Bandas criminales de Lo Espejo ofrecieron $100 millones para asesinar a la alcaldesa. Embarazada de ocho meses, ella no retrocede. La solidaridad fue masiva e inmediata.

Javiera Reyes tiene 36 años, ocho meses de embarazo y es alcaldesa de una comuna en la que el narcotráfico convive con sus habitantes. Desde que asumió como alcaldesa de Lo Espejo el 2021, esta ingeniera comercial y militante del Partido Comunista, decidió enfrentar de frente a las bandas criminales que habían copado el territorio: demolió “narcomausoleos” instalados en plazas, clausuró búnkers de venta de droga, retiró cámaras de vigilancia clandestinas y recuperó espacios para que vecinas, vecines y vecinos, de una de las comunas más vulneradas del país, pudieran volver a habitarlos.

El crimen organizado respondió con lo que sabe hacer: amenazas de muerte.

El miércoles 11 de febrero, Javiera Reyes, reveló públicamente que bandas de narcotraficantes de la comuna, habían reunido $100 millones de pesos para contratar a un sicario extranjero y asesinarla. La información, verificada mediante testimonios vecinales y ya en manos de la Fiscalía, surgió principalmente tras la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, que había dejado de ser un espacio deportivo para convertirse en un centro de operaciones del crimen organizado. “Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte. Ofrecieron, entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza”, declaró.

Las amenazas no se detuvieron ahí. El 12 de febrero, mientras se reunía con el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, la propia alcaldesa denunció haber recibido ese mismo día nuevas amenazas escritas, enviadas a sus cuentas personales. Los mensajes fueron derivados a la Brigada del Cibercrimen de la PDI y a la Fiscalía. Un patrón sostenido de hostigamiento que lleva años: episodios en redes sociales, presiones territoriales y una balacera mientras se desarrollaba un bingo comunitario.

Cuando el blanco es una mujer el análisis no puede ser neutro al género

Las amenazas contra Javiera Reyes son violencia política. Pero leerlas solo como una disputa territorial entre una autoridad y el crimen organizado, sería un análisis incompleto, porque deja fuera una variable que no es menor: ella es mujer. Y la violencia, como nos ha enseñado el feminismo, no se ejerce de la misma manera sobre todos los cuerpos.

La academia latinoamericana, ha documentado con creciente solidez, que las mujeres en política enfrentan formas de hostilidad que no son equivalentes a las que enfrentan sus pares masculinos. Investigadoras como Mona Lena Krook y Juliana Restrepo Sanín, en un artículo publicado en la revista Política y Gobierno del CIDE —Centro de Investigación y Docencia Económicas, una de las instituciones académicas de ciencias sociales más prestigiosas de América Latina— argumentan que los actos de violencia contra las mujeres en política buscan, entre otras cosas, reforzar los roles de género y restaurar la división que históricamente ha reservado la esfera pública para los hombres. No es sólo, que las mujeres que incomoden por lo que hacen: incomodan también por lo que representan.

Esto, no significa que las bandas narcotraficantes de Lo Espejo hayan redactado un manifiesto patriarcal antes de poner precio a la cabeza de Javiera Reyes. Significa que la violencia tiene contextos y que esos contextos están atravesados por el género. El crimen organizado es una estructura profundamente masculina y masculina: sus jerarquías, sus códigos de honor, su control territorial y su ejercicio de la intimidación, están construidos sobre lógicas patriarcales. Cuando esa estructura se enfrenta a una mujer, que le disputa el territorio con legitimidad democrática, con apoyo vecinal y sin miedo visible, la respuesta no puede leerse como si el género fuera un dato irrelevante.

A esto se suma la dimensión simbólica que IDEA Internacional —organismo intergubernamental especializado en democracia y derechos políticos, con sede en Estocolmo y presencia regional en América Latina— ha documentado en su estudio sobre violencia política digital en la región. Usando la figura de una “pirámide de violencia”, el estudio describe cómo el hostigamiento en redes sociales puede escalar progresivamente hasta la amenaza física. No son fenómenos separados: son eslabones de la misma cadena. Y cada amenaza contra una mujer que gobierna es, también, un mensaje dirigido a todas las que podrían hacerlo.

