Crímenes machistas: los fallos se repiten en el tiempo

Bea Morales

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha propuesto la posibilidad de informar a las víctimas de los posibles antecedentes que pueda tener su maltratador debido a que, en algunos de los últimos casos, se ha dado esta circunstancia. No suele ser lo más habitual, de todas maneras, según las estadísticas. Como tampoco son excepcionales los picos de asesinatos en algunos meses del año ni el aumento en determinadas zonas. La Fiscalía ya ha dicho, de momento, que informar de los antecedentes no se puede hacer de manera automática, es decir, habría que analizar caso por caso. 

En PorTodas, el proyecto de investigación sobre crímenes machistas impulsado por La Marea, que documenta los 55 casos registrados en el año 2014, observamos, por ejemplo, que tres de los asesinos habían hecho previamente cursos de reeducación.
¿Se ha valorado lo suficiente este extremo entre los posibles fallos
que pueden llevar a cometer un feminicidio? ¿Cómo funcionan esas
formaciones? ¿Se está valorando realmente la magnitud del problema? ¿Se
están poniendo los recursos necesarios? ¿Se olvidarán estos “meses
trágicos” o “negros” como se olvidaron los anteriores? 

El trabajo desarrollado en PorTodas hasta el momento nos ha permitido detectar algunas cuestiones que no funcionan y que, en muchos casos, continúan reproduciéndose hoy, ocho años después.
Comenzamos, por ejemplo, con los antecedentes y violencias previas. En
la historia que documentó Isabel Muntané en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), el asesino, después de una primera condena en 2011 –que fue
suspendida condicionada a recibir un curso de reeducación–, continuó
maltratando a Núria y, finalmente, la mató. 

No la creyeron: formación especializada

Cuando se analiza el procedimiento posterior al asesinato, observamos fallos garrafales como en la historia de Hannan, asesinada en Melilla junto a un hombre que la estaba ayudando a encontrar trabajo. Aquí, el principal riesgo de la víctima fue que la Policía no la creyó.
Un agente admite, en el reportaje que firma Patricia Simón, que era tan
buen actor que les hacía dudar de que fuese ella la que estaba diciendo
la verdad. No es que ella siguiera viéndole, es que él no la
dejaba. ¿Se está, por tanto, poniendo énfasis en la formación en
violencia de género de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?

Foto: Una mujer y un niño observan un homenaje a las víctimas de feminicidios. (KIKE RINCÓN / PORTODAS)

En el caso contrario, fue la Administración, los diferentes
gobiernos, quienes no hicieron caso durante años a la solicitud de la
Policía. Ocurrió en Chiclana (Cádiz), donde en 2014 fue asesinada Josefa,
una mujer octogenaria. Su marido se suicidó. De Chiclana era también
Eva, la mujer que acaba de ser asesinada en El Puerto de Santa María. Y
en Chiclana se puso recientemente una calle en homenaje a Ana Orantes.
En este municipio costero, había un problema con las dispensas de los policías especializados, que se pasaron años pidiendo no llevar uniformes. Llevarlos desprotegía a las víctimas y alertaba al agresor, argumentaban los agentes. 

Esta unidad, denominada Minerva, llevó su reclamación a la
Subdelegación del Gobierno de Cádiz y a los sucesivos alcaldes (PSOE y
PP). La reivindicación llegó incluso a una petición en change.org,
donde se explicaba que el uso del uniforme “victimiza injusta e
innecesariamente a las mujeres que sufren malos tratos y a su familia”,
es perfectamente visible para el agresor, que puede evadir así la acción
policial y, en muchos casos, aumenta el riesgo de las usuarias. Las
dispensas para todos los agentes fueron conseguidas finalmente en 2017,
con el PSOE en el gobierno municipal.

Juzgados sobrecargados

En la isla de Tenerife, en Arona, fue asesinada María Zulay
en 2014. Este enero de 2023, en Adeje, fue asesinada otra mujer y su
hijo resultó herido al intentar defenderla del agresor. El ministro
Marlaska aseguró en una rueda de prensa que desde el juzgado [de Arona]
no se adoptaron medidas de protección, pero la Policía siguió haciendo
la valoración de riesgo alto en el sistema VioGén.

Cuando la periodista Lidia Rodríguez documentó el caso de María Zulay, el fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, avisaba de que estos juzgados están especialmente sobrecargados.
“Existen carencias generales. En Canarias todavía no hay oficina de
víctimas, no se han implantado las unidades médicas o las unidades
forenses de valoración de las víctimas de violencia de género, con lo
cual no se realiza una valoración, no solo médica sino psicológica o
psiquiátrica, del riesgo de la situación. Arona es un juzgado
sobrecargado, brutalmente sobrecargado. Quizás lo que habría que pedir
es otro juzgado, es algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo, dado el
volumen de trabajo que hay en los juzgados de violencia de género y que
se pudieran atender bien todas las circunstancias”, explicó el fiscal
para PorTodas.

