¡MÁS MUJERES A LA CORTE YA!

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*Por Noelia Díaz Esquivel / @noediazesqui

*Edición Lida Duarte / @lidaduarte

¡Más mujeres en la Corte YA! Es la consigna de mujeres formadas en Derecho que exigen integrar la terna de candidatas y candidatos para ocupar el cargo de  ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reemplazo de Antonio Fretes. Consideran que es urgente y necesaria la participación de más mujeres en esta instancia para garantizar la diversidad, la igualdad y la justicia.

La conformación de la terna se lleva a cabo bajo mucha presión política. El Consejo de la Magistratura declaró un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo lunes 20 de marzo, para seleccionar en sesión  las candidaturas.

La CSJ debe estar integrada por 9 miembros y miembras, sin embargo, actualmente la Prof. Dra. María Carolina Llanes Ocampos es la única mujer que integra el máximo tribunal de justicia del país. 

Los requisitos para desempeñarse en el cargo son: tener nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Además, haber ejercido efectivamente durante al menos 10 años la profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o sucesivamente. Bajo estos requerimientos, muchas están habilitadas para conformar la terna.

Para este reportaje conversamos con varias juezas, para saber de primera mano la realidad a la que se enfrentan y por qué exigen ocupar espacios de decisión.

Las clasificadas 

Para formar parte de la terna están listas las doctoras María Elodia Almirón Prujel con un total de 91,88 puntos, ocupando de esta manera el segundo lugar del ranking; Rosa Beatriz Yambay Giret con 87,47 de puntuación y María Teresa González de Daniel, quien cuenta con 86,15 puntos. Los resultados se basaron en la evaluación documental, examen de conocimiento y exposición de planes en una audiencia pública. 

La jueza Vivian López apuntó que Almirón Prujel lidera y lideró siempre los rankings en los últimos concursos para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, señaló que las mujeres “siempre seguimos siendo menos doctoras en Derecho que los hombres por el costo económico del Doctorado. La mayoría de las abogadas son madres, jefas de hogar y ni el tiempo ni el dinero alcanzan, o siempre se prioriza la educación del marido o de los hijos antes que la de la propia mujer”

Un poco de historia

Claudia Ferreira, jueza de Primera Instancia en lo  Civil Laboral y Comercial de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva, relata que la lucha de las mujeres por la igualdad y acceso al sistema de justicia data principalmente desde el siglo XVIII, cuando les era vedado ser abogadas, mucho menos juezas, solo por la condición de ser mujer. Yendo un poco más atrás, se podría decir que Débora en el año 1115 AC fue la primera mujer que impartía justicia proponiendo la paz, pero recién a partir del siglo XX, cuando ya las mujeres accedían a la carrera de Derecho masivamente, es que se empiezan a dar oportunidades para el ingreso a la carrera judicial en los grados inferiores. En los grados superiores llega a ser toda una revolución, por la notoriedad, el caso de Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos. 

En Paraguay, Alicia Pucheta fue la primera mujer que accedió al cargo de Ministra de la Corte, en el 2004. 

“Bueno, en mi caso llegué a los 44 años, luego de integrar 5 ternas. Y la verdadera oportunidad se dio cuando cambiaron las reglas de juego y se empezó a puntuar experiencia y estudios”, señala la jueza Claudia Ferreira.

La historia no registró muchos de los hitos de acceso a los órganos de la justicia paraguaya en cuanto a mujeres se refiere, debido a que hasta 1961 no fueron consideradas ciudadanas activas porque no tenían el derecho al sufragio. 

La propia Dra. Serafina Dávalos, primera abogada y Doctora en Derecho del Paraguay en 1907, aseveró al momento de dar el discurso de clausura del I Congreso Feminista en Buenos Aires, en 1910, que logró ocupar un alto cargo en el Superior Tribunal de Justicia, solo tras  ser invitada por el  Dr. Cecilio Báez.

“Luego de 94 años, recién en el 2004 la Dra. Alicia Pucheta, accedió al cargo, siendo la única presidenta de la Corte en toda nuestra historia del Paraguay. Gladys Bareiro accedió en el año 2010, Myriam Peña en el año 2015 y Carolina Llanes en el año 2019, siendo actualmente la única mujer en el cuerpo colegiado de nueve miembros”, remarcó a su vez la jueza Pili Rodríguez.

