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El legislador habría actuado en contra de normas establecidas en el Código de Ética de la Cámara, al intentar evitar que se informara sobre la contratación de su hija por la Cancillería Nacional. Esto tras denuncias de que la funcionaria está percibiendo un salario equiparable al de un ministro.
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Esgaib enfrenta acusaciones por conducta reincidente, ya que fue sancionado previamente con 60 días sin goce de sueldo. Esta vez, sus acciones han escalado a la violencia física, lo que refuerza la gravedad de la situación.
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Las organizaciones señalan que estos actos, al ser perpetrados por un legislador, constituyen una violación estatal a la protección de la libertad de prensa, expresión e información, así como al derecho de las mujeres a trabajar en ambientes libres de violencia.
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Fotografía: gentileza.«No solo es alarmante el aumento de la violencia dirigida hacia las mujeres periodistas, sino que representa una afrenta directa al derecho a ejercer la profesión con dignidad y sin temor. En un país marcado por preocupantes índices de violencia machista, es inadmisible que un diputado nacional, investido con la responsabilidad de su cargo, perpetúe y promueva mensajes de violencia contra las mujeres. Desde su posición en el poder estatal, no solo debería ser un defensor de los derechos, sino también un ejemplo de integridad y respeto hacia todas las mujeres periodistas», señaló Noelia Díaz Esquivel, miembro de la RMPCPy.
Ante la recurrencia de casos donde familiares de autoridades parlamentarias son contratados con salarios elevados, las organizaciones subrayan la necesidad de que los trabajadores de prensa cuestionen y den a conocer estos hechos a la ciudadanía. RMPCP y SPP esperan que se aplique la sanción más severa en este caso, removiendo del cargo al legislador, y el cese de la violencia y la impunidad.
