*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.

Una joven exhibe una cartulina blanca con letras rojas que gritan «Basta de acoso» frente al edificio de Canal 9 del grupo Albavisión. No está sola. La acompañan al menos 30 trabajadoras de prensa en la manifestación de esa fría tarde del 20 de mayo de 2022. Esta vez, ellas son protagonistas de la noticia, que hasta es transmitida en directo por el canal al que le exigen trabajar sin que las violenten. Ocurre que, en el último mes, cuatro periodistas habían renunciado al canal y denunciado ante la Fiscalía al gerente de prensa, Carlos Granada, por violencia sexual. 

Hoy Granada, de 53 años, enfrenta un proceso penal por acoso sexual, coacción sexual y coacción. En total, son seis las mujeres que presentaron denuncia ante la justicia. 

Los resultados de una encuesta de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPC) de 2022 revelan que 8 de cada 10 trabajadoras de prensa sufrieron o tal vez pasaron por acoso sexual durante su carrera. La mayoría contestó que no denunció ante la empresa, policía ni Fiscalía. ¿La razón? El miedo a quedar expuesta y estigmatizada en el lugar de trabajo, y sufrir persecución de las o los jefes.

En el último año, trabajadoras que denunciaron a Granada y otros altos gerentes fueron despedidas o terminaron renunciando. Es el caso de las periodistas Angie Prieto y Lorena Romero, que tenían 13 años de antigüedad laboral y demandaron a los canales de la multinacional Albavisión en Paraguay. Prieto incluso soporta una querella por injuria de uno de los gerentes más importantes del grupo mediático.

La multinacional Albavisión, con sede en Miami, tiene medios de comunicación en 16 países latinoamericanos. En Paraguay agrupa a los canales Televisión Cerro Corá S.A. (SNT Canal 9), Paravisión S.A. (Canal 5), Televisora del Este S.A. (C9N), y Televisora Itapúa S.A. (Sur Televisión).

En esta entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, hacemos un recuento sobre el caso Granada, la persecución posterior a las denunciantes y la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en la desprotección de las mujeres trabajadoras.

Las renuncias que precipitaron la caída de Granada y encendieron la chispa del #YoTeCreo 

Abril de 2022. Cuatro trabajadoras renuncian casi al mismo tiempo a Canal 9 y sus compañeras no saben por qué, aunque sospechan. Todas, de alguna manera, vivieron algún tipo de violencia en su lugar de trabajo. La periodista Angie Prieto recuerda que, hablando entre ellas, descubrieron que lo que le pasó a una, le había pasado a la otra. Y a la otra. 

«Las renuncias masivas fueron la chispa que se tenía que encender para que todas nos unamos. Éramos compañeras, pero no hablábamos sobre nuestras cosas. El acoso era un rumor y se mantuvo así por el miedo y la vergüenza. Sobre todo, porque no había confianza. Cuando supimos que la otra compañera estaba pasando por lo mismo, ahí nos identificamos y dijimos: “sí, yo te creo”».

La acusación fiscal a Granada por acoso sexual, coacción sexual y coacción contra seis trabajadoras describe eso que Prieto y sus compañeras tenían miedo de contarse: 

«¡Mira lo que sos!», «¿porque me tenés miedo?», «¡usame! ¡aprovechame!», «¿por qué me evitás?», «¿quién te va a creer?», «vos estás donde estás porque yo te puse ahí». El gerente de prensa repetía este tipo de comentarios a las víctimas, a quienes hizo padecer besos a la fuerza, tocamientos y manoseos. Cuando ellas lograban evadirlo, las castigaba sacándoles de espacios televisivos y cambiándoles de funciones y horarios todo el tiempo. O estancándoles en sus carreras. 

Los testimonios describen que se jactaba de contratar a «chicas jóvenes». Su hostigamiento hacia las trabajadoras más jóvenes era de público conocimiento en la empresa, algo «normal». 

La investigación de las fiscalas Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero abarca hechos que ocurrieron en el interior del canal desde 2010 hasta abril de 2022. 

El exgerente de prensa Carlos Granada en una de las audiencias ante la justicia.

Un elemento clave para entender las denuncias de violencia sexual contra el exgerente de prensa es el poder que le confería la jerarquía de su cargo sobre el trabajo de las denunciantes, lo que a su vez le garantizó impunidad para perpetrar un abuso sistemático a lo largo del tiempo. Esto no es un fenómeno aislado. Como explica un análisis del Consultorio Jurídico Feminista (CJF), la violencia sexual está relacionada con la desigualdad entre hombres y mujeres, y es a partir de esa desigualdad estructural que debe analizarse.

Granada, que desde noviembre estaba preso en el penal de Emboscada, obtuvo la libertad ambulatoria en mayo de este año tras compurgar la pena mínima.

