*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bareiro

El 4 de marzo de 2021, en plena pandemia, un grupo de mujeres se reunió en busca de un sueño. La dicotomía entre la razón y el sentimiento se hizo presente y ellas se propusieron construir colectivamente la primera Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas. 

Dos años y nueve meses después, el sueño se hizo realidad con el lanzamiento oficial de Epifeministas. El lunes 4 de diciembre, se realizó el Conversatorio “Ciencias y Género(s). Epistemología Feminista para Transformar el Presente”, que contó con la participación especial de la Dra. Diana Maffía, reconocida investigadora feminista argentina.

El salón de actos de la Sociedad Científica del Paraguay estuvo repleto de una diversidad de mujeres quienes participaron de este histórico evento para el feminismo y para las ciencias en nuestro país.

Montserrat Fois, presidenta de la Asociación, en su discurso inaugural, relató que su primera reunión fue porque estaban preocupadas  ya que, la entonces ministra de educación, Maria Teresa Martínez, sobrevivió a una interpelación que duró horas, defendiendo el enfoque de género presente en el Plan Nacional de la Niñez, ante la Cámara de Diputados.

“Nos juntamos a partir de la preocupación que nos generaba que la evidencia científica producida desde diferentes disciplinas, por muchísimos años, sobre las teorías de género, la desigualdad de género, la violencia, la educación sexual integral; sea ocultada y manoseada, tergiversada y utilizada para desinformar, infundir miedo y desconocer o limitar derechos a mujeres, infancias, diversidades sexuales, migrantes, afrodescendientes e indígenas”, señaló Fois.

Montserrat Fois durante el discurso inaugural del Conversatorio “Ciencias y Género(s). Epistemología Feminista para Transformar el Presente”.

Diana Maffía, por su parte, compartió una conferencia magistral en la que desarrolló la combativa historia de las mujeres en la ciencia. Comenzó enseñando una fotografía del año 1927, cuando se celebró la 5ª Conferencia Solvay sobre Mecánica Cuántica, en Bruselas, Bélgica y en donde Marie Curie era la única mujer presente entre los varones científicos. Señalando seguidamente lo difícil que fue para la primera mujer en ganar un Premio Nobel, ocupar ese lugar. Hasta tuvo que adoptar muchas formas masculinas para demostrar que ella también se merecía estar ahí.  “Para que una mujer pudiera ingresar tenía que probar que era como ellos y esto entre otras cosas implicaba las vestimenta”, mencionó Maffía. 

Diana Maffía, doctora en filosofía.

Si bien las mujeres investigadoras fueron ganando espacios a fuerza de lucha, todavía queda mucho camino por andar para llegar a la paridad, para ganar lo mismo que sus pares varones. Combinar las tareas de cuidado con el trabajo también es un problema para las científicas e investigadoras.

Ilustración que formó parte de la presentación desarrollada por Diana Maffía.

Según Maffía, el contrato social del estado moderno relegó a las mujeres al ámbito privado. La ciencia, la política y los derechos fueron durante años espacios exclusivos para los hombres, quienes supuestamente eran los únicos dotados de cualidades como racionalidad, abstracción, universalidad y objetividad.

“Las mujeres entran en el ámbito privado donde también hay un contrato. Solo que ese contrato lo hicieron los varones entre sí y decidieron definir la ciudadanía excluyendo a las mujeres y no solo a las mujeres sino también a los indígenas, los afros, a las personas que no tenían propiedad privada. Ese contrato social es racista, es sexista, adultocéntrico y clasista. Tenemos que pensar que esa ciudadanía se manifiesta como universal y el conocimiento científico como universal en una comunidad epistémica muy idéntica en privilegios: todos eran varones blancos, ricos y adultos. Esa identidad no la ponen en cuestión y van a considerar que lo que ellos producen es universal. Todo esto se va a poner en juego cuando lo diferente ingresa, ese es el valor de la perspectiva de género. Es poner en evidencia el sesgo de género que ya habita la ciencia”, manifestó Diana. 

