*Por Noelia Díaz Esquivel

Edición: Mónica Bareiro

La casa de Graciela está ubicada en el casco urbano de Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay, a unas diez cuadras del río. En ese barrio, el camino es de tierra. Nos acercamos al viejo portón de madera, con no más de medio metro de altura, y golpeamos la mano. Enseguida nos recibió con una afable sonrisa. Su casa se ve sencilla, humilde, como la mayoría en el pueblo, pero al adentrarnos, el panorama cambió. El color arcilloso y seco del Chaco Paraguayo, mutó. Una floreciente huerta estaba ordenadamente ubicada detrás de la precaria construcción.  

“Siempre me dediqué a la huerta. Desde que era pequeña mi mamá nos enseñó a cultivar y cosechar para nuestro autoconsumo. Es un mito que el suelo del Chaco no es fértil”, relata Graciela Escobar (40), casadeña de nacimiento. 

Graciela Escobar. Fotografía: Mónica Bareiro.

En la huerta, que cuenta con un sistema de riego artesanal, crecen vigorosos tomates, repollos, locotes, zanahorias, zapallos, lechuga y mandioca.

La mujer es madre de seis, dos de ellos formaron sus propias familias y se fueron de la casa materna. Ella alimenta a su familia, en gran parte, gracias a la fuerza de su manos labrando ese pequeño pedazo de tierra, que aunque habita desde hace años, no es suyo. Su marido también aporta con su trabajo en los bosques que rodean al pueblo. “Hace postes, vende y trae un poco de efectivo”, cuenta Griselda.

La mujer, pilar de la agricultura de pequeña escala

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres son las responsables de la producción de entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos de los países en desarrollo y la mitad de los de todo el mundo. Su contribución a la subsistencia familiar cotidiana es decisiva e indispensable.

A pesar de su rol protagónico, tienen mayores dificultades que los hombres a la hora de acceder a recursos como la tierra, los créditos y los insumos y servicios que aumentan la productividad.

Con el objetivo de brindar apoyo a las pobladoras y pobladores de Puerto Casado, la organización Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER) empezó a relevar datos en el año 2018.

“Vinimos, hablamos con varios dirigentes y sacamos algunas conclusiones. Luego en 2020 pusimos en marcha un censo en las partes afectadas. La idea era regularizar los lotes, pero también aprovechamos e hicimos un censo de producción. Queríamos ver el perfil sociocultural de las familias casadeñas”, explica de SER.

Amambay Campos, de la Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER). Fotografía: Mónica Bareiro.

Se hicieron más de 400 censos a 400 unidades familiares cuyos resultados mostraron que en más del 50 por ciento, las mujeres eran las jefas de hogar y más del 50 por ciento de ellas eran madres solteras.

A partir de estos resultados, SER empezó a trabajar en asistencia técnica agrícola. Se inició con pequeños grupos que después se convirtieron en comités.

“En este momento tenemos diez comités que ya están articulados a una organización distrital que se llama Renacer, donde hay prácticamente 190 familias asociadas, con quienes trabajamos en organización, en producción, en ambiente y en articulación de mercados”, explica María Celsa Benavidez, directora ejecutiva de SER.

María Celsa Benavidez, directora ejecutiva de SER. Fotografía: Mónica Bareiro.

Benvidez explica que lo primero fue fortalecer la producción y que actualmente están preparando unos  manuales para que las mujeres puedan hacer sus propias semillas. La idea es que cada vez menos dependan del mercado y logren disminuir costos.

Asimismo menciona que Puerto Casado es un pueblo sostenido por mujeres, prueba de ello es que actualmente los comités están conformados en un 95 por ciento por mujeres.

“Este es un pueblo prácticamente de mujeres, sostenido por mujeres, pero gobernado por los hombres, porque los escasos hombres que hay son los que tienen el poder. Sin embargo, las mujeres son las que sostienen esta tierra con su trabajo”, remarca María Celsa.

