*Por Clemen Bareiro Gaona

El 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno y el país vio filas, retiros congelados y gases lacrimógenos. Dos días después, el presidente Santiago Peña anunció su renuncia, mientras Diputados aprobaba por unanimidad una acusación en su contra.

Detrás de cada una de esas filas había alguien haciendo cuentas: cuánto alcanza hasta fin de mes, quién cobra la jubilación de la abuela, qué se paga primero y qué se deja para después.

Esto no es solo una crisis de gabinete ni una pelea de cúpulas coloradas, como lo leen muchos análisis. Es una vez más que la clase política nos deja debiendo, y una vez más que lo pagamos con nuestro ahorro, nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Y que ya estemos acostumbradas a que nos joda la vida es parte del problema.

No hace falta probar un pacto secreto para ver el problema; alcanzan los hechos que ya constan. Ueno, que nació como banco en 2021, llegó a tener unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Su expresidente de Financiera Ueno, Carlos Carvallo, que ya había sido director del Banco Central entre 2015 y 2020, volvió a presidir el BCP en agosto de 2023: el regulador pasó a estar a cargo de quien había dirigido a la entidad regulada. El camino inverso también existió, con un ex jefe de Gabinete del directorio del BCP al frente de Ueno Bank.

En su declaración jurada de 2023, el presidente Peña tenía acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones y certificados de depósito en el banco por G. 2.400 millones. En agosto de 2024 recibió dos veces al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS); el 29 de ese mes el Consejo del IPS aprobó bonos de Ueno por hasta G. 250.000 millones. Los certificados de depósito de Ueno en la previsión de los trabajadores pasaron de G. 359.000 millones en octubre de 2024 a G. 1,28 billones en abril de 2025. Peña dejó de ser accionista ese mismo año.

El 3 de noviembre el BCP intervino el banco por una solvencia inferior a la mitad del mínimo exigido. La Fiscalía imputó a 27 personas por hechos como lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra, y Diputados acusó a Peña por conflicto de intereses, beneficio patrimonial indebido y enriquecimiento ilícito. Son acusaciones, no condenas: todas las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia, y será la Justicia la que determine responsabilidades.

Pero hay una pregunta política que no espera a ningún juicio: por qué no había ninguna barrera entre el regulador, el regulado y el dinero de las y los jubilados. Y otra: por qué el partido que llevó a Peña a la presidencia anunció que “no estaremos del lado del latrocinio” recién cuando el banco colapsó y la pelea interna ya estaba abierta.

Quienes sostienen la vida pagan el desastre

Cuando se dice 2,9 millones de clientes, se habla de casi la mitad del país. Hogares de bajos ingresos que tenían ahí su cuenta de sueldo, su ahorro para el año, la plata de la cuota escolar. Unos 32.000 jubilados cobraban su haber a través de Ueno. Y la Cámara de Diputados estima en unos 355 millones de dólares los fondos del IPS comprometidos, una cifra que aún no es oficial, pero que habla de lo que está en juego: la jubilación de quienes trabajaron toda su vida.

El Congreso reformó a las apuradas la ley de garantía de depósitos y el anticipo a ahorristas llega hasta 40 salarios mínimos, con un tope de G. 121.760.000 por cliente. Es un alivio necesario. Pero ningún anticipo devuelve las horas de fila, el mes de angustia ni la confianza rota de quienes hicieron las cosas bien: ahorrar, bancarizarse, no endeudarse con prestamistas.

La factura de una crisis financiera no la paga quien tomó las decisiones. La paga quien no estaba en la mesa.

Las feministas lo venimos diciendo hace décadas: cuando el dinero se pierde, el trabajo de cuidados se multiplica. Cuando una familia queda sin acceso a sus ahorros, alguien recorta la comida, alguien consigue el préstamo, alguien acompaña a la abuela al banco, alguien explica a los hijos por qué este mes no hay. Esa economía invisible, que casi no figura en ningún informe del Banco Central, se sostiene con tiempo y cuerpo de mujeres. La crisis de Ueno es también una crisis de cuidados.