Flyer que formó parte de la presentación desarrollada por Diana Maffía.

El conversatorio culminó con el enorme desafío de la acción con el compromiso de seguir brindando insumos, desde la academia, respaldados por la evidencia para transformar el presente.

La presidenta de la Apifeministas expresó que ellas vienen para quedarse y para dar batalla “al discurso seudocientífico instalado por grupos fundamentalistas religiosos que vienen legitimando la discriminación, la exclusión y diferentes formas de violencias sobre grupos específicos de personas. Quiero señalar que nosotras estamos convencidas de que en un país con una desigualdad obscena es elemental la acción, el debate informado y respaldado por la evidencia para construir un país con mayor justicia social e igualdad”.

¿Quién es Diana Maffía?

Maffía es una reconocida militante feminista. Doctora en filosofía (UBA), Profesora de grado y Posgrado. Directora del Programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho (UBA). Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA). Es coordinadora de varios programas académicos internacionales en organismos como el Colegio de las Américas (COLAM) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) de Canadá, entre otros. Miembro fundadora de la Red Argentina de Ciencia, Género y Tecnología (RAGCYT). Directora del Centro Cultural Tierra Violeta. Actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.(1)

1. http://dianamaffia.com.ar/

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bareiro

Chingola sobrevivió a duras penas a cinco abortos, nadie sabía por qué le pasaba eso. Después se enfermó Juan, su hijito de 7 años y empezaron a atar cabos. Las fumigaciones en los campos de siembra de algodón, en Capitán Bado, eran criminales. 

Esta es la historia de expulsión que se repite desde hace años en Paraguay, ante la avanzada del agronegocio, al que pareciera importar más sus cuentas bancarias que los seres humanos. 

Así, allá por 1978, Chingola y su familia dejaron el departamento de Amambay y emigraron a la capital. Levantaron los cimientos de su nuevo hogar sobre, lo que hoy conocemos como Bañado Sur. 

“Cuando eso era todo yuyal, no había casi casas, tampoco servicios públicos, así que empezaron a organizarse y con la conformación de una comisión vecinal lograron tener agua y electricidad. De esta forma se inició la construcción del barrio”, relata Jessica Arias, nieta de Chingola.

Jessica (31) es mamá de dos adolescentes quienes al igual que ella, nacieron y se criaron en el barrio Santa Ana. Desde que tiene memoria, vio como todas y todos los pobladores luchan por dignificar sus casitas.

Jessica Arias, pobladora del Bañado Sur, Asunción, Paraguay.

“Alzamos murallas, traemos escombros, pintamos ventanas y paredes, todo para dignificar nuestras casas, pero llega el agua y se va todo a la mierda. Nuestras casas no están construidas por arquitectos, pero son nuestro hogar y lo que pasamos es super violento, es violencia estatal”, denuncia Jessi, al relatar las consecuencias del efecto palangana que afecta al Bañado desde que se iniciaron los trabajos de construcción para la Costanera Sur.

Así quedan las calles del barrio Santa Ana tras cada lluvia.

Según el gobierno, la implementación del proyecto Costanera Sur, se encuentra en un 80 % de ejecución. La promesa de entrega está marcada para mediados de 2024.

Pero este proyecto no previó la construcción de una defensa costera y hoy los 10 barrios del Bañado están sumergidos en un pozo. Se encuentran rodeados de montañas de arena y escombros que los separa del “progreso” y bajo agua cada vez que llueve.

Pobladoras y pobladores del Bañado se manifiestan exigiendo la construcción de una defensa costera.

Según explica Jessica, hay solo dos salidas para el agua que inunda sus barrios, se trata de dos puentes en donde está previsto hacer una canalización. No están seguros de que esto sea suficiente. Lo cierto es que por ahora el agua no tiene por donde llegar al río y lo que se junta después de cada lluvia -por mínima que sea- tarda días en escurrirse.