Más de 20 años en busca de la tierra propia

Puerto Casado, es un pueblo que se constituyó por la instalación de una taninera (extracto de Quebracho) en pleno Chaco paraguayo en 1883. Llevaba el nombre de su fundador, Carlos Casado. Como la zona estaba aislada y para motivar el asentamiento de las familias de sus empleados, la empresa contrató arquitectos para la construcción de edificios como el puesto de salud, escuelas, centros municipales y otros, así como algunas de las viviendas para sus empleados. Todas las personas vivían en propiedad de la empresa y todo funcionó ordenadamente durante muchos años. Carlos Casado, llegó a acumular una cuarta parte de la superficie del Chaco, 7 millones de hectáreas, pese a que las leyes agrarias de la época impedían tal acumulación de tierras. 

Pero en los noventa, la empresa cesó sus actividades y dejó de ser propiedad de Carlos Casado en el año 2000. Pasó a manos de la empresa Atenil SA, una firma a su vez perteneciente a la Secta Moon, que compró las tierras con todos los pobladores adentro.

Así empezó una histórica movilización. Las y los habitantes protagonizaron una heróica marcha, a pie, de casi 700 kilómetros hasta Asunción. Esta lucha por la posesión legal de las tierras en las que vivieron por décadas, continúa hasta ahora.

Según explican desde SER, hace varios años está en marcha un proyecto de donación de tierras ubicadas en el casco urbano de Puerto Casado. Señalan que la empresa Atenil SA, como medida de resarcimiento, invirtió en la medición y estudio de cada lote en el que familias casadeñas llevan viviendo por años. 

“Existe la disponibilidad de Atenil de regularizar unos 350 títulos de propiedad. Vino un topógrafo pagado por la empresa a medir todos los lotes. Eso fue presentado a la municipalidad, entonces los documentos fueron aprobados y ahora mismo se encuentran en la Dirección de Catastro, una de las últimas etapas antes de ir a registros públicos” , explica Amambay Campos.

Después de 23 años de lucha, a pesar de la falta de respuestas por parte del Estado, las pobladoras y pobladores se mantienen firmes y convencidos del legítimo derecho que tienen de vivir en su propia tierra.

Esperanzada, Griselda dice que “hay proyectos para titular, yo quiero agrandar mi casa y mejorar mi huerta”.

Griselda en el patio de su vivienda, en la tierra con la que sueña sea propia. Fotografía: Mónica Bareiro.

Si bien no recuperarán las 152.000 hectáreas reclamadas, celebran la resistencia de la organización. Saben que seguirán luchando por lo que les pertenece. 

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.

Un mes antes de las elecciones generales, la entonces ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, firmó el sobreseimiento de Canal 9, C9N y Canal 5 pese a que no incorporaron a sus reglamentos los protocolos de actuación ante violencia laboral y acoso sexual. Este era uno de los principales reclamos de las trabajadoras en el caso Carlos Granada y uno de los incumplimientos detectados por fiscalizadores del Ministerio de Trabajo en la inspección laboral que originó el sumario a los medios del grupo Albavisión.

La Resolución 280/2023 del 3 de marzo dio por concluido el sumario administrativo, luego de que el juzgado sumariante determinara que Albavisión no había incumplido la normativa laboral en ninguno de los 24 puntos que los inspectores observaron en la fiscalización del 17 de octubre de 2022. En esta causa, el ministerio había designado juez instructor al abogado Marcos René Riveros Aquino y actuaria a la abogada Annelise María Ocariz de Rufinelli.

El informe de la inspección laboral, que había motivado la apertura de la investigación, señala que los canales incumplían la normativa laboral al no actualizar sus reglamentos internos, pese a las constantes actualizaciones en el ámbito legislativo laboral, «específicamente en relación a la Resolución Nº 388/2019 que crea la Oficina de atención y prevención de la violencia laboral y se establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual». 