Y mientras tanto, las decisiones se toman sin nosotras. La sucesión de Peña se planificó en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) entre Horacio Cartes y Pedro Alliana, y el partido ya propuso a Antonio Barrios como vicepresidente. En el Congreso hay 18 mujeres entre 80 diputados. Hubo dos gobernadoras electas en 2023. ElPartido Liberal Radical Auténtico (PLRA) redujo en su estatuto al 20% la participación mínima de mujeres en candidaturas legislativas, y las senadoras Katya González y Norma Aquino fueron reemplazadas por hombres. Las candidaturas femeninas a intendencia subieron a 15,9% en 2026: es un avance, pero sigue siendo un techo bajo.

No es casualidad. Un sistema político que se maneja entre hombres, entre amigos y entre socios, sin barreras claras entre el poder, el negocio y el ahorro público, es un sistema que decide sobre nuestras vidas sin tener que responder por ellas. Y cuando algo explota, se resuelve con un cambio de rostros y no de reglas.

A eso se suma una contradicción difícil de ignorar: a las organizaciones sociales y feministas que sostenemos el tejido comunitario y vigilamos al poder se nos exige rendir cuentas con la Ley 7.363, que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y otras organizaciones consideran un retroceso y que sigue impugnada ante la Corte. Al regulador y al regulado, en cambio, nadie les pidió distancia a tiempo.

Nos acostumbramos a que cada crisis se cierre igual: alguien renuncia, alguien asume, el partido se reacomoda y el país sigue como si nada. Si Pedro Alliana asume con el aval de Cartes, cambiará el rostro, pero el Partido Colorado conservará el control del Ejecutivo y del Congreso. Un cambio de rostro no es un cambio de reglas.

Por eso, desde una mirada feminista, lo mínimo que corresponde exigir es esto:

No queremos otra foto de hombres decidiendo en una sede partidaria. Queremos que la próxima vez que haya que hacer fila, no la hagamos en silencio ni sin memoria. Esta vez, que nos rindan cuentas a nosotras.

La delegación tuvo que contestar varias preguntas del Comité. Muchas de las respuestas fueron evasivas o incompletas.

Aquí analizamos algunas de ellas:

¿Es cierto que Paraguay no necesita una ley contra toda forma de discriminación porque el principio de igualdad ya está garantizado por la Constitución Nacional?

Ana Peláez Narváez, miembro del Comité, consultó sobre por qué Paraguay no ha seguido la recomendación (reiterada) de aplicar la ley contra toda forma de discriminación. 

La delegación respondió: 

“La falta de una ley reglamentaria no puede ser invocada para negar o menoscabar ningún derecho o garantía inherente a la persona humana. Por lo tanto, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación tienen plena vigencia y constituyen obligaciones para el Estado”. Alicia Pomata, Ministra de la Mujer.

A pesar de citar otras leyes sectoriales, como la Ley 6940 sobre racismo o Ley 5446 para mujeres rurales, la Ministra no respondió a la pregunta concreta.

No es cierto que el principio de igualdad y la prohibición de la discriminación rijan plenamente en el Paraguay. Es una garantía formal, que no cuenta con mecanismos efectivos de reclamo y protección. 

O cómo se explica que… 

• Las mujeres siguen percibiendo 24% menos ingresos laborales a diferencia de los hombres, a pesar de estar más escolarizadas. 
• La palabra género está prohibida en materiales e instituciones educativas. 
• Las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo doméstico no remunerado y dos veces más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres. 
• Las identidades diversas siguen siendo negadas y hasta criminalizadas.  

¿Existen políticas que protegen a las personas de la diversidad sexual y de género en Paraguay?

A la consulta sobre políticas que protegen mujeres LBTI, la delegación respondió:

“En el Ministerio de Defensa Pública, nadie queda afuera. Desde octubre de 2020, rige en todas las sedes, que son 52 a nivel nacional, el protocolo para personas LGBTI resolución 1287. La orientación, la identidad, o la expresión de género no pueden limitar el ejercicio de ningún derecho y nunca puede ser motivo para negar ni empeorar la defensa de una persona”.  Javier de Jesús Esquivel, Defensor general del Ministerio de la Defensa Pública. 