Aplicar el filtro feminista no es forzar una lectura ideológica sobre los hechos: es recordar que en nuestras vidas y cotidianidad la violencia y discriminación de género sí existe, sí opera y sí importa.

Una solidaridad masiva y transversal

La respuesta ante las amenazas fue inmediata y provino de todos los ámbitos. Jeannette Jara, excandidata presidencial y compañera de militancia, escribió: “Fuerza alcaldesa, compañera y amiga”. La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó energéticamente los hechos y activó un protocolo de solidaridad institucional. Su presidente, Gustavo Alessandri, fue categórico: “Cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio, a la institucionalidad democrática y a la posibilidad de gobernar con dignidad y seguridad”.

Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la ACHM, llamó las amenazas “absolutamente inaceptables y condenables”. Por otro lado, el Concejo Municipal de Lo Espejo, emitió un comunicado formal de respaldo, donde señaló que; “estas amenazas no solo atentan contra la alcaldesa, sino contra la voluntad democrática de toda una comuna que ha decidido poner fin al control del espacio público por parte del crimen organizado”.

La solidaridad no vino sólo desde las instituciones. Las voces vecinales se han hecho notar y son respaldos que no aparece en los comunicados pero que es, quizás, la más significativa.

No hay vuelta atrás

Javiera Reyes lo dijo con claridad: “No vamos a echar pie atrás. Lo que nos mueve es la seguridad y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”. Y agregó algo que debería resonar más allá de Lo Espejo: “las amenazas son, paradójicamente, la prueba de que la gestión está funcionando. De alguna forma, las amenazas frente a las acciones que estamos haciendo, dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas”.

En un país donde se suele acusar a la izquierda de no saber enfrentar la delincuencia, Lo Espejo está respondiendo con hechos. Y la respuesta del narco es la confirmación más elocuente de ello.

Desde Revista Emancipa nos solidarizamos con Javiera Reyes y exigimos garantías necesarias para que las mujeres que ejercen el poder en los territorios más golpeados por la desigualdad puedan hacerlo sin poner en riesgo sus vidas, ni la de sus familias. La violencia contra una mujer que gobierna no es sólo un delito: es un intento de restaurar el orden patriarcal que dice que ese espacio no les pertenece. No lo vamos a permitir.

Mientras el mundo avanza, Argentina aprobó en 48 horas una reforma laboral que destruye derechos conquistados en un siglo de lucha y una ley de punibilidad adolescente que criminaliza la pobreza. El pueblo resiste en las calles, el movimiento feminista prepara la respuesta.

Miércoles 11 de febrero. Mientras la policía reprimía brutalmente a trabajadorxs y organizaciones sociales en la Plaza de los 2 Congresos, el Senado argentino daba media sanción a la nueva Ley de Reforma Laboral. El país ya la bautizó con su nombre verdadero: Deforma Laboral. Y es que, efectivamente, produce una transformación que viola principios constitucionales garantizados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Derechos conquistados en un proceso de casi cien años de historia y que eliminaron las condiciones de servidumbre en el territorio nacional.

La reforma entrega a las patronales vía libre para despidos, contrataciones, convenios, horas de trabajo y salarios. Lxs trabajadorxs quedaremos a merced de cada empresa. Hasta se restringe el derecho de huelga, ese último bastión de dignidad obrera.

El segundo golpe

Jueves 12. Aprovechando que el pueblo todavía recuperaba el aliento del día anterior, la Cámara de Diputadxs, dio media sanción al proyecto de Ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Estas dos leyes van de la mano y son parte de en un plan que además de cruel, pretende generar transformaciones estructurales no solo económicas e institucionales, sino de la sociedad y la cultura misma. La baja a 14 años, implica un Estado punitivo que vulnera compromisos internacionales de la República Argentina, sobre la defensa irrestricta de los derechos de niñeces y adolescencias.

Sobrada es la evidencia científica que plantea que, no hay posibilidad alguna de que el encierro, coartar el libre tránsito o el control panóptico sobre adolescentes, contribuya a su desarrollo subjetivo. Por el contrario, lo obtura severamente y no aleja a aquella población del peligro ni de los delitos.

Por el contrario, la evidencia nos indica, que con una definición de Estado como esta, en un tiempo más, estaremos frente al difícil desafío de reparar las secuelas en adolescentes y jóvenes arrasadxs y desmanteladxs en sus estructuraciones psíquicas, producto de la institucionalización forzada que mantiene prácticas profunda de violencia institucional, con consecuencias traumáticas aún más graves.