En ese sentido, los fiscalizadores detallaron en su reporte que el reglamento interno de Canal 9 data de 1984 (Res. MJT Nº 713/1984) y el de Paravisión de 2011 (Res. MJT Nº 784/2012). Es decir, el primer canal del Paraguay todavía se rige por un reglamento de la época de la dictadura estronista y anterior al Código del Trabajo vigente, que fue promulgado un año después de la Constitución Nacional de 1992. A esto le sumamos que los reglamentos de ambos medios también son anteriores a la creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en 2013, cuando el Poder Ejecutivo lo separa del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) —hoy Ministerio de Justicia—.

Fotografía del 29 de setiembre de 1965, cuando Canal 9 inició sus transmisiones en blanco y negro. Fotografía: Abc Color/28-09-2015.

Pese a que el incumplimiento observado en la inspección eran los reglamentos desactualizados al no contar con protocolos ante violencia laboral y acoso sexual, el juzgado sumariante determinó que la empresa cumple con la normativa laboral porque tiene reglamento interno, cuando no era la falta de «reglamento homologado» por el ministerio lo que estaba en cuestionamiento, sino la falta de actualización de los mismos. Además, argumentó que no es posible exigir de forma unilateral al empleador un reglamento interno «dado que su existencia requiere el consenso entre empleador y trabajador», con lo que el juzgado también pasa por alto que difícilmente las y los trabajadores de Albavisión podrían consensuar las reglas de juego al no poder conformar sindicatos internos.

La Resolución 388/2019 sobre violencia laboral, mobbing y acoso sexual —que aprobó la entonces ministra Bacigalupo— establece que todo empleador con más de 10 trabajadores debe tener su reglamento interno homologado por el MTESS, que incluirá un procedimiento explícito para casos de denuncias de violencia laboral, así como las sanciones y medidas para prevenir, controlar y eliminar la violencia en el lugar de trabajo. 

El documento define la violencia laboral como «toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones, o conductas con connotación sexual o no, mobbing o acoso sexual, no consentidas por la víctima, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía». Además, dispone que la investigación interna debe concluir en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la denuncia.

Cuando en mayo de 2022 se conocieron las denuncias contra el exgerente de prensa, Carlos Granada, procesado por acoso sexual, coacción sexual y coacción, las trabajadoras reclamaron que Albavisión incorpore este protocolo. Sobre todo, al trascender que Granada no era el único. Lejos estaba de ser un caso aislado, en un país donde 8 de cada 10 trabajadoras de prensa sufrieron acoso sexual durante su carrera y la mayoría trabaja en lugares que no tienen un protocolo ante el maltrato y acoso sexual, según una encuesta de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPC).

Sobre el punto, la periodista Noelia Díaz Esquivel recuerda que la Red entregó una nota en mesa de entrada de Canal 9, en la que consta el ofrecimiento de la organización para apoyar en la elaboración de un protocolo que atienda con perspectiva de género los casos de acoso sexual y moobing. Pero la empresa nunca contestó.

Resultados de la encuesta realizada por la Red de Periodistas y Comunicadoras del Paraguay, en noviembre del 2022.

Pero la falta de adopción de un protocolo ante casos de mobbing y acoso sexual no es el único problema. En agosto de 2022, apenas tres meses después del estallido del caso Granada, comenzaron los despidos de trabajadoras; tres de ellas incluso dejaron constancia en el Ministerio de Trabajo de que las altas gerencias de Albavisión habían iniciado una persecución contra quienes denunciaron acoso, algo que solo recrudeció en los meses siguientes, como ocurrió con las periodistas Angie Prieto y Lorena Romero. Ante esto, la Red y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) habían solicitado al ministerio la fiscalización de la empresa, que se concretó en octubre de ese año y dio pie al sumario.

Si bien la fiscalización no consideró las denuncias de despidos, identificó otros incumplimientos de la normativa laboral —además de la falta del protocolo contra acoso— como la falta de una sala de lactancia. Durante la investigación, la empresa argumentó que cuentan «con un espacio cómodo y privado destinado exclusivamente para la extracción de leche materna» y que los «trámites de habilitación siguen su curso», por lo que a criterio del juzgado sumariante Albavisión cumple la ley. Respecto a que no contaban con guarderías, la empresa alegó que decidieron tercerizar el servicio. En todos los casos, al juzgado le bastó con los documentos que presentó la patronal para calificar que no hubo incumplimiento de la ley.

