En Paraguay, más de 3.500 niñas, niños y adolescentes denunciaron abuso sexual en un solo año. Son al menos nueve denuncias por día. Detrás de cada número hay una infancia con rostro, con nombre, con sueños interrumpidos. Denunciar debería significar protección y justicia. Pero, en demasiados casos, la denuncia se convierte en el inicio de una nueva violencia: la que ejerce el propio sistema que debería cuidarlas.

Un caso que desnuda las fisuras del sistema

Hace unos meses, una niña se animó a denunciar a su padre quien además se desempeñaba como un alto funcionario del gobierno. El gobierno celebró públicamente su reacción “rápida” al removerlo del cargo, pero lo que vino después mostró la crudeza de nuestras instituciones: meses sin imputación, intentos de desestimar la causa bajo el argumento de que “los hechos no ocurrieron como fueron relatados”, exclusión de pruebas claves y omisión de la psicóloga que evaluó a la víctima.

La madre de la joven denunció que su hija debió declarar en cinco ocasiones, cuatro de ellas exigidas por la Fiscalía. El proceso, en lugar de protegerla, la obligó a revivir una y otra vez su dolor. Así, la justicia terminó siendo una segunda agresión.

Más violencia después de la violencia

La revictimización no es un error aislado: es parte de un patrón.

– Procesal, cuando se obliga a una niña a repetir su relato hasta el agotamiento.

– Institucional, cuando se descartan pruebas y se desacredita su voz.

– Simbólica, cuando el Estado actúa solo para la foto y no para garantizar reparación.

Cada silencio, cada demora, cada prueba ignorada envía un mensaje brutal: tu voz no importa, tu dolor es negociable.

Infancias sujetas de derecho, no de compasión

Es urgente recordar que niñas, niños y adolescentes no son objetos de tutela ni propiedad familiar: son sujetas y sujetos de derecho. Tienen derecho a ser escuchadas, a recibir acompañamiento psicológico y legal digno, y a que se respete su verdad sin cuestionamientos arbitrarios.

El Estado no puede seguir tratándolas como piezas de un expediente. La ternura también es política pública: significa garantizar cuidado, escucha y protección real.

La deuda de Paraguay

La mayoría de los abusos sexuales contra niñas y adolescentes ocurre en el entorno de confianza: la propia familia, la escuela, la comunidad. Si la justicia no responde con rapidez y sensibilidad, si no evita que la víctima reviva su dolor, el mensaje que recibe toda la sociedad es que denunciar no vale la pena.

Necesitamos fiscales, jueces, policías y operadores con perspectiva de género y de niñez. Protocolos claros que eviten la revictimización. Transparencia sobre por qué se excluyen pruebas o se piden desestimaciones. Y un compromiso político que vaya más allá de los titulares.

Cerrar heridas, no abrir nuevas

Cada niña que denuncia realiza un acto de valentía y confianza. Si la respuesta es revictimizarla, esa confianza se rompe y la herida se profundiza.

Denunciar debería ser un paso hacia la libertad y la reparación. Hoy, en muchos casos, es apenas la puerta a un nuevo calvario y esa es una deuda que Paraguay no puede seguir acumulando con sus infancias. No importa el nombre: podría ser cualquier niña o niño en cualquier rincón del país. Tampoco debería importar quién sea el adulto denunciado, ni su poder ni su dinero. Cuando la justicia prioriza a los agresores, está dejando de lado a quienes deberían estar en el centro: las infancias, que son las verdaderas constructoras del Paraguay que viene.

*Por Noelia Díaz Esquivel / @noediazesqui 

Cuando una mujer siembra, no planta solo semillas porque lo que cosecha es futuro. Así empieza la historia de cientos de mujeres que, cansadas de que sus saberes queden invisibles, deciden emprender.

Bajo estas consignas, la organización Pro Comunidades Indígenas (PCI) puso manos a la obra diseñando y ejecutando un ambicioso proyecto para las mujeres chaqueñas. El objetivo fue crear oportunidades económicas sostenibles que respeten la naturaleza y fortalezcan la autonomía femenina.

“Primero producir, después aprender cómo vender lo que producís. Y ahí entró el marketing digital. Se crearon ferias, pero vender tampoco era suficiente. Había que llegar al mercado de verdad”, cuenta Cintya Martínez, de PCI.

Cintya Martínez, técnica de Pro Comunidades Indígenas PCI. Fotografía: Leo De Blas.

El plan se puso en marcha en 2023, acercando capacitaciones en contabilidad básica, marketing digital y herramientas audiovisuales. Aprendieron a calcular costos reales, a poner precio justo a sus productos, ingresaron al sistema bancario para evitar pérdidas en comisiones abusivas. Varias ya tienen su cuenta bancaria, su factura propia y hasta accedieron a créditos para crecer.