El juez penal de garantías Matías Ubaldo Garcete fijó la audiencia preliminar del exgerente para este jueves 21 de septiembre a las 08:00. Ahí resolverá si eleva la causa a juicio oral y público, como solicitaron las fiscalas. Granada, que se declaró inocente a través de su abogado Álvaro Arias, se expone a una pena de hasta 15 años de prisión. 

La abogada María José Durán, del Consultorio Jurídico Feminista, considera que el correcto juzgamiento del caso puede dejar una jurisprudencia alentadora para muchas mujeres. «Hablamos de un patrón, no de un caso aislado. Hoy son las periodistas, pero hay mujeres acosadas con fines sexuales en el ámbito laboral tanto en el sector público como en el privado».

Pero advierte que mientras la Fiscalía da pasos alentadores en el proceso penal contra Granada, la respuesta de otras instituciones del Estado, como el Ministerio del Trabajo, ha sido insatisfactoria.

Del #YoTeCreo a los despidos: El contragolpe contra las trabajadoras que denunciaron violencia sexual en Albavisión 

El backlash es una reacción negativa, hostil o agresiva ante una idea política. A lo largo de la historia, este contragolpe ha adoptado diferentes formas para frenar los avances de los derechos de las mujeres. Sus efectos pueden limitar o generar un retroceso en el progreso conquistado. La persecución a las trabajadoras que denunciaron violencia sexual y laboral en Albavisión ejemplifica cómo se manifiesta esta avanzada reaccionaria.

El 2 de agosto de 2022, tres trabajadoras de Albavisión presentaron denuncia ante el Ministerio del Trabajo por «violencia laboral (hostigamiento, persecución y despido)» contra tres altos gerentes. También solicitaron la actualización inmediata del reglamento interno de la empresa para incluir el protocolo de violencia laboral y el cese de la persecución a trabajadores y trabajadoras que denunciaron acoso laboral en contra de las gerencias. El 5 de agosto, el canal comunicó al ministerio el despido de las tres y que percibieron sus liquidaciones por despido injustificado.

En marzo de este año, la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral respondió lo siguiente al pedido de informe del entonces senador Carlos Filizzola (FG), sobre las actuaciones del ministerio en el caso Albavisión:

«Con relación a las tres últimas denuncias, sí se han agotado instancias internas. Las trabajadoras manifestaron que la empresa inició el sumario correspondiente, sin embargo, mencionan que el mismo sirvió luego para crear una lista negra de trabajadores y luego ser despedidos».

Parte de la respuesta del 14/12/2022 de la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral del Ministerio del Trabajo al pedido de informe del senador Filizzola.

Cuando estalló el escándalo de Granada, el canal apartó al entonces gerente de prensa, abrió una investigación y alentó a las trabajadoras a contar lo que les pasó. 

«Se dieron cuenta de que, si realmente empezaban a investigar, el canal se iba abajo porque casi todos hacían lo mismo y eran jefes de otras áreas contra chicas que no necesariamente eran periodistas», refiere Angie Prieto.

La periodista de 34 años demandó por despido injustificado a Televisión Cerro Corá (Canal 9), donde tenía 13 años de antigüedad y contaba con la estabilidad laboral especial. También a Televisora del Este (C9N), donde trabajaba desde hacía 5 años. 

Canal 9 inició antes un juicio contra ella para justificar su despido, que depende del resultado de una querella por injuria que entabló el gerente general Marcelo Fleitas contra la periodista a raíz del caso Granada. Como Prieto cuenta con estabilidad laboral, el medio le suspendió su contrato a partir del 5 de octubre de 2022 mientras se resuelve el proceso penal por injuria.

La periodista recuerda que ahí se enteró que estaba demandada desde hacía al menos un mes. «Mientras me iba a hacer mis labores, ya estaba querellada», dice. Ese mismo día, denunció una suspensión ilegal ante el Ministerio de Trabajo y solicitó la mediación ante la empresa. 

«Me dijeron que me calme, que tengo hijos, que tengo familia, que era una suspensión de mi contrato con una causal probada, y que no tenía derecho a trabajar en otra empresa hasta que se resuelva mi situación. Ahí se me cerraron muchas puertas en otros medios», relata. Más tarde, Prieto entendió cómo opera el corporativismo entre los altos jefes de los medios, que vetan a quienes según ellos son unas «problemáticas». Esto explica, en parte, los resultados de la encuesta de la Red sobre por qué la mayoría de las trabajadoras de prensa que sufren violencia en los medios de comunicación deciden callar. La concentración de la propiedad de medios, distribuida en menos de cinco grandes grupos económicos y políticos, agrava esta situación.

