*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Lida Duarte y Flavia Borja

La joven profesional relata que el pasado 16 de abril presentó, bajo el patricio del abogado Jorge Luis Berni, un amparo constitucional tras haber sido excluida y sustituida en su puesto laboral en la SNJ, sin considerar su discapacidad y la presunta violación de leyes laborales.

El juez Mirko Valinotti dio curso al pedido, sin embargo la semana pasada denegó el amparo. Según el juez, la terminación del contrato de prestación de servicios de María José no constituye una lesión a sus derechos, ya que se realizó conforme a lo establecido en el contrato y sin acciones ilegítimas por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud. 

Además, indica que no se demostró que la desvinculación haya sido en contravención a la Ley 3585, que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas. 

Por su parte Bernis apeló la resolución del Juzgado y argumentó que se falló en base a un contrato fraudulentamente interpretado, omitiendo la protección de derechos fundamentales. 

Sostiene que el contrato en cuestión fue utilizado de manera fraudulenta, ya que María José fue contratada para realizar tareas permanentes de la SNJ, a pesar de que el convenio era renovado cada cierto tiempo y no contemplaba su estabilidad laboral. Además, menciona que el contrato vulneraba leyes laborales y convenios internacionales ratificados por Paraguay, lo que le lleva a cuestionar la decisión del juez sobre la legalidad del contrato y la decisión de desestimar el amparo constitucional. 

Bernis solicita que se revoque la sentencia y se reconsidere el caso de María José, señalando la importancia de evitar un precedente que perpetúe la vulnerabilidad de los trabajadores contratados y la discriminación en el ámbito laboral. 

¿En qué se fundamenta el amparo constitucional presentado por María José?

En su pedido, María José relata que fue contratada inicialmente por tres meses en el área de comunicación de la Secretaría Nacional de la Juventud. Posteriormente, se postuló en un concurso de méritos simplificado interno y su contrato fue renovado, pasando de técnico a personal auxiliar de apoyo. «Accedí por méritos propios, sin pertenecer a ningún partido político», señala la ilustradora. 

Marijó, como la llaman cariñosamente, tiene un trastorno del espectro autista, con una discapacidad total del 45% y poco tiempo después de recibir su diagnóstico notificó formalmente a la institución. 

Según María José, la SNJ no habría tomado medidas adecuadas para adaptar su entorno laboral a sus necesidades. Denunció que trabajaba horas extras casi todo el tiempo, sobre todo en época electoral. Ante esto solicitó, en más de una ocasión, el pago de esas horas y la regularización de su contrato, pero nunca recibía respuestas. La incertidumbre dañaba su salud física y mental. 

En enero de 2024, María José solicitó una audiencia con la nueva ministra Florencia Taboada -una joven política del movimiento Honor Colorado de la ANR- para abordar su situación, pero la respuesta que recibió fue hostil y despectiva, afirma. Además, relató haber sido víctima de hostigamiento y rumores infundados por parte de sus compañeros de trabajo.

Finalmente, el 9 de febrero de 2024, recibió la notificación de su despido, que considera una represalia por haber reclamado sus derechos como trabajadora y persona con discapacidad.

La ministra por su parte, afirma en una nota remitida a la Defensoría del Pueblo, que ella tiene la potestad de terminar los contratos que considere y dice, sin dar mucho detalle, que la desvinculación de María José fue por una redistribución para cumplir con los objetivos de la institución.

Parte de la nota de respuesta remitida desde la Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) por requerimiento del juez Mirko Valinotti.

También asegura que se tomaron medidas de adecuación en el espacio laboral y que su institución cumple con la Ley 3585. Llamativamente, a solo un mes de haber despedido a María José, la ministra misma anuncia en el citado documento, que se contratará a otra persona con discapacidad y también a una persona de los pueblos indígenas. 

«En mi dignidad de autista y orgullosa de mi trabajo, manifesté las  irregularidades en mi contrato, porque trabajar en esas condiciones es contraproducente para mi salud. La verdadera inclusión es un contrato en forma», remarca Marijó.