Foto: Una de las imágenes que ilustra el caso de Zulay, en Arona, Tenerife. (LUZ SOSA / PORTODAS)

Estos días también ha vuelto al debate público el caso de Romina, la
primera víctima registrada en 2019. La mujer fue descuartizada por su
marido en Lanzarote y las dilaciones en el proceso pueden acabar con que
el agresor, que nunca ha confesado que la asesinó sino que se asustó al
encontrarla muerta, salga de prisión provisional por no haber fecha aún
para el juicio. Según publican diversos medios, los retrasos se deben a
los constantes recursos del acusado. También en PorTodas hemos
documentado alguna historia en la que el agresor usa este tipo de
fórmula para aplazar las vistas.

Como muestra este estudio periodístico centrado en 2014, no
hay que buscar los fallos en otro planeta, no son cuestiones extrañas ni
sobrevenidas. El diagnóstico está. Y muchas veces son consecuencia del
mal funcionamiento del sistema. Hay veces que la familia no
entiende tampoco, después del asesinato, por qué se hacen rebajas en las
condenas con atenuantes como la reparación del daño.

“En muchos casos, las sentencias ni siquiera explican bien los hechos
hasta tal punto que cuando las víctimas escuchan los hechos probados no
se sienten reconocidas. Y, por otro lado, tampoco explican bien las
categorías jurídicas. La justicia, que debería ser cercana, no lo es”,
analizaba la abogada especializada en violencia de género Amparo Díaz
sobre el caso de Antonia, otro crimen de 2014. «Es una vergüenza que exista ese atenuante», aseguraba. Ella insistía, además, en el choque
brutal entre los servicios especializados en atender a las mujeres y el
sistema judicial, que genera más confusión en las víctimas: “Los
primeros te dicen que denuncies, que pidas protección, y el sistema
judicial te dice verbalmente o con las acciones: ¿Y usted para qué ha
denunciado? Es desquiciante y hay, por otra parte, mucha normativa que
no se aplica”. 

En ocasiones, se atribuye la falta de diligencia a la inexistencia de
denuncias. Pero vemos, también en este otro caso de 2014, que no
siempre es así. Rosa
fue asesinada en el municipio mallorquín de Sóller y es un ejemplo de
la descoordinación institucional y el abandono o la soledad a la que se
enfrentan las víctimas.

¿Qué hacer cuando no hay denuncia?

El 9 de junio de 2014, el mismo día en que fue asesinada, Rosa avisó a
la Guardia Civil de que tenía miedo de su marido, pero no llegó a
denunciar por temor a que este se pusiera más nervioso. En aquel
momento, tampoco se le ofreció ningún tipo de asistencia y ella acabó
dirigiéndose a la finca en la que vivían antes de separarse y donde él
la había citado. Rosa Cursach, directora insular de Igualdad del Consell
de Mallorca desde 2019, explicaba en la entrevista que le hizo Alba
Marea para documentar la historia lo siguiente: “Se acercó a la Guardia
Civil pero no puso denuncia. ¿Qué significa acercarse? Si una mujer va a un cuartel a las 7 de la mañana hay que hacer algo aunque no denuncie”. 

En cerca de 7 de cada 10 feminicidios del año 2014 no hubo denuncias
previas. Como explica Meritxell Rigol al documentar el caso de Zunilda,
asesinada en Barcelona, la minoría de mujeres asesinadas ese año que
habían interpuesto denuncia contra quien llegaría a matarlas lo hicieron
por violencia física, por amenazas, acoso, violencia verbal, retención
forzada, quebrantamiento de medidas penales, por ser echadas de casa sin
las llaves, violencia sexual, impedir el acceso al dinero y destruir
propiedades de la mujer. “Socialmente hay muchas señales de violencia que están normalizadas,
y es difícil identificar que pueden acabar teniendo consecuencias
mortales”, planteaba Bàrbara Roig, coordinadora de transversalidad de
género en el Ayuntamiento de Barcelona.

«Nunca lo pude imaginar»

Foto: Dos mujeres caminan por una urbanización de El Campello. (ELVIRA MEGÍAS / PORTODAS)

Virtudes, una mujer de 33 años asesinada en 2007 en El Campello
(Alicante), sí había presentado denuncias. En el verano de 2014, Esperanza,
de 87 años, fue asesinada a solo unas calles de distancia del anterior
crimen machista. Unos meses antes, en el mismo pueblo, otro hombre
asesinó a Alicia, una mujer de 58 años a la que había conocido poco
antes. Y en 2017, en la misma urbanización frente al mar, un hombre de
86 años mató a Margaret, de 79, en la residencia de mayores en la que
ambos vivían. Documenta estos casos la periodista Anna Gimeno, que
incide en dos aspectos: en Alicante, una de las provincias con mayor
número de asesinadas en cifras netas, el 15% eran mayores de 65 años y
el 60%, extranjeras.