La trabajadora decidió hacer pública su situación y desde entonces se mantiene firme en su posición: fue un despido ilegal. El juicio por injuria comienza este 26 de septiembre y de la definición de este proceso penal depende el juicio en lo laboral contra el canal.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que el despido de Prieto y otras periodistas responde a una «persecución realizada por los directivos del canal a las trabajadoras que realizaron denuncias de acoso y sobre la precarización de los contratos de trabajo». La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se sumó al repudio y denunció «el peligroso antecedente que representa» para todas las trabajadoras y trabajadores de prensa del país.

La abogada María José Durán considera que el caso de Prieto es una clara instrumentalización del sistema penal para evitar que la trabajadora avance en el juicio laboral por despido injustificado. «Con la querella que le entablaron, además de ser amedrentadora y amenazadora, lo que se busca es criminalizar, y enviar un mensaje aleccionador a las demás periodistas y mujeres: «miren lo que les puede pasar si es que ustedes llegan a hablar de estas cosas”».

Durán explica que este tipo penal a menudo era utilizado por grupos corporativos y de poder para silenciar a periodistas que investigan corrupción, pero que el caso Albavisión es una muestra clara de que hoy también avanzan contra las voces de las mujeres que defienden sus derechos. 

«Eso es sumamente peligroso porque lo que hace es criminalizar la lucha de las mujeres», advierte. Para la abogada, la instrumentalización del sistema penal contra periodistas tiene, además, el componente de la violación de la libertad de expresión y de prensa.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla del triple efecto de la violencia contra las mujeres periodistas: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información.  

La periodista Lorena Romero, de 36 años, también demandó a los medios de Albavisión. Tenía 13 años de antigüedad laboral y se desempeñaba como productora del programa ¡Arriba Paraguay! de Canal 5, Paravisión. Es una de las seis denunciantes de Granada que accedió a dar su testimonio para esta serie de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay. 

La trabajadora considera que la primera protesta frente a Canal 9 en mayo de 2022 marcó el inicio del contragolpe. «Al principio nos sentimos apoyadas por el canal, pero ese fue el detonante para que ellos empiecen su persecución laboral hacia nosotras. Hacia las 3 chicas que fueron despedidas, hacia Angie Prieto que fue denunciada por Marcelo Fleitas por supuesta injuria y al obligarme a mí a presentar mi retiro justificado con demanda laboral por las irregularidades que cometieron conmigo, y contra todas las chicas. Después de esa manifestación comenzó la cacería de brujas».

En septiembre de 2022, la gerencia de recursos humanos comunicó a Romero que estaba suspendida por tres días sin goce de sueldo debido a que 10 camarógrafos le habían denunciado por maltrato. Cuenta que pidió acceder a esas denuncias para defenderse, pero no se las dieron.

La sanción a Romero fue menos benevolente que la sanción a un gerente del área de producción y contenidos al que una trabajadora denunció por acoso. El 3 de agosto de 2022, la empresa informó al Ministerio de Trabajo que el sumario concluyó que «no pudo probarse el acoso propiamente dicho», pero que se decidió suspender al gerente por un día sin goce de salario y reubicar a la denunciante en otro departamento. 

Al volver de su suspensión, Romero encontró que le habían cambiado de Paravisión a Canal 9. También le cambiaron de horario, de 05:00 a 13:30 le pasaron al horario de 08:00 a 16:00. 

El 1 de noviembre del año pasado, Romero presentó a la empresa su retiro justificado con demanda laboral por el cambio de un canal a otro. No volvió a trabajar en medios de comunicación.

El sumario del Ministerio del Trabajo a los canales de Albavisión que llegó después de los despidos

El Ministerio del Trabajo instruyó sumario al grupo Albavisión (en este caso, a SNT-Canal 9 y Paravisión, que son dos patronales diferentes) mediante Resolución Nº 10/2023 del 6 de enero de 2023 por supuestos incumplimientos de normas laborales, de salud y seguridad ocupacional. La investigación se realiza para determinar la veracidad del incumplimiento de la normativa laboral, tras la inspección realizada a la firma por fiscalizadores del ministerio el 17 de octubre de 2022.

Según el informe de la inspección, que es citado en el considerando de la resolución del sumario, los medios inspeccionados no cumplen 24 disposiciones legales. Uno de los incumplimientos refiere que ambas patronales no han actualizado sus reglamentos internos. El reglamento interno de Canal 9 data de 1984 (Res. MJT Nº 713/1984) y el de Paravisión es de 2011 (Res. MJT Nº 784/2012). Ninguno incorporó la resolución Nº 388/2019 que establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual.

La implementación de este protocolo es uno de los principales reclamos de las trabajadoras de Albavisión desde que estalló el caso Granada. La Resolución Nº 388/2019 establece que todo empleador con más de diez trabajadores debe contar con reglamento interno homologado por el ministerio, que incluirá un procedimiento explícito para denuncias de violencia laboral, las sanciones y las medidas para prevenir, controlar y eliminar la violencia en el lugar de trabajo. 