Esto es cierto. Este protocolo es uno de los pocos servicios inclusivos que existe en el Paraguay. 

Citado en varias ocasiones en el Informe de DDHH de la Codehupy, por su gran valor simbólico pero también por su utilidad práctica, resolviendo cuestiones de la vida de muchas personas, como por ejemplo de madres lesbianas perseguidas por sus exmaridos. 

¿Se traducen los discursos de igualdad de género del Estado paraguayo en políticas públicas?

Ante la pregunta sobre el presupuesto para la ley MAFE, que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata, el comité dijo: 

“Cuando la demanda es grande, los presupuestos siempre son insuficientes. Tenemos que trabajar en la calidad del gasto y en la articulación interinstitucional. […] Entendemos que la política del Estado no es un mero discurso, sino que es una política de estado operativa, técnica, descentralizada que garantiza la igualdad ”.  Alicia Pomata, Ministra de la Mujer.

Una vez más, la ministra respondió de forma evasiva, cambiando el foco del cuestionamiento. 

La Ley MAFE no cuenta con un presupuesto específico, se nutre de la infraestructura y el personal del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. 

Muchas organizaciones como la Codehupy, ven como positiva la implementación de esta ley. Sin embargo, también mencionan que: 

“Hasta hoy, una desaparición de persona no constituía una acción de respuesta rápida por parte de la Policía Nacional. Peor aún: las respuestas que reciben familiares que acuden por ayuda a las autoridades responsables suelen ser inapropiadas y cargadas de desinterés”.

¿Funciona el sistema de protección en Paraguay o se trata de simple burocracia?

Con respecto al acceso a la justicia en casos de violencia sexual, el comité mencionó:

“Ante situaciones de violencia sexual, los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia, disponen de manera inmediata medidas cautelares de protección urgentes, incluyendo la prohibición de acercamiento y mantenimiento a distancia, exclusión inmediata del agresor del entorno familiar, o restricción severa de acercamiento a la víctima”.  María Carolina Llanes, Ministra de la Corte Suprema de Justicia

Es cierto que las medidas de protección urgentes como la prohibición de acercamiento pueden salir de manera inmediata. Sin embargo, esas medidas no siempre se cumplen, ya que no existe un mecanismo de monitoreo y control. 

Y por otro lado, muchas veces, son las propias víctimas las que tienen que entregar este documento a sus agresores.

Además, según un informe de Beca Paraguay, de un total de 5.841 causas judiciales por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes registrados en los juzgados de Garantías entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, solo se dictaron 1.481 condenas firmes.

¿Es suficiente un curso virtual para incluir la perspectiva de género en la labor estatal?

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes instituciones del Estado, el comité dijo: 

“Pusimos a todo el funcionariado, a todos los poderes del Estado, ministerios, municipalidades y fuerzas públicas, a realizar el curso (virtual de 40 horas), que se encuentra en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas […] Es una medida efectiva para dar a conocer y sensibilizar sobre cuestiones de género e igualdad”. Alicia Pomata, Ministra de la Mujer.

¿Es realmente una medida efectiva? 

En el informe Barreras y nudos, del Consultorio Jurídico Feminista, las mujeres víctimas mencionan obstáculos en el trato de los operadores del sistema. 

• En la Policía: denuncian maltrato, descreimiento y falta de registro de denuncias. 
• En los Juzgados de Paz: señalan que se exige una denuncia policial previa, se incumplen plazos y se otorgan medidas estandarizadas que no responden a sus necesidades.

 Además, los horarios de atención son limitados y son pocas las oficinas que ofrecen atención permanente. 

Fuentes:

Informe sombra CEDAW 2017-2026
De medida de protección a posible “arma mortal”: Los riesgos de la orden de alejamiento en Paraguay, Última Hora.