Las mujeres de más de 65 años, sometidas a una violencia normalizada
durante años, no han recibido la atención ni ayuda necesaria. No fue
hasta 2019 cuando el Gobierno publicó el primer estudio específico sobre este grupo de población, de especial vulnerabilidad por su invisibilidad. Sentirse solas, no escuchadas. Lo narraban ese 2019 en La Marea mujeres de la asociación Los Geranios de El Puerto de Santa María,
que cantaban sus propias letras de carnaval: “Cuando creas que todo
está chungo / cuando pienses que todo acabó / abre puertas y abre tus
ventanas / verás contenta cómo sale el sol. / Y ve contándole a tus
amigas / que ellas sí que saben escuchar / ya verás cómo todas te dicen:
/ de tó se sale, hija, de tó se sale”. Esas reuniones, contaban, les
han devuelto –o simplemente les han dado– valor y autoestima. En buena
parte de los casos, el entorno, la familia, las amistades, tampoco
supieron ver señales de violencia. El “nunca lo pude imaginar” es una frase recurrente en las historias documentadas. 

Sobre la circunstancia de que una mujer sea extranjera, los factores
condicionantes estarían relacionados con“el miedo a ser expulsadas del
país, el desconocimiento de los recursos y de sus derechos y muchas
veces el desconocimiento del idioma –a veces son solo ellos los que
hablan español en la familia– y no vienen al centro a no ser que les
deriven desde el centro de salud o servicios sociales”, explicaba
Mariola Navarro, psicóloga del recurso especializado de referencia en
Alicante, el Centro Mujer 24 horas de la Generalitat Valenciana.

Foto: Una placa da la bienvenida a la sala de exposiciones que el Museo de Nerja rotuló con el nombre de Ana María Márquez a modo de homenaje póstumo. (ÁLVARO MINGUITO / PORTODAS)

El error, otras veces, es consecuencia de considerar que una mujer
culta, con estudios, con una vida independiente nunca puede ser
maltratada. Ana María
era la directora del Museo de Nerja. Fue asesinada en Torrox (Málaga)
por su pareja en agosto de 2014. Nunca dijo nada a nadie, en su entorno
no se activó ninguna alarma. Pero, como documentó la periodista Iria
Comesaña, la autopsia sacó a la luz una realidad: además de las 131 puñaladas que acabaron con su vida, se descubrieron lesiones antiguas que demostraban malos tratos habituales.

Pocos meses antes, Ana María dijo que la había atacado un perro. Llegó al trabajo con un mordisco en la nariz que la hizo quedarse varios días en casa. Nadie lo puso en duda, tampoco el centro de salud activó ninguna alarma. Si los indicadores hubiesen sido efectivos y el sistema sanitario los hubiese aplicado, como explicaba la entonces directora del IAM Laura Fernández, habría habido alguna posibilidad de vigilar ese caso de cerca. 

Fuente: https://www.lamarea.com/2023/01/13/crimenes-machistas-los-fallos-se-repiten-en-el-tiempo/

Un ataque cobarde contra la paz total

Martina Neyra

No les bastó con negarle a Petro lo que le dieron en cinco minutos a Uribe: recordemos que para las negociaciones con Uribe le dieron cese al fuego sin ningún problema. Luego montaron un drama fuera de toda proporción mediante un comunicado inmamable, en el que se ahogan en un vaso de agua, y denuncian que el acuerdo de paz está en crisis. ¡En crisis, por Dios! Parecen adolescentes adictos a las tragedias de telenovelas. Se deshacen en explicaciones chimbas sobre tecnicismos porque parecen no tener una propuesta de país que ofrecer en las negociaciones. El tecnicismo exasperante de los elenos es, en el fondo, puro sustituto a la política. 

Ahora nuevamente dan muestra de la tela con la que están hechos. Se salen del cese al fuego bilateral, no para enfrentarse con el estado. Por favor, claro que no, si eso nunca lo han hecho. Las cifras hablan por sí solas: cuando se desmovilizaron las FARC-EP en el 2016, las bajas del ejército se redujeron en un 97%. Los elenos no eran responsables ni de un 3% de las bajas, pues hasta el EPL, con mucha menor presencia, combate más que ellos. Es sólo después de la recomposición de las FARC-EP bajo los liderazgos de Iván Lozada, Gentil Duarte, Jhonier, y Wilson Mayimbú que el ejército volvió a ver actividad guerrillera. Así que no es que los elenos rechazaron el cese al fuego para enfrentarse con el estado. 