La resolución define la violencia laboral como «toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones, o conductas con connotación sexual o no, mobbing o acoso sexual, no consentidas por la víctima, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía». Además, dispone que la investigación interna debe concluir en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la denuncia.

La primera manifestación de las trabajadoras de prensa en mayo de 2022 contra el acoso sexual y el acoso laboral.

El informe de los inspectores también señala que ambas patronales incumplen respecto a la autorización del ministerio para realizar trabajo nocturno establecido en el artículo 209 del Código Laboral. Al verificar las solicitudes de aprobación que presentaron, se halló que datan de fecha posterior a la inspección.

En cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo efectivo (art. 193 Código Laboral), ambas patronales presentaron planilla de marcación de entrada y salida del mes anterior a la inspección (septiembre de 2022): “Se verifica que los trabajadores cumplen jornadas excedentes al límite de duración de las jornadas, y dicha planilla no contempla la división de las jornadas” (art. 200).

Sobre la habilitación de sala de lactancia, los inspectores hallaron que la empresa incumple la ley. La empresa presentó fotografías de la sala de lactancia y manifestó que se encuentra en trámite de habilitación, pero no presentó documentación respaldatoria. 

Sobre el cumplimiento de contar con guarderías (art.134 del Código Laboral y su reglamentación por Resolución Nº 519/2019), ambas patronales incumplen. La representante de la empresa manifestó que están en proceso de tercerizar el servicio, pero no presentó documentación respaldatoria.

Otros incumplimientos que figuran en el informe están relacionados al aguinaldo, IPS, vacaciones, recibo de pago de horas extra y salario mínimo, asignación familiar y la falta de contrato colectivo de trabajo debido a que no cuentan con sindicatos internos, entre otros. 

La resolución 203/2018 del Ministerio de Trabajo que reglamenta las sanciones administrativas establece en su artículo 23 que el sumario administrativo debe concluir dentro de los 60 días, con el sobreseimiento o la condena del sumariado.

En la primera quincena de mayo, periodistas integrantes de la Red realizaron 13 pedidos de información al ministerio sobre el caso. La autoridad del trabajo respondió que las actuaciones posteriores a la fiscalización de la empresa, “serán notificadas a su email en cuanto tengamos respuesta de la dependencia encargada”. Cuatro meses después, sigue sin responder cuál fue el resultado del sumario a Albavisión.

Un análisis del Consultorio Jurídico Feminista para la Red apunta a la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en la falta de debida diligencia para la implementación inmediata de protocolos y sobre el despido de trabajadoras que denunciaron violencia laboral. Refiere que el ministerio, con su omisión, facilitó la instrumentalización del sistema de justicia para llevar adelante procesos penales contra periodistas, como ocurrió con Angie Prieto.

Las abogadas concluyen que, más allá del proceso penal en el caso Granada, que ofrece una alternativa de reparación, es importante tener en cuenta que este derecho no solo tiene alcance respecto a las víctimas directas, sino que también exige medidas de alcance general que son responsabilidad del Estado paraguayo. 

«El derecho a la reparación no incluye únicamente medidas jurídicas o indemnizatorias, el Estado debe asumir con responsabilidad la garantía de no repetición». 

«Compañera, yo te creo»

Angie Prieto y Lorena Romero se mantienen firmes ante las represalias por defender sus derechos y los de sus compañeras, por hablar y no calmarse como les pedían los jefes. No ha sido fácil para ambas, pero tienen muy claro que callarse, nunca más. Para ellas, ese «Yo te creo» que comenzó como un hashtag en redes sociales y luego mutó en un grupo de WhatsApp en el que comenzaron a organizarse, las marcó de por vida.

«El “Yo te creo” es ese letargo en el que estábamos sometidas todas las mujeres ahí, que estábamos tan cerca de la otra compañera y que, siendo comunicadoras, nunca nos detuvimos a pensar qué era lo que nos estaba pasando. Hasta ahora me pregunto, ¿cómo pudimos callarnos por tanto tiempo? Teníamos como una señal de “stop” en la cabeza de “no, no podés hablar, tenés que continuar, seguir trabajando como burra y aguantar”», dice Prieto.

Romero comparte lo que significó para ella: «Decirle a la otra “yo te creo” es decirle no estás loca, no estás inventando, no sos problemática: compañera, yo te creo porque pasé por la misma situación».

¡Las periodistas ya no se callan!

*Este material forma parte de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay. 

*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.

