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Se trata de una nueva postergación, ya que al principio se estableció que el juicio comience en octubre de 2025, pero posteriormente al reclamo gremial y de abogados, se anunció que la audiencia arrancaría en setiembre de este año, casi dos años y medio después de la apertura del caso en la Fiscalía. Ahora, esta fecha vuelve a dilatarse.
Según Rodrigo Yódice, abogado que representa a las denunciantes, la audiencia fue pospuesta para el 5 de noviembre próximo, debido a la sobrecarga de los tribunales y a maniobras dilatorias de la defensa del acusado.
Desde mayo de 2022, las denunciantes luchan por justicia. Las fiscalas Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva imputaron a Granada en agosto de 2022 por acoso sexual, coacción y coacción sexual y solicitaron su detención, pero el acusado se mantuvo prófugo durante varios meses hasta que en febrero de 2023 se entregó meses después y fue beneficiado con prisión domiciliaria. En mayo, Granada obtuvo libertad ambulatoria.
«Estamos preocupados por el retraso en el inicio del juicio oral. La causa se ha convertido en un emblema por la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas. Sin embargo, los tribunales de sentencia están colapsados, y esto ha dificultado la conformación del tribunal encargado del caso», expresó Yódice.
La jueza Laura Ocampo presidirá el tribunal, acompañada por Cándida Fleitas, pero debido a inhibiciones y excusas por recargo de trabajo, falta determinar quién será el tercer juez. Por otro lado, la defensa de Granada interpuso recursos para impedir el inicio del juicio, argumentando inconstitucionalidad y otras cuestiones legales. No obstante, Yódice sostiene que estas tácticas no deberían retrasar más el proceso.
«Las víctimas necesitan una resolución dentro de un plazo razonable. No puede haber justificación para seguir postergando el juicio», afirmó el abogado. Las trabajadoras de prensa, apoyadas por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, continúan exigiendo justicia y que el juicio se lleve a cabo en la nueva fecha establecida.
El caso de Carlos Granada pone en evidencia, una vez más, las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral para obtener justicia, destacando la necesidad de una respuesta judicial más rápida y efectiva para proteger los derechos de las mujeres. La justicia que llega tarde no es justicia, ni garantiza reparación alguna.
¡Las periodistas ya no se callan!
*Este material forma parte de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay.