No, los elenos rechazan el cese al fuego bilateral exclusivamente para enfrentarse con las FARC-EP cuando éstas estaban con la guardia baja debido al cese. Para atacar de manera traicionera, cobarde y por la espalda a revolucionarios, ahí sí que sacan garras, pero para atacar al ejército ahí sí que no se les ve. Pueden decir lo que quieran en sus comunicados. Pueden inventar toda clase de calumnias en contra de las unidades de las FARC-EP en Arauca, pero los hechos hablan por sí solos. No hay nada más que decir, salvo que quedan muchas interrogantes sobre su manera de proceder y para qué intereses son funcionales. Debería su comando central aclarar si esta es política del ELN, si hay un plan de atacar a las organizaciones en cese al fuego bilateral para desestabilizar la paz o si es verdad lo que todo el mundo dice: que ese comando central es una instancia decorativa pues no la respeta ninguno de los frentes en los territorios. O las provocaciones del ELN contra la paz total vienen desde lo alto de su comandancia, o ésta no tiene realmente control sobre la organización. Ninguno de ambos escenarios posibles es muy alentador para la paz total.

En la práctica, dejan a Petro en una situación extraordinariamente difícil. Petro no puede permitir que se utilice el cese al fuego bilateral para adelantar agresiones en contra de organizaciones que están demostrando ser más serias en la búsqueda de la paz. Y tampoco puede permitir que una organización a la que se le está poniendo todo lo más fácil para el diálogo, se burle así no sólo del primer gobierno verdaderamente reformista que hay en Colombia, sino que además se burle de la esperanza de las comunidades. Este no fue solamente un ataque a revolucionarios que sí están poniendo sus propuestas por delante, que están en cese al fuego bilateral. Este acto, de por sí detestable, es en realidad mucho peor, porque es un ataque a las comunidades. Es hora de que esa comandancia elena demuestre sí tiene mando y si tiene realmente voluntad de paz. Cada una de sus acciones hasta ahora demuestran que ni tienen lo uno ni lo otro. Esperemos que esta vez hablen con gestos, no con comunicados mamones que no le interesan a nadie. 

El extrañísimo daño de Ana Belén Montes a los Estados Unidos

JDF

Cualquier cosa puede ser aprovechada para ello: la llegada masiva de inmigrantes, unos “ataques sónicos” que hasta la CIA niega ahora que hayan ocurrido, el desarrollo biotecnológico o informático de la isla, una protesta callejera, la respuesta a una violación del espacio aéreo cubano, la colaboración cubana con Venezuela… Lo cierto es que la idea de la intervención militar para resolver lo que algunos llaman allí “el problema cubano” no deja de circular en las redes digitales, los medios de comunicación y las mentes de personas con capacidad de proyección pública en aquel país.

Los
militares estadounidenses, con tan buenos resultados recientes en
lugares como Libia, Afganistán e Irak, parecen no compartir el mismo
entusiasmo. Mark Esper, ex Secretario de Defensa de Estados Unidos
durante el gobierno de Donald Trump, reveló en su libro A Sacred Oath:
Memoirs of a Defense Secretary in Extraordinary Times cómo con el apoyo
del general Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, logró
“aplastar” “cosas realmente malas, cosas peligrosas que podrían haber
llevado al país por una dirección oscura” en relación con Cuba y
Venezuela, como un bloqueo naval total y una intervención militar.

Siempre hay
gente dispuesta a hacer que otros mueran por su cuestionable gloria.
Cuenta Esper que uno de ellos era el Presidente Trump. Ante esa
posibilidad, que únicamente espera tener un pretexto creíble para
convertir La Habana o Caracas en blanco de misiles norteamericanos, el
discurso dominante dicta que quienes habitan ambas ciudades solamente
deben confiar en el buen estado mental de personas como Esper, y rezar
porque sean capaces de disuadir a sus superiores. Si alguno de esos
países intenta adquirir armamento, o al menos modernizarlo, como sucedió
con unos aviones Mig 29 que Cuba enviaba para reparar en otro país, la
misma prensa que convenció al mundo de los ataques sónicos en La Habana y
las armas de destrucción masiva en Irak pondrá el grito en el cielo
mientras normaliza los presupuestos militares de cientos de miles de
millones de dólares del gendarme mundial.

Ante esa
prensa, Cuba, país que lleva más de sesenta años en el colimador de los
cohetes y bombarderos estadounidenses, no solo no tiene derecho a poseer
armamento defensivo para que el costo de una intervención disuada a su
probable agresor, sino que tampoco puede tratar de informarse sobre las
“cosas realmente malas, cosas peligrosas” -Esper dixit– que
contra ella se puedan urdir por los pacíficos dirigentes de los Estados
Unidos que, dicho sea de paso, nunca han agredido a nadie.

