Editorial Chile | Revista Emancipa

Mientras el Presidente José Antonio Kast bromeaba ante un selecto auditorio de empresarios en el foro Latam Focus del banco BTG Pactual —ironizando que “era más barato comer un sanguchito adentro que ir a un restaurante”— el Ministerio de Hacienda firmaba, en silencio, el Oficio Circular N°16, fechado el 21 de abril de 2026. Ese documento, dirigido a todos los ministerios, no tiene nada de gracioso: instruye el desmantelamiento sistemático de la oferta programática del Estado, comenzando por la educación pública.

La motosierra

El gobierno llegó con un diagnóstico simple y una receta conocida: el Estado gasta demasiado, los impuestos ahogan la inversión, y la solución es recortar. El Oficio Circular N°16 va al fondo: recomienda a los ministerios formular el presupuesto 2027 bajo un “marco de mediano plazo 2027-2031” con un techo de gasto que no podrá superar lo aprobado para 2026, ya descontados los dos recortes implementados este año. El lenguaje burocrático es aséptico, pero el contenido es brutal: al Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministeriode Hacienda le recomienda descontinuar 15 programas y aplicar recortes de al menos un 15% a otros 42. Entre los que se eliminan directamente está el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con una ejecución de más de $1 billón de pesos en 2025. También se propone descontinuar el PACE, la Reinserción Escolar, el Sistema Nacional de Inducción y Mentoría docente, y el Programa Nacional de Lectura, entre otros. Esto no es austeridad. Es destrucción deliberada.

La reforma tributaria que no se llama reforma tributaria 

La pregunta que el gobierno no quiere responder es: ¿por qué recortar si al mismo tiempo se reduce la recaudación fiscal? La respuesta requeriría una honestidad que Kast no está dispuesto a practicar. La llamada “Ley Miscelánea” -puede que no sea relevante esto que vamos a decir, pero: es muy ordinario que tu proyecto de Ley estrella, sea una Ley  Miscelanea-, disfrazada de plan de emergencia post incendios, incluye como corazón político la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas del 27% al 23%, invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, y una regularización de capitales offshore con tasa preferencial del 10%. En términos simples: un perdonazo histórico a los que más tienen, envuelto en el celofán de la reconstrucción. El gobierno insiste en no llamarle reforma tributaria, quizás porque tendría que explicar que los hijos de las familias trabajadoras dejarán de almorzar en el colegio para que las grandes corporaciones paguen cuatro puntos menos de impuestos. La economista Andrea Repetto, miembro de la propia Comisión Marfán convocada por el gobierno, advirtió que el plan es “altamente riesgoso para las finanzas públicas” y que el costo fiscal de la rebaja corporativa no tiene garantía de compensación via crecimiento. Es decir, Lo que dejan de pagar los ricos, lo pagamos quienes trabajamos día a día.

Vale la pena detenerse en algo que el discurso oficial se encarga de oscurecer: los impuestos los pagamos todas y todos. La trabajadora de supermercado, el repartidor, la dueña de casa, etc. Con esos impuestos, el Estado financia el almuerzo que reciben cada día cientos de miles de niñas y niños en sus escuelas. Cuando el gobierno elimina el PAE, las familias seguirán pagando los mismos tributos, pero ese dinero ya no volverá en forma de almuerzo para sus hijos e hijas. Lo que antes cubría el Estado, lo tendrá que cubrir el bolsillo de cada familia. Lo que dejan de pagar los que más tienen, lo terminan pagando —de otro modo y con otro esfuerzo— quienes tienen menos.

Lo que ningún informe técnico de Hacienda menciona, es que las familias más vulneradas no podrán reemplazar la calidad nutricional que entrega el Programa de Alimentación Escolar, en el caso que se disminuya o se discontunúe. El programa entrega comida balanceada, diseñada para niños y niñas en etapa de desarrollo. Una familia en situación de pobreza no puede costear eso con su salario. Las consecuencias de esto no son abstractas y se pueden materializar en mayor desnutrición, mayor obesidad, menor concentración en el aula, peores resultados educativos o más enfermedades crónicas en la adultez. El hambre de hoy es rezago para mañana. Y ese rezago, también, lo pagamos todas y todos, pero con mucho más interés.

Las mujeres que sostienen lo que el Estado abandona

Hay una dimensión que el debate económico suele invisibilizar: en Chile, la feminización de la pobreza es un hecho estructural. Las mujeres ganan menos, tienen empleos más precarios, y cargan de manera desproporcionada con el trabajo de cuidado. Cuando se elimina el almuerzo escolar, quien resuelve el hambre en la tarde es, en la enorme mayoría de los casos, una mujer. Con menos tiempo, menos recursos y más agotamiento.

La eliminación del PACE cierra puertas de movilidad social para niñas y jóvenes que tienen en la educación su principal herramienta de futuro. Y la supresión de  programas como el de reinserción escolar y convivencia no ocurre en un vacío: ocurre en comunidades donde la desprotección es caldo de cultivo de la violencia, esa misma violencia que afecta con mayor intensidad a las mujeres en el espacio público.

El sanguchito y el billón

El Presidente Kast bromeó. Los banqueros rieron. Ese mismo día, en las poblaciones de la Región Metropolitana, en los liceos de la Araucanía y las escuelas rurales del Biobío, nadie reía. El Oficio Circular N°16 llama a todo esto un “cambio de paradigma”. La Minuta de DIPRES afirma con toda su solemnidad técnica que “en el mediano plazo no hay costos fijos ni obligaciones ineludibles”. Es decir: nada es sagrado. Todo lo que el Estado construyó en décadas puede eliminarse. Ese billón que ejecutó el PAE en 2025 no desaparece porque el programa sea ineficiente: desaparece porque alguien tiene que pagar la rebaja de impuestos a las empresas. Y ese alguien, como siempre, son las familias que más necesitan al Estado. La motosierra de Kast no corta parejo. Corta abajo, donde viven las mujeres que trabajan, que cuidan, que educan. Donde crecen las niñas y los niños que dependen de que el Estado esté presente. No es sólo un ajuste. Es una elección política.