“Nosotras y nosotros sabemos cuál es nuestra realidad, sabemos que cada tanto habrá una inundación, cuando eso ocurre tomamos nuestras cosas y subimos a lugares más seguros. Después hacemos las paces con el río. Le dejamos que ocupe su lugar porque sabemos que luego él también nos dejará tomar el nuestro”, dice Jessi al explicar que no es lo mismo la afectación del efecto palangana que las crecidas naturales y cíclicas del río.

La falta de canalización hace que el agua no tenga por donde llegar al rio.

Cuando se habló del proyecto de Costanera Sur, pensaron que podrían solucionarse sus problemas, pero la verdad es que las y los pobladores de la zona nunca estuvieron en los planes. Ahora, según explica la bañadense, les quedan tres opciones:

– Resignarse y resistir

– Negociar con el gobierno la mudanza a otro territorio

– O levantar sus terrenos 9 metros más, a la altura de la Costanera

Para Jessica y sus vecinos ninguna de ellas es justa. Este barrio tiene más de 80 años de historia. Cada vivienda, cada emprendimiento es fruto de mucho esfuerzo. No entienden, aunque no les sorprende que ellas y ellos no sean parte de un plan estatal tan ambicioso. 

En época de crisis aumenta la violencia contra las mujeres y niñas.

“La impotencia se ve en la cara de mis compañeras”, relata Jessica, al tiempo de mencionar que a eso se suma el miedo que les produce la violencia que viven en sus casas, porque el impacto de las inundaciones es proporcional a las agresiones de las que son víctimas ellas, sus hijas e hijos.

El Centro de Atención Familiar (CAFAM), ubicado en el Bañado Sur, atiende al menos 3 denuncias de abuso sexual contra niñas, por día. Así como 3 a 4 casos de violencia intrafamiliar diariamente. 

Centro de Atención Familiar dependiente de la Asociación Mil Solidarios (CAFA Mil) del Bañado Sur de la ciudad de Asunción.

“No damos abasto, somos pocas las personas que trabajamos acá. Brindamos asesoramiento jurídico, atención psicológica y orientación laboral. También buscamos alianzas con otras instituciones u organizaciones y este año hicimos capacitaciones con SNPP, Sinafocal, IPA, etc”.

La carga de cuidados para las mujeres también aumenta en las situaciones de crisis, tal es así que son ellas quienes se encargan de buscar un lugar más seco en casos de inundaciones extremas. Son ellas las que juntan sus pertenencias intentando salvar todo lo que su puede. Son ellas las que lideran las mudanzas. Son ellas las que vuelven a recuperar su hogar cuando las aguas bajaron. 

Jessica Arias tratando de escurrir el agua estancada tras un día de precipitaciones.

Pero según Jessica, no hay voluntad política para resolver los problemas de las mujeres pobres, ni para trabajar en políticas de prevención contra violencia, mucho menos para trabajar en un buena canalización de los arroyos y un sistema de bombeo eficiente para temporadas de inundaciones. 

“Yo sueño y pido dignidad. Que todas y todos vivamos bien, que ya no suframos inundaciones, que el alimento sea un derecho garantizado y no un privilegio. Mi gran deseo es que la gente de mi barrio viva feliz, que tenga un trabajo formal. No quiero lujos, solo quiero vivir dignamente”, remata Jessica Arias. 

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Han sido ya más de treinta las “sentadas textiles” donde diversos grupos de mujeres se han reunido para tejer con sus propias manos enormes paños rojos en torno a una conversación sobre la violencia de género, y este 25 de noviembre el llamado es a reunirse en el GAM.

La Colectiva Hilos Chile junto al Centro de Derechos Humanos, la Dirección de Género, Diversidad y Equidad, el Sindicato y estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, además de organizaciones de la sociedad civil, han realizado diferentes encuentros para tejer grandes textiles rojos que simbolizan la sangre de las personas violentadas, de ahí el nombre Sangre de mi sangre.

Si bien la intervención ya se encuentra dispuesta en el Centro Cultural Gabriela Mistral, la Colectiva invita a todas las mujeres que quieran participar en su sentada textil a que se acerquen a la plaza central del GAM el sábado 25 de noviembre a las 15 horas.

“Estos paños urdidos pacientemente por las manos de cientos de mujeres congregadas son una intervención que pone el acento en nuevos lugares para relacionarnos con los problemas sociales que nos aquejan, como la violencia específica hacia las mujeres y las diversidades sexogenéricas”, comenta Andrea Hurtado, quien encabeza la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado. Además, destaca la participación de las diferentes tejedoras que “han hecho posible que podamos encontrarnos en la trama del textil, para denunciar a través de este paño de la memoria”.

Por su parte, Oriana Bernasconi, académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado apunta a las necesidades de un cambio cultural. “El propósito es fomentar una cultura de Derechos Humanos en la sociedad, como una forma de fortalecer la democracia, la justicia social y la paz”. Además, profundiza en estas temáticas señalando que “las mujeres aún requieren, en nuestro país y en muchos lugares del mundo, de una institucionalidad, de leyes y de una cultura que permita que sus vidas puedan ser desplegadas en todo su potencial”.

Todo esto se presenta en el marco del 25 de noviembre, que trae consigo una nueva conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, lo que lleva a reflexionar y sobre todo a denunciar los 39 femicidios y 1 suicidio femicida que se han ejecutado en 2023, según la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. En un año donde, además, se conmemoran los 50 años del golpe cívico militar, donde se ejercieron formas de violencia específicas contra las mujeres como lo son la política sexual y la ginecobstétrica, mediante el robo de infancias al momento del parto.

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bareiro

La casa de Graciela está ubicada en el casco urbano de Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay, a unas diez cuadras del río. En ese barrio, el camino es de tierra. Nos acercamos al viejo portón de madera, con no más de medio metro de altura, y golpeamos la mano. Enseguida nos recibió con una afable sonrisa. Su casa se ve sencilla, humilde, como la mayoría en el pueblo, pero al adentrarnos, el panorama cambió. El color arcilloso y seco del Chaco Paraguayo, mutó. Una floreciente huerta estaba ordenadamente ubicada detrás de la precaria construcción.  

“Siempre me dediqué a la huerta. Desde que era pequeña mi mamá nos enseñó a cultivar y cosechar para nuestro autoconsumo. Es un mito que el suelo del Chaco no es fértil”, relata Graciela Escobar (40), casadeña de nacimiento. 

Graciela Escobar. Fotografía: Mónica Bareiro.

En la huerta, que cuenta con un sistema de riego artesanal, crecen vigorosos tomates, repollos, locotes, zanahorias, zapallos, lechuga y mandioca.

La mujer es madre de seis, dos de ellos formaron sus propias familias y se fueron de la casa materna. Ella alimenta a su familia, en gran parte, gracias a la fuerza de su manos labrando ese pequeño pedazo de tierra, que aunque habita desde hace años, no es suyo. Su marido también aporta con su trabajo en los bosques que rodean al pueblo. “Hace postes, vende y trae un poco de efectivo”, cuenta Griselda.

La mujer, pilar de la agricultura de pequeña escala

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres son las responsables de la producción de entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo. Su contribución a la subsistencia familiar cotidiana es decisiva e indispensable.

A pesar de su rol protagónico, tienen mayores dificultades que los hombres a la hora de acceder a recursos como la tierra, los créditos y los insumos y servicios que aumentan la productividad.

Con el objetivo de brindar apoyo a las pobladoras y pobladores de Puerto Casado, la organización Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER) empezó a relevar datos en el año 2018.

“Vinimos, hablamos con varios dirigentes y sacamos algunas conclusiones. Luego en 2020 pusimos en marcha un censo en las partes afectadas. La idea era regularizar los lotes, pero también aprovechamos e hicimos un censo de producción. Queríamos ver el perfil sociocultural de las familias casadeñas”, explica de SER.

Amambay Campos, de la Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER). Fotografía: Mónica Bareiro.

Se hicieron más de 400 censos a 400 unidades familiares cuyos resultados mostraron que en más del 50 por ciento, las mujeres eran las jefas de hogar y más del 50 por ciento de ellas eran madres solteras.

A partir de estos resultados, SER empezó a trabajar en asistencia técnica agrícola. Se inició con pequeños grupos que después se convirtieron en comités.

“En este momento tenemos diez comités que ya están articulados a una organización distrital que se llama Renacer, donde hay prácticamente 190 familias asociadas, con quienes trabajamos en organización, en producción, en ambiente y en articulación de mercados”, explica María Celsa Benavidez, directora ejecutiva de SER.

María Celsa Benavidez, directora ejecutiva de SER. Fotografía: Mónica Bareiro.

Benvidez explica que lo primero fue fortalecer la producción y que actualmente están preparando unos  manuales para que las mujeres puedan hacer sus propias semillas. La idea es que cada vez menos dependan del mercado y logren disminuir costos.

Asimismo menciona que Puerto Casado es un pueblo sostenido por mujeres, prueba de ello es que actualmente los comités están conformados en un 95 por ciento por mujeres.

“Este es un pueblo prácticamente de mujeres, sostenido por mujeres, pero gobernado por los hombres, porque los escasos hombres que hay son los que tienen el poder. Sin embargo, las mujeres son las que sostienen esta tierra con su trabajo”, remarca María Celsa.

Más de 20 años en busca de la tierra propia

Puerto Casado, es un pueblo que se constituyó por la instalación de una taninera (extracto de Quebracho) en pleno Chaco paraguayo en 1883. Llevaba el nombre de su fundador, Carlos Casado. Como la zona estaba aislada y para motivar el asentamiento de las familias de sus empleados, la empresa contrató arquitectos para la construcción de edificios como el puesto de salud, escuelas, centros municipales y otros, así como algunas de las viviendas para sus empleados. Todas las personas vivían en propiedad de la empresa y todo funcionó ordenadamente durante muchos años. Carlos Casado, llegó a acumular una cuarta parte de la superficie del Chaco, 7 millones de hectáreas, pese a que las leyes agrarias de la época impedían tal acumulación de tierras. 

Pero en los noventa, la empresa cesó sus actividades y dejó de ser propiedad de Carlos Casado en el año 2000. Pasó a manos de la empresa Atenil SA, una firma a su vez perteneciente a la Secta Moon, que compró las tierras con todos los pobladores adentro.

Así empezó una histórica movilización. Las y los habitantes protagonizaron una heróica marcha, a pie, de casi 700 kilómetros hasta Asunción. Esta lucha por la posesión legal de las tierras en las que vivieron por décadas, continúa hasta ahora.

Según explican desde SER, hace varios años está en marcha un proyecto de donación de tierras ubicadas en el casco urbano de Puerto Casado. Señalan que la empresa Atenil SA, como medida de resarcimiento, invirtió en la medición y estudio de cada lote en el que familias casadeñas llevan viviendo por años. 

“Existe la disponibilidad de Atenil de regularizar unos 350 títulos de propiedad. Vino un topógrafo pagado por la empresa a medir todos los lotes. Eso fue presentado a la municipalidad, entonces los documentos fueron aprobados y ahora mismo se encuentran en la Dirección de Catastro, una de las últimas etapas antes de ir a registros públicos” , explica Amambay Campos.

Después de 23 años de lucha, a pesar de la falta de respuestas por parte del Estado, las pobladoras y pobladores se mantienen firmes y convencidos del legítimo derecho que tienen de vivir en su propia tierra.

Esperanzada, Griselda dice que “hay proyectos para titular, yo quiero agrandar mi casa y mejorar mi huerta”.