El Consultorio Jurídico Feminista (CJF) destaca que la acusación de la Fiscalía contra Carlos Granada, exgerente en el grupo Albavisión en Paraguay, es un documento sólido que describe cómo, cuándo y dónde el acusado realizó los hechos punibles de acoso sexual, coacción sexual y coacción contra seis trabajadoras de prensa. Considera que es un paso alentador en la lucha contra la violencia de género, pero insuficiente en cuanto a las acciones que el Estado paraguayo debe tomar para evitar que otras mujeres resulten víctimas.

Tras realizar un análisis con perspectiva de género de la acusación presentada por las fiscalas Natalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero contra  Granada, las abogadas del CJF concluyen que la acusación “posee la virtud de un relato diferenciado para cada una de las víctimas, donde se constata un patrón de hostigamiento con fines sexuales, uso de la fuerza y amenazas de parte del acusado, pero a la vez la particularidad de sus acciones vinculadas  a la personalidad, puesto y labor desempeñada de cada una de las denunciantes”. 

Carlos Granada, durante la audiencia de imposición de medidas, en el Palacio de Justicia de Paraguay, 2022. Fotografía de archivo.

El análisis del CJF explica que la violencia sexual tiene relación con la desigualdad entre hombres y mujeres: es una forma de violencia basada en el género, que incluye agresiones o violaciones, acoso sexual y hasta favores sexuales a cambio de trabajo, y es a partir de esa relación de desigualdad que debe analizarse la violencia sexual contra las trabajadoras que denunciaron al exgerente de prensa de Canal 9, quien el 21 de septiembre debe comparecer ante el juzgado penal de garantías que decidirá si la causa se eleva o no a juicio oral y público.

Granada se desempeñó como jefe de prensa de varios canales del grupo Albavisión, por más de 10 años, y de acuerdo al informe, los hechos por los cuales se lo acusa habrían sido perpetrados a lo largo de todo el tiempo en estuvo en ejercicio de sus funciones.

Como en los casos de acoso sexual la denuncia debe hacerse dentro de los seis meses de ocurrido el hecho, muchas víctimas directas participan del proceso como testigos y no en calidad de denunciantes.

Fotografía tomada frente a Canal 9, durante la manifestación convocada desde la RMPCPy, en mayo de 2022.

El relato de las víctimas permite constatar un patrón de hostigamiento con fines sexuales, uso de la fuerza y amenazas de parte de Granada. “Todas las víctimas poseían vínculo laboral con Televisión Cerro Corá S.A. (CANAL 9) siendo el acusado Gerente de prensa, ejerciendo la coordinación y supervisión de productores, cronistas, editores y otras labores vinculadas a selección de contenido de programas, coordinación de coberturas”, puntualiza la revisión.

Teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo reportado por las víctimas, las abogadas llaman la atención sobre la ausencia del Estado en cuanto a las herramientas que tiene para controlar y prevenir este tipo de hechos, ya que se debe mirar cuáles pudieron ser los elementos que impidieron a las mujeres denunciar, como presiones, amenazas, miedo o, que el canal al momento de las denuncias no contaba con un protocolo de atención a casos de violencia laboral. Esto según el informe de la inspección que el Ministerio del Trabajo instruyó al grupo Albavisión, mediante resolución Nº 10/2023 del 6 de enero de 2023.

Derecho de acceso a la justicia

El último apartado del análisis señala que la acusación presentada por el Ministerio Público contra Carlos Javier Granada Fernández, es sólo el primer paso para el acceso a la justicia de un grupo de mujeres periodistas que fueron víctimas de violencia sexual. 

Fotografía tomada tras la realización de una fiesta – simbólica -de San Juan. Los carteles de protesta fueron pegados por la muralla de Canal 9.

La violencia sexual opera como un mecanismo de dominación, control y humillación, por lo que la acusación debe analizarse a partir de la relación de desigualdad en la que se encontraban las denunciantes respecto a Granada, apuntan las expertas.

“Entender y visibilizar las particularidades que rodean a cada caso concreto de este proceso  es tomar en cuenta el contexto al momento de analizar cada una de las pruebas. Esto es determinante, porque permite  ampliar el panorama sobre el modo en que incide el género en cada caso denunciado, donde la declaración de las víctimas debe ser considerada como prueba esencial”, enfatizan.

Rescatan, además, posicionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al triple efecto de la violencia contra las mujeres periodistas:

1- Vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información.

2- Genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares.

3- Viola los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información.  

Enfatizan que más allá de este proceso penal, que ofrece una alternativa de reparación, es importante tener en cuenta que este derecho no solo tiene alcance respecto a las víctimas directas, sino que también exige medidas de alcance general que son responsabilidad del Estado paraguayo.

En ese sentido, el CFJ apunta a la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en la falta de debida diligencia para la implementación inmediata de protocolos y sobre el despido de otras trabajadoras del mismo medio que denunciaron violencia laboral. 