Taller de capacitación en contabilidad básica, llevado a cabo en Maria Auxiliadora, distrito de Fuerte Olimpo, Chaco. Fotografía: gentileza PCI.

Diversidad de rubros, un mismo objetivo

En cada territorio se identificaron rubros distintos, siempre ligados al entorno. Apicultura y meliponicultura para aprovechar la miel de abejas nativas, horticultura y avicultura, donde descubrieron que procesar los productos genera mayor ganancia. Artesanía, gastronomía, animales menores y pesca, según las posibilidades de cada comunidad.

Exposición de productos durante la 2da FERIA PROVINCIAL DE LA MELIPONICULTURA, realizado en la ciudad de Capioví, provincia de Misiones, Argentina. Fotografía: gentileza PCI:

Lo importante no fue solo diversificar, sino fortalecer cada organización y la solidaridad entre mujeres. Antes competían entre ellas, creyendo que poniendo precios más bajos que la vecina, iban a salir ganando. Efectivamente vendían más rápido, pero con pérdidas. Hoy acuerdan precios justos y se apoyan mutuamente: si una no tiene producto, otra le presta. Después, cuando vende, devuelve, según explica Cintya. Una red de sororidad que asegura que todas ganen. “Con las capacitaciones vimos que crecer como asociación también es apoyarse para que cada una tenga las mismas oportunidades”, resalta.

Bancarización y precios justos: aprender a valorar el trabajo

Uno de los grandes aprendizajes de las mujeres fue poner en números su propio esfuerzo. Antes, muchas vendían sus productos sin calcular realmente cuánto invertían en semillas, en alimento para los animales, en transporte o en su propia mano de obra. Así, terminaban vendiendo barato y perdiendo dinero sin darse cuenta.

Con las capacitaciones en contabilidad básica aprendieron a registrar gastos e ingresos, a calcular cuánto cuesta producir un kilo de miel, criar una gallina o elaborar una artesanía. Y desde ahí, a fijar un precio justo, que cubra los costos y deje una ganancia que valga su trabajo. 

Taller de bancarización en Alto Paraguay. Fotografía: gentileza PCI.

La otra pata fundamental fue la bancarización. Hasta hace poco, muchas recibían pagos en giros o incluso en mercadería, perdiendo hasta un 10% de lo que les correspondía. Hoy, gracias al apoyo de WWF – Paraguay que articuló para que las capacitadoras del Banco Nacional de Fomento (BNF) lleguen a sus territorios, tienen cuentas bancarias propias, tarjetas y hasta acceso a créditos. Eso les permite cobrar directamente lo que venden, sin intermediarios, y manejar su dinero con más seguridad y autonomía. Con estas herramientas, las mujeres ya no solo producen: también son empresarias, capaces de decidir, negociar y proyectar su crecimiento.

Formalización y salida al mercado

El salto cualitativo fue la formalización. Asociaciones de mujeres y grupos de jóvenes apicultores registraron su producción, crearon logos y etiquetas propias, fortalecieron su imagen. Ahora venden como productoras organizadas, con más credibilidad en el mercado.

“Después de estas capacitaciones hay varias emprendedoras que hicieron su factura propia, tienen su cuenta bancaria y hacen pagos electrónicos. Son súper cool, ya están en otro nivel”, dice Cintya con una sonrisa orgullosa. Ese proceso cerró el círculo: producir, vender y cobrar de forma justa. Lo que antes se perdía en manos de intermediarios o giros con comisiones, hoy queda en las manos de las productoras.

El apoyo del proyecto Voces para la Acción Climática Justa (VAC) fue decisivo para consolidar este camino. La cooperación posibilitó el financiamiento de capacitaciones, acompañó procesos de organización y facilitó la llegada de servicios financieros a comunidades alejadas, donde antes era impensable que el BNF habilitara cuentas.

Gracias a ese empuje, más de 12 asociaciones de mujeres y 6 de apicultores fortalecieron sus capacidades, y decenas de emprendedoras lograron insertarse en el mercado con mayor seguridad y autonomía.

En el Chaco, donde la sequía parece eterna, hoy florecen mujeres que tejen dignidad con sus manos. Cada bioemprendimiento es un canto de libertad. Una mujer que logra vender su miel, su gallina o su artesanía, está asegurando alimento, educación y futuro para su familia.

Porque cuando una mujer emprende, no se enriquece sola: enriquece a toda su comunidad. Y en esa red solidaria, hecha de raíces y alas, crece la esperanza de un Chaco con igualdad, dignidad y vida plena.

*Edición: Mónica Bareiro @monibareiro

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