Leer los
titulares de la gran prensa internacional a raíz de la excarcelación,
tras cumplir veinte años en prisión, de la puertorriqueña Ana Belén
Montes, es una escuela de hipocresía. A Belén Montes se le acusó de
conspiración para cometer espionaje a favor de Cuba desde su puesto de
analista de la Agencia de Inteligencia para la Defensa de los Estados
Unidos y fue condenada a 25 años de cárcel, cinco de los cuales cumplirá
ahora en “libertad supervisada”, con el acceso a Internet restringido y
la prohibición de trabajar para gobiernos y contactar agentes
extranjeros sin permiso. Sin embargo, los titulares de esa prensa
insisten en el “daño” que pudo haber hecho esta mujer a los Estados
Unidos.

La tarea de
Belén Montes en el Pentágono era la información sobre Cuba, el único
“daño” que pudo haber hecho está restringido a alertar a un pequeño
país, dañado sin tregua y sin piedad por el gobierno de Estados Unidos,
sobre lo que su victimario pretende contra él en el nada dañino plano
militar. Pero un ex oficial del FBI implicado en el caso y una ex
congresista estadounidense que incitó públicamente al asesinato de Fidel
Castro bastan para fungir como tribunal mediático y sumar palabras a su
condena judicial.

El cine de
Hollywood está lleno de historias en que personas muy agradables y
atractivas, casi siempre agentes de la CIA, brindan información al
gobierno de Estados Unidos sobre las intenciones de sus adversarios y
son tratados como héroes. También de otras en que esos buenazos del FBI,
continuadores del no menos bueno John Edgar Hoover, persiguen y
capturan a quien intente hacer lo mismo acerca de lo que Washington se
propone en su benevolente y solidario desempeño hacia la humanidad. Pero
los presupuestos mutimillonarios, las decenas de miles de empleados, y
el uso intensivo de tecnologías de todo tipo, desde satélites hasta las
puertas traseras en redes digitales y sistemas operativos de
dispositivos electrónicos personales, superan cualquier ficción. Edgar
Snowden mostró que no solo los adversarios les interesan, también
quieren saberlo todo sobre sus aliados.

Pagan bien
los dueños del mundo a informantes, tecnólogos y profesionales de todas
las ramas del saber para que no se les escape un detalle de su interés,
aunque el 99% de los espiados nunca hayan tenido la menor idea de hacer
algo contra los Estados Unidos. Si los candidatos a ser intervenidos
militarmente encuentran a alguien que, sin cobrar un centavo, entre en
las entrañas del monstruo y no mire los planes contra ellos con ojos de
victimario, sino de humanidad, entonces no basta la condena judicial,
hay que linchar comunicacionalmente el mal ejemplo de esta mujer que
tuvo el valor de decir ante quienes la condenaron:

“Considero
que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta,
profundamente inamistosa. Me consideré moralmente obligada a ayudar a la
Isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros
valores y nuestro sistema político. Nosotros hemos hecho gala de
intolerancia y desprecio hacia Cuba (…). Nosotros nunca hemos respetado
el derecho de Cuba a definir su propio destino, sus propios ideales de
igualdad y justicia (…). Hice lo que consideré más adecuado para
contrarrestar una gran injusticia”.

Lo cierto
es que militares y ciudadanos estadounidenses, si estuvieran bien
informados, lejos de condenarla, deberían agradecer a esta mujer que
contribuyó a evitar una guerra de Estados Unidos contra Cuba. Viendo
cómo salió EE.UU. de Vietnam, Irak o Afganistán… ¿le habrá hecho daño a
ese país, o lo ayudó?

Fuente: https://lapupilainsomne.wordpress.com/2023/01/10/el-extranisimo-dano-de-ana-belen-montes-a-los-estados-unidos-por-iroel-sanchez/

¿Usted cree que los Ponchos Rojos son locos?

JDF

De mi mayor consideración:

He leído la carta que usted ha escrito desde el Penal de Chonchocoro. Y no me sorprende las mentiras que menciona. Usted siempre ha sido un hombre de conducta oscura en donde el engaño, el odio y la violencia son parte de su personalidad. Para empezar, déjeme aclararle: la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, lo citó cuatro veces para que usted declare sobre el caso ”Golpe de Estado I”. Y usted creyéndose el Dios intocable de Santa Cruz, y bien atrincherado entre las logias cruceñas, hizo caso omiso. Se burló del Estado boliviano. Es más, con sorna dijo: “Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo”. Durante dos años no fue a declarar a la Fiscalía. Finalmente, el 31 de octubre del año pasado se emitió la orden aprehensión en su contra. Usted lo sabía muy bien. Usted es abogado y tiene a su disposición otros abogados. Y no hicieron absolutamente nada. En consecuencia, su detención es correcta y de acuerdo a la ley. No sea cobarde al hablar de secuestro. En todas partes del mundo cuando una persona, como usted, comete desacato ante las funciones del Estado, es detenida por las fuerzas de seguridad. En este sentido, se ha cumplido lo que usted pedía. Y ahora está en la cárcel de máxima seguridad.