Señala que con su omisión, el ministerio facilitó la instrumentalización del sistema de justicia para llevar adelante procesos penales en contra de trabajadoras.

Fotografía tomada frente a Canal 9, durante la manifestación convocada desde la RMPCPy, en mayo de 2022.

Por otro lado, las abogadas hacen hincapié en que el Juzgado Penal de Garantías, tendrá la responsabilidad de aplicar la perspectiva de género al momento de analizar la pertinencia o no de la elevación a juicio de esta causa paradigmática,  cuyo juzgamiento no favorece únicamente a las mujeres que hoy participan de este proceso penal, sino que tendrá un impacto reparador en aquellas que no consiguieron denunciar y en todas las víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral. “El Poder Judicial tiene la responsabilidad de fortalecer la confianza de las víctimas en las instituciones judiciales”, enfatizan.

Concluye que el derecho a la reparación no incluye sólo medidas jurídicas o indemnizatorias: el Estado paraguayo debe asumir con responsabilidad la garantía de no repetición para todas las mujeres.

¡Las periodistas ya no se callan!

*Este material es la primera entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay. 

*Por Emilia Yugovich

Pensar en cifras como 12.577 o 963; 577; 6.041; 10.978 o 001, con números que pueden llegar a combinaciones infinitas, a veces alfanuméricas, AOK 534, componen siempre un dato, corresponden a una licencia de conducir, un turno en Identificaciones, o para una tomografía, un expediente, un conjunto de papeles organizados de forma cronológica, foliados y recorriendo escritorios, de mano en mano, esperando una firma, un sello, una decisión estatal que tal vez nos cambie la vida. Del otro lado, hay personas al servicio de instituciones anémicas, moviendo de manera apática los engranajes por donde se tramitan millones de jirones de vida en forma de papeles y números. Es el semblante del Estado paraguayo. Su indolencia se manifiesta cuando en la Comisaría te dicen que no hay combustible para la patrullera, cuando no hay medicamentos en el hospital, cuando llueve dentro del quirófano del Instituto Nacional del Cáncer, cuando esperamos horas en pasillos mal iluminados, se corta la energía eléctrica o cuando el raudal puede llegar a arrastrarnos hasta la muerte.

Otra figura siempre útil es la corrupción. A este fenómeno se lo presenta como una de las causas principales de la falta de recursos, por eso, nunca está de más la figura de algún político explicándonos sobre este mal endémico en campaña electoral; y aunque quienes habitamos en el Paraguay tenemos ya bien definida la percepción de que los niveles a los que ha escalado dentro del Estado son muy altos, y así lo demuestran las sucesivas publicaciones del “Índice de Percepción de la Corrupción” de la Organización Transparencia Internacional (en la del 2022, por ejemplo, estamos en el lugar 137 de 180), sospechamos que no es el único problema. Aún así, si desea profundizar en el tema y es además usted una persona afecta a cuestiones de índole legal, recordará que, para el orden jurídico internacional, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el orden moral de los pueblos, y esto está recogido como una de las motivaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la que Paraguay es signatario, y aquí bien vale recordar que, últimamente al derecho internacional en el Congreso Nacional se le imprime tratamiento de chiste, un hecho que de por sí ya es un meme.

Para que nuestro trabajo tenga la complejidad necesaria, no debemos olvidar que con la corrupción no se agotan todos los males. En el libro Correligionarios, Marcello Lachi y Raquel Rojas Scheffer nos presentan al clientelismo como el combustible para poner a andar al sistema político paraguayo, recuperan una definición que la expone como: “la distribución selectiva de beneficios a personas o grupos claramente definidos a cambio de apoyo político”. Según ambos autores, esta estrategia política es constitutiva de la historia de nuestro sistema de partidos, una lógica patrón-cliente que tiene sus orígenes en la fundación misma de los partidos tradicionales. El partido de los karaís, los dueños de la tierra con poder absoluto sobre las personas que habitaban en sus dominios (sus tierras), militares ex combatientes de la Guerra de la Triple Alianza y otros hombres de profesiones liberales fundaron en 1887 los dos partidos más grandes de nuestro país. La protección o ayuda era la moneda de cambio por apoyo político; casi 150 años después, sigue siendo igual. En el mismo libro nos plantean que, el clientelismo en la práctica está imbricado con otro concepto trabajado por Nicolás Morínigo, el de la ética del orekuete. Esa es la ética de los correligionarios, que también genera una identidad, es constitutiva de nuestra subjetividad, una tradición familiar en casi el 90% del electorado, de acuerdo a los resultados de los trabajos presentados en este libro.

