: Noelia Díaz y Mónica Bareiro

Grabación y producción: Jamín Cebé

Edición y post producción: Milena Ruíz Díaz

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Lida Duarte y Flavia Borja

La joven profesional relata que el pasado 16 de abril presentó, bajo el patricio del abogado Jorge Luis Berni, un amparo constitucional tras haber sido excluida y sustituida en su puesto laboral en la SNJ, sin considerar su discapacidad y la presunta violación de leyes laborales.

El juez Mirko Valinotti dio curso al pedido, sin embargo la semana pasada denegó el amparo. Según el juez, la terminación del contrato de prestación de servicios de María José no constituye una lesión a sus derechos, ya que se realizó conforme a lo establecido en el contrato y sin acciones ilegítimas por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud. 

Además, indica que no se demostró que la desvinculación haya sido en contravención a la Ley 3585, que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas. 

Por su parte Bernis apeló la resolución del Juzgado y argumentó que se falló en base a un contrato fraudulentamente interpretado, omitiendo la protección de derechos fundamentales. 

Sostiene que el contrato en cuestión fue utilizado de manera fraudulenta, ya que María José fue contratada para realizar tareas permanentes de la SNJ, a pesar de que el convenio era renovado cada cierto tiempo y no contemplaba su estabilidad laboral. Además, menciona que el contrato vulneraba leyes laborales y convenios internacionales ratificados por Paraguay, lo que le lleva a cuestionar la decisión del juez sobre la legalidad del contrato y la decisión de desestimar el amparo constitucional. 

Bernis solicita que se revoque la sentencia y se reconsidere el caso de María José, señalando la importancia de evitar un precedente que perpetúe la vulnerabilidad de los trabajadores contratados y la discriminación en el ámbito laboral. 

¿En qué se fundamenta el amparo constitucional presentado por María José?

En su pedido, María José relata que fue contratada inicialmente por tres meses en el área de comunicación de la Secretaría Nacional de la Juventud. Posteriormente, se postuló en un concurso de méritos simplificado interno y su contrato fue renovado, pasando de técnico a personal auxiliar de apoyo. «Accedí por méritos propios, sin pertenecer a ningún partido político», señala la ilustradora. 

Marijó, como la llaman cariñosamente, tiene un trastorno del espectro autista, con una discapacidad total del 45% y poco tiempo después de recibir su diagnóstico notificó formalmente a la institución. 

Según María José, la SNJ no habría tomado medidas adecuadas para adaptar su entorno laboral a sus necesidades. Denunció que trabajaba horas extras casi todo el tiempo, sobre todo en época electoral. Ante esto solicitó, en más de una ocasión, el pago de esas horas y la regularización de su contrato, pero nunca recibía respuestas. La incertidumbre dañaba su salud física y mental. 

En enero de 2024, María José solicitó una audiencia con la nueva ministra Florencia Taboada -una joven política del movimiento Honor Colorado de la ANR- para abordar su situación, pero la respuesta que recibió fue hostil y despectiva, afirma. Además, relató haber sido víctima de hostigamiento y rumores infundados por parte de sus compañeros de trabajo.

Finalmente, el 9 de febrero de 2024, recibió la notificación de su despido, que considera una represalia por haber reclamado sus derechos como trabajadora y persona con discapacidad.

La ministra por su parte, afirma en una nota remitida a la Defensoría del Pueblo, que ella tiene la potestad de terminar los contratos que considere y dice, sin dar mucho detalle, que la desvinculación de María José fue por una redistribución para cumplir con los objetivos de la institución.

Parte de la nota de respuesta remitida desde la Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) por requerimiento del juez Mirko Valinotti.

También asegura que se tomaron medidas de adecuación en el espacio laboral y que su institución cumple con la Ley 3585. Llamativamente, a solo un mes de haber despedido a María José, la ministra misma anuncia en el citado documento, que se contratará a otra persona con discapacidad y también a una persona de los pueblos indígenas. 

«En mi dignidad de autista y orgullosa de mi trabajo, manifesté las  irregularidades en mi contrato, porque trabajar en esas condiciones es contraproducente para mi salud. La verdadera inclusión es un contrato en forma», remarca Marijó.

Cañete denuncia además que fue reemplazada en su cargo por una nueva persona que ni siquiera pasó por un concurso de méritos, y que además se puede constatar  en una nota de la institución por la cual se aprueba la excepción al proceso, bajo el argumento de un reemplazo. Por otro lado, la ilustradora menciona que la SNJ se contradice en sus afirmaciones de no contar con presupuesto para mantenerla en su puesto laboral.

«Me robaron el fruto de mi esfuerzo laboral y meses de paz, porque luchaba para sobrevivir. Me robaron pasar momentos buenos con mis seres queridos», expresa dolida la artista.

Según Bernis, María José fue contratada por concurso de mérito conforme a la Ley Nº 1626, mientras que su reemplazo no pasó por este proceso.

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Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y la necesidad de implementar medidas de inclusión y adaptación en las instituciones públicas.

