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Hasta 1932, en Colombia, una mujer no podía tomar decisiones propias ni al cumplir la mayoría de edad. Decidía el padre. Luego, el marido. Fue necesario un acto legislativo para que la ley reconociera que éramos sujetas de derechos, no extensiones de un hombre. Veintidós años después, en 1954, conseguimos votar. Lo consiguieron mujeres organizadas que aguantaron burlas, desprecio y décadas de puertas cerradas. Después vendría el divorcio, la igualdad jurídica, la tipificación del feminicidio como delito autónomo “La Ley Rosa Elvira Cely”, construida por organizaciones de mujeres que defienden los derechos humanos y la vida, y en 2022, el aborto libre hasta la semana 24, el derecho que Colombia le ganó al continente no por generosidad de ningún presidente sino por la demanda de Causa Justa ante la Corte Constitucional.
Cada uno de esos derechos costó generaciones. Y todos están en el menú de lo que un proyecto como el de Abelardo puede desmontar, uno por uno, sin que él tenga que decirlo explícitamente.
Porque Abelardo no habla de quitar derechos. Habla de la familia. Habla de “valentía, generosidad, humildad y amor incondicional”, que es su manera de describir el trabajo de cuidado no pagado que recae sobre las mujeres. El 89,8% de las mujeres colombianas realiza trabajo no remunerado, dedicando en promedio más de siete horas diarias a esas labores, más del doble que los hombres. El DANE calcula que ese trabajo equivale al 20% del PIB nacional, por encima del comercio y la manufactura. Eso no es amor. Es la economía y llamarlo virtud es la forma más elegante de no pagarlo.
Habla de “la estabilidad del hogar como fundamento del orden nacional” y también de roles “definidos” en la crianza, lo que excluye a las familias que no caben en su molde. Habla de Dios con quien tiene, según él mismo, comunicación directa sobre su candidatura como argumento de política pública, justo cuando quiere sacar a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el organismo que ha sido escudo regional de los derechos sexuales y reproductivos. Y habla de armar a los civiles en un país donde, entre enero y agosto de 2024, Medicina Legal registró más de 32.000 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y 187 feminicidios, el 69% cometidos con un arma encontrada en el propio hogar.
¿Entonces cuál es el peligro de Abelardo? Que sea exactamente lo que parece: un hombre que cree sinceramente que la familia tradicional protege a las mujeres, cuando los datos dicen que es precisamente ahí donde más nos matan. “La manada del tigre avanza con la convicción de que solo el amor constante y la autoridad moral pueden devolverle la grandeza a nuestra amada patria”.
Vale la pena entonces preguntarse de qué familia está hablando, porque la Colombia real no se parece mucho a la que él describe. Según el DANE, el 46,5% de los hogares colombianos están encabezados por una mujer, y en el 68,8% de esos casos, esa mujer no tiene pareja. Son 8,5 millones de hogares sostenidos por madres, tías, abuelas, hermanas mayores, la red de cuidado invisible que este país ha necesitado siempre y que ningún discurso sobre la familia tradicional ha sabido nombrar. Y cuando los padres están, no siempre responden: cada año se presentan entre 16.000 y 70.000 denuncias por inasistencia alimentaria, el 86% contra hombres, y el 92% de las demandas de alimentos las interponen mujeres que quedaron solas frente a la crianza. Ignorar ese país no es un error político: es una forma de violencia.
El problema no es que Abelardo crea en Dios. Así como lo dice anunciando su cierre de campaña: “Cerraré mi campaña en el último día de plaza pública en la ciudad del milagro. Iré ante el Señor de los Milagros en Buga para pedir la sanación de nuestra nación y rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”.» El problema es que Colombia es un Estado laico y social de derecho, y ningún presidente puede imponer su lectura de la familia a toda la población. La Constitución del 91 nació precisamente de reconocer que en este país conviven infinidad de religiones, de formas de vivir, de maneras de entender el mundo y que esa pluralidad no es un defecto sino lo que nos define. Los derechos de los niños y las niñas no le pertenecen a la familia tradicional ni a ninguna doctrina: les pertenecen a ellos. Y en un país tan violento como Colombia, donde la garantía de derechos ha costado vidas, no puede estar subordinada a las creencias personales de quien gobierna.
Esta es una pregunta para todas las mujeres que quieran leer esta columna, sin importar cómo voten el 21 de junio: ¿a quién le entregamos la custodia de los derechos que tardamos décadas en conquistar? Porque nadie nos los dio. Los peleamos nosotras en las calles, en los juzgados, ante las cortes, desde el duelo convertido en ley. Y esa historia no se le puede entregar a quien ni siquiera la conoce.
