Cuando Denunciar se Convierte en Delito: Terrorismo Legal contra las Víctimas de Abuso Sexual
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Por Laura Ibáñez
El caso de Cristian Campos ha destapado algo más que una denuncia de abuso sexual contra un conocido actor de Chile. Hoy, también está revelando las estructuras de poder que protegen a los agresores y castigan a quienes se atreven a nombrar la violencia sexual. Por eso, la presentación de un proyecto de Ley, que pretende tipificar como delito la “denuncia falsa” por abuso sexual, no es una iniciativa que no busca justicia, sino que busca silencio.
La prescripción no es inocencia
En primer lugar, es fundamental aclarar algo, que se ha distorsionado deliberadamente en el debate público: Cristian Campos no fue sobreseído porque se comprobó que la denuncia es falsa. Fue sobreseído porque el delito había prescrito.
La prescripción significa que pasó el plazo legal que tiene el Estado para perseguir un delito. Es un tecnicismo jurídico, un límite temporal que impone la ley procesal, no una declaración de inocencia. La denunciante presentó su acusación cuando ya habían transcurrido los años que establece la ley para poder investigar y juzgar ese tipo de delitos. Por eso, no se investigó si los hechos ocurrieron o no: simplemente, el tiempo legal se había agotado.
Cabe señalar que el caso prescribió porque cuando ocurrieron los hechos denunciados, los delitos sexuales contra menores de edad aún tenían prescripción en Chile. Recién desde 2004, con la Ley 19.974, se estableció la imprescriptibilidad para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Dicho de otro modo: no sabemos si los hechos sucedieron porque nunca se investigaron. Lo único que lo salvó de enfrentar un juicio, fue que la denuncia llegó después del plazo que marca la ley. La prescripción es una salida técnica, no una declaración de inocencia.
Y, sin embargo, sobre la base de un caso que nunca se investigó, se pretende construir una legislación que criminalizará a las víctimas que se atrevan a denunciar.
El silencio de la infancia y la justicia que llega tarde
Pero hay algo más profundo que debemos analizar ¿por qué tantas víctimas de abuso sexual infantil recién denuncian cuando son adultas? La respuesta está en la naturaleza misma del trauma y en las dinámicas del abuso de poder.
Las niñas y niños que sufren abuso sexual enfrentan barreras monumentales para hablar. Primero, porque muchas veces no tienen el lenguaje para nombrar lo que les está pasando. Segundo, porque el abusador suele ser alguien cercano, de confianza, alguien que ejerce autoridad sobre ellas: un padre, un tío, un vecino, un abuelo, entre otros. Tercero, porque el abusador construye deliberadamente un entorno de miedo, culpa y silencio: “si hablas, nadie te va a creer”, “esto es culpa tuya”, “vas a destruir a la familia”.
El trauma infantil, además, opera de maneras complejas. La disociación, la negación, la normalización del abuso son mecanismos de supervivencia que permiten a niñas y niños seguir viviendo. Muchas veces no es hasta la adultez, cuando se ha construido cierta autonomía y distancia, cuando se logra procesar y poner en palabras el abuso sufrido.
El derecho comparado internacional, nos demuestra que se ha reconocido esta realidad, razón por la cual, varios países han eliminado la prescripción para delitos sexuales contra menores de edad, o han establecido que el plazo comienza a correr recién cuando la víctima cumple la mayoría de edad. Lamentablemente, Chile ha avanzado poco en esto, manteniendo plazos de prescripción que, en la práctica, garantizan la impunidad de los abusadores.
La imposible prueba del abuso
Aquí llegamos a una de las crueldades más perversas del sistema: la extrema dificultad de probar un delito sexual. A diferencia de otros delitos, el abuso sexual suele ocurrir en la intimidad, sin testigos, sin cámaras, sin evidencia material inmediata. El diseño mismo del delito contiene el aprovechamiento de la vulnerabilidad, el secreto o el aislamiento de la víctima y esto hace que reunir pruebas sea casi imposible.