Mientras en Paraguay se deja sin fondos a la investigación científica, se profundiza la línea discursiva y política de no reconocimiento de los derechos de mujeres y de personas LGTBI y se atropellan conquistas sociales, organizaciones del sur del país, comprometidas con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, trabajan por la generación de conocimiento con perspectiva de género. Entre la academia y la sociedad civil, articulan esfuerzos para transformar nuestras realidades.

*Por Julieta Gamarra

La producción de conocimiento es, en Paraguay, una necesidad constante. Se trata de un ámbito históricamente desfinanciado, poco impulsado desde las políticas públicas, cuyo desarrollo muchas veces se encuentra acotado en espacios académicos centralizados. Con esta realidad en mente, la organización Kuña Róga de Encarnación elaboró el proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad”, una iniciativa conjunta con la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI) y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que tiene como objetivo fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas para el logro de derechos e igualdad de las mujeres y juventudes de cinco departamentos del sur del país: Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Caazapá y Guairá. Como parte de sus actividades, el proyecto estableció la creación del Observatorio del Sur sobre igualdad de género, una iniciativa pionera que aglutina a tres universidades públicas: la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. 

Este Observatorio se estableció a partir de la firma de convenios con las instituciones y el trabajo intensivo a través del área de extensión, con docentes y estudiantes de las tres universidades. A través de encuentros y talleres, se desarrollaron los principales ejes de trabajo del Observatorio: participación política de las mujeres, derecho a una vida libre de violencia e institucionalidad y políticas públicas. Participaron docentes y estudiantes de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Relaciones Internacionales y Economía. Si bien en el Observatorio es posible encontrar información de alcance nacional, se hizo un especial hincapié en generar datos y reflexiones a partir de las realidades de los cinco departamentos que abarca el proyecto. Esta decisión se basa en la necesidad de generar conocimiento que integre la perspectiva de género con una mirada local. Así, se espera que el Observatorio no sea solo una fuente de consulta para el ámbito académico, sino también para la ciudadanía en general y para las instituciones públicas, que pueden tomar los hallazgos para generar más conocimiento e inclusive exigir o proponer la implementación de políticas públicas de acuerdo a las problemáticas detectadas.

Los ejes se encuentran plasmados con gráficos interactivos que facilitan la comparación de datos entre departamentos, el análisis de diferentes años y la visibilización de la desigualdad de género. Además, se encuentran publicados los informes cualitativos realizados por los equipos de las universidades.

Además de esta sección, el Observatorio cuenta con una biblioteca donde se pueden encontrar en formato digital y descargable tres guías de formación con perspectiva de género y cuatro investigaciones enfocadas en visibilizar los derechos de las mujeres:

• “Rompiendo el ciclo: diagnóstico sobre violencia basada en género en los departamentos del sur del Paraguay”, de Hugo Valiente.
• “Fronteras vulnerables: investigación sobre la trata de mujeres en Paraguay y el corredor Encarnación – Posadas”, de Alejandra Mendoza, Ivonne Aristizábal, Paola Gayoso y Analía Rojas.
• “Género y juventud en las políticas públicas. Lecciones aprendidas de la experiencia local en el sur de Paraguay”, de Walter Morínigo y Belén Leguizamón.
• “Género en la política: una mirada regional”. Análisis de la participación y representación política de las mujeres en las Elecciones Generales 2023”, de Isolina Centeno Ubeda.

Estas investigaciones fueron oficialmente presentadas en las tres universidades y también en instituciones como el Ministerio de la Mujer, gobernaciones y municipalidades, con el objetivo de que sirvan como un aporte diagnóstico para la elaboración de políticas públicas.

El Observatorio busca ser un sitio dinámico y en permanente actualización, ligado a la coyuntura y la realidad del país. Por ello, en el marco de las Elecciones del 2023 se realizó un monitoreo de medios que tuvo como objetivo analizar la manera en que las mujeres políticas eran representadas en las noticias. Para este trabajo se sumaron estudiantes de las carreras de comunicación de la UNP, la UNVES y la UCI. Los resultados se encuentran también disponibles online.

Kuña Róga es una organización feminista histórica del sur del país, que en el 2023 cumplió 25 años de trayectoria trabajando por los derechos de las mujeres en relación a la violencia de género, la participación política, los derechos sexuales y derechos reproductivos, la autonomía económica y la comunicación. A través del proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad”, puso en agenda la importancia de la articulación de la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas para el logro de una igualdad real y sustantiva. 

El Observatorio del Sur sobre igualdad de género, a contramano de las políticas del gobierno que persigue la no producción de conocimiento recortando recursos para la investigación científica, ahora continuará ampliándose de la mano de las universidades y continuará sumando información, visibilizando la situación de las mujeres en Paraguay y proponiendo la construcción de conocimiento como una herramienta de poder para transformar la realidad injusta en la que viven millones de mujeres.

Te invitamos a conocerlo: www.observatoriodelsur.org

*Julieta Gamarra es integrante del equipo técnico del proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad