En todo el discurso que rodea al Decreto 1368 de porte de armas, las mujeres no aparecemos. Ni como argumento, ni como dato, ni como pregunta. El presidente habla de ciudadanos de bien, de delincuentes armados, de seguridad. No habla de las mujeres que el propio Estado tiene identificadas como personas en riesgo de ser asesinadas por sus parejas. No habla de lo que significa para una mujer que huye de un agresor ni de que ese agresor pueda circular armado legalmente. Nosotras sí vamos a hablar de eso.

Qué dice el decreto y qué no dice

El 8 de septiembre de 2026, Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 levantando la suspensión general del porte de armas que había estado vigente desde 2016. Lo hizo en video, mirando a la cámara, con una frase que resume todo su argumento: “ya era hora de devolverles la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien de que se puedan defender”.

Para entender qué cambió exactamente, hay que separar dos cosas, la tenencia y el porte de armas. El permiso de tenencia que autoriza tener el arma en un lugar fijo, como la casa o el negocio, nunca estuvo suspendido y el Decreto 1368 no lo toca. 

El permiso de porte, que autoriza llevar el arma consigo, sí quedó cubierto en 2016 por una suspensión general: el permiso seguía existiendo en el papel, pero por suspensión no servía. Y para que volviera a tener efecto, su titular debía tramitar además una autorización excepcional para sólo casos extremadamente puntuales adicionales. Lo que hace este nuevo decreto es levantar esa suspensión general. Por eso ahora, quien ya tenía su permiso de porte vigente, puede volver a salir con el arma, sin ese paso excepcional que antes se lo impedía. 

Lo que el decreto no hace es crear porte libre. No elimina requisitos, no crea nuevos permisos, no autoriza a cualquier persona a armarse. La promesa de campaña era más grande que lo que esta firma concreta modifica. Pero eso no lo dice el presidente.

 “A los delincuentes también les entra el plomo”

Este decreto no apareció de la nada. Abelardo de la Espriella ha defendido el porte legal de armas por años y convirtió esa idea en una promesa de campaña. Su discurso parte de una idea que ha ganado fuerza entre sectores de la derecha radical en distintos países: si el Estado no logra proteger a la población de los delincuentes, los “ciudadanos de bien” deberían tener más herramientas para defenderse por su propia cuenta. En Colombia, Abelardo lo ha dicho de forma particularmente explícita: “a los delincuentes también les entra el plomo”.

No sabemos si esto es todo lo que va a hacer o es la primera pavimentada hacia algo peor. Lo que sí sabemos es que lo vende como cumplimiento de una promesa mucho más grande. Es el mismo truco del muro de Trump: el gesto existe para alimentar la sensación de que se cumplió, aunque la realidad sea mucho más pequeña de lo prometido. Y en cualquier caso, sea gesto o primera pavimentada, el Gobierno no está preocupado por qué significa esta decisión para las mujeres. 

Para Abelardo el peligro siempre está afuera de las casas

El argumento del Gobierno es que, si los criminales ya tienen armas ilegales, ¿por qué los ciudadanos que cumplen la ley no deberían poder tener armas legales para defenderse? 

El problema con este argumento es que parte de la idea de que los agresores son delincuentes en la calle y que quienes deben defenderse se los encuentran fuera de sus casas. Para muchas mujeres en Colombia, esa no es la historia. El informe *Femicides in 2024* de la ONU estima que alrededor de 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares durante 2024. Eso representa el 60 % de todas las mujeres asesinadas intencionalmente ese año. Para los hombres, la proporción de homicidios cometidos por parejas o familiares fue del 11%.

El discurso presidencial asume que el peligro siempre está afuera, encarnado en el “bandido” que un ciudadano puede encontrarse en la calle. Pero la violencia contra las mujeres muestra un escenario distinto. El agresor muchas veces no llega a la vida de una mujer identificadose previamente como delincuente. Puede ser su pareja, su expareja, un familiar o alguien sin antecedentes conocidos de violencia de género.

La propia evidencia de Bogotá muestra esa diferencia: en el 26 % de los feminicidios analizados entre 2023 y 2024, el presunto agresor tenía antecedentes de violencia de género, mientras que en el 49 % se identificaron múltiples formas de violencia previa. Es decir, la ausencia de antecedentes conocidos no significa necesariamente ausencia de violencia. Una parte importante de estas agresiones ocurre en relaciones privadas, puede comenzar y escalar dentro de ellas y no necesariamente llega antes al conocimiento de las autoridades.

Ese es precisamente el problema de trasladar sin más la lógica de la seguridad frente al delincuente externo al ámbito de la violencia contra las mujeres. Para las víctimas, el riesgo no proviene de alguien que aparece de repente en la calle, sino de una persona que ya forma parte de su vida y conoce sus rutinas, sus horarios, dónde trabajan, dónde viven y quiénes son sus familiares. Y si esa persona obtiene acceso a un arma de fuego, la misma herramienta que el discurso oficial presenta como mecanismo de defensa puede convertirse en un instrumento de control y violencia dentro del hogar.

Esto tampoco es solamente una preocupación teórica

Cuando los estados de Estados Unidos con más de 40 disposiciones restrictivas sobre armas se comparan con los que tienen menos, la tasa de homicidio de mujeres a manos de sus parejas es 56 % menor. Y cuando se analiza específicamente qué ocurre al restringir el acceso a armas de personas sujetas a órdenes de protección por violencia doméstica, los homicidios de mujeres a manos de sus parejas disminuyen un 7 %.

Estos estudios no dicen que “un arma cause un feminicidio”. Pero dicen algo mucho más incómodo para quienes defienden el Decreto 1368: que cuando existe violencia de pareja, el acceso a armas por parte de quien agrede aparece consistentemente como determinante de la letalidad de esa violencia.

El argumento del presidente cabe en una frase que él mismo usó al firmar el decreto: “ya era hora de devolverles la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien de que se puedan defender”. Buenos contra malos. “Gente de bien” contra criminales. Una narrativa tan simple que no necesita datos, y por eso no los presenta: la única cifra que ofrece, que el 99,9 % de los delitos se cometen con armas ilegales (dato desmentido por Colombia Check cuando lo dijo por primera vez Maria Fernanda Cabal) es lanzada sin fuente, sin metodología, sin nada que la respalde. 

Lo que sí es verificable es que Santos suspendió durante su mandato el porte precisamente porque los estudios mostraban que llevar un arma aumentaba la disposición a usarla. Tan fuerte fue la evidencia que Duque y Petro, con todas sus diferencias, mantuvieron esa restricción. Y también es verificable que Colombia terminó 2025 con 14.780 homicidios, el año más violento de la última década. En ese contexto, De la Espriella decide que la respuesta al mayor número de homicidios es más armas en la calle.

En todo ese discurso, las mujeres no aparecemos. Ni una vez.

El decreto habla de una persona genérica que puede defenderse mejor si lleva un arma. Pero esa persona genérica no existe. Existe un hombre que amenazó a su expareja el año pasado y que ahora, legalmente, puede cargar un arma en la calle. Existe una mujer que está intentando salir de una relación abusiva mientras su agresor tiene acceso facilitado a armamento. Existe una política pública que amplía ese acceso sin preguntarse a quiénes beneficia y a quiénes expone. Y eso no es una omisión accidental. Es una decisión política que tiene consecuencias reales.

Hay otro punto que vale la pena subrayar: muchas de las armas que se usan en violencia de pareja no vienen de afuera. Ya estaban adentro. La pregunta sobre si flexibilizar el acceso hace a las mujeres más seguras no puede responderse mirando únicamente el espacio público. Tiene que mirar también lo que ocurre en las casas. Y allí, la evidencia no apoya la narrativa de la autodefensa universal.

Colombia tiene evidencia propia

En 2000, Andrés Villaveces y un equipo de investigadores publicaron en JAMA el estudio Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities. Analizaron las restricciones temporales al porte de armas implementadas en Cali entre 1993 y 1994 y en Bogotá entre 1995 y agosto de 1997. Durante los períodos en los que estaba vigente la prohibición, la incidencia de homicidios fue menor: el estudio encontró una reducción asociada del 14 % en Cali y del 13 % en Bogotá.

Pero tenemos algo todavía más interesante. En 2020, Andrés I. Vecino-Ortiz y Deivis N. Guzmán-Tordecilla publicaron en el Bulletin of the World Health Organization el estudio Gun-carrying restrictions and gun-related mortality, Colombia. Los investigadores estudiaron qué ocurrió después de que Bogotá y Medellín establecieran restricciones permanentes al porte de armas en 2012, comparándolas con otras siete ciudades colombianas de más de 500.000 habitantes que no tenían la misma restricción.

El resultado fue una reducción del 22,3 % en la mortalidad mensual relacionada con armas de fuego. Los investigadores también separaron los resultados por sexo y por lugar: la reducción fue de 22,4 % en espacios públicos y de 18,3 % en residencias. Para las mujeres, el estudio encontró una reducción de 6,3 % en muertes relacionadas con armas en espacios residenciales.

En Colombia existe evidencia de que restringir el porte de armas reduce la mortalidad relacionada con armas de fuego de mujeres en espacios privados. Eso debería formar parte de la discusión cuando un Gobierno decide levantar una restricción de este tipo. 

La fantasía del héroe armado

Todo lo que sabemos sobre armas en el hogar, sobre violencia de pareja, sobre los propios datos colombianos, apunta en una sola dirección: el camino es reducir el acceso a las armas, no ampliarlo. Esa es la conclusión que se sigue de la evidencia. Y es exactamente lo contrario de lo que este decreto hace.

El discurso que lo acompaña es populista. El presidente se las da de guardián de la seguridad, de hombre que protege a los ciudadanos de verdad mientras el Estado fallido no puede. Pero ese personaje viene de una fantasía muy específica: la del héroe armado que identifica al malo, saca el arma y gana. Buenos contra malos. Claro, simple, machista.

En la vida real el arma que supuestamente protege a la familia es la misma que la pone en peligro cuando hay violencia. La fantasía del héroe armado no describe el mundo en el que viven las mujeres. Describe el mundo en el que a ciertos hombres les gustaría vivir.

Un presidente que genuinamente quisiera proteger a las mujeres no flexibilizaría el acceso a las armas: haría exactamente lo contrario. A quien este decreto protege no es a las mujeres. Es una narrativa electoral construida sobre una ficción machista.

Que esto no sea un paso hacia la restricción sino hacia la laxitud no es un alivio. Es una señal. O el Gobierno le miente a su electorado sobre lo que significa la seguridad, o esto es el comienzo de algo peor. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora.

Y en cualquier caso, como siempre, se decide a espaldas de las mujeres. Sin preguntarles, sin citarlas, sin ver las estadísticas sobre ellas. Sin tomarlas en serio como sujetos políticos que tienen algo que decir sobre las condiciones en las que viven y mueren.