Por Daniela Poblete Ibáñez*

Entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 27 decretos que rebajaron penas por abuso sexual y otros 29 por violación, en ambos casos las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Bajo el criterio del actual gobierno, los condenados por violación o abuso a niños, niñas y adolescentes (NNyA) ya no necesitan ir a tribunales para obtener el beneficio. Cincuenta y seis firmas, una cada tres días, convertidas en un pase a la libertad para violadores.

La Ley 19.856 permite rebajar la condena por buena conducta en la cárcel. En 2022, la Ley 21.421 excluyó de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra NNyA. Hoy, el debate es si esa exclusión alcanza a quienes delinquieron antes del año 2022. La Corte Suprema se ha pronunciado muchas veces, pero no de forma unánime: en marzo de este año, por ejemplo, negó una rebaja idéntica a las que autorizó el gobierno de Kast, y ese mismo mes otro caso se resolvió a favor del condenado por apenas tres votos contra dos. Conclusión, no hay jurisprudencia asentada, y por eso la explicación del ministro Rabat es jurídicamente absurda.

Lo que sí está claro es lo que se buscaba con la reforma. En 2019, el gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que estas agresiones ocurren en relaciones de poder que aseguran la impunidad del agresor, y que la mayoría de las víctimas son niñas. Su ministro de Justicia advirtió, que los abusadores de menores no suelen ser violentos en la cárcel, por lo que cumplen sin problema la buena conducta que les abre la puerta a la rebaja. El Congreso aprobó por unanimidad la propuesta de reforma y la ley nació para romper el checklist con el que cumplen sin problema los condenados y este gobierno decidió volver a él sin problematizar y tirando por la borda lo avanzado en el gobierno de los partidos políticos con los que el mismo presidente Kast hoy gobierna.

La antropóloga Rita Segato nos da herramientas para entender por qué esto es tan peligroso. A partir de sus entrevistas con condenados por violación en una cárcel de Brasilia, mostró que la violación no es deseo sino poder: un mensaje dirigido a la víctima y a los otros hombres, ante quienes el agresor demuestra que tiene el poder dominar. Así la violación, entre otras cosas, se convierte en unos de los mensajes más macabros del patriarcado y la respuesta del Estado ante este delito no debe ser tomada a la ligera, sino la respuesta a la crueldad se interpreta como permisiva ante el delito. Segato advierte, además, que la cárcel es una pedagogía de la irresponsabilidad: enseña a cumplir el horario y obedecer al gendarme, a no provocar problemas y cumplir con el checklist de buena conducta, pero no estimula a hacerse cargo y responsable de violar a una niña o niño. Eso es lo que mide la buena conducta. Un hombre puede ser un interno ejemplar sin haber problematizado nunca el mandato que lo llevó a violar. Rebajar su pena por portarse bien es confundir obediencia con responsabilidad.

El gobierno anterior negó estos beneficios, en coherencia con la reforma, y quienes no estuvieron de acuerdo ejercieron su legítimo derecho al amparo y recorrieron el camino lógico. Este gobierno concedió el beneficio a 56 condenados, sin que ninguno pisara un tribunal. Un cambio así responde a una manera de mirar el mundo y este gobierno ha mostrado muy bien cual es la suya. Este, es el mismo gobierno que dejó a tres mil mujeres campesinas fuera del Programa Mujeres Rurales, recortó 2.741 millones al Ministerio de la Mujer y retrocede en los derechos de las niñeces trans. Es el gobierno de los partidos políticos que presentan un proyecto de Ley llamado “Escucha su corazón” para derogar de hecho la Ley de aborto en tres causales y el que planea eliminar una institución completa como PRODEMU y, cuando una medida se repite en todas las direcciones, deja de ser accidente y se vuelve programa.

Además, un gobierno que mira a niñas y niños como asuntos privados de la familia, no como sujetos de derechos. Segato llama “dueñidad” a esa relación en que unos cuerpos pasan a ser propiedad de otros: y esta es la lógica que hace sentir dueño al agresor y la de un Estado que se corre a un lado cuando el daño ocurre puertas adentro como sucede con las violaciones hacia NNyA. La Ley 21.430 de garantías de la niñez exige un deber de protección reforzado y 56 decretos que rebajan la pena de un violador de NNyA sin mirar a la víctima incumplen ese deber, aunque el condenado cumpla con todos los requisitos.