La creatividad popular como respuesta

El movimiento popular agota sus fuerzas en un modelo de resistencia que enfrenta brutales represiones. Es hora de apelar a la creatividad popular, a la unidad capaz de construir fortaleza.

El 7 de febrero el colectivo transfeminista y LGTBIQ+ llevó adelante una gran movilización antifascista, que logró aglutinar diversos sectores agredidos por este gobierno. También, esperamos un contundente 8 de marzo, en nuestro país, Latinoamérica y el mundo entero. Un 8 de marzo que empuje desde todos los rincones el espíritu combativo ante injusticias cómo las que vivimos en Argentina.

Nos esperan más jornadas de lucha en las próximas fechas. El congreso debe terminar de definir el futuro de estos proyectos de Ley y las feministas ahí estaremos. Estaremos ahí, poniendo el cuerpo por nosotrxs, porque sabemos que este presente de lucha, tiene responsabilidad de futuro.

Por Daniela Poblete Ibáñez

Han pasado varios años desde que escribí por primera vez sobre el amor que nos deben. Hoy, quise regresar a las páginas de Revista Emancipa porque; me gusta el amor.

Pero, resulta que “por amor” se trabaja muchísimo. Se cuida la vida de otras personas, se sostiene emocionalmente y se reorganiza la vida entera muy seguido. Todo eso, que tiene un valor económico perfectamente medible, se nos ha vendido como algo que brota naturalmente del corazón de las mujeres. El amor ha sido la excusa más bonita para justificar que el trabajo reproductivo no se valore o hasta se menosprecie.

Darse cuenta de que fuiste o que puedes volver a ser parte de ello, duele un poco, no voy a mentir. Pero también, nos hace saltar al vació y abre una puerta enorme: la posibilidad de construir desde otro lugar. Un lugar, que nos quita responsabilidades que nos dijeron eran naturales de las mujeres y etiquetas que nunca nos quedaron bien. Un lugar que nos aleja de esas expectativas imposibles de cumplir, donde teníamos que ser todo para todos, menos para nosotras mismas.

Ese amor, que estamos inventando viene con instrucciones distintas, pero no estandarizadas. Cada vínculo las construye, las negocia o las reinventa. Viene con consentimiento, no con suposiciones heredadas. Viene sin privilegios automáticos de nadie o sobre nadie. Viene con máximos cuidados, sí, pero un cuidado del vínculo construido en igualdad y equidad de condiciones. O al menos eso intentamos, porque seamos honestas: desaprender lo aprendido no es tarea de un fin de semana.

El feminismo nos enseña que el amor también es político, que no hay nada de neutral en cómo amamos, en qué esperamos de los vínculos o qué estamos dispuestas a dar y qué no. Exigir el amor que nos deben, no es ser egoístas o poco románticas. Es exigir reciprocidad real. Es negarnos a seguir subsidiando con nuestro tiempo y nuestra energía vital, un sistema que nos explota mientras nos dedica boleros, con todo lo que me gustan los boleros ¡que no se dejen de cantar nunca! 

El amor que nos deben, no viene en caja de bombones o flores. Es tiempo propio. Es poder elegir sin que la soledad sea una amenaza. Es reconocimiento del valor de lo que aportamos. Es poder construir vínculos donde la entrega sea mutua y no un sacrificio unilateral.

Y mientras tanto, mientras seguimos exigiendo esa deuda histórica, también estamos creando algo distinto. Un amor más libre, más honesto, más nuestro. Un amor que no necesita desigualdad para funcionar. Un amor donde también estamos incluidas nosotras.

Porque resulta que el amor que más nos debían, era el amor propio. Y este, finalmente, lo estamos cobrando.

*Por Sonia Martina

¿Sabes cuál es la expectativa de vida de las personas trans en Paraguay? De 35 a
40 años. ¿Sabes por qué? Por la violencia sistemática que como sociedad seguimos
ejerciendo, excluyéndolas de los derechos más básicos como la identidad, la salud y
la educación. Tuve la enorme fortuna de trabajar muy de cerca con adolescentes
trans. La lección de vida, de principios, de fortaleza, de resiliencia que me dieron no
tiene precio. Escuchaba atentamente sus dolores y también sus sueños y anhelos.
Soñar con ser activista por los derechos de la niñez para que ninguna niña
experimente lo que había vivido, fue de las cosas más movilizantes y hermosas que
escuché de una de ellas.