Usted
utiliza exactamente los mismos métodos de la señora Jeanine Añez:
su enfermedad, que ha caído en las garras de la dictadura masista,
que fue secuestrado, que lo tratan mal, que es una injusticia, etc. Y
de nada le sirvió a la señora Añez. El Gobierno de Luis Arce
Catacora, conforme la ley, ha tomado medidas para cuidar su salud. El
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó: “El excívico
Fernando Camacho tiene en la cárcel de Chonchocoro a su disposición
un equipo de 18 profesionales entre médicos generales y
especialistas, además de equipamiento médico e, incluso, una
ambulancia. La habitación en la que pernocta tiene las condiciones
necesarias y se habilitó un segundo catre para sus visitas. Puede
disponer de 5 médicos generales en turnos de 24 horas, 2 licenciadas
en enfermería, 5 especialistas del hospital de Clínicas, 1
reumatólogo, 1 inmunólogo, 1 médico internistas, 2 emergenciólogos
y 1 terapista intensivo. También está dispuesto laboratorios del
estatal Inlasa y una ambulancia categoría C. El ambiente en el que
está recluido cuenta con el equipo médico necesario”. ¿Qué más
quiere usted? 18 profesionales de medicina (!). Por favor, no hay por
donde perderse. A pesar de su enfermedad, usted goza de una salud
estable. En las cárceles de Bolivia hay muchos presos con problemas
de salud, y ninguno de ellos disfruta de esas ventajas que tiene
usted. Qué injusticia, ¿verdad?

Si
usted, en el futuro, decide quitarse la vida; es problema suyo. Y no
eche la culpa al Gobierno, porque su muerte tendrá nombre y apellido
de usted.

¿Se acuerda de aquel día cuando habló, frente al monumento del Cristo Redentor, junto con Marco Pumari? Los dos con voz hitleriana, anunciaron a voz en cuello, la caída del Gobierno de Evo Morales. ¿Se acuerda del video que circula por las redes sociales? Cuando dice: “Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan a reprimir; fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos, a coordinar todo, fue Fernando López, actual Ministro de Defensa. Es por eso que él está de ministro de Defensa, para cumplirles los compromisos”. En ningún país del mundo se ha visto que una familia privada, en este caso, la familia Camacho Vaca negocie con los militares mientras se prepara un golpe de Estado.

¿A qué obedece esa conducta? ¿Por qué el siniestro Fernando López habló con los militares? ¿Cuáles son los compromisos que usted menciona? ¿Quiénes están detrás del golpe de Estado? ¿Cuánto dinero recibieron de EEUU?

Hay muchas sospechas al respecto y el pueblo boliviano tiene derecho a saber la verdad.

Esos
dos actos fueron el principio del golpe de Estado contra el
Presidente Evo Morales Ayma. Luego vinieron las reuniones en la mal
llamada Universidad Católica. En esa casa de estudios se reunieron
personas de tendencia ultra fascista y, sin ningún mandato, pusieron
a la señora Añez como la presidenta del Estado Plurinacional de
Bolivia. El golpe de Estado se hizo realidad. Y, en consecuencia, se
llevaron a cabo todo lo que ya se conoce: persecuciones,
allanamientos, atropellos a los Derechos Humanos, sicariato,
nepotismo en grado superlativo, abusos sexuales a mujeres aymaras,
quema de casas, quema de ciertas oficinas del Estado, 1500 presos
ilegales, 37 muertos por balas del ejército, pateaduras a mujeres de
pollera, vandalismo por los grupos criminales afines a la dictadura
de Añez y a los comités cívicos de Santa Cruz, de Cochabamba y de
La Paz. Como también desfalco a las arcas del Estado, robos de
dinero por sobre precio en la compra de respiradores y de gases
lacrimógenos, torturas como por ejemplo a Carlos Romero, a Patricia
Hermosa, a Patricia Arce y a muchas otras personas que sufrieron
atentados durante el régimen fascista de Añez. Entonces, ¿de qué
democracia habla usted? ¿Cuál es el Dios que usted señala y que
permite muertes, sangre y sufrimientos?