Cañete denuncia además que fue reemplazada en su cargo por una nueva persona que ni siquiera pasó por un concurso de méritos, y que además se puede constatar  en una nota de la institución por la cual se aprueba la excepción al proceso, bajo el argumento de un reemplazo. Por otro lado, la ilustradora menciona que la SNJ se contradice en sus afirmaciones de no contar con presupuesto para mantenerla en su puesto laboral.

«Me robaron el fruto de mi esfuerzo laboral y meses de paz, porque luchaba para sobrevivir. Me robaron pasar momentos buenos con mis seres queridos», expresa dolida la artista.

Según Bernis, María José fue contratada por concurso de mérito conforme a la Ley Nº 1626, mientras que su reemplazo no pasó por este proceso.

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Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y la necesidad de implementar medidas de inclusión y adaptación en las instituciones públicas.

Mientras en Paraguay se deja sin fondos a la investigación científica, se profundiza la línea discursiva y política de no reconocimiento de los derechos de mujeres y de personas LGTBI y se atropellan conquistas sociales, organizaciones del sur del país, comprometidas con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, trabajan por la generación de conocimiento con perspectiva de género. Entre la academia y la sociedad civil, articulan esfuerzos para transformar nuestras realidades.

*Por Julieta Gamarra

La producción de conocimiento es, en Paraguay, una necesidad constante. Se trata de un ámbito históricamente desfinanciado, poco impulsado desde las políticas públicas, cuyo desarrollo muchas veces se encuentra acotado en espacios académicos centralizados. Con esta realidad en mente, la organización Kuña Róga de Encarnación elaboró el proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad”, una iniciativa conjunta con la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI) y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que tiene como objetivo fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas para el logro de derechos e igualdad de las mujeres y juventudes de cinco departamentos del sur del país: Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Caazapá y Guairá. Como parte de sus actividades, el proyecto estableció la creación del Observatorio del Sur sobre igualdad de género, una iniciativa pionera que aglutina a tres universidades públicas: la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. 

Este Observatorio se estableció a partir de la firma de convenios con las instituciones y el trabajo intensivo a través del área de extensión, con docentes y estudiantes de las tres universidades. A través de encuentros y talleres, se desarrollaron los principales ejes de trabajo del Observatorio: participación política de las mujeres, derecho a una vida libre de violencia e institucionalidad y políticas públicas. Participaron docentes y estudiantes de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Relaciones Internacionales y Economía. Si bien en el Observatorio es posible encontrar información de alcance nacional, se hizo un especial hincapié en generar datos y reflexiones a partir de las realidades de los cinco departamentos que abarca el proyecto. Esta decisión se basa en la necesidad de generar conocimiento que integre la perspectiva de género con una mirada local. Así, se espera que el Observatorio no sea solo una fuente de consulta para el ámbito académico, sino también para la ciudadanía en general y para las instituciones públicas, que pueden tomar los hallazgos para generar más conocimiento e inclusive exigir o proponer la implementación de políticas públicas de acuerdo a las problemáticas detectadas.

Los ejes se encuentran plasmados con gráficos interactivos que facilitan la comparación de datos entre departamentos, el análisis de diferentes años y la visibilización de la desigualdad de género. Además, se encuentran publicados los informes cualitativos realizados por los equipos de las universidades.

Además de esta sección, el Observatorio cuenta con una biblioteca donde se pueden encontrar en formato digital y descargable tres guías de formación con perspectiva de género y cuatro investigaciones enfocadas en visibilizar los derechos de las mujeres:

• “Rompiendo el ciclo: diagnóstico sobre violencia basada en género en los departamentos del sur del Paraguay”, de Hugo Valiente.
• “Fronteras vulnerables: investigación sobre la trata de mujeres en Paraguay y el corredor Encarnación – Posadas”, de Alejandra Mendoza, Ivonne Aristizábal, Paola Gayoso y Analía Rojas.
• “Género y juventud en las políticas públicas. Lecciones aprendidas de la experiencia local en el sur de Paraguay”, de Walter Morínigo y Belén Leguizamón.
• “Género en la política: una mirada regional”. Análisis de la participación y representación política de las mujeres en las Elecciones Generales 2023”, de Isolina Centeno Ubeda.