Hoy una de esas voces fue apagada, escribo esto con una mezcla de rabia y
profunda tristeza y me pregunto: ¿qué mierda nos pasa como sociedad? ¿Por qué
tanto odio? ¿En qué te afecta la existencia de una persona trans? ¿Qué te pasa por
la cabeza para pensar que podés decidir la identidad y existencia de otras
personas? ¿Cuánta indolencia y deshumanización puede caber en una persona?
Rabia y dolor. Pienso; no podemos seguir así de indolentes e inhumanos. ¿Qué
carajos nos pasa como sociedad para seguir sosteniendo discursos de odio que van
desde las “inocentes” bromas y terminan en la violencia extrema o la muerte? Pero,
por otro lado, vamos discurseando sobre amor y paz y ponemos fotitos familiares a
lado del pesebre. ¡Harta de esta sociedad hipócrita!

Justicia para todas las vidas apagadas por la violencia de este sistema social
excluyente y transodiante.

*Sonia es feminista, activista y orgullosa madre autónoma.

Por Laura Ibáñez

El caso de Cristian Campos ha destapado algo más que una denuncia de abuso sexual contra un conocido actor de Chile. Hoy, también está revelando las estructuras de poder que protegen a los agresores y castigan a quienes se atreven a nombrar la violencia sexual. Por eso, la presentación de un proyecto de Ley, que pretende tipificar como delito la “denuncia falsa” por abuso sexual, no es una iniciativa que no busca justicia, sino que busca silencio.

La prescripción no es inocencia

En primer lugar, es fundamental aclarar algo, que se ha distorsionado deliberadamente en el debate público: Cristian Campos no fue sobreseído porque se comprobó que la denuncia es falsa. Fue sobreseído porque el delito había prescrito.

La prescripción significa que pasó el plazo legal que tiene el Estado para perseguir un delito. Es un tecnicismo jurídico, un límite temporal que impone la ley procesal, no una declaración de inocencia. La denunciante presentó su acusación cuando ya habían transcurrido los años que establece la ley para poder investigar y juzgar ese tipo de delitos. Por eso, no se investigó si los hechos ocurrieron o no: simplemente, el tiempo legal se había agotado.

Cabe señalar que el caso prescribió porque cuando ocurrieron los hechos denunciados, los delitos sexuales contra menores de edad aún tenían prescripción en Chile. Recién desde 2004, con la Ley 19.974, se estableció la imprescriptibilidad para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Dicho de otro modo: no sabemos si los hechos sucedieron porque nunca se investigaron. Lo único que lo salvó de enfrentar un juicio, fue que la denuncia llegó después del plazo que marca la ley. La prescripción es una salida técnica, no una declaración de inocencia.

Y, sin embargo, sobre la base de un caso que nunca se investigó, se pretende construir una legislación que criminalizará a las víctimas que se atrevan a denunciar.

El silencio de la infancia y la justicia que llega tarde

Pero hay algo más profundo que debemos analizar ¿por qué tantas víctimas de abuso sexual infantil recién denuncian cuando son adultas? La respuesta está en la naturaleza misma del trauma y en las dinámicas del abuso de poder.

Las niñas y niños que sufren abuso sexual enfrentan barreras monumentales para hablar. Primero, porque muchas veces no tienen el lenguaje para nombrar lo que les está pasando. Segundo, porque el abusador suele ser alguien cercano, de confianza, alguien que ejerce autoridad sobre ellas: un padre, un tío, un vecino, un abuelo, entre otros. Tercero, porque el abusador construye deliberadamente un entorno de miedo, culpa y silencio: “si hablas, nadie te va a creer”, “esto es culpa tuya”, “vas a destruir a la familia”.

El trauma infantil, además, opera de maneras complejas. La disociación, la negación, la normalización del abuso son mecanismos de supervivencia que permiten a niñas y niños seguir viviendo. Muchas veces no es hasta la adultez, cuando se ha construido cierta autonomía y distancia, cuando se logra procesar y poner en palabras el abuso sufrido.