Esto, a pesar de que el grupo empresarial se encontraba en infracción, teniendo en cuenta que desde el 29 de octubre de 2018 está vigente la reglamentación del artículo 134 del Código Laboral (Resolución 519/2018) sobre la obligatoriedad de contar con servicio de guardería para los hijos e hijas de las y los trabajadores; y desde 2015 la ley de apoyo a la lactancia materna, que establece que las empresas deben tener salas de lactancia. Pasaron siete años desde la entrada en vigencia de la ley y aún así esas instalaciones no se encontraban disponibles en los canales de Albavisión.

A pesar de esto, para el juzgado no hubo elementos que ameriten la aplicación de sanciones y otorgó el sobreseimiento libre a la empresa sumariada. Bacigalupo, que en enero ya había renunciado a su candidatura al Senado, no tuvo problema en firmar la resolución que libró a Albavisión de cualquier sanción administrativa. La entonces ministra de Trabajo trabajaba de lleno en la candidatura del empresario y contratista del Estado, Luis Pettengill, por el movimiento colorado oficialista Fuerza Republicana; hoy senador de la nación. 

Desde la Red, consideramos muy preocupante que el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad administrativa encargada de regir la política laboral nacional y ejercer la regulación del régimen del Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; fiscalizando el cumplimiento de la normativa laboral y promoviendo la equidad para garantizar a la población condiciones de trabajo decente y empleo digno, haya realizado un sumario tan benevolente con la patronal, en este caso el grupo multimedios Albavisión. No solo pasando por alto la normativa vigente, sino que además sin efectuar ningún procedimiento para proteger a las trabajadoras que apoyaron a sus compañeras denunciantes de acoso, permitiendo que se consumaran persecuciones y represalias que culminaron en el despido injustificado de varias trabajadoras desde que estalló el caso Granada.

¡Las periodistas ya no se callan!

*Este material es la quinta entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay. 

Desafortunadamente, proteger los bosques con el trabajo y a veces con la vida misma, no siempre se reconoce como se debe y las condiciones en las que se desarrolla la labor están marcadas por la precarización y el peligro. La situación es especialmente complicada para las mujeres que se dedican a ésta tarea.

En algunos casos, deben dejar a sus hijas e hijos durante dos o tres semanas, mientras se enfrentan a la ilegalidad o a desastres como los incendios forestales. En otros casos, deben vencer los prejuicios y estereotipos para demostrar que pueden cumplir con sus funciones al igual que sus compañeros.

Ursulina Figueredo, Lourdes Oviedo Vallejos, Perla Noemí Vázquez Gil. Fotografía: Mónica Bereiro.

En el marco del 1° Campamento de Senderos para Mujeres, Ursu, Lourdes y Perla, se tomaron un tiempo para hablar sobre la labor que llevan a cabo. Aunque cada historia es diferente, las tres tienen dos cosas en común: su pasión por la naturaleza y la convicción de que sin guardaparques, no hay conservación.

Toda una vida protegiendo las riquezas de Ybycuí

Ursulina Figueredo (39), dinámica, habladora y extrovertida es madre de tres hijos varones. Nació y se crió en Ybycuí, departamento de Paraguarí. A los 13 años inició su militancia verde, cuando formó parte de una comisión juvenil cuya tarea era colaborar voluntariamente con los guardaparques del Parque Nacional Ybycuí.

Ursulina compartiendo parte de su trabajo y su vida en el 1er Campamento de Senderos para Mujeres. Fotografía: Mónica Bareiro.

“Mi casa quedaba a dos kilómetros del parque. Siempre me gustó, mi sueño era ser guardaparque y en cada oportunidad que tenía me iba a  ayudarles. Desde ese entonces comenzamos a capacitarnos primero con apicultores de la zona y después llevábamos teatros ambientales a colegios”, rememora Ursulina.