Griselda en el patio de su vivienda, en la tierra con la que sueña sea propia. Fotografía: Mónica Bareiro.

Si bien no recuperarán las 152.000 hectáreas reclamadas, celebran la resistencia de la organización. Saben que seguirán luchando por lo que les pertenece. 

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.

Un mes antes de las elecciones generales, la entonces ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, firmó el sobreseimiento de Canal 9, C9N y Canal 5 pese a que no incorporaron a sus reglamentos los protocolos de actuación ante violencia laboral y acoso sexual. Este era uno de los principales reclamos de las trabajadoras en el caso Carlos Granada y uno de los incumplimientos detectados por fiscalizadores del Ministerio de Trabajo en la inspección laboral que originó el sumario a los medios del grupo Albavisión.

La Resolución 280/2023 del 3 de marzo dio por concluido el sumario administrativo, luego de que el juzgado sumariante determinara que Albavisión no había incumplido la normativa laboral en ninguno de los 24 puntos que los inspectores observaron en la fiscalización del 17 de octubre de 2022. En esta causa, el ministerio había designado juez instructor al abogado Marcos René Riveros Aquino y actuaria a la abogada Annelise María Ocariz de Rufinelli.

El informe de la inspección laboral, que había motivado la apertura de la investigación, señala que los canales incumplían la normativa laboral al no actualizar sus reglamentos internos, pese a las constantes actualizaciones en el ámbito legislativo laboral, «específicamente en relación a la Resolución Nº 388/2019 que crea la Oficina de atención y prevención de la violencia laboral y se establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual». 

En ese sentido, los fiscalizadores detallaron en su reporte que el reglamento interno de Canal 9 data de 1984 (Res. MJT Nº 713/1984) y el de Paravisión de 2011 (Res. MJT Nº 784/2012). Es decir, el primer canal del Paraguay todavía se rige por un reglamento de la época de la dictadura estronista y anterior al Código del Trabajo vigente, que fue promulgado un año después de la Constitución Nacional de 1992. A esto le sumamos que los reglamentos de ambos medios también son anteriores a la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en 2013, cuando el Poder Ejecutivo lo separa del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) —hoy Ministerio de Justicia—.

Fotografía del 29 de setiembre de 1965, cuando Canal 9 inició sus transmisiones en blanco y negro. Fotografía: Abc Color/28-09-2015.

Pese a que el incumplimiento observado en la inspección eran los reglamentos desactualizados al no contar con protocolos ante violencia laboral y acoso sexual, el juzgado sumariante determinó que la empresa cumple con la normativa laboral porque tiene reglamento interno, cuando no era la falta de «reglamento homologado» por el ministerio lo que estaba en cuestionamiento, sino la falta de actualización de los mismos. Además, argumentó que no es posible exigir de forma unilateral al empleador un reglamento interno «dado que su existencia requiere el consenso entre empleador y trabajador», con lo que el juzgado también pasa por alto que difícilmente las y los trabajadores de Albavisión podrían consensuar las reglas de juego al no poder conformar sindicatos internos.

La Resolución 388/2019 sobre violencia laboral, mobbing y acoso sexual —que aprobó la entonces ministra Bacigalupo— establece que todo empleador con más de 10 trabajadores debe tener su reglamento interno homologado por el MTESS, que incluirá un procedimiento explícito para casos de denuncias de violencia laboral, así como las sanciones y medidas para prevenir, controlar y eliminar la violencia en el lugar de trabajo. 

El documento define la violencia laboral como «toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones, o conductas con connotación sexual o no, mobbing o acoso sexual, no consentidas por la víctima, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía». Además, dispone que la investigación interna debe concluir en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la denuncia.