Los obstáculos

Según los números oficiales del Poder Judicial, actualmente están en ejercicio de sus funciones 453 juezas y 339 jueces. A pesar de estas cifras las mujeres siguen enfrentándose a un sin número de barreras a lo largo de su carrera. 

Susana Granado, Jueza de Paz de Nueva Colombia y  presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay coincide con su colega Vivian López y afirma que “los organismos de elección y/o decisión están cubiertos en su mayoría por hombres, siendo la excepción la integración de una mujer como sucede en la CSJ. La mujer cumple con una multiplicidad de roles en una sociedad, pues es madre, hija, esposa, hermana, etc. y la conciliación de estas tareas con el trabajo no es fácil y constituye un inmenso esfuerzo a la hora de presentarse a cargos de poder. A la mujer se le cuestiona todo, su vida íntima, sus decisiones personales, su manera de vestir, etc. Sin embargo, al hombre le basta la corbata, la camisa y apagar la luz cuando sale de su casa”.

Al mismo tiempo la jueza Claudia Ferreira remarca que en nuestro país todavía el 90% del manejo del hogar recae en la mujer. “En ese contexto, quitar tiempo para asistir a cursos y seguir estudiando es limitado. El ascenso depende de una formación continua; los costos de formación son elevados, los órganos selectivos están integrados en su mayoría por hombres que privilegian a sus congéneres; el machismo imperante que cuestiona a la mujer todo, hasta en lo privado y al hombre nada. Esto se pudo visualizar en las últimas audiencias donde 2 candidatas estuvieron a punto de quebrarse por las preguntas que realizó un consejero”.

Ferreria añade que desafortunadamente la valía de una mujer no se mide solo por su trayectoria y valores, excede ese campo. En cambio, la vara para medir al hombre es mucho más corta.

 ¿Qué piden las mujeres del Derecho? 

En nuestro país las barreras estructurales sostenidas en un modelo machista y patriarcal impiden el acceso a mujeres a diversos estamentos públicos y de poder. Una forma de enfrentar este problema son las leyes paritarias, que parten de la necesidad de acciones afirmativas para que la participación de las mujeres esté asegurada. La jueza Claudia Ferreira sostiene que la Ley de Paridad es urgente, “ya que únicamente así se hará efectivo el texto constitucional que hasta hoy es letra muerta”

Vivian López añade: “Que se haga realidad los principios garantizados en la Constitución de la República, principalmente el del Art. 48 que consagra la igualdad entre hombres y mujeres, removiendo los obstáculos ancestrales, para que estas últimas lleguen a los cargos de toma de decisiones que influyan a su vez para garantizar la igualdad”.

“Pese a la obligación constitucional de garantizar la igualdad de hombres y mujeres, al momento de conformar la terna para el cargo de Ministro, nuevamente las mujeres están siendo relegadas, lo que demuestra que sin acciones positivas que determinen cierta obligación para la integración mínima de la terna, el acceso seguirá siendo infranqueable”, afirma la jueza Liz Lobo.


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Las futbolistas y una carta histórica a la FIFA

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*Por Laura Morel

@Srta_Lau

Primero fueron las jugadoras de futsal, ahora son las de fútbol de campo. El gremio de futbolistas se hace cada vez más fuerte con acciones y ya no solo sueños y deseos.

The Wall Street Journal publicó en exclusiva el martes que la FIFPRO (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) envió en octubre pasado una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, firmada por jugadoras de 25 selecciones nacionales, entre las que figuran las campeonas del mundo Estados Unidos, Alemania, Japón y Noruega.

Las futbolistas nunca estuvieron solas en su lucha por la igualdad. (Foto: CBS News)

En dicha carta piden a la FIFA que promulgue tres propuestas para «establecer un camino para que las futbolistas tengan perspectivas económicas viables a través del alcance, los recursos y los compromisos legales ya declarados de no discriminación de la FIFA».

Las propuestas son:

1. Establecer un marco equitativo de regulaciones y condiciones como viajes, tamaño de la delegación, lugares de entrenamiento e instalaciones para los Mundiales masculinos y femeninos, incluido el mismo premio económico.

2. Tener garantía de que recibirán al menos el 30% del premio económico del Mundial, “para que nuestro deporte continúe desarrollándose profesionalmente” (esto, porque muchas jugadoras no tienen acuerdo con sus federaciones nacionales, a las que FIFA paga premios por disputar el Mundial).

3. Un convenio colectivo global vinculante con la FIFA que consagre esos compromisos.

La carta, que según The Wall Street Journal está marcada como “Confidencial”, no pone una fecha límite para el cumplimiento de las propuestas, ni amenaza con un boicot u otra sanción si las mismas no se adoptan.

“Usted, como FIFA, ha declarado que ‘el fútbol femenino es la mayor oportunidad de crecimiento del fútbol hoy en día, y sigue siendo una de las principales prioridades de la FIFA. Aunque el juego ha crecido exponencialmente en todos los niveles, la pasión y la creciente popularidad del deporte ofrece un gran potencial sin explotar”, recuerdan las jugadoras a Infantino.

Así como también aseguran que el fútbol sigue siendo “profundamente desigual” para las jugadoras, muchas de las cuales incluso disputan el Mundial “como amateurs o semiprofesionales, lo que socava su preparación y, a su vez, la calidad del fútbol que vemos en la cancha”.

Diferencias económicas

Según su propia proyección, la FIFA gastaría 435 millones de dólares para organizar el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, lo que representa menos de una cuarta parte de lo que gastó en Qatar 2022.

Sobre los premios económicos a repartir, la diferencia es todavía más grande. En el último Mundial Masculino fue de 440 millones de dólares. Para el Mundial Femenino sólo se sabe que al menos se duplicaría la cantidad de 2019, que fue de 30 millones de dólares.

Es por eso que las futbolistas también aprovechan la carta para mencionarle a Infantino que esas grandes sumas de dinero que se distribuyen en el Mundial Masculino hacen que las federaciones y los países prioricen el apoyo a sus equipos masculinos sobre los femeninos.

Referentes de la selección de Estados Unidos lideraron la campaña de «Igual juego, igual salario».

En Norteamérica

El Mundial del 2019, realizado en Francia, batió todos los récords en cuanto a asistencia de público y visibilidad (1.100 millones de espectadores en todo el mundo, triplicando los números desde 2011) en la historia del fútbol femenino.

Lo ganó Estados Unidos, que con su cuarto título mundial a cuestas reforzó su campaña con total -y merecido- derecho de pedir a su Federación igualdad de premios y salarios que la selección masculina. Después de una larga y mediática disputa, las jugadoras lo consiguieron.

Canadá, otra referencia en fútbol femenino y campeona olímpica en Tokio 2020, inició una campaña similar en febrero, contando incluso con el apoyo de la selección masculina. Aun así, en principio no tuvo suerte y las jugadoras incluso se vieron obligadas a disputar un torneo (She Believes Cup) bajo amenaza por decidir ir a huelga.

Finalmente las presiones lograron, primero, que el presidente de la federación canadiense de fútbol se viera obligado a renunciar, luego, el tan deseado -y merecido- acuerdo de igualdad económica entre las selecciones femeninas y masculinas en cuanto a premios y recursos.

En Paraguay, vale recordar, las diferencias todavía siguen siendo enormes y probablemente estamos lejos de emular las disputas ganadas por las jugadoras de Estados Unidos y Canadá. Pero en la pasada Copa América ya comenzamos a ver señales con el gesto de nuestras albirrojas durante la entonación del Himno Nacional previo a un partido.

Este gesto realizado en la Copa América del año pasado, llevó ¿u obligó? a la APF a prestar atención a su selección femenina.

El fútbol femenino está creciendo y merece el mismo trato que tanto promociona la mismísima FIFA.


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La conjunción perversa

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*Emilia Yugovich

@emily_yugovich

El movimiento de iglesias neopentecostales (evangélicas) como actor político protagónico es una realidad consolidada en los procesos electorales de Latinoamérica. El caudal de votos que representa, tiene la potencialidad de torcer cualquier balanza y además, con la capacidad de financiar campañas políticas, de candidaturas propias o aliadas. Brasil, El Salvador, Chile, Argentina, son algunos ejemplos de la trascendencia de su participación política.  Tienen una agenda legislativa muy clara y una conducta de bloquear cualquier iniciativa tendiente a garantizar el acceso a derechos, que responde a su visión de la sociedad. Su presencia territorial es indiscutible, así como las redes de contención que entrelazan a sus fieles.

En esta latitud tan tropical, a menos de 50 días de las elecciones generales del 30 de abril, no podemos decir lo contrario, el catálogo de candidaturas para los distintos cargos en pugna está bien nutrido de representaciones de este importante sector de la sociedad. Sus consignas viajan pegadas por los vidrios de los autos, por el mundo virtual haciéndose presente en cada chat grupal, en discursos políticos proferidos ante multitudes, en mitines políticos, o en el seno mismo de nuestros órganos republicanos.

Imagen tomada de www.laicismo.org

 

En estos días volvió al debate público, el proyecto de ley (archivado en el senado, con media sanción de diputados) por el que se pretende derogar la vigencia de la Ley 6659/20 que aprueba el Convenio de Financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos”. Nada más y nada menos que 38 millones de euros, que ya forman parte del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el año 2023, cuyo destino previsto, según las autoridades del MEC, son las meriendas escolares, útiles e infraestructura. De convertirse en ley, dejaría sin financiación estos rubros, lo que de por sí ya es un escándalo, en un recorte al presupuesto de educación de una sola tajada, pero no termina ahí.

Este proyecto conflictúa directamente con el orden constitucional de prelación de normas jurídicas, pues está en debate un Tratado internacional, aprobado y ratificado en su momento por las vías constitucionales, que no puede ser “derogado” por una ley interna, si no por los mecanismos previstos en el mismo. No sólo rompe con el orden jurídico interno, si no con el internacional también. La propia Cancillería lo advirtió en un comunicado de prensa diciendo: “…El Ministerio de Relaciones Exteriores subraya la importancia de preservar la imagen del país como un socio confiable y respetuoso del derecho internacional”.

Esto significa que no hay orden constitucional, ni republicano, ni democrático que importe algún límite en el accionar de estos sectores. El perfil autoritario se deja ver claramente con estos atropellos y su proyecto de sociedad también una sin espacio para la diversidad de ideas, de pensamientos y de personas; y aún así, candidatos políticos hacen campaña a favor de posturas anticonstitucionales y negadoras de derechos con la finalidad de traer más agua a sus molinos.

Imagen tomada de www.desdeabajo.info

La negación de derechos y el recorte de servicios son las medidas por las que unos cuantos lucrarán con los servicios básicos en detrimento de una mayoría cada vez más excluida de todos los sistemas, a las que a cambio, como cura a sus penas se les ofrecerá la redención moral.


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Belén Whittingslow, 9 años esperando justicia

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*Por Noelia Díaz Esquivel

@noediazesqui

Hace 9 años, Belén Whittingslow, denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de su profesor de facultad, Cristian Kriskovich. Después de casi una década, por fin una autoridad del clero se animó a solicitar la desvinculación del docente del plantel profesores de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. El pedido fue hecho por cardenal Adalberto Martínez, quien vía nota realizó la solicitó al rector de la UCA, Narciso Velázquez. Según información extraoficial también se envió una copia del documento al Vaticano.

Cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo de la Santísima Asunción.

ENCADENADA

Por otro lado, Mónica Castañe, la mamá Belén esta encadenada desde hace 21 días en el Palacio de Justicia exigiendo que los ministros resuelvan, de una vez por todas, la acción de inconstitucionalidad contra la orden de captura de su hija y la joven pueda volver a Paraguay.

Mónica Castañe, madre de Belén Whittingslow.

Whittingslow, está con refugio en Uruguay desde el 2019, debido a que en nuestro país existe una orden de captura en su contra por una supuesta compra de notas en la UCA.

La defensa de la estudiante presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en agosto del 2019 contra la orden de captura emitida por la jueza Lici Sánchez. La madre de Belén recordó que una auditoría de la Corta Suprema de Justicia, en 2019, corroboró que se trata de una orden “nula e ilegítima” y que la jueza tenía que haber sido suspendida por el máximo órgano judicial.

“Estoy horrorizada mirando una Declaración de Derechos Humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de mi hija? Con una captura nula y sin una defensa jurídica. Yo quiero justicia para mi hija y que anulen la orden de captura”, dijo Mónica Casteñe.

 

“NO FUE ACOSO, FUE GALANTEO”

 Mientras Belén estudiaba derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de Paraguay, fue víctima de acoso sexual por parte de Cristian Kriskovich, profesor de la Universidad y quien era también agente estatal integrante del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay, órganos con competencias fundamentales para el nombramiento y remoción de operadores judiciales.

Cristian Kriskovich, profesor denunciado por acoso sexual.

El acoso sexual se inició de manera presencial dentro de la Universidad, en el marco de una relación estudiante-profesor, y continuó de manera digital, principalmente por medio de mensajes e imágenes enviadas a través de WhatsApp.

Tras una investigación deficiente y plagada de irregularidades, donde se destaca especialmente la negativa de realizar las pericias de los celulares (principal prueba del acoso), la denuncia fue desestimada. La decisión fue ratificada mediante una resolución basada en estereotipos y prejuicios de género, donde el Fiscal Adjunto calificó el acoso sexual denunciado como una situación de “galanteo y cortejo”, ignorando abiertamente las manifestaciones de Belén y las pruebas adjuntadas que visibilizaban su clara disconformidad con la situación.

Al día siguiente de haber sido notificada de la desestimación de la causa de acoso sexual, Belén fue imputada y posteriormente acusada penalmente sin pruebas en su contra, de haber pagado para falsificar calificaciones de la Universidad en exámenes que no rindió, dentro de la causa conocida como “Compra-nota”. La Fiscalía habría presentado evidencias que correspondían a otras personas imputadas para sustentar los cargos, sin contar con ninguna que incrimine a Belén.

Por otra parte, Belén se encuentra demandada en una acción civil por daños y perjuicios en la cual su acosador le reclama una indemnización de 450.000 USD, alegando que las declaraciones hechas por Belén causaron daños a su imagen pública.

Belén Whittingslow, víctima de acoso sexual.

En noviembre de 2021, TEDIC y CEJIL presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH contra el estado paraguayo por la falta de acceso a la justicia, discriminación y falta de independencia judicial en el caso de Belén Whittingslow. Este caso recientemente trasladado al Estado paraguayo, podría convertirse en la primera sentencia interamericana que verse sobre la violencia de género en línea.

 

*Fuentes:

https://www.derechosdigitales.org/20160/belen-whittingslow-vs-paraguay/

https://nanduti.com.py/madre-de-belen-whittingslow-cumple-20-dias-encadenada-frente-al-palacio-de-justicia/

*Imagen de portada: CC:BY (Gilda Martini)


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¿Una derecha política liberal a 50 años del golpe de Estado?

Franck Gaudichaud

De
ahí que será un año sumamente simbólico para el país y pueda ser visto
como una oportunidad histórica para que la derecha en Chile se sitúe
desde el liberalismo político, dejando atrás fanatismos ideológicos
anti-democráticos y un fundamentalismo económico de mercado, que solo la
ha llevado a ser un sector incapaz de tener un proyecto político amplio
y plural.

Es
lo ocurrido durante los últimos 50 años, en donde la derecha poco y
nada ha aportado a la reflexión política del país, al estar encapsulada
por completo en la doctrina neoliberal, como bien ha planteado el
académico de centroderecha Hugo Herrera, quien ha cuestionado la
profunda estrechez ideológica y el economicismo de su sector, negando su
propia historia, la cual ha sido mucho más amplia (liberal-clásica,
nacional-popular, liberal- cristiana y socialcristiana).

En
consecuencia, Herrera ha planteado que la derecha, heredera del
pensamiento gremialista de Jaime Guzmán y de los llamados Chicago Boys,
ha reducido a la política a la mera gestión, despolitizando así su uso
desde una ortodoxia neoliberal, que desde un atomismo social
individualista, no ha sido capaz de pensar en expresiones colectivas
como bien común, nación, solidaridad nacional, destino histórico (1).

Es
cosa de ver a todos los partidos políticos de derecha existentes, desde
el Partido Republicano, pasando por la UDI, Renovación Nacional y
Evopoli, los cuales si bien podrán mostrar ciertas diferencias en
términos de mayor o menor conservadurismo valórico, todos son fervientes
seguidores del dogma neoliberal.

Un
buen ejemplo de ello, fue la reacción de la derecha en Chile durante el
estallido social en el país y lo ocurrido durante toda la redacción de
la nueva constitución, en donde la derecha no fue capaz de instalar un
discurso político democrático y dialogante, mostrando por el contrario,
una brutal represión al pueblo de Chile y una resistencia a cualquier
intento de transformación institucional.

Se
podrá decir que la derecha chilena ha mostrado ciertos avances
democráticos, al firmar dos acuerdos por una nueva constitución, tanto
en el año 2019 como el pasado 2022, pero parecen responder más a cierto
pragmatismo ideológico, y a la voluntad de ciertos líderes puntuales
(Mario Desbordes y Javier Macaya), que a una mirada de país a largo
plazo que rompa con los pilares del neoliberalismo.

Asimismo,
habrá quienes señalen que hubo sectores de la derecha que estuvieron
por el apruebo del plebiscito de entrada el 2020 y que estuvieron
abiertos a construir puentes dentro de la Convención Constitucional,
pero rápidamente esos sectores fueron completamente cooptados por la
ultraderecha reaccionaria y negacionista.

Es
cierto, desde las fuerzas de izquierda y transformadoras al interior de
la Convención Constitucional, desde un primer momento se cerraron a un
mínimo diálogo con cualquier sector identificado con la derecha, sea
cual fuere, pero de ahí a pasar a una campaña del rechazo a base de
mentiras e interpretaciones apocalípticas del nuevo texto
constitucional, sólo reafirmó su mirada doctrinaria.

Ante
esto, la derecha tiene este año una nueva oportunidad histórica, no
sólo para condenar con fuerza el golpe de Estado y la dictadura cívico
militar sangrienta posterior de 17 años, sino también el poder romper
con su legado económico extremo y la profunda injusticia que generó, que
nos llevó a lo ocurrido el 2019.

Para
ello, tendrá que no subordinarse nuevamente a la ultraderecha
reaccionaria y negacionista, que verá este año seguramente como una
oportunidad para revindicar la figura de Augusto Pinochet, como un
referente anticomunista y contra la corrección política, y que también
se dedicará a denostar la revuelta social, usando la expresión estallido
delictual, negando así el profundo malestar que existe aún en la
sociedad chilena.

Por
lo mismo, una derecha en Chile que se posicione desde un liberalismo
político, debe construir un relato que deje de ver al Estado como una
mera carga y que se le debe limitar el poder lo más posible, sino verlo
por el contrario, como un espacio que contribuya a la convivencia
democrática del país, la cual sigue fracturada.

A
su vez, debe dejar de reducir los derechos de manera minimalista a la
mera vida, libertad y propiedad privada, ampliándolo a derechos sociales
también, cuestionando así la subsidiariedad impuesta en la constitución
actual y entendiendo que más Estado es más poder a los ciudadanos, no a
los operadores políticos, como ha caricaturizado siempre el pensamiento
neoliberal.

De
no hacer ese giro liberal de la derecha, solo beneficiará a los
extremos y a quienes no les interesa en lo más mínimo colaborar para
construir un país más justo y en paz, farreándose nuevamente la
posibilidad de dejar de vernos como enemigos y votar a favor de una
nueva constitución democráticamente, que deje atrás décadas de
desconfianza y de miedos.

Esperemos
por tanto, que la derecha esté a la altura esta vez y ponga a Chile por
sobre sus intereses particulares mezquinos y esté dispuesta a conversar
con quien piense distinto, dejando atrás una doctrina económica que se
impuso a la fuerza y se naturalizó con el tiempo, como si fuera una
verdad revelada e inobjetable.

1: https://www.ciperchile.cl/2020/07/04/derecha-economicista-y-centroderecha-politica-en-chile/