¿Qué le queda a una víctima? Su testimonio. Pero el sistema judicial históricamente ha desconfiado del testimonio de las mujeres, de las niñas, de las víctimas. Se les somete a cuestionamientos donde se ponen en duda cada detalle: por qué no gritaste, por qué no te resististe más, por qué seguiste viendo al agresor, por qué esperaste tanto para denunciar. Como si existiera un manual de “cómo comportarse correctamente cuando te violan”.
La ciencia forense ha demostrado que la ausencia de lesiones físicas no significa ausencia de delito. Que el comportamiento de las víctimas de trauma sexual puede ser contradictorio, fragmentado, aparentemente “ilógico”. Que la memoria traumática funciona diferente a la memoria cotidiana. Pero estos conocimientos todavía no permean suficientemente el sistema judicial y por lo visto tampoco en los legisladores que patrocinan este proyecto.
Cuál es el resultado de estos obstáculos para las víctimas: la inmensa mayoría de los abusadores quedan libres. Las cifras oficiales son brutales. Según datos del propio Ministerio Público, entre 2011 y 2020, el 52,6% de las causas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes fueron archivadas. En años más recientes, la situación empeoró: en 2023, el 68,4% de las causas tuvieron salidas no judiciales.
Las “salidas no judiciales” significan que los casos nunca llegaron a un juez, que nunca hubo un juicio, que nunca se dictó sentencia alguna. El 60% de los casos fueron simplemente archivados por “falta de antecedentes”. Entre 2016 y 2022, solo entre el 10% y 14% del total de denuncias llegaron siquiera a tener una sentencia definitiva, y en años como 2020, apenas el 8,34% de los casos tuvo resolución judicial.
Esto no significa que el 90% de las denuncias sean falsas. Significa que tenemos un sistema que archiva sistemáticamente las causas sin investigarlas adecuadamente, que decide no perseverar cuando la prueba es difícil, que es estructuralmente incapaz de procesar y juzgar estos delitos. El archivo provisional o la prescripción, no es una declaración de inocencia, ni una confirmación de denuncia falsa, es simplemente el sistema diciendo “no pudimos o no quisimos reunir suficiente evidencia”.
Es así como muchos abusadores caminan libremente mientras sus víctimas cargan con el trauma, la culpa y el miedo. Y ahora, con este proyecto de ley, se pretende agregar una amenaza más y da un claro mensaje “si no logras probar tu caso en un sistema diseñado para no poder probarlo, podrías terminar procesada penalmente y cumpliendo condena.
El miedo como política criminal
Pero este proyecto no nace del vacío, sino que emerge de una tradición jurídica que históricamente ha desconfiado de las mujeres y de quienes denuncian abusos de poder. Bajo la retórica de “proteger a los inocentes”, lo que realmente se está construyendo es un mecanismo de amedrentamiento que agrega otra capa de terror al ya tortuoso camino de denunciar un delito sexual.
Pensemos en las comunidades donde denunciar ya implica enfrentar el ostracismo social, la pérdida del trabajo, la ruptura familiar. Pensemos en las mujeres que saben que sus agresores tienen recursos económicos, conexiones políticas, acceso a los mejores abogados o cobertura comunicacional. Pensemos en las niñas y niños que finalmente, después de años, se atreven a hablar, sabiendo que probablemente no habrá justicia porque el delito prescribió. Ahora agreguemos la amenaza de ser procesadas penalmente si no logran probar su caso más allá de toda duda razonable. El mensaje es claro para ella: mejor quédate callada.
La paradoja jurídica del poder
Desde una perspectiva de derechos humanos, este proyecto representa una inversión perversa de las obligaciones estatales. Chile ha suscrito tratados internacionales —como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW— que lo comprometen a remover los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. En lugar de eso, estamos ante una iniciativa que añade obstáculos, que multiplica el costo de denunciar.
La falsa denuncia ya es un delito en Chile: se llama calumnia. Lo que este proyecto realmente busca es crear un tipo penal específico que permita perseguir con mayor eficacia a quienes denuncian delitos sexuales. Es una herramienta de disciplinamiento disfrazado de garantismo procesal.
Cuando el victimario se victimiza
El caso Campos es paradigmático para mostrar, cómo opera el poder cuando se ve amenazado. Un hombre con recursos, con tribuna mediática, con acceso privilegiado a la esfera pública, utiliza todos esos capitales para construir una narrativa de persecución. Y el sistema responde, no sólo no investigando seriamente las denuncias en su contra, sino que también, proponiendo una legislación que proteja a quienes, como él, pueden movilizar poder.
Esto no es nuevo. La historia está llena de ejemplos donde las élites, cuando son cuestionadas, responden criminalizando la disidencia. Lo vimos con las leyes anti-sindicales cuando los trabajadores se organizaban. Lo vemos hoy con la criminalización de la protesta social. Y lo vemos ahora con este intento de criminalizar las denuncias de violencia sexual.
El feminismo como lente de análisis
Desde el feminismo jurídico, este proyecto es una manifestación más del manual patriarcal. Cada vez que las mujeres avanzan en sus derechos, cada vez que se hace visible la violencia estructural, emerge una reacción que busca restaurar el orden anterior. La respuesta del patriarcado es predecible: si no se puede silenciar socialmente, se silenciará legalmente.
La importancia vital de denunciar
A pesar de todo esto, es fundamental sostener que denunciar es un acto de dignidad y de resistencia y, por sobre todo, es un derecho. Cada denuncia, incluso las que no terminan en condena, tiene un valor político y social incalculable. Rompe el pacto de silencio que sostiene la violencia sexual y les dice a otras víctimas que no están solas.
Denunciar en contextos hostiles es un acto de valentía extraordinaria. Denunciar, incluso cuando el delito ha prescrito, incluso cuando sabemos que las probabilidades de justicia son mínimas, sigue siendo fundamental. Porque nombrar la violencia es el primer paso para transformarla. Porque cada testimonio que se hace público interpela a otras víctimas, las autoriza a hablar, les dice que lo que vivieron tiene nombre y que no están solas.
El terrorismo legal contra las víctimas
Lo que este proyecto propone es, literalmente, terrorismo penal contra las víctimas. Usar la amenaza del derecho penal para disuadir denuncias es terrorismo legal. Y es particularmente perverso porque se ejerce sobre quienes ya han sido victimizadas por haber vivido un abuso sexual
Lo que Chile necesita no es criminalizar las denuncias, sino transformar radicalmente cómo el sistema aborda los delitos sexuales.
Necesitamos, en definitiva, un sistema que crea en las mujeres y en las niñas, que no parta del supuesto de que mienten, que entienda las dinámicas del poder y del trauma, que reconozca que la dificultad de probar estos delitos no significa que no ocurran.
La resistencia es colectiva
Este proyecto no puede prosperar. Requiere una respuesta articulada del movimiento feminista, de las organizaciones de derechos humanos, de la academia, de las organizaciones de defensa de la infancia, de todas las personas que entiendan que lo que está en juego es la posibilidad misma de nombrar la violencia sexual.
El proyecto de “denuncia falsa” es un proyecto del miedo. Nuestra respuesta debe ser un feminismo del coraje: el que nos permite nombrar lo que nos duele, acompañar a quienes denuncian, creer en los testimonios de las víctimas y construir colectivamente los caminos hacia una sociedad donde la violencia sexual sea realmente impensable, no porque no se pueda denunciar, sino porque no exista.
La historia nos enseña que los derechos se conquistan cuando quienes los reclaman se niegan a ser silenciadas y a nosotras no nos callarán.