En 2014 se animó a concursar para acceder a una vacante como guardaparque. Afortunadamente todo salió bien y se cumplió su sueño “desde enero de 2015 formo parte del plantel de guardaparques del Parque Nacional Ybycuí. Después concursé de nuevo para ser funcionaria y desde 2018 estoy en el plantel de permanentes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)”.

Ursu se encarga del museo ubicado en el parque, donde está asentada la primera fábrica de fundición de hierro de Sudamérica. Aprovecha ese espacio para hablar de recursos naturales y de la importancia de la conservación del área.

Relata que le costó hacerse camino en ese espacio, sobre todo por los estereotipos: “no por ser mujer una no puede realizar ciertas actividades, yo creo que no existe esa barrera cuando una quiere y se propone lograrlo”. Reconoce sin embargo, que todo vale la pena porque diariamente le pasan cosas lindas, conoce nuevas personas y por eso cada día se esfuerza para dar lo mejor.

La enfermera que vela por la salud de Cerro Corá

Perla Noemí Vázquez Gil (40), tiene una melena oscura y tupida que le llega hasta los muslos, por eso la llaman cariñosamente “Cabellera”. Está casada hace 18 años con Julio Cáceres y juntos tienen una hija y un hijo. Se crió en la localidad Isla Umbú, departamento de Ñeembucú.

Perla Vázquez, es la primera guardaparque jefa de área silvestre protegida a nivel nacional. Fotografía: Mónica Bareiro.

Relata que siempre le gustó la enfermería y cuando tuvo la edad y los recursos, cursó la licenciatura. Sin embargo, a pesar de contar con un título no logró acceder a ninguna oportunidad laboral en el campo de la salud. Al final, esta situación la llevó a emprender un camino que hoy la llena de satisfacciones y orgullo.

En busca de un trabajo estable, un día de 2015 escuchó en la radio que estaban promocionando un concurso para una vacante de guardaparques: “el cupo era para Lago Sirena, Ñeembucú, que hoy es un balneario de la zona de Cerrito. Concursé, presenté mi curriculum y me preguntaron qué hacía ahí una licenciada en enfermería. Pensé que no tenía chances, todos eran ingenieros y gente con más experiencia, ¡pero finalmente gané!”.

Tras obtener el trabajo de guardaparques, recibió capacitación y se quedó en Cerrito por un año. Sin embargo, ya no hubo posibilidades de recuperar las 9.000 hectáreas de la reserva que estaban ocupadas, no había dónde reubicar a los pobladores. Finalmente el lugar tuvo que ser desafectado. Luego fue trasladada a Ybycuí y un año y cuatro meses a Caazapá, donde no solo aprendió muchas cosas nuevas sino que además hizo muy buenos amigos y amigas. 

“Después de ocho meses en Caazapá hubo traslados masivos y todos fuimos reubicados, yo me fui al Parque Nacional Cerro Corá, donde me nombraron jefa de área. Fui la primera mujer guardaparque jefa de área silvestre protegida a nivel nacional”, relata Perla, quien está en el puesto desde hace seis años. 

Este transitar tampoco fue sencillo para ella, comenta que fue una ardua batalla ganarse el respeto de sus compañeros varones.

“Eran reacios, no querían aceptar que las mujeres guardaparques ocupen un lugar más alto que ellos. Ellos hacían comentarios delante mío sobre que las mujeres tienen que estar en la casa, que no pueden hacer carpida o no pueden manejar un tractor. Pero yo estaba convencida de que podía todo y se los demostré”, cuenta Perla con mucha fuerza en sus palabras.

Una vocación que se trabaja y se vive con pasión

Lourdes Oviedo Vallejos (34), es fan indiscutible del yaguareté, con contagiante emoción rememora el día en que vio un ejemplar por primera vez. “Ver al yaguareté eso fue lo más impresionante que me pasó. La primera vez fue en un camino donde estábamos haciendo patrulla y se cruzó frente a nosotros, a unos tres metros. Luego entró al bosque, se sentó a unos cinco metros, y nos observó desde ahí”.

Lourdes Oviedo, guardaparques del puesto Agua Dulce, Parque Nacional Defensores del Chaco. Fotografía: Mónica Bareiro.

Lourdes es oriunda de San Juan Nepomuceno, relata que siempre le gustaron los trabajos de conservación. Vivía en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Caazapá y desde pequeña vió y participó de las actividades que se hacían en la zona.

Mientras estudiaba la carrera de agronomía, también trabajaba en la gobernación de Caazapá, en la sección de medio ambiente, desde donde realizaron grandes esfuerzos, en conjunto con comisiones vecinales, para reforestar la zona. 

“En 2017 hubo cupo para tres guardaparques, me postulé y reboté. Pero luego en 2020 hubo un llamado de nuevo, volví a postularme y logré quedarme”, cuenta Lourdes. 

Desde hace dos años y nueve meses, Lourdes, junto a Wilson, su pareja, es guardaparque del Defensores del Chaco, a más de mil kilómetros de su Caazapá natal. Están a cargo del puesto Agua Dulce. Varias mujeres pasaron antes por esta zona pero no duraron porque las condiciones de vida son duras por la falta de agua, energía o cuando no hay caminos disponibles. Recuerda que apenas llegó al lugar sobrevivió a una grave intoxicación. 

“A principios de 2021 cuando llegamos al puesto Madrejon, donde viví dos meses, el único reservorio de agua era un aljibe, pero había sido estaba lleno de basura. El agua contaminada me ocasionó terribles dolores estomacales, a los pocos días ya no podía comer ni beber nada. Le llamé al jefe y me dijo que la única solución era salir en carona (pedir aventones). A las seis de la tarde nos subimos a una transportadora que iba a Filadelfia, hacía mucho frío. Wilson me acompañó. Al cruce Los Pioneros llegamos a medianoche, ya no había colectivos. Yo estaba débil y desabrigada. Afortunadamente mi pareja llamó a un amigo quien vino a rescatarnos. Al día siguiente recibí atención médica”.

La guardaparque explica que su trabajo se basa en patrullaje, observación de aves, colocación de cámaras trampa para monitoreo de fauna, entre otras actividades. Además se encargan de todo el mantenimiento de las instalaciones edilicias. Actualmente están en plena tarea de limpieza para un sendero al que bautizaron “Samu´u”.

“Este puesto estuvo abandonado más de 20 años, así que  somos lentos, porque solo estamos dos y el área es grande. Solo este bloque tiene unas 60.000 hectáreas. Ahora mismo tendría (el sendero) alrededor de 200 metros y queremos hacer 3 kilómetros para llegar a un cauce seco que cuando hay repunte de agua se convierte en río. La idea es hacer un mirador”, señala Lourdes.

Situación de las y los guardaparques en Paraguay

Las y los guardaparques son personas que se dedican a la conservación y que cumplen importantes funciones, que van desde el control y la vigilancia de las áreas protegidas hasta la atención a las y los visitantes, el trabajo con pobladores y comunidades locales, actividades de educación ambiental, apoyo a investigaciones científicas y la prevención y el combate de incendios.

Tres mujeres, tres historias, pero una misma convicción: proteger los bosques de Paraguay. Fotografía: Mónica Bareiro.

En Paraguay existen alrededor de 83 guardaparques, de los cuales sólo ocho son mujeres. Se encargan de proteger 20.000 km2 de áreas protegidas de las constantes amenazas que se ven acentuadas con la crisis climática. Pero nuestro país destina apenas el 1% de su presupuesto anual al medio ambiente. 

Estos defensores del medio ambiente ganan un salario que no supera el mínimo legal vigente (G. 2.680.373, lo que equivale a USD 358). No acceden al seguro social y la ley que reglamenta sus funciones debe ser modificada para revisar varios temas como el derecho jubilatorio.

La protección y conservación de áreas naturales es fundamental para la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta. Las áreas protegidas tienen importantes funciones como la regulación del clima, la conservación de reservas de agua, el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, la captación del exceso del CO2 atmosférico, entre otros.

Es importante que los países inviertan en la protección y conservación de estas áreas para garantizar su supervivencia y la de las especies que habitan en ellas. La pérdida de estos espacios supone la supresión de toda la biodiversidad que albergan, lo que puede tener graves consecuencias para el medio ambiente y la humanidad.

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Petrona Villasboa,  Yamili Nair Burgos y Liz Paola Cortaza recibieron homenajes por sus incansables luchas en favor del medio ambiente y de derechos para todas las personas, en especial las más vulnerabilizadas. 

• Premio Dignidad a la trayectoria por un ambiente sano: Petrona Villasboa es hija de un luchador de las Ligas Agrarias Cristianas que peleó contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Es madre de 11 hijos, y la muerte de uno de ellos cuando era niño -a consecuencia de una fumigación con agroquímicos- marcó su vida para siempre. Silvino Talavera murió el 7 de enero de 2003 y desde entonces esta madre levanta la bandera contra el uso no controlado de plaguicidas.
  
  

  Petrona Villasboa. Fotografía: Alegría González

• Premio Dignidad por la memoria: Yamili Nair Burgos es docente y campesina, quien actualmente vive en la Colonia Santiago Nicolás Bo Parodi, distrito de Carayaó. Integra la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (Otep-SN), con quienes en su momento logró el derecho a la jubilación digna de los docentes. Actualmente, trabaja desde la Coordinadora de Agricultores de Caaguazú (CAC), donde lucha por el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina.
  
  

  Yamili Nair Burgos. Fotografía: Alegría González.

• Premio Dignidad a la trayectoria por la Memoria Histórica: Liz Paola Cortaza tiene 63 años y es una de las últimas sobreviviente transexual de la dictadura stronista. Hasta hoy sueña con que las leyes del Paraguay le permitan cambiar su nombre respetando su identidad de género, derecho por el cual tiene una acción abierta ante el Poder Judicial.
  
  Liz Paola Cortaza. Fotografía: Alegría González.

También fue distinguida la Comunidad indígena Loma Piro’y del pueblo Mbya Guaraní, que recibió el Premio Dignidad por un ambiente sano. Esta comunidad lucha desde el 2020 buscando recuperar parte de su territorio ancestral y sufrieron numerosos atropellos, desalojos, fumigaciones aéreas de parte de autoridades nacionales y colonos extranjeros -con sus civiles armados- que les disputan el territorio. La comunidad está asentada en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú.

Asimismo, se rindió homenaje a una funcionaria y un funcionario del Poder Judicial por su destacado trabajo en favor de los derechos humanos. Este reconocimiento fue otorgado por las organizaciones que forman parte de la red de Codehupy. Los galardonados fueron:

• La Licenciada Rosa Palau, quien desempeñó un papel crucial en la coordinación de los trabajos de registro y clasificación de la documentación sobre la dictadura. Hoy trabaja en el Centro Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad dependiente de la Corte Suprema de Justicia. 
• Prof. Dr. José Agustín Fernández es un jurista paraguayo con 28 años de experiencia como magistrado, actualmente lidera el Museo de la Justicia y Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos del Poder Judicial. Su excepcional trayectoria ha sido reconocida con diversas distinciones a las que ahora se sumaron los Premios Dignidad.

Los Premios Dignidad tienen como propósito central visibilizar a las personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan un alto riesgo en el contexto social paraguayo. Este año se llevó a cabo la cuarta edición consecutiva del evento y fueron elegidas dos temáticas de trabajo para recibir postulaciones: Memoria Histórica y Medio Ambiente Sano. En total se recibieron 25 postulaciones para ambas áreas.

La elección de las y los ganadores estuvo a cargo de un jurado externo a Codehupy, compuesto por la historiadora Ana Barreto Valinotti, la directora de cine Paz Encina, el curador y promotor cultural Ticio Escobar, el abogado y teólogo Dionisio Gauto, el sacerdote José Zanardini y la periodista Estela Ruiz Díaz.