Cuando en mayo de 2022 se conocieron las denuncias contra el exgerente de prensa, Carlos Granada, procesado por acoso sexual, coacción sexual y coacción, las trabajadoras reclamaron que Albavisión incorpore este protocolo. Sobre todo, al trascender que Granada no era el único. Lejos estaba de ser un caso aislado, en un país donde 8 de cada 10 trabajadoras de prensa sufrieron acoso sexual durante su carrera y la mayoría trabaja en lugares que no tienen un protocolo ante el maltrato y acoso sexual, según una encuesta de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPC).

Sobre el punto, la periodista Noelia Díaz Esquivel recuerda que la Red entregó una nota en mesa de entrada de Canal 9, en la que consta el ofrecimiento de la organización para apoyar en la elaboración de un protocolo que atienda con perspectiva de género los casos de acoso sexual y moobing. Pero la empresa nunca contestó.

Resultados de la encuesta realizada por la Red de Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, en noviembre del 2022.

Pero la falta de adopción de un protocolo ante casos de mobbing y acoso sexual no es el único problema. En agosto de 2022, apenas tres meses después del estallido del caso Granada, comenzaron los despidos de trabajadoras; tres de ellas incluso dejaron constancia en el Ministerio de Trabajo de que las altas gerencias de Albavisión habían iniciado una persecución contra quienes denunciaron acoso, algo que solo recrudeció en los meses siguientes, como ocurrió con las periodistas Angie Prieto y Lorena Romero. Ante esto, la Red y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) habían solicitado al ministerio la fiscalización de la empresa, que se concretó en octubre de ese año y dio pie al sumario.

Si bien la fiscalización no consideró las denuncias de despidos, identificó otros incumplimientos de la normativa laboral —además de la falta del protocolo contra acoso— como la falta de una sala de lactancia. Durante la investigación, la empresa argumentó que cuentan «con un espacio cómodo y privado destinado exclusivamente para la extracción de leche materna» y que los «trámites de habilitación siguen su curso», por lo que a criterio del juzgado sumariante Albavisión cumple la ley. Respecto a que no contaban con guarderías, la empresa alegó que decidieron tercerizar el servicio. En todos los casos, al juzgado le bastó con los documentos que presentó la patronal para calificar que no hubo incumplimiento de la ley.

Esto, a pesar de que el grupo empresarial se encontraba en infracción, teniendo en cuenta que desde el 29 de octubre de 2018 está vigente la reglamentación del artículo 134 del Código Laboral (Resolución 519/2018) sobre la obligatoriedad de contar con servicio de guardería para los hijos e hijas de las y los trabajadores; y desde 2015 la ley de apoyo a la lactancia materna, que establece que las empresas deben tener salas de lactancia. Pasaron siete años desde la entrada en vigencia de la ley y aún así esas instalaciones no se encontraban disponibles en los canales de Albavisión.

A pesar de esto, para el juzgado no hubo elementos que ameriten la aplicación de sanciones y otorgó el sobreseimiento libre a la empresa sumariada. Bacigalupo, que en enero ya había renunciado a su candidatura al Senado, no tuvo problema en firmar la resolución que libró a Albavisión de cualquier sanción administrativa. La entonces ministra de Trabajo trabajaba de lleno en la candidatura del empresario y contratista del Estado, Luis Pettengill, por el movimiento colorado oficialista Fuerza Republicana; hoy senador de la nación. 

Desde la Red, consideramos muy preocupante que el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad administrativa encargada de regir la política laboral nacional y ejercer la regulación del régimen del Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; fiscalizando el cumplimiento de la normativa laboral y promoviendo la equidad para garantizar a la población condiciones de trabajo decente y empleo digno, haya realizado un sumario tan benevolente con la patronal, en este caso el grupo multimedios Albavisión. No solo pasando por alto la normativa vigente, sino que además sin efectuar ningún procedimiento para proteger a las trabajadoras que apoyaron a sus compañeras denunciantes de acoso, permitiendo que se consumaran persecuciones y represalias que culminaron en el despido injustificado de varias trabajadoras desde que estalló el caso Granada.

¡Las periodistas ya no se callan!

*Este material es la quinta entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay.