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En Paraguay, las denuncias de acoso sexual en los medios de comunicación fueron históricamente ignoradas. Un caso emblemático es el de Carlos Granada, exgerente de la multinacional Albavisión en Paraguay, denunciado por seis trabajadoras de prensa de la empresa. Este caso sigue impune, reflejando una problemática que afecta a toda América Latina y el Caribe: la falta de protocolos para abordar la violencia de género en los medios.

Un reciente estudio titulado «Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención» revela que el 57% de los medios de la región no cuenta con protocolos para tratar la violencia de género en las redacciones. Este informe, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad junto con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y apoyado por UNESCO, destaca la necesidad urgente de implementar políticas efectivas en este ámbito.

Hallazgos alarmantes

La investigación, que abarcó 95 medios de 14 países, encontró que el 75% de los y las periodistas conoce al menos un caso de violencia de género en su entorno laboral. Las agresiones ocurren principalmente en las redacciones y estudios, seguidas por el ámbito digital a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La mayoría de los agresores en entornos offline son personas en cargos jerárquicos altos, mientras que en el ámbito online, los ataques provienen frecuentemente de funcionarios gubernamentales y políticos. Además, en uno de cada diez casos, se combinan ambos tipos de violencia.

Testimonios desgarradores

Los testimonios recogidos son contundentes. Desde agresiones verbales y físicas en las redacciones hasta acoso psicológico en redes sociales, las periodistas enfrentan un ambiente hostil. Un ejemplo es el testimonio de una periodista paraguaya que recibe constantes ataques en redes por compartir información sobre violencia y feminismo.

“Suelo recibir acoso psicológico en redes sociales por tomar postura o compartir información acerca de la violencia, los feminismos y las luchas de las mujeres”. 

Propuesta de solución

Frente a este panorama, la investigación propone la elaboración de un Protocolo Marco de Violencia de Género para los medios de comunicación. Este protocolo, construido colectivamente, busca ofrecer lineamientos claros para prevenir y atender casos de violencia de género, adaptándose a la legislación de cada país.

La implementación de estos protocolos es vista como un paso crucial hacia la creación de entornos laborales más seguros y equitativos. Como señala Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad, «la existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas».

El camino hacia la igualdad

El objetivo no es solo proteger a las y los periodistas, sino también fortalecer la libertad de expresión y la democracia en la región. Es fundamental que los medios de comunicación asuman su responsabilidad y se comprometan a desarticular la violencia de género en todas sus formas.

Este es el momento de actuar y exigir cambios concretos. La implementación de un Protocolo Marco de Violencia de Género es una herramienta clave para garantizar que las redacciones sean espacios de igualdad, libres de violencia y acoso.

• Aquí más info sobre la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”.

Honramos la vida de las 400 personas que no tuvieron la posibilidad de salir aquel 1 de agosto de 2004, cuando se cerraron las puertas del supermercado Ycua Bolaños. Recordamos a las y los sobrevivientes y todas las familias afectadas. ¡Ycua Bolaños nunca más!

Créditos Guión y entrevistas: Noelia Díaz Esquivel Grabación y producción: Jazmín Cebé Edición y post producción: Milena Ruíz Díaz

Último día de julio y lo despedimos recordando a una IMPRESCINDIBLE en la historia del Paraguay: Rosa Peña, una mujer que ayudó a reconstruir nuestro país tras la Guerra de la Triple Alianza. Fundó escuelas, promovió la educación para niñas y fue precursora de la merienda escolar.  

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Fuente: https://kunaroga.org/rosa-pena/

Por Arístides Ortiz Duarte

Ilustración: Marthu Miranda

Diseño: Poly Acosta

«La directora nos convocó a las profesoras de la escuela. Nos advirtió que tengamos mucho cuidado al usar las palabras sexualidad y género. Dijo que lo mejor es evitar usarlas en las aulas», recuerda Ramona*, docente de una escuela pública del municipio de San Lorenzo. 

Aquella advertencia fue en el 2017, un mes después de que el entonces ministro de Educación y Ciencia (MEC), Enrique Riera, amenazó con «quemar en una plaza pública los libros que contienen ideología de género». Ese mismo día, Riera firmó, durante el gobierno de Horacio Cartes, una resolución que prohibió el uso de materiales educativos que contengan contenidos sobre igualdad de género en escuelas y colegios públicos y privados.

La citada resolución es solo una de las muchas acciones y medidas que, desde el Estado paraguayo, se tomaron durante los últimos trece años contra las leyes que promueven la igualdad de derechos para niños, niñas, adolescentes y mujeres. Detrás de estas acciones existe una red de 29 organizaciones religiosas denominadas “provida” y “profamilia” que cuentan con el respaldo político del Partido Colorado y de las dirigencias de las iglesias católica y evangélicas.      

Esta investigación recopiló y analizó las políticas públicas impulsadas entre el 2011 y el 2024. En este lapso identificó 19 planes, programas, leyes, resoluciones y proyectos que promovían la igualdad de género y la educación sexual, pero cuya implementación fue suspendida, paralizada o vaciada de su contenido esencial.  

Las contrarreformas se impulsaron desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Una de esas medidas antiderechos se ejecutó durante el gobierno del expresidente Fernando Lugo, otra fue durante el gobierno del liberal Federico Franco, mientras que los 17 restantes se ejecutaron durante los gobiernos colorados de Horacio Cartes (6), Mario Abdo Benítez (9) y Santiago Peña (2), ya como resultado de la alianza colorada-iglesias cristianas.  

Desde el 2011, varios de estos colectivos y plataformas “profamilia” que se oponen a la igualdad de género y la educación sexual profundizaron su rol e influencia en el gobierno. 

La investigación también identificó que personas estrechamente vinculadas a estos grupos religiosos (evangélicos y católicos), ocupan puestos importantes en la toma de decisiones en el actual gobierno del presidente Peña, principalmente en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA). Estos dos ministerios son los responsables de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes del país. 

Las personas identificadas son, en primer lugar, los ministros Walter Gutiérrez (MINNA), Luis Ramírez (MEC) y Enrique Riera (Ministerio del Interior). Siguen Diana Arguello, viceministra del MINNA; Jorge Duarte, asesor presidencial en política educativa; Nancy Benítez Ojeda, directora general del MEC; Celeste Rodríguez, directora general del MINNA; Zulma Morales, coordinadora de la Mesa Técnica de Padres del MEC, y Aníbal Zapattini, jefe de gabinete del MEC.

Además, la alianza colorada religiosa paralizó las acciones del Ministerio de la Mujer relacionadas a políticas de igualdad de género.  

Las 19 medidas contra la igualdad de género y la educación sexual contradicen tres convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por este país. Además, estas medidas contradicen el artículo 46 de la Constitución Nacional, que garantiza que ningún habitante del país puede ser discriminado.

Al mismo tiempo, la influencia de estas organizaciones religiosas en el gobierno, a través de altos funcionarios, viola el artículo 24 de la Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter oficial en el Estado paraguayo.

13 años de negación de los derechos de mujeres, niños y adolescentes.

Especificaciones de la investigación

Para este reportaje se realizaron más de dos decenas de entrevistas con docentes, funcionarios públicos con cargos de dirección en los ministerios de Educación y Ciencia, Niñez y Adolescencia y Mujer; con exministros, expresidentes y políticos colorados; con funcionarios de organismos multilaterales con sede en el país y con miembros de las organizaciones profamilia. Todos solicitaron no mencionar sus nombres debido al clima de inseguridad y censura que hay sobre el tema en el país. 

Trece años de contrarreformas 

En la década del 2000 fueron rechazados en el Congreso varios proyectos de ley que intentaron promover la igualdad de género, pero aún sin la presencia de un movimiento antiderechos cohesionado. Recién a partir del 2011 comienza a cohesionarse. En este proceso, un punto de inflexión fue la presión de las organizaciones religiosas, principalmente las vinculadas con la Iglesia Católica, que logró que el entonces gobierno de Fernando Lugo no apruebe el proyecto del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

El entonces ministro Luis Riart firmó una resolución que dejó sin efecto la implementación de este marco rector.

Durante los siguientes gobiernos de Horacio Cartes, Abdo Benítez y Santiago Peña las medidas contra la igualdad de género y la educación sexual fueron afianzándose. 

Estos tres gobiernos se declararon “provida” (antiaborto, rechazo a la eutanasia y al suicidio asistido) y “profamilia” (contra el matrimonio igualitario).

En las campañas electorales del 2018 y el 2023, el Partido Colorado buscó atraer los votos de religiosos conservadores con la promesa de «combatir la ideología de género», en un contexto país donde, según la encuesta de la corporación Latinobarómetro del 2023, el 80% de la población paraguaya se declara de religión cristiana católica y el 13% cristiana evangélica.  

Mientras los últimos gobiernos prohibieron el enfoque de género y de educación sexual científica en las aulas, las cifras del Ministerio de la Mujer señalan que entre 2019 y 2023 más de 189 mujeres fueron víctimas de feminicidio. En el mismo tiempo, 15.650 niños y niñas sufrieron abuso sexual, según reporte del Ministerio Público. Y de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública, de cada 100 embarazos en el país, 20 corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años, y uno a menores de 15.  

El principal articulador de estas medidas es el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, debido al poder político y económico que concentra. El interlocutor más importante de Cartes y de su partido con las iglesias cristianas es el cardenal Adalberto Martínez, por el peso político que tienen la Iglesia Católica y el Estado Vaticano ante el gobierno paraguayo. 

El “me pego un tiro en las bolas” de Cartes

El día 9 de abril del 2013, 15 días antes de las elecciones en las que se eligió al nuevo presidente de la República, el candidato colorado Horacio Cartes dijo que si su hijo le dijera que era homosexual él respondería con: «Me voy a pegar un tiro en las bolas, porque no comparto…».

Un día después de haber sido elegido presidente, Cartes convocó a una conferencia de prensa. Retractándose de sus expresiones, dijo que sus palabras fueron malentendidas por los medios de comunicación. Pero siete meses después tenía una hoja de ruta antiderechos bien definida.

Cartes con dirigentes profamilia en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

A inicios de noviembre del 2013, el gobierno instaló una mesa de diálogo entre la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y el Poder Ejecutivo para discutir diversos temas, entre ellos los relacionados al género. La mesa se instaló por iniciativa del CEP. 

Diversas fuentes católicas y coloradas consultadas señalan que aquella mesa de diálogo estableció las bases para articular un movimiento de diversos actores sociales y políticos contra los derechos de género y de educación sexual.

Julio Benegas, periodista y analista social, sostiene que «el principal constructor del movimiento antiderechos en Paraguay es la Iglesia Católica», por el poder social que siempre tuvo en el país. Añadió que «los dirigentes de esta iglesia son los que influyen decisivamente en los gobiernos colorados para que tomen las medidas gubernamentales antiderechos».   

Los hechos y discursos de los representantes de la CEP y las respuestas de los gobiernos colorados revelan que es así. 

Mediante un comunicado difundido el 2016, la CEP exhortó a diputados y senadores a eliminar  del Proyecto de Ley de Protección Integral de la Mujer contra toda Forma de Violencia toda referencia a las palabras «enfoque de género» y «mujeres transexual». La ley fue sancionada en el Congreso –con mayoría colorada- sin que contenga estas palabras.

Otro caso fue la decisión del gobierno de Abdo Benítez, a través de Cancillería, de retirar del Congreso, en diciembre de 2019, el pedido de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 

La causa: Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, difundió un video en el que denunciaba que este acuerdo «era una trama para imponer al país la ideología de género». Hasta ahora el acuerdo no fue ratificado por Paraguay. 

El hecho más reciente que expone la influencia de la jerarquía católica en el gobierno ocurrió el 21 junio de este año, cuando el actual presidente de la CEP, el cardenal Adalberto Martínez, se reunió con el actual presidente Peña, cinco días antes de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción. 

El cardenal le «instó» a objetar determinadas resoluciones sobre la «vida y familia» que se abordarían en la OEA. Varias fuentes católicas y funcionarios de Cancillería coincidieron en afirmar que el exhorto de Martínez determinó que el gobierno de Peña se haya declarado ante la OEA, el 26 de junio pasado, «provida y profamilia».  

Rosa Posa Guinea, especialista en estudios sobre género y miembro del colectivo de mujeres Aireana, dictamina que «el poder de la Iglesia Católica en Paraguay es enorme» porque es parte de la historia y cultura religiosa del país. «Con este poder influye en el gobierno del Estado», resume. 

Más hechos públicos exponen los vínculos entre la CEP y la ANR en la ejecución de la agenda antiderechos. 

Por ejemplo, la conferencia que los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez dictaron el 13 de marzo del 2018 sobre lo que ellos denominan «Ideología de género». Fue en la misma sede del Partido Colorado, antes de la presentación del libro El libro negro de la nueva izquierda. Ideología de género o subversión cultural. Laje y Márquez son referentes regionales del movimiento antiderechos, con el que se relacionan en diversos países de Latinoamérica.  

Darío Filártiga, entonces asesor jurídico de Cartes, informó a los medios de comunicación que la conferencia con estos invitados se realizó  «a sugerencia del arzobispo Edmundo Rolón», miembro de la CEP. 

El presidente Cartes también sostuvo reuniones con el papa Francisco. Tuvieron la primera reunión a fines de noviembre del 2014. En abril del 2015 se reunieron por segunda vez. En total, durante todo su gobierno se reunieron siete veces. Ningún otro presidente de Latinoamérica se reunió tantas veces con el papa. 

Cartes logró estas reuniones gracias a las gestiones de Esteban Kriskovich, entonces embajador ante el Vaticano, y del padre Aldo Trento, ambos miembros del movimiento católico Comunión y Liberación, apoyados por la CEP. 

Además, el papa Francisco visitó Paraguay entre el 10 y 12 de julio del 2015, como resultado de las intensas gestiones conjuntas del gobierno de Cartes y de la CEP.  

Posa Guinea asume que «antes de Cartes, el Partido Colorado era conservador, no ultraconservador y sistemáticamente antiderechos». Opina que Cartes, al controlar el partido en el 2014, «compró la agenda global de la ultraderecha contra la igualdad de género y la comunidad LGTBI» para fines electorales.   

El presidente Cartes inauguró su política antiderechos cuando en junio del 2014 rechazó y no se adhirió a la resolución de la Asamblea General de la OEA «que condena la discriminación contra las personas por su orientación sexual», que se realizó en Asunción. 

Pero fue la jerarquía de la Iglesia Católica la que inició las acciones contra las leyes que promueven la igualdad de género y la educación sexual. 

El 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, la CEP cuestionó el proyecto del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad usando a las organizaciones católicas civiles, proyecto que derribó y enterró. Hasta hoy el Estado no tiene un marco rector para enseñar sexualidad en la educación pública. 

Luego, durante el gobierno del liberal Federico Franco (que se autodenomina provida), la CEP gestionó el 2013 la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos sin un enfoque de género. El texto de ese plan sigue vigente.

La ONU tomó nota del progresivo retroceso de los derechos de igualdad de género y de educación sexual no religiosa en las políticas públicas. Ante ello, el Comité por los Derechos del Niño recomendó al MEC, en mayo de este año, la derogación de la resolución por la cual aprobó los folletos de «12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Familia», debido a su contenido no científico y religioso. 

Por su parte, ya en el 2017 el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU denunció ante representantes del Estado paraguayo que los derechos de la mujer en Paraguay están en franco retroceso por incidencia del movimiento anti derecho. Las dos recomendaciones fueron desoídas.        

Tratados y leyes violados por el Estado paraguayo.

Evangélicos y colorados

La alianza de la ANR no se agota con la Iglesia Católica. En el 2003, con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, comenzó a tejerse la relación entre dirigentes colorados y pastores de las iglesias cristianas evangélicas, principalmente con la menonita. 

Esta relación política continuó. Hacia el 2018 se reveló muy sólida. En el 2020 se realizó la «conferencia magistral» sobre «Defensa de la Vida y la Familia, Prioridades Máximas en el Paraguay», en la sede del Partido Colorado. La conferencia fue dictada por los pastores Miguel Ortigoza, del Centro Familiar de Adoración, y Emilio Agüero, de la iglesia Más que vencedores. El mismo Horacio Cartes dio las palabras de apertura del evento.

Luis Ortiz, sociólogo, investigador y docente universitario, afirma que «en los últimos años la avanzada antiderechos en Paraguay no es de la iglesia católica, sino de las iglesias protestantes, que tienen financiamiento empresarial, en muchos casos, de los Estados Unidos». Ortiz cita al pastor evangélico y dirigente profamilia Miguel Ortigoza, cuya iglesia está vinculada a las organizaciones religiosas con sede en EE.UU.  

De la mano del pastor evangélico y excandidato presidencial Arnoldo Wiens por el movimiento liderado por Abdo Benítez, el lobby de las iglesias protestantes ante el gobierno de Benítez dio sus frutos en agosto del 2018: Eduardo Petta, conocido creyente evangélico, fue designado ministro del MEC. A partir de entonces los evangelistas comenzaron a tener un alto nivel de participación en las organizaciones profamilia y una gran visibilidad mediática.

Los articuladores de la alianza ultraconservadora

Cuatro actores institucionales tejen el movimiento contra los derechos de igualdad de género: la CEP de la Iglesia Católica, la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (que aglutina a 36 iglesias), la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, y el Partido Colorado. Todos los articuladores del movimiento antiderechos y los dirigentes de las 29 organizaciones profamilia provienen de estos tres espacios institucionales. 

Un exministro colorado que pide no ser identificado cuenta: «La cuestión es muy simple, si más del 90% de los habitantes del país son cristianos, ¿a quiénes debe halagar un político o partido que quiere administrar o legislar en el Estado?».

Por su parte, un pastor evangélico justifica así la relación de las iglesias con la ANR: «…casi todo el pueblo paraguayo es cristiano, y si ese pueblo elige a un partido para dirigir el Estado, ¿a qué partido vamos a pedir ayuda para que el pueblo no abandone a Dios?». 

Julio Benegas señala que la característica principal de la relación Partido Colorado e iglesias cristianas es el «intercambio de voto conservador religioso para los candidatos colorados en cada comicio por medidas políticas antiderechos cuando estos ocupen cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo». Define este intercambio como un «pacto de poder entre instituciones ultraconservadoras». 

Entre los liderazgos que articulan y encaminan al movimiento para «combatir la ideología de género» destacan dos: Horacio Cartes y el cardenal Adalberto Martínez. «Quizá no aparezcan juntos en ninguna foto, pero Cartes y el cardenal tienen una comunicación fluida, las veces que se necesita», señala un senador colorado que impulsa la agenda contra estos derechos en el Congreso y que prefiere el anonimato.  

Aunque de bajo perfil y muy cauto, el cardenal es otro actor relevante. Investido por el poder del papa y respaldado por el 80% de la población que dice ser católica, Martínez se comunica fluidamente con Cartes y con el actual presidente Peña para que se tomen las medidas antiderechos.   

El otro actor importante, aunque más silencioso, es el empresario evangélico Carlos Walde, quien se ocupa de recaudar las donaciones de los empresarios cristianos, sean católicos y evangélicos, para financiar las acciones del movimiento contra los derechos. Walde está estrechamente vinculado al Partido Colorado desde el gobierno del expresidente Nicanor Duarte Frutos, de quien fue asesor en asuntos económicos.   

En los últimos años, las instituciones y sus articuladores crearon 29 organizaciones sociales provida y profamilia integradas por cristianos laicos y colorados. Los nombres de estas organizaciones aparecen en los comunicados públicos, y como organizadores formales de las manifestaciones que se realizan contra los derechos de igualdad de género. Sus miembros debaten, se movilizan y confrontan con los sectores a favor de derechos de la sociedad civil, e inciden en las políticas públicas del Estado.

Los articuladores de la alianza ultraconservadora.

El avance de los antiderecho dentro del Estado

Los dirigentes colorados, evangélicos y católicos ultraconservadores, ocuparon los ministerios de Educación y Ciencia y Niñez y Adolescencia y, mediante gestiones políticas, paralizaron las acciones del Ministerio de la Mujer en cuestiones de perspectiva de género. Los dos primeros ministerios son los responsables de ejecutar las políticas públicas educativas, formativas y de protección dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes.  

Con el nombramiento de Enrique Riera en el MEC, en mayo del 2016, los colectivos denominados profamilia ganaron un importante aliado. Aunque no es pastor ni ferviente católico, Riera cuestiona la diversidad sexual. No se había instalado bien aún en su oficina de ministro cuando anuló el proceso de elaboración de los materiales de Educación Integral de la Sexualidad. 

El 5 de octubre del 2017 emitió la resolución ministerial por la cual se prohibió la utilización y difusión de «materiales de teoría o ideología de género en las instituciones educativas del MEC». 

Eduardo Petta fue nombrado ministro del MEC en agosto del 2018, colocando a un sector de la iglesia evangélica en el gobierno. Petta impulsó la llamada Mesa Técnica de Padres del MEC. Desde esta instancia censuran los programas o planes que promueven los derechos a la educación sexual científica y no religiosa de los niños y adolescentes del país.

Los articuladores de la alianza ultraconservadora

El gobierno cartista de Peña obtuvo el acuerdo de las organizaciones religiosas para nombrar, en agosto de 2023, a Luis Ramírez como ministro del MEC. Luego, las mismas organizaciones presionaron a Ramírez con manifestaciones públicas para que designe a Zulma Morales como coordinadora de la estratégica Mesa Técnica de Padres. 