Los
pensamientos fascistas, que usted tiene en la cabeza, los expresa con
una Biblia en la mano y con un rosario alrededor del cuello. Y, por
consiguiente, usted es el brazo articulador para la violencia que se
genera en Santa Cruz. Una violencia que se ha dado en todos los
ámbitos de la sociedad. Durante la huelga de 36 días en Santa Cruz,
usted se negó a dialogar con el oficialismo. Según estimaciones,
Bolivia perdió 1000 millones de dólares a causa de la huelga. Así
actúa usted con crueldad, con racismo, con hechos vandálicos, con
grupos criminales a su mando, con discursos fascistas pronunciados
por sus secuaces, con odio, con resentimiento y creyéndose el
“todopoderoso” de la ciudad de Santa Cruz. Como si usted fuera el
representante de los 3,5 millones de habitantes de esa bella ciudad,
en donde la mayoría es gente linda, hospitalaria y de buenos
sentimientos. Toda la violencia de Santa Cruz tiene un fin: lograr la
impunidad para los delincuentes. Pero jamás lograrán su funesto
cometido.

También
cabe señalar que el informe de la Comisión Legislativa que se
realizó en 2017, revela que sus empresas están involucradas en el
caso Papeles de Panamá. Usted como dueño y señor de tales empresas
evadió impuestos al Estado boliviano. Es decir, no pagó la suma de
1.134 millones de dólares por concepto de impuestos. Según la
normativa del Código Penal de cualquier país del mundo, las
personas como usted con antecedentes delincuenciales, no pueden
postular para ser elegidas como autoridades. Sin embargo, gracias a
pequeños grupos con una ideología fascista, usted ha sido elegido
como Gobernador de Santa Cruz. Y con sus actos criminales ha
traicionado a Dios y al pueblo de Santa Cruz.

El pueblo boliviano no busca venganza ni revanchismo. Lo que busca, con poderosas lámparas de carburo, con sombreros, ponchos y whipalas; es Justicia y nada más.

¿Usted cree que los Ponchos Rojos que hacen vigilancia fuera de Chonchocoro están locos? ¿Cree usted que los pueblos originarios que reclaman justicia, son desquiciados mentales? ¿Cree usted que los familiares de los asesinados, durante la dictadura de Añez, son esquizofrénicos? Nada de eso, señor Camacho.

En
conclusión, usted es uno de los actores intelectuales de toda la
violencia y la ruptura constitucional en Bolivia, a partir del golpe
de Estado de la señora Añez y su Gobierno. Y, por tal razón, tiene
las manos manchadas con sangre de las masacres de Senkata, de Sacaba,
del Pedregal y de otras partes donde murieron gente inocente por
balas del ejército. Todo el daño que usted ha provocado a Bolivia,
está tipificado como “terrorismo de Estado” o “traición a la
Patria”. Si usted estuviera en Estados Unidos, después de un
juicio de responsabilidades, iría a la silla eléctrica. En Bolivia
no existe la pena de muerte como castigo. Así que puede estar
tranquilo.

Los
crímenes de lesa humanidad, como los que ocurrieron durante la
dictadura de Añez, en la cual usted formó parte; no se solucionan
con “sentimentalismos”, con “lloriqueos” ni violando la
verdad. Se soluciona con todo el peso de la ley. Para refrescar su
memoria mencionaré algunos casos:

El exlíder yugoslavo, Slobodan Milosevic, fue juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Trató de frenar el procedimiento jurídico alegando problemas de salud. No le fue bien, y murió a los 64 años en la prisión del Tribunal Penal Internacional. El exlíder militar bosnio croata, Slobodan Praljak, también acusado por crímenes de lesa humanidad, al escuchar la sentencia de 20 años de cárcel por un juez de La Haya, se suicidó durante una audiencia en el Tribunal Penal Internacional. Según médicos forenses holandeses había ingerido cianuro para después morir en un hospital. El expresidente del Perú, Alan García, se suicidó con un disparo en la cabeza antes de ser detenido. Nunca quiso enfrentar a la justicia peruana porque sabía lo que le esperaba.

La
justicia llega, aunque tarde; pero llega. Ahora, usted se enfrenta a
la justicia boliviana. El pueblo de Bolivia tiene que saber lo que
aconteció antes del golpe de Estado cuando usted era uno de los
cabecillas. También se debe esclarecer todo lo ocurrido durante el
totalitarismo del Gobierno de Añez. Cada día que pasa se van
sumando denuncias en su contra. La situación es extremadamente
crítica para usted. Hay suficientes elementos, tanto en las redes
sociales como en el expediente que tiene el Estado boliviano
referente a su persona, para juzgarlo.