Siempre funcionan bien los archivos periodísticos, por ejemplo, las palabras de Santiago Peña en pleno acto de campaña: “Lastimosamente hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos porque tienen la pared llena de títulos, está lleno de gente con títulos, pero a los cargos se llega gracias al Partido Colorado”.  Estas expresiones son la síntesis de todo lo dicho hasta aquí y sucede que las autoridades del Gobierno están obligadas a retribuir el apoyo político con un beneficio, a repartir “entre nosotros” (o entre ellos), eso es lo que hace girar la rueda, un contrato de trabajo en el Estado, un terreno fiscal, medicamentos, alimentos, el cajón y el pago del velorio, y este acto a su vez es un giro de tuerca para la dependencia que tienen millones de personas para gestionar su sobrevivencia y la de su familia, porque para que esto funcione tenemos que ser pobres, con muchas dificultades de acceso a servicios o acceso a unos servicios de muy mala calidad. Casi ningún partido se libra de la cultura del clientelismo, la oposición también reprodujo esas prácticas, es difícil escapar de eso, pero nunca debemos olvidar que la Asociación Nacional Republicana cumplió 136 años el 11 de septiembre pasado y más de la mitad de su existencia gobernó este país, el Estado fue moldeado por sus manos.

En la misma línea de recurrir a archivos, como ejemplo tenemos al ex ministro de Salud Julio Borba, quien declaró hace unos meses sobre la propuesta de campaña electoral de la Concertación por un Nuevo Paraguay de implementar la gratuidad de los medicamentos en el sistema de salud, que la misma sería inviable dado que sólo el 2% del PIB se invierte en el Ministerio de Salud. Según el propio Borba, esto representa tres veces menos de lo que invierten otros países. Esto, además de ser un dato, es una decisión política.

Siéntase libre de insistir con los números. El presupuesto es la expresión financiera de la hoja de ruta política y para el 2023, de acuerdo a los datos publicados en la plataforma del gobierno Módulo Paraguay en Resultados, de los Gs. previstos en el PGN, el 7,5% está destinado a salud, mientras que el 0,74% bajo la categoría “social” se reparten entre el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Paraguayo del Indígena y Ministerio de la Mujer. Educación se lleva el 9,35% y empleo y seguridad social el 12,2%. Es decir, hay una bajísima inversión del Estado en todo lo que apunte a mejorar la calidad de vida. La agenda económica es la agenda política.

El director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, declaró que sólo el 11% de la población ocupada accede al salario mínimo. El sistema tributario mayormente se sostiene sobre los consumidores con el IVA y nadie siquiera amaga una reforma para mejorar la distribución. Todo es clave para el sostenimiento del clientelismo que a su vez satisface sus demandas con corrupción. En esta lógica no hay derechos, hay dádivas gerenciadas por operadores de partido con los recursos del Estado.

Las conquistas en materia de derechos, como significó la Constitución de 1992 y otros hitos legislativos en materia laboral; de protección de las infancias o de combate a todo tipo de violencia hacia las mujeres, así como varios otros, son límites al ejercicio de ese poder político y económico. El problema de esto para los poderes fácticos es que el ejercicio de esos límites o de eso derechos, por parte de personas que para vivir vendemos nuestra fuerza de trabajo, reduce márgenes de ganancia, porque ya no se pueden talar bosques sin al menos una compensación; despedir trabajadores sin indemnizar; pagar menos remuneración a las mujeres y explotar laboralmente a las infancias y aunque es también una disputa real que estos derechos se respeten, al menos la cancha está ya marcada (jurídicamente) con esas reglas. Es menester para llevar a cabo este trabajo ingente, no apretar el botón de “desver” cuando nos crucemos sin querer con la narrativa antiderechos, este servicio implica darle a cada cosa su justo lugar, así que no olvidemos que la estrategia “queremos papá y mamá” o “con mis hijos no te metas” juega un papel que fortalece una movida de retroceso o al menos de no avance en materia de derechos, dado que la “ideología de género”, sirve para oponer trabas a cualquier tipo de planteamiento progresista y además consigue movilizar a un gran sector de la sociedad civil.

Hasta aquí sólo algunos apuntes, nada que desconozcan las personas que se dedican diariamente al noble servicio de producción de memes que ayudan a sostener la salud mental colectiva de las personas que sufrimos esta realidad.

*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bereiro

Más de 80 apicultores y apicultoras, artesanas, horticultores y horticultoras indígenas participaron de las “Jornadas de Intercambio Biocultural del Chaco/Pantanal”. El encuentro se realizó del 13 al 15 de septiembre en Puerto Casado, Alto Paraguay.

Bajo el lema  “Entrelazando culturas y estrategias de gestión territorial para fomentar comunidades indígenas y rurales resilientes ante los efectos del cambio climático”, se buscaron soluciones para fortalecer, capacitar y empoderar a organizaciones a nivel nacional e internacional que trabajan principalmente en rubros como la artesanía y la apicultura.