En cuanto a las temáticas, se tomó en cuenta que este año Paraguay conmemora los 30 años del descubrimiento del archivo del terror y los 20 años de la Mesa Memoria Histórica, cuyo papel ha sido fundamental en la búsqueda de verdad y justicia sobre lo ocurrido durante la dictadura. Sobre el eje Ambiente Sano se tuvo en cuenta que este año, el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas de las Naciones Unidas presentó un informe sobre la contaminación en Paraguay, subrayando la importancia de apoyar a quienes defienden nuestro medio ambiente.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 7 de noviembre en el Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños.

Más información sobre la historia de las personas ganadoras y postuladas ingresá al enlace:

Premios Dignidad

Las investigadoras Maricarmen Sequera y Jazmín Acuña identificaron la necesidad de liderar este trabajo dado que la dinámica del debate político y periodístico ha sido transformada por Internet y las redes sociales y ante esta realidad las periodistas deben enfrentar diariamente la violencia de género digital, con consecuencias significativas tanto en el ámbito personal como profesional.

“El objetivo es proveer de insumos que podrían servir para políticas públicas más reales y concretas adaptadas a nuestra realidad nacional”, explica Maricarmen Sequera, coordinadora de la investigación.

El objetivo principal fue evaluar si las participantes habían sufrido violencia digital relacionada con su género en el entorno periodístico, desafiando así la noción errónea de que la violencia de género se limita a contextos físicos y demostrando cómo se manifiesta en el mundo digital. Mediante encuestas, entrevistas y grupos focales, la investigación caracterizó la violencia en línea contra periodistas en Paraguay. Más de 100 profesionales de medios aportaron valiosas perspectivas, enriqueciendo el informe con sus experiencias.

Entre los hallazgos más resaltantes, se encuentra que:

• En Paraguay, las periodistas enfrentan 12 formas específicas de agresiones en línea, desde insultos y amenazas hasta difamación y exposición de información personal, conforme con la clasificación de violencia digital de género llevada a cabo por TEDIC, en conjunto con varias organizaciones.
• La cobertura de temas sensibles, el ejercicio de un periodismo crítico y el género de las periodistas son factores desencadenantes de esta violencia.
• Las mujeres periodistas son atacadas de manera desproporcionada en aspectos relacionados con su imagen y capacidad intelectual en comparación con sus colegas masculinos.
• De un total de 239 agresores registrados, los anónimos son predominantes, seguidos de trolls, grupos anti-derechos y en una menor medida autoridades del Estado, situación que puede variar dependiente de la población específica estudiada.
• Se detectaron posibles ataques coordinados, lo que resalta la necesidad de medidas de protección y apoyo en el entorno digital.

“Según los datos recabados en los grupos focales aplicados a periodistas de Central, Ciudad del Este, Villarrica, Coronel Oviedo y Encarnación, la gran mayoría de los agresores se encuentran en las fuentes periodistas que terminan con acoso sistemático fuera de horario laboral. Sin embargo, en Asunción, los ataques vienen, con más frecuencia, de perfiles anónimos en redes, también se da en los espacios de trabajo”, expresa Sequera.

Esta investigación reconoce el papel fundamental de las mujeres periodistas como defensoras de la libertad de expresión y resalta la necesidad de abordar la violencia digital dirigida a éstas y promover la capacitación en seguridad digital. 

Asimismo, destaca la responsabilidad de los medios de comunicación y otros actores determinantes en la prevención de la violencia digital y pone de manifiesto la imperiosa necesidad de establecer protocolos efectivos contra la violencia de género en los medios de comunicación. 

A pesar de los desafíos persistentes que enfrentan, las mujeres periodistas rompen con estereotipos de género, superan obstáculos culturales, disputan espacios para ser voces de los más vulnerables y defienden la libertad de expresión. 

Clic aquí para leer la investigación completa.