Por
sus acciones terroristas contra el Estado Plurinacional de Bolivia,
creo que la condena de cárcel para usted, oscila entre 15 a 20 años.
Y me alegra, como dice en su carta, que ahora esté más fuerte que
nunca. Así logrará una existencia más llevadera, mirando el sol
del altiplano boliviano, desde las rejas del Penal de Chonchocoro.

JDF

La dictadura cívico-militar empieza a resquebrajarse

JDF
2023-01-13
El
asesinato de casi 50 estudiantes y trabajadores peruanos ha dado la
vuelta al mundo, generando un escándalo internacional. La CIDH
cuestiona al gobierno golpista. El New York Times (NYT), redactó una
nota criticando a Boluarte por la masacre. La Coordinadora de DD.HH.
acaba de pedir la renuncia de la presidente golpista. Hasta una
entrevista a los padres de familia del suboficial fallecido, José
Soncco, que quiso ser utilizada a favor por el régimen golpista,
terminó en el pedido de que Dina Boluarte debe renunciar. Pero la
noticia que podría ser el comienzo de derrumbe del régimen
dictatorial es la renuncia irrevocable del Ministro de Trabajo,
Eduardo
García.

“La
situación amerita un cambio de rostro en la dirección del país y
de un adelanto de elecciones que no puede esperar hasta abril del
2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste, que, al menos en mi
caso, me inhabilita para poder poner en práctica la constricción
del diálogo que considera que necesita el país”, redactó
García en su carta de renuncia. Luego, Eduardo García, le recordó
a la presidenta golpista, Dina
Boluarte, que,
“Sin embargo, señora presidenta, la tragedia prontamente se
repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y Cusco. Esta
vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es
suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos
de vivir así lo demuestran”.

Y
no es para menos. Las marchas del día 12 de enero han sido masivas
en casi todas las provincias del país, con la excepción de la costa
norte, que siempre se han caracterizado por ser conservadoras. En el
Cusco y Puno, acaba de haber un joven fallecido por cada región. En
Lima, aunque la marcha no llega a las grandes jornadas de lucha del
2000, pues, la tendencia apunta hacia eso.

Hay
decenas de piquetes
en casi diez regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de
Dios, Amazonas, San Martin, Cajamarca, etc. Cada día que pasa se
apunta una nueva región o provincia. La masacre en Juliaca, Puno, ha
intervenido poniéndole leña al fuego, acicateando más la lucha de
clases.

Dina
Boluarte no acudió a la reunión de los Gobernadores Regionales, que
con tanto ahínco había organizado el jefe del gabinete técnico,
Raúl Molina. Y la Asamblea de Gobernadores ha pedido “ni un muerto
más y que se adelanten las elecciones inmediatamente”, mientras
que los gobernadores de Cusco y Puno, demandan “renuncia de Dina
ya”. A esto hay que agregar que 12 Colegios de Abogados de 12
regiones también han pedido la renuncia de la mandataria golpista.

Por
su lado, como un hombre al borde del abismo, el propio premier
reaccionario, Alberto Otárola, ha tenido que sentar posición sobre
la “renuncia de Dina”, al decir que, “… Yo quiero
decirlo con toda claridad: la señora presidenta no va a renunciar.
Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino
porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se
afiance. Dejar la presidencia de la República sería abrir una
compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no
va a ocurrir”, (La República, 12/01/23).

El
gobierno de Dina es insostenible. Es difícil que llegue a terminar
su mandato hasta el 2024. Tarde o temprano caerá. Hasta ahora ha
logrado sostenerse porque las movilizaciones en Lima no han sido
masivas y porque la clase obrera no ha puesto su sello en la lucha de
clases. Pero todo eso puede cambiar. Además, los 50 muertos en
provincias son, como decimos, líneas arriba, un escándalo
internacional. Ningún gobierno extranjero va a querer tomarse una
foto con una presidenta asesina.

Incluso,
hasta el jefe del partido Alianza para el Progreso (APP), César
Acuña, declaró, “…invoco
a los 130
congresistas que
aprueben el adelanto de las elecciones, porque en caso de que no lo
hagan, el país se va a levantar peor. Si
hubiera muchas muertes (más), ya habría un genocidio y los
responsables serían los 130 congresistas…”,
(LR, 12/01/23).

Así
las cosas, el régimen político golpista, se rehúsa a abandonar el
poder político porque implicaría que Dina, Boluarte y los jefes
militares y policiales, terminen en la cárcel. Sería un gran golpe
al poder coercitivo que basa su poder en el monopolio de las armas.

No
obstante, las masas hacen la historia. Y las masas ya han puesto su
sello de clase andino-amazónica: ¡Fuera Dina, asesina!

César Zelada es dirigente de la Agrupación Vilcapaza y del Movimiento Popular Sin Techo Perú (MSTP).
JDF