El derecho comparado internacional, nos demuestra que se ha reconocido esta realidad, razón por la cual, varios países han eliminado la prescripción para delitos sexuales contra menores de edad, o han establecido que el plazo comienza a correr recién cuando la víctima cumple la mayoría de edad. Lamentablemente, Chile ha avanzado poco en esto, manteniendo plazos de prescripción que, en la práctica, garantizan la impunidad de los abusadores.

La imposible prueba del abuso

Aquí llegamos a una de las crueldades más perversas del sistema: la extrema dificultad de probar un delito sexual. A diferencia de otros delitos, el abuso sexual suele ocurrir en la intimidad, sin testigos, sin cámaras, sin evidencia material inmediata. El diseño mismo del delito contiene el aprovechamiento de la vulnerabilidad, el secreto o el aislamiento de la víctima y esto hace que reunir pruebas sea casi imposible.

¿Qué le queda a una víctima? Su testimonio. Pero el sistema judicial históricamente ha desconfiado del testimonio de las mujeres, de las niñas, de las víctimas. Se les somete a cuestionamientos donde se ponen en duda cada detalle: por qué no gritaste, por qué no te resististe más, por qué seguiste viendo al agresor, por qué esperaste tanto para denunciar. Como si existiera un manual de “cómo comportarse correctamente cuando te violan”.

La ciencia forense ha demostrado que la ausencia de lesiones físicas no significa ausencia de delito. Que el comportamiento de las víctimas de trauma sexual puede ser contradictorio, fragmentado, aparentemente “ilógico”. Que la memoria traumática funciona diferente a la memoria cotidiana. Pero estos conocimientos todavía no permean suficientemente el sistema judicial y por lo visto tampoco en los legisladores que patrocinan este proyecto.

Cuál es el resultado de estos obstáculos para las víctimas: la inmensa mayoría de los abusadores quedan libres. Las cifras oficiales son brutales. Según datos del propio Ministerio Público, entre 2011 y 2020, el 52,6% de las causas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes fueron archivadas. En años más recientes, la situación empeoró: en 2023, el 68,4% de las causas tuvieron salidas no judiciales.

Las “salidas no judiciales” significan que los casos nunca llegaron a un juez, que nunca hubo un juicio, que nunca se dictó sentencia alguna. El 60% de los casos fueron simplemente archivados por “falta de antecedentes”. Entre 2016 y 2022, solo entre el 10% y 14% del total de denuncias llegaron siquiera a tener una sentencia definitiva, y en años como 2020, apenas el 8,34% de los casos tuvo resolución judicial.

Esto no significa que el 90% de las denuncias sean falsas. Significa que tenemos un sistema que archiva sistemáticamente las causas sin investigarlas adecuadamente, que decide no perseverar cuando la prueba es difícil, que es estructuralmente incapaz de procesar y juzgar estos delitos. El archivo provisional o la prescripción, no es una declaración de inocencia, ni una confirmación de denuncia falsa, es simplemente el sistema diciendo “no pudimos o no quisimos reunir suficiente evidencia”.

Es así como muchos abusadores caminan libremente mientras sus víctimas cargan con el trauma, la culpa y el miedo. Y ahora, con este proyecto de ley, se pretende agregar una amenaza más y da un claro mensaje “si no logras probar tu caso en un sistema diseñado para no poder probarlo, podrías terminar procesada penalmente y cumpliendo condena.

El miedo como política criminal

Pero este proyecto no nace del vacío, sino que emerge de una tradición jurídica que históricamente ha desconfiado de las mujeres y de quienes denuncian abusos de poder. Bajo la retórica de “proteger a los inocentes”, lo que realmente se está construyendo es un mecanismo de amedrentamiento que agrega otra capa de terror al ya tortuoso camino de denunciar un delito sexual.

Pensemos en las comunidades donde denunciar ya implica enfrentar el ostracismo social, la pérdida del trabajo, la ruptura familiar. Pensemos en las mujeres que saben que sus agresores tienen recursos económicos, conexiones políticas, acceso a los mejores abogados o cobertura comunicacional. Pensemos en las niñas y niños que finalmente, después de años, se atreven a hablar, sabiendo que probablemente no habrá justicia porque el delito prescribió. Ahora agreguemos la amenaza de ser procesadas penalmente si no logran probar su caso más allá de toda duda razonable. El mensaje es claro para ella: mejor quédate callada.