El otro ministerio con presencia de funcionarios vinculados a las organizaciones religiosas ultraconservadoras es el de Niñez y Adolescencia. Walter Gutiérrez, miembro del movimiento Honor Colorado y que se califica como provida, ocupa hasta hoy el alto cargo. 

Las organizaciones de padres profamilia se instalaron en la Mesa Técnica de Padres. Allí participan del análisis de los planes y programas del ministerio. Desde esta instancia, en el 2020 obligaron a la entonces ministra Teresa Martínez a que rechace el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia por estar «plagado de ideología de género», lo que significa que contiene la perspectiva de género y la educación sexual con base científica. 

El Ministerio de la Mujer va debilitándose cada año que pasa. Según el Informe Anual 2023 sobre derechos humanos elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), esta secretaría soporta desde el 2018 una reducción de su asignación presupuestaria. El ministerio tiene planes, programas y proyectos importantes, pero no son implementados. 

En la actualidad, su problema más grave es la falta de autonomía, su falta de libertad «de las injerencias del movimiento anti derecho», señala el informe. La presión de las 29 organizaciones profamilia sobre este ministerio acalla y quita autoridad a las sucesivas ministras en materia de política de género.  

Simón Cazal, dirigente de la organización Somos Gay, percibe que la penetración de los representantes del movimiento contra los derechos a la igualdad de género en el Estado, tiene como consecuencia «una mayor agresividad de los políticos y las instituciones del Estado hacia las personas, las organizaciones y los dirigentes de la comunidad LGBTI». Por su parte, José Silvera, coordinador de la organización Cristianos Inclusivos del Paraguay, opina que aumentó la tolerancia hacia la diversidad sexual en la sociedad paraguaya, «pero en el Estado se da a la inversa: en los últimos años aumentó la discriminación» por la influencia de los antiderechos en los sucesivos gobiernos. 

Las palabras prohibidas 

El arzobispo Valenzuela había reconocido públicamente, tras la «denuncia» que realizó a través de los medios, que le habían informado mal sobre el Acuerdo de Escazú y que retiraba sus críticas. Sin embargo, según una fuente de una iglesia evangélica, Valenzuela no se había equivocado, porque el texto del acuerdo, en su artículo 3, inciso “a”, contenía lo siguiente: «De los principios: principio de igualdad y principio de no «discriminación». Las palabras «igualdad» y «discriminación”» llevan agua al molino de la «ideología de género», de acuerdo a esta fuente.

Otro pastor evangélico, que tampoco quiere ser identificado, dice que «los hermanos representantes de las organizaciones provida tienen una lista de palabras que no deben aparecer en ningún documento con el que se eduque a nuestros niños y jóvenes». Otras fuentes evangélicas y católicas confirmaron esta versión.  

Los representantes de las 29 organizaciones profamilia que participan de las mesas de padres, tanto en el MEC como en el MINNA, leen minuciosamente los textos de todos los planes, programas, proyectos, denominaciones, leyes y materiales educativos y, si encuentran, borran 12 conceptos expresados en palabras que tienen el «virus» de la «ideología de género». Es el caso del Proyecto de Transformación Educativa. Luego de haber sido vilipendiado por los colorados en el Congreso, fue modificado: suprimieron de su título la palabra “Transformación”. 

Durante los últimos trece años, el movimiento antiderechos fue cohesionándose lenta y sostenidamente gracias, principalmente, a las acciones conjuntas de católicos y evangélicos, que se coaligaron en torno al interés de defender la base de su creencia religiosa: la familia y el género sostenidos sobre la sexualidad biológica del varón y la mujer. Estas acciones tienen hoy una completa cobertura política del Partido Colorado.  

Clyde Soto, investigadora del Centro de documentación y Estudios y dirigente feminista, afirmó que la alianza «entre las iglesias cristianas y el Partido Colorado provocó un retroceso de los derechos de la mujer y de los niños y adolescentes» que habían llevado décadas conquistarlos.    

*Ramona es un nombre ficticio. Se decidió editorialmente no identificarla para garantizar su seguridad. 

Este material es una producción periodística del medio Hína. Es publicada en forma conjunta por los medios Made in Paraguay, El Urbano, El Puente, Revista Emancipa, Ciencias del Sur y Hína. Con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).