No se trata de exigir más cárcel por reflejo ni de creer en un Estado punitivista. Las garantías penales deben respetarse por el camino institucional, pero este gobierno prefirió fabricar un atajo que asegura un resultado favorable a los violadores. Si un condenado considera que la exclusión a este beneficio vulnera sus derechos, tiene el legítimo derecho al recurso de amparo, y son los tribunales quienes deben decidir según cada caso concreto, con la historia y el contexto a la vista. Así funcionó durante cuatro años. Este gobierno, en cambio, tomó fallos que sólo valen para quienes fueron a tribunales y los convirtió en una regla general, aplicada en serie. Se puso en el lugar de los jueces sin hacer su trabajo: mirar cada caso con sus características particulares. Eso es el checklist y un checklist no tiene memoria, no tiene contexto y no tiene víctimas.

Por eso el enfoque de género no es un adorno ideológico, como repite este gobierno. Es la herramienta que permite ver lo que la planilla esconde: que la violencia sexual contra la niñez es dominación, que golpea sobre todo a las niñas y que deja huellas que no se borran con un buen comportamiento en el recinto penal.

Gobernar no es marcar las casillas de un checklist. Es hacerse cargo de la historia, del contexto, de las complejidades y de las personas que quedan al otro lado de cada firma. Segato plantea con lucidez que frente a la pedagogía de la crueldad hace falta una contra-pedagogía y que esa tarea no puede esperar a que el Estado despierte. Lamentablemente, esta será otra gran deuda que nos dejará este gobierno y todavía no cumple un año siquiera.

*Daniela es abogada de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina.

El Ministerio de ~Educación~ la Verdad
*Por Valeria Zayas

En 1984, George Orwell imaginó un Estado que controlaba el pensamiento mediante la manipulación del lenguaje. A través de la neolengua, el régimen reducía deliberadamente el vocabulario, eliminaba matices y restringía la capacidad de expresar ideas contrarias al poder. Casi ocho décadas después, la novela invita a reflexionar sobre las decisiones del Ministerio de Educación en Paraguay.

En 2017, Enrique Riera, entonces ministro de Educación y actual ministro del Interior, prohibió mediante la Resolución Nro 29.664 los materiales referentes a la denominada “ideología de género”. En 2025, Luis Ramírez profundizó esta medida con la Resolución Nro 1803, disponiendo la eliminación del término “género” de los materiales educativos y la sustitución de expresiones como “igualdad de género” y “perspectiva de género”.

Todo esto en un país donde, solo en lo que va de 2026, el Ministerio Público ya registró veinte mujeres asesinadas, veintiocho que sobrevivieron a intentos de feminicidio y más de mil niños y niñas víctimas de abuso sexual en apenas cinco meses.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación se insiste en que la prevención de la violencia debe abordarse desde la salud mental y el equilibrio emocional, antes que desde la perspectiva de género. Pero el problema no radica en la salud mental, sino en las desigualdades que vivimos hombres y mujeres a diario, ¿cómo pretendemos combatirlas si restringimos los conceptos necesarios para comprender la problemática?

Resulta contradictorio que estas decisiones se presenten como medidas de protección a la infancia. La educación integral, adecuada a cada edad, proporciona las herramientas para reconocer situaciones de abuso, comprender los derechos propios y ajenos y cuestionar conductas discriminatorias. Privar a los estudiantes de conocimientos relevantes no equivale a protegerlos.

Paraguay, además, asumió compromisos internacionales que obligan al Estado a promover la igualdad en la educación. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley General de Educación paraguaya reconocen principios de igualdad, no discriminación y formación integral.

Eliminar una palabra de los libros no elimina la realidad que describe. Una educación que evita nombrar los problemas difícilmente los enfrenta. Antes de proponer cadena perpetua o sillas eléctricas, los legisladores deberían empezar por comprender qué es lo que está causando dejar a personas incompetentes al mando de su ministerio más importante.