Grupo completo de participantes de las “Jornadas de Intercambio Biocultural del Chaco/Pantanal”. Fotografía: Mónica Bareiro.

Cintya Matínez, de la organización Pro Comunidades Indígenas (PCI), señaló que este encuentro es resultado de un sueño largamente anhelado y que se gesta en el marco del proyecto Tejiendo la Ruta de la Miel. “Queríamos incluir a las y los apicultores y las artesanas para pensar juntas y juntos en una estrategia para hacer frente a una problemática común: la falta de mercado”.

Cintya Matínez, de la organización Pro Comunidades Indígenas (PCI). Fotografía: Mónica Bareiro.

Martínez resalta que ambos rubros – la apicultura y la artesanía – son especialmente sostenibles, atendiendo a que no afectan al medio ambiente. “La apicultura es un rubro muy solidario, además aporta recursos económicos y alimenticios a las familias”, explicó.

De las jornadas de intercambio participaron  al menos 20 asociaciones de base de de Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Sastre y Puerto Casado. También participaron organizaciones internacionales como Gestão Cultural e Economia Criativa de Brasil (GAIA), Cultura Ambiental, Causa Ecologista (CAUCE) y Kuña Piru, de Argentina. 

En pleno desarrollo del segundo día de jornada. Fotografía: Mónica Bareiro.

Durante estos tres días, se realizaron talleres, conferencias y actividades prácticas que fomentaron el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la capacitación en la promoción de productos a través de medios digitales para mejorar su comercialización. 

“En el marco del proyecto Tejiendo la ruta de la miel, buscamos sostener la vida en el pantanal, por eso trabajamos en fortalecer las diferentes asociaciones de esos territorios. Siguiendo y acompañando el camino de las y los apicultores y de las artesanas en busca de vender sus productos”, explica Cintya.

Durante los días de encuentro también se resaltó el rol fundamental de las mujeres en toda la cadena de producción, promoción y venta de artesanía y de la miel. Cada vez hay más mujeres que se unen a los comités de base y se animan a incursionar en la apicultura, rompiendo con el mito de que es un trabajo solo de hombres. 

Artesana del pueblo indígena Yshyr Ybytoso de Abundancia. Fotografía: Mónica Bareiro.

Cintya cuenta que en este transitar con las mujeres, PCI identificó la necesidad de capacitaciones en administración y finanzas a la hora de hacer crecer sus emprendimientos. En ese marco, organizaron cursos de contabilidad básica y manejo de recursos para hacer un presupuesto. Además de capacitaciones en marketing, a través de herramientas digitales, que permitieron promocionar y vender sus productos a través de redes sociales. 

El enfoque de los intercambios de experiencia que realizaron los participantes del encuentro, giró en torno a la implementación de lo que se conoce como economía solidaria.

Artesana de Puerto Sastre. Fotografía: Mónica Bareiro.

¿Cómo se complementa lo que yo estoy produciendo tanto en mi rubro como en el de mi compañera, en qué puedo aportar para que todas ganemos? Y en base a esta reflexión vieron que muchas veces se hacían competencias injustas entre ellas mismas. Por ejemplo, cuando en una feria una vendía empanada a Gs. 2.000 y otra a Gs. 5.000 no dimensionaban que la pérdida económica era para todas”, relata Martínez. 

Finalmente, como conclusión se llevaron la tarea de fortalecer sus organizaciones, seguir capacitándose y tomar el compromiso del trabajo en equipo para ingresar al mercado. Sin la contrapartida de cada socia o socio, el desgaste será muy grande y probablemente sin lograr ver ganancias y lograr la sostenibilidad de sus iniciativas.

El evento fue organizado por Pro Comunidades Indígenas (PCI), Comunidad y Desarrollo Sostenible (CODES), Eirete Pantanal y KAVA, con el apoyo financiero de los proyectos Tejiendo la Ruta de la Miel y Humedales Sin Frontera; así también WWF-Paraguay a través de sus proyectos Voces para la Acción Climática Justa, Vida en el Pantanal Paraguayo y Salvando el Corazón de Sudamérica.

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Panaderos impulsan la campaña #PanSinVeneno contra el trigo transgénico HB4 en Paraguay, resistente a un peligroso herbicida llamado glufosinato de amonio que es 15 veces más tóxico que el glifosato.

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𝐅𝐢𝐜𝐡𝐚 𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚⁣

Guión: Juliana Quintana

Grabación, edición y postproducción:⁣ Milena Coral y Jamin Cebé

Diseño: Silvia Díaz

Voz en off: Romina Aquino ⁣

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘧𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘦𝘭 𝘢𝘱𝘰𝘺𝘰 𝘥𝘦 Diakonia

⁣#EmancipaParaguay #NaranjaHái