La paradoja jurídica del poder

Desde una perspectiva de derechos humanos, este proyecto representa una inversión perversa de las obligaciones estatales. Chile ha suscrito tratados internacionales —como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW— que lo comprometen a remover los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. En lugar de eso, estamos ante una iniciativa que añade obstáculos, que multiplica el costo de denunciar.

La falsa denuncia ya es un delito en Chile: se llama calumnia. Lo que este proyecto realmente busca es crear un tipo penal específico que permita perseguir con mayor eficacia a quienes denuncian delitos sexuales. Es una herramienta de disciplinamiento disfrazado de garantismo procesal.

Cuando el victimario se victimiza

El caso Campos es paradigmático para mostrar, cómo opera el poder cuando se ve amenazado. Un hombre con recursos, con tribuna mediática, con acceso privilegiado a la esfera pública, utiliza todos esos capitales para construir una narrativa de persecución. Y el sistema responde, no sólo no investigando seriamente las denuncias en su contra, sino que también, proponiendo una legislación que proteja a quienes, como él, pueden movilizar poder.

Esto no es nuevo. La historia está llena de ejemplos donde las élites, cuando son cuestionadas, responden criminalizando la disidencia. Lo vimos con las leyes anti-sindicales cuando los trabajadores se organizaban. Lo vemos hoy con la criminalización de la protesta social. Y lo vemos ahora con este intento de criminalizar las denuncias de violencia sexual.

El feminismo como lente de análisis

Desde el feminismo jurídico, este proyecto es una manifestación más del manual patriarcal. Cada vez que las mujeres avanzan en sus derechos, cada vez que se hace visible la violencia estructural, emerge una reacción que busca restaurar el orden anterior. La respuesta del patriarcado es predecible: si no se puede silenciar socialmente, se silenciará legalmente.

La importancia vital de denunciar

A pesar de todo esto, es fundamental sostener que denunciar es un acto de dignidad y de resistencia y, por sobre todo, es un derecho. Cada denuncia, incluso las que no terminan en condena, tiene un valor político y social incalculable. Rompe el pacto de silencio que sostiene la violencia sexual y les dice a otras víctimas que no están solas.

Denunciar en contextos hostiles es un acto de valentía extraordinaria. Denunciar, incluso cuando el delito ha prescrito, incluso cuando sabemos que las probabilidades de justicia son mínimas, sigue siendo fundamental. Porque nombrar la violencia es el primer paso para transformarla. Porque cada testimonio que se hace público interpela a otras víctimas, las autoriza a hablar, les dice que lo que vivieron tiene nombre y que no están solas.

El terrorismo legal contra las víctimas

Lo que este proyecto propone es, literalmente, terrorismo penal contra las víctimas. Usar la amenaza del derecho penal para disuadir denuncias es terrorismo legal. Y es particularmente perverso porque se ejerce sobre quienes ya han sido victimizadas por haber vivido un abuso sexual

Lo que Chile necesita no es criminalizar las denuncias, sino transformar radicalmente cómo el sistema aborda los delitos sexuales.

Necesitamos, en definitiva, un sistema que crea en las mujeres y en las niñas, que no parta del supuesto de que mienten, que entienda las dinámicas del poder y del trauma, que reconozca que la dificultad de probar estos delitos no significa que no ocurran.

La resistencia es colectiva

Este proyecto no puede prosperar. Requiere una respuesta articulada del movimiento feminista, de las organizaciones de derechos humanos, de la academia, de las organizaciones de defensa de la infancia, de todas las personas que entiendan que lo que está en juego es la posibilidad misma de nombrar la violencia sexual.

El proyecto de “denuncia falsa” es un proyecto del miedo. Nuestra respuesta debe ser un feminismo del coraje: el que nos permite nombrar lo que nos duele, acompañar a quienes denuncian, creer en los testimonios de las víctimas y construir colectivamente los caminos hacia una sociedad donde la violencia sexual sea realmente impensable, no porque no se pueda denunciar, sino porque no exista.

La historia nos enseña que los derechos se conquistan cuando quienes los reclaman se niegan a ser silenciadas y a nosotras no nos callarán.