En un Estado que debe garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, las convicciones particulares no deberían sustituir el conocimiento científico ni impedir el análisis crítico de las desigualdades.

Orwell comprendió que restringir el lenguaje puede convertirse en una forma de restringir el pensamiento. Paraguay no es la Oceanía de 1984, pero la decisión de suprimir conceptos de las aulas merece un cuestionamiento profundo.

Solo 3 mujeres llegamos a la Junta Municipal de Asunción. Tres de 24. Apenas el 12,5 % de las bancas de una ciudad donde las mujeres representamos aproximadamente la mitad de la población. Y aunque esta vez tengo la enorme alegría y responsabilidad de estar entre esas tres, no puedo dejar de preguntarme ¿Cómo puede ser que, después de tantos años de democracia, las mujeres sigamos siendo una excepción en los espacios donde se toman las decisiones?

Hay algo particularmente contradictorio en estas elecciones. Asunción eligió a Soledad Núñez como intendenta, una mujer que parió en plena campaña, cuya candidatura y campaña estuvieron acompañadas y sostenidas por muchísimas otras mujeres. Mujeres organizando, recorriendo barrios, haciendo llamadas, cuidando votos, movilizando y poniendo el cuerpo. Pero cuando miramos la conformación de la Junta Municipal, volvemos a encontrarnos con una representación abrumadoramente masculina.

Esta historia no es nueva. Se repite, con diferentes protagonistas, desde la recuperación de la democracia. Las mujeres somos fundamentales para sostener la organización política, pero seguimos encontrando enormes dificultades para acceder a los lugares donde se ejerce el poder.

Y los números muestran que no estamos hablando de una percepción personal. Según el Observatorio de Género del Ministerio de la Mujer, en las elecciones municipales de 2010 las mujeres alcanzaron el 24 % de las concejalías electas a nivel nacional. En 2015, esa participación bajó al 23 % y en 2021 llegó al 27 %. Hubo avances, sí, pero demasiado lentos. Y ahora, en Asunción, apenas alcanzamos el 12,5 %.

Podemos decir, con toda razón, que estos fueron los resultados de las urnas y que las mujeres también votaron. Pero reducir esta discusión a que «la gente eligió» sería ignorar las condiciones profundamente desiguales en las que hombres y mujeres llegamos a competir. Porque no todas las candidaturas parten del mismo lugar.

Todavía vivimos en una sociedad que espera que las mujeres nos ocupemos de la casa, de las hijas e hijos, de las personas mayores, de los cuidados y de resolver buena parte de la vida cotidiana. Un trabajo indispensable, muchas veces no remunerado, que consume tiempo, energía y oportunidades. Mientras tanto, los hombres siguen teniendo, en general, mayores posibilidades de acceder a recursos económicos, redes de poder y financiamiento político.

Y a eso se suman los prejuicios que siguen tan presentes: que las mujeres somos demasiado emocionales, que nos falta carácter, que no tenemos suficiente fuerza o coraje para ejercer autoridad. Como si la valentía, la capacidad de decidir o la honestidad fueran atributos masculinos.

También están los partidos políticos, que tienen una enorme responsabilidad. No alcanza con incluir mujeres en las listas para cumplir una cuota. Hay que preguntarse qué lugares ocupan, qué recursos reciben, cuánto respaldo político tienen y cuántas posibilidades reales se les ofrecen para competir.

Las desigualdades también se reproducen en la comunicación. Los medios tradicionales suelen privilegiar las voces masculinas cuando se habla de poder, economía y decisiones políticas. Y en las redes sociales, las mujeres que hacemos política seguimos expuestas a ataques contra nuestros cuerpos, nuestra apariencia, nuestra sexualidad o nuestras relaciones personales. Cuestionamientos que demasiadas veces nada tienen que ver con nuestras ideas o propuestas.

Esta realidad es todavía más preocupante en un país atravesado por niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2025 se registraron 357 víctimas de feminicidio en Paraguay. Una mujer asesinada, en promedio, cada ocho o nueve días.