Estas investigaciones fueron oficialmente presentadas en las tres universidades y también en instituciones como el Ministerio de la Mujer, gobernaciones y municipalidades, con el objetivo de que sirvan como un aporte diagnóstico para la elaboración de políticas públicas.

El Observatorio busca ser un sitio dinámico y en permanente actualización, ligado a la coyuntura y la realidad del país. Por ello, en el marco de las Elecciones del 2023 se realizó un monitoreo de medios que tuvo como objetivo analizar la manera en que las mujeres políticas eran representadas en las noticias. Para este trabajo se sumaron estudiantes de las carreras de comunicación de la UNP, la UNVES y la UCI. Los resultados se encuentran también disponibles online.

Kuña Róga es una organización feminista histórica del sur del país, que en el 2023 cumplió 25 años de trayectoria trabajando por los derechos de las mujeres en relación a la violencia de género, la participación política, los derechos sexuales y derechos reproductivos, la autonomía económica y la comunicación. A través del proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad”, puso en agenda la importancia de la articulación de la academia, la sociedad civil y las instituciones públicas para el logro de una igualdad real y sustantiva. 

El Observatorio del Sur sobre igualdad de género, a contramano de las políticas del gobierno que persigue la no producción de conocimiento recortando recursos para la investigación científica, ahora continuará ampliándose de la mano de las universidades y continuará sumando información, visibilizando la situación de las mujeres en Paraguay y proponiendo la construcción de conocimiento como una herramienta de poder para transformar la realidad injusta en la que viven millones de mujeres.

Te invitamos a conocerlo: www.observatoriodelsur.org

*Julieta Gamarra es integrante del equipo técnico del proyecto “Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad

Vivian Genes se presentó a la Comisaría 12 de Trinidad junto con sus compañeras de la universidad pública. La dirigente estudiantil, que militó por el Arancel Cero y protestó por la escasez de recursos médicos esenciales en 2021 hoy entrega su libertad.

“Soy la primera estudiante universitaria de mi familia. Y quiero recuperar mi libertad para poder terminar la carrera que seguí con mucho esfuerzo, con el apoyo de mi familia, y con la idea de construir un futuro mejor para nosotras y ser una profesional comprometida con la gente de Paraguay”, expresa en la carta que leyó antes de presentarse.

Su entrega al proceso judicial es un testimonio de su integridad y su firme creencia en el estado de derecho. A pesar de los desafíos y obstáculos que ha enfrentado, Vivian continúa demostrando un compromiso inquebrantable con sus principios y valores.

“Desde hace tres años vengo siendo condenada. Pasé semanas encerrada en una comisaría, meses con prisión domiciliaria y años con medidas alternativas. En todo este tiempo no me fui a ningún lado, y no pienso irme a ningún lado”.

Pero Vivi no está sola. #ProtestarEsUnDerecho

*Por Emilia Yugovich

En una colina de la patagónica ciudad de Bariloche, rodeados por bosques, montañas y lagos, los dueños de los grupos empresariales más importantes e influyentes de la Argentina, se juntaron la semana pasada para debatir sobre el futuro del país vecino. Se trata del Foro Llao Llao, un evento que se realiza cada año en el exclusivo hotel del mismo nombre, en el que los mayores propietarios de tierras destinadas al agronegocio, desarrolladoras inmobiliarias, compañías tecnológicas, medios de comunicación, bancos, entre otros, discuten a puertas cerradas, sobre temas políticos, sociales y económicos, vinculados a sus intereses.  

Una nota importante para la representación mental que vamos a hacernos del evento es que: es un foro secreto. Rige la regla Chatham House, una regla del instituto Chatham de Inglaterra que establece que, las personas participantes de estos espacios de discusión, pueden usar la información obtenida durante los debates, pero no pueden revelar la identidad de quienes las comparten o de otras personas que asisten. El objetivo de esta regla es generar un clima de confianza para un mejor intercambio de ideas. Sería algo así como, generar un espacio seguro para que, los señores y señoritos de las élites económicas que asisten al evento, en el que juegan partidas de golf, caminan por el bosque o charlan en torno a la chimenea, puedan opinar libremente sobre temas que podrían incomodar, por decirlo delicadamente, a otros sectores sociales. 

En esta ocasión, con los astros alineados a la derecha, fueron invitados los presidentes Javier Milei, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña. Sus exposiciones, al menos parcialmente, sí fueron difundidas. Milei trató de héroes “a los verdaderos creadores de la riqueza” , los dueños del capital argentino y se comprometió a generar las garantías para que estos señores puedan cumplir con el heróico llamado a la privatización. Salió, por supuesto, ovacionado. El presidente uruguayo también hizo lo suyo pero no vamos a dedicarle hoy tanto tiempo, mientras que, a Santiago Peña y los catorce minutos difundidos de su participación, le van dirigidas las líneas que siguen. 

En su exposición, destacó ciertas condiciones que hacen que el  Paraguay se encuentre, a decir suyo, en un momento interesante. Se refirió, a la baja presión tributaria que le permitió al Paraguay convertirse, durante los últimos veinte años, en un destino accesible para las inversiones; a la importancia geoestratégica del país en términos de comunicación, energía y centro logístico para la producción en la región y; a los valores conservadores que son hegemónicos en la sociedad paraguaya y, que son la garantía de un no rotundo a cualquier intento de cambio que favorezca a la legalización del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Por acá ya sabemos que, el lugar geográfico que ocupa el Paraguay permite su explotación como centro logístico de los negocios internacionales, de hecho, en sus casi ochenta años de gobierno, la Asociación Nacional Republicana ha sabido  destinar esfuerzos en ese sentido, para convertir nuestro territorio en un centro de operación logística del narcotráfico y del tráfico de armas; también sabemos que la baja presión tributaria que tan bien hace a los inversionistas y productores, es una de las razones por las que el estado no puede financiar suficientemente sus políticas públicas; así como tampoco es una novedad que el capital se resista a reconocer a otros tipos de familias que no sean las heterosexuales, pues ¿qué otra institución cumpliría la función de reproducir fuerza de trabajo y garantizar su subsistencia, de regular y controlar a los cuerpos con útero, de garantizar la transmisión del patrimonio de generación en generación y, de convertirse en una unidad de consumo de bienes producidos a la medida de ellas? Se les caería todo, claro.  

También sabemos que, los procesos históricos de configuración de desigualdades y privilegios se forjan con violencia y se sostienen con violencia también, desde las más imperceptibles hasta las que apagan nuestras vidas. Ellos también lo saben y seguramente asienten con la cabeza mientras beben algún whisky fino y se dicen unos a otros que, no todas las personas deberían acceder a la universidad o que, la salud es para quien pueda pagarla, que los recursos son para explotarlos, o que la familia es sagrada, cuestiones básicas para garantizar que a los negocios les siga yendo bien. 

Entonces, ¿son nuestras vidas el costo de sus ganancias?; la respuesta creo que está por ahí, en el pasillo de un hospital por ejemplo, en el que tal vez esta mañana, una mujer fue mal atendida por ser joven, madre y estar soltera o, en el que quizás una madre esté recibiendo la noticia de que se acabaron los medicamentos oncológicos que su hija necesita recibir; o en la chacra abandonada de una familia campesina que tuvo que, entre humo y agrotóxicos, migrar a Asunción; o en la pareja de lesbianas que tuvo que cambiar a su hijo de escuela; en las horas de espera en la parada del bus; en esa chica que no pudo seguir estudiando en la universidad. En definitiva, ese es el modelo que reivindican Santiago Peña, el cartismo, los ochenta años de gobierno colorado y aquellos señores en las montañas, el modelo que se funda en privilegios y desigualdades como las dos caras de la moneda en la que cotizan sus inversiones. 

Hoy, en el día del periodista paraguayo/a, queremos reivindicar el rol fundamental de las y los trabajadoras de prensa para la construcción de una democracia.

Exigimos al Estado protección y seguridad para que las y los periodistas puedan ejercer sus labores en libertad.

Créditos

Conducción: Menchi Barriocanal

Guión: Flavia Borja y Romina Aquino

Grabación y producción: Jazmín Cebé

Edición y post producción: Milena Ruiz Díaz