La violencia que busca silenciarnos y la desigualdad que limita nuestra participación política no son fenómenos idénticos, pero tienen raíces comunes: una cultura que todavía se resiste a reconocer a las mujeres como personas con plena autonomía y derecho a ejercer poder.

Por eso necesitamos seguir hablando de paridad. No como un favor, una concesión o una cuestión decorativa. La paridad es una discusión sobre la calidad de nuestra democracia. Sobre quiénes tienen voz, quiénes deciden y quiénes quedan afuera.

Y no se trata de sostener que cualquier mujer representa automáticamente los intereses de todas. Las mujeres tenemos diferentes ideas, trayectorias, posiciones políticas y maneras de entender la ciudad. Precisamente de eso se trata la pluralidad democrática: de que esa diversidad también esté presente en los espacios de decisión.

La elección terminó, pero esta discusión no puede terminar con ella. Necesitamos revisar las reglas, exigir responsabilidades a los partidos, discutir el financiamiento de las campañas, distribuir los cuidados y enfrentar la violencia política de género.

Porque las mujeres no queremos seguir siendo solamente las que organizamos, acompañamos, cuidamos y sostenemos la democracia. Queremos participar, decidir y ejercer poder en igualdad de condiciones.

Y mientras 3 mujeres sigamos siendo una excepción entre 24 bancas, Asunción tendrá una deuda pendiente con la representación democrática.

Referencias bibliográficas

-Ministerio de la Mujer. (s. f.). Concejalas municipales: Participación política de mujeres candidatas y electas a Junta Municipal. Observatorio de Género. https://mujer.gov.py/consejalas-municipales/](https://mujer.gov.py/consejalas-municipales/)

-Ministerio Público. (2026, 5 de marzo). Datos abiertos: Desde el año 2017 al 31 de diciembre del 2025 se registran 357 víctimas de feminicidio en Paraguay. https://ministeriopublico.gov.py/nota/datos-abiertos-desde-el-ano-2017-al-31-de-diciembre-del-2025-se-registran-357-victimas-de-feminicidio-en-paraguay-16386](https://ministeriopublico.gov.py/nota/datos-abiertos-desde-el-ano-2017-al-31-de-diciembre-del-2025-se-registran-357-victimas-de-feminicidio-en-paraguay-16386)

-Soto, L. (2015). Partidos políticos y participación política de las mujeres en Paraguay. Centro de Documentación y Estudios. https://www.cde.org.py/publicacion/partidos-politicos-y-participacion-politica-de-las-mujeres-en-paraguay/](https://www.cde.org.py/publicacion/partidos-politicos-y-participacion-politica-de-las-mujeres-en-paraguay/)

-Soto, C. (2015). Estancamiento o paridad: Perspectivas para la participación política de las mujeres en Paraguay. Centro de Documentación y Estudios. https://www.cde.org.py/publicacion/estancamiento-o-paridad-perspectivas-para-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-paraguay/](https://www.cde.org.py/publicacion/estancamiento-o-paridad-perspectivas-para-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-paraguay/)

-Schvartzman, G., & Soto, L. (2014). Las mujeres y la política en Paraguay: ¿Qué mueven las mujeres en la política y qué mueve la política en las mujeres? Centro de Documentación y Estudios. https://www.cde.org.py/publicacion/%E2%80%AAlas-mujeres-y-la-politica-en-paraguay-que-mueven-las-mujeres-en-la-politica-y-que-mueve-la-politica-en-las-mujeres/](https://www.cde.org.py/publicacion/%E2%80%AAlas-mujeres-y-la-politica-en-paraguay-que-mueven-las-mujeres-en-la-politica-y-que-mueve-la-politica-en-las-mujeres/)

-Bareiro Gaona, C., Encina Gaona, M., Pereira, M. M., & Valladares Barriocanal, M. (2025). Democracia en disputa: Mujeres, poder y violencia política en Paraguay. En Derechos humanos en Paraguay 2025. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. https://www.codehupy.org.py/wp-content/uploads/2025/12/Informe-DDHH-2025_web.pdf](https://www.codehupy.org.py/wp-content/uploads/2025/12/Informe-DDHH